1Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba, Universidad de La Habana, Cuba
Resultado del proyecto científico-técnico “Políticas Sociales Participativas, claves para la equidad y la sostenibilidad”, se presenta esta sistematización de 73 investigaciones cubanas, realizadas entre 2008 y 2018. Tras un análisis introductorio de conceptos como clase social y estructura socioclasista, se describe una propuesta metodológica para sistematizar estudios sobre desigualdades clasistas y se sintetizan las características de la producción científica en el período. El análisis de contenido aplicado devela la reproducción, reconfiguración y aparición de desigualdades entre clases y capas sociales respecto a la apropiación, uso y control desigual de recursos, las relaciones de trabajo, los ingresos, el capital social y político, el capital cultural, el consumo y el acceso a servicios, a partir de los cambios experimentados en el contexto cubano de este decenio.
INTRODUCCIÓN
Sistematizar cómo se han abordado las desigualdades clasistas en investigaciones cubanas entre 2008 y 2018, tiene varios desafíos. Uno de ellos es la definición conceptual de clase social. La realidad cubana difiere de la mayoría de los contextos, donde las relaciones capitalistas de producción son hegemónicas. Ello requiere revisar críticamente el sistema categorial que ha imperado sobre esta temática.
Otro desafío es poder distinguir y tomar partido entre: 1) los enfoques de clase producidos por el sistema dominante, más centrados en describir y normalizar jerarquías, y 2) los enfoques marxistas, más orientados a develar y desnaturalizar las asimetrías y conflictos entre posiciones sociales.
Clase capitalista, clase trabajadora, clase empobrecida, clase dominante, clase alta, clase media, clase baja, burguesía, dirigentes, intelectuales, campesinado, etc. conforman el abanico de opciones de clasificación utilizadas desde el saber científico y el saber popular.
Entre las precisiones e imprecisiones de estas formas de nombrar la realidad, se ha construido este resultado, cuyo fin último, más allá de categorizar, es revelar las desigualdades. Pero, esencialmente, aquellas desigualdades que derivan de la apropiación, por parte de algunos grupos sociales, del trabajo ajeno y de recursos socialmente significativos; así como la capacidad que logran dichos grupos para reproducirse en el tiempo.
DESARROLLO
La clase social como categoría
En las ciencias sociales cubanas de los últimos decenios, los enfoques más influyentes para el análisis clasista son los marxistas. Marx se centra en la estructuración capitalista de la sociedad, dividida en clases sociales opresoras y oprimidas. Estas son definidas a partir de la relación con los medios de producción que se expresa en la división social del trabajo.
Desde este enfoque, algunos factores explicativos a tener en cuenta para entender las desigualdades son: el desigual acceso, uso y control de la propiedad con tendencia a la concentración; las formas de producción e intercambio; la distinción entre actividad creativa libre y trabajo enajenado, que da cuenta de relaciones de explotación; etc. (Marx & Engels, s.a, p. 98).
Lenin, basado en esta perspectiva marxista, define a las clases sociales como
grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. (Lenin, s.a., p. 479)
Este marco epistemológico fue clave para trascender la clasificación burguesa de clase alta, media y baja, más basada en los ingresos y los bienes materiales, marginando el análisis sobre cómo es producida esta riqueza (Harnecker, 1979).
Estos supuestos fueron centrales en la labor de algunas comunidades científicas cubanas hasta la década de los 80 del pasado siglo. En un trabajo del grupo de estructura social del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), se distinguen entre investigaciones con enfoque restringido y enfoque amplio de los componentes socio-clasistas. A la polémica sobre la existencia o no de la burguesía en una sociedad en transición socialista, se une qué tipo de ocupaciones son incluidas en las clases y capas definidas (Núñez, et. al., 1999).
En el enriquecimiento y complejización de la visión marxista más tradicional sobre la estratificación, también ha influido la lectura crítica de la obra de Max Weber. Este se centra en las situaciones de clase que suelen diferenciarse por la posesión o no posesión de bienes susceptibles de producir ganancias o que puedan ofertarse en el mercado (es lo que les da el sentido). Esta posesión define la clase propietaria y su valorización en el mercado la clase lucrativa (Weber, 1964). Como en Marx, la división social del trabajo es un notable marcador de diferencias que, en este caso, es mucho más argumentado desde el punto de vista simbólico (Weber, 1964).
Tanto la perspectiva marxista como la weberiana continuaron desarrollándose. Otro autor relevante es Pierre Bourdieu, para quien la configuración histórica de relaciones entre agentes individuales y colectivos, y la apropiación desigual de los recursos, va objetivando estructuras, independientes de la conciencia y la voluntad. Dichas estructuras son los campos (económico, artístico, periodístico, político, deportivo, etc.), capaces de orientar y constreñir las prácticas y representaciones de los agentes. En los campos hay relaciones de competencia entre agentes por la capitalización de recursos legítimos. Esta idea enriquece la aproximación marxista al concepto de capital que, junto a su expresión económica, adquiere formas de capital cultural, simbólico, social, y político (Bourdieu, 1990).
Partiendo de la crítica a los enfoques de Portes y Hoffman (2003), el colombiano J. M. Castellanos Obregón (2018), propone entender la clase social como una composición multidimensional de posesiones, posiciones y disposiciones. En la misma se conjugan criterios ocupacionales, ingresos, consumos y capitales específicos eficientes en el espacio social, los cuales articulan principios de distinción y enclasamiento, en una implicación relacional de las cualidades diferenciales de los agentes.
Estos enfoques multidimensionales están en la base de los estudios empíricos sobre estructura socio-clasista que se han desarrollado en Cuba en los últimos 30 años. La crisis que enfrentó la sociedad cubana con el derrumbe del campo socialista y las políticas públicas que se introdujeron para paliar este problema, marcaron nuevos derroteros en los análisis clasistas.
Surgen diversos marcos interpretativos sobre la estratificación: la pirámide invertida (Guzmán, 1995); la recomposición socioclasista focalizada en las diferencias entre tecnocracia empresarial y sectores populares (Dilla, 1998); la fragmentación y regresión social (Buchard, 1998): la población en riesgo (Ferriol, 1997); y la heterogenización, reestratificación y movilidad (Núñez, et al., 1999).
La emergencia de nuevos espacios socioeconómicos1 diversifican y complejizan la composición social; y, por ende, el análisis sobre clases sociales, dando cuenta de la heterogeneidad dentro de cada clase o capa. Este tipo de enfoque es clave para captar los matices clasistas de una sociedad que transita de un capitalismo periférico a formas de producción más socializadas, con movimientos iterativos entre la socialización y la privatización.
Con esta mirada, el equipo de estructura social del CIPS construyó una propuesta de cuadro socioestructural general para el análisis de la sociedad cubana post reforma, basado en la hipótesis de que las fuentes estructurales