Probablemente no se haya hablado tanto en las últimas décadas en Cuba sobre dinero y precios como ha estado haciéndose en los dos últimos meses. Tampoco habían existido simultáneamente tantas narrativas sobre causas y soluciones.
Lo que piensan y lo que dicen los economistas, con independencia de sus diversas perspectivas, no tiene mucho peso. Es apena un murmullo en un forcejeo verbal y escrito, a veces de altos decibeles, entre ciudadanos inconformes y los decisores y funcionarios que aplican y explican las primeras acciones del “ordenamiento”.
Que el paquete del “ordenamiento” (devaluación, incremento de salarios y pensiones estatales, y eliminación de subsidios) deje a muy pocas personas indiferentes no debería sorprender.
La promesa del futuro mejor que dibuja el discurso del “ordenamiento” es insuficiente para compensar la preocupación inmediata respecto a una reducción del bienestar material y la incertidumbre que eso provoca.
Las nuevas tarifas eléctricas y los elevados precios de muchos productos condujeron, en algunos casos, a “rectificaciones” como respuesta a la inconformidad popular. La exuberancia de una narrativa oficial sobre precios “abusivos” del sector privado -que en realidad tiene un porciento pequeño de las ventas totales- no logra encubrir que la crítica ha sido principalmente respecto a precios y tarifas estatales, y también respecto a que se ha desplazado hacia mercados estatales dolarizados la venta de productos básicos.
El hecho de que se hayan producido correcciones en las medidas no es un problema en sí mismo porque en todas partes la aplicación de medidas económicas tiene un componente de “prueba y error”. Ese no es un asunto grave. Sin embargo, las apresuradas correcciones han dejado claro que el “diseño” de las medidas no ha sido precisamente una fortaleza del “ordenamiento”. No hay evidencia alguna de que ese “diseño” resultante de un ejercicio de planificación altamente centralizada tenga el nivel de superioridad de previsión y de sabiduría que se le ha atribuido.
El problema con los nuevos precios del “ordenamiento” -incluida la tasa de cambio, que es un precio relativo- no es tanto un problema de aplicación incorrecta del “diseño” como un error del concepto de precios.
Se concibe el precio como una especie de quimera de la planificación centralizada: una habilidosa invención burocrática que permite controlar el intercambio de bienes y productos, y la redistribución de valor que ello implica, teniendo como fundamento una idea a priori acerca de cómo debe funcionar la economía en su conjunto.
Es esa desmedida concepción normativa (lo que debería ser la economía) lo que ha “metido en problemas” a los nuevos precios del “ordenamiento”, los cuales, en vez de ser evaluados normativamente, son juzgados por los consumidores a partir de la realidad de la economía a la que se enfrentan.
Esa concepción de precio es equivocada precisamente porque no toma en cuenta la realidad de la oferta y demanda, desconociendo que el precio es un proceso de mercado.
Si el concepto de precio que se utiliza oficialmente es problemático, entonces también son cuestionables las herramientas teóricas (formación del precio a partir de agregar una norma burocrática de utilidad preconcebida al costo) y son controvertibles los modelos teóricos como el “diseño” que se apoyan en proyecciones diferenciadas de niveles y de incrementos de precios.
La condición problemática del concepto, de las herramientas y modelos, crea entonces una dificultad para el discurso que acompaña el proceso pues tiende a hacerlo ininteligible. Llega un punto en que empieza a reemplazarse la racionalidad económica con la que se presentó inicialmente por argumentos ideologizados (que no es lo mismo que argumentos ideológicos).
Dije anteriormente que los economistas no han tenido hasta el momento mucho peso en las discusiones sobre los precios en Cuba. El debate entre economistas ciertamente existe, pero en sentido estricto no es un debate estructurado. Hasta donde conozco, no se intercambian ideas en las publicaciones económicas del país y los debates en los eventos públicos que se han realizado tienen diseminación muy limitada.
Sin embargo, he leído en estos días opiniones que consideran que existe un debate, en el que una “línea más liberal de pensamiento económico” y otra línea a la que denomino provisionalmente línea “pro- ordenamiento”. No tengo otra manera de calificarla, hasta que logren explicarse mejor ellos mismos.
Como supongo que hay grandes probabilidades de que se me haya incluido en la línea “liberal”, una etiqueta que ahora mismo no me parece interesante abordar, creo que es conveniente aclarar que hay algunos temas que los colegas “pro- ordenamiento” intentan hacer aparecer como los grandes parteaguas del supuesto debate económico, pero que en realidad son temas menores. No hablo por otros, simplemente expreso sucintamente mi opinión sobre esos supuestos temas importantes, que en realidad no lo son:
- La regulación de precios y la regulación económica en general. Es un hecho que ocurre en todas partes, desde hace tiempo, con variaciones de intensidad y de modalidades. Es normal que la regulación sea un componente de la política económica en Cuba. Lo que critico es la creencia de que los “topes” de precios generalizados (un caso extremo de regulación) tengan la efectividad que se les adjudica oficialmente en Cuba, principalmente porque no existe evidencia de que contribuyan a resolver la raíz causal de las presiones inflacionarias (crisis productiva), de manera que los “topes” tienen que ver con un intento de aliviar síntomas y no causas. Si alguien tiene evidencia concreta, con datos estadísticos confiables, acerca de la efectividad de los “topes” en la producción, sería adecuado que la presentase.
- La tasa de cambio de equilibrio y la tasa de cambio informal. El problema principal con la tasa de cambio de equilibrio en Cuba es que no se informa oficialmente cuál es. Asumo que tiene que haberse calculado oficialmente por varios métodos, pero no se ha hecho pública. De hecho, ni siquiera existe información oficial sobre los indicadores económicos que permitirían que los economistas pudieran calcular “por la libre” esa tasa. Si se ofreciera esa posibilidad, no habría debate alguno: la tasa de equilibrio sería “X” y entonces los funcionarios deberían explicar cualquier desviación que tuviese la tasa oficial. En el caso de la tasa de cambio del mercado informal, el problema no es que la tasa de cambio oficial tenga que coincidir con esta. La cuestión es que cuando no hay información sobre tasa de equilibrio y cuando la diferencia entre tasa oficial y tasa informal es muy alta, la información que trasmite esa brecha en la experiencia internacional es que hay probabilidades de que el movimiento futuro de la tasa oficial deba seguir la tendencia de la tasa informal. Eso está corroborado por evidencia empírica y hay suficientes análisis sobre el tema. Por supuesto, la tasa oficial puede seguir inmutable, pero no es razonable pensar que eso no tendría un efecto negativo en la competitividad del país.
- La relación entre ideología y Economía. Probablemente sea uno de los temas mejor aclarados, aunque no necesariamente convenza a algunos economistas. Por supuesto que la ciencia, cualquier ciencia, es un producto social que no escapa de múltiples influencias de un lugar, un tiempo y diversas formas de pensamiento, incluida la ideología. Ríos de tinta han corrido sobre el tema y por tanto no me detengo en eso, excepto para decir que lo que parece estarse llamando ahora en Cuba “economía liberal” no es una entidad intelectual monolítica que se contrapone a la línea “pro-ordenamiento”. Sugiero evitar ese tipo de ensoñación.
- La existencia de sesgos ideológicos contrapuestos entre quienes critican topar los precios y quienes defienden los “topes”, tomando como elemento diferenciador la manera en que se favorece a las personas más humildes en Cuba. No conozco entre los economistas cubanos activos en los intercambios sobre la actualidad del país ninguno que se caracterice por tener un sesgo ideológico, ni de otro tipo, contra la gente humilde de Cuba. Ese prejuicio de intenciones no cabe en un debate serio en Cuba. Si alguien quiere validar la noción de que el “ordenamiento” o cualquier otra medida económica funciona a favor de los más humildes (supongo que es más preciso hablar de los más pobres) es suficiente con que se presente la evidencia, incluyendo el efecto de las medidas en un índice de desigualdad (índice de Gini o índice de Palma) y una tasa de pobreza, incluyendo, de ser posible, información desagregada por género, etnia, edades y territorios. Cualquier otra cosa es narrativa hueca.
La justificación que se utiliza recientemente respecto a que los actores en “la base” (funcionarios municipales, directivos y técnicos de empresas) tomaron mal las señas que se les enviaron respecto a los precios del “ordenamiento” indica claramente que el problema de los precios es parte de un proceso mayor que obstaculiza que el “diseño” funcione bien.
Utilizando la jerga actual: parecería que en vez de que el “ordenamiento” destrabe el modelo económico, sería el modelo de planificación centralizada lo que está trabando el “ordenamiento”.
Cualquier crítica a los precios del “ordenamiento” debería partir de una reflexión crítica sobre el esquema de planificación centralizada que se utiliza en Cuba, pero como se dice ahora, no sé si haya muchos que estén preparados para tener esa conversación.
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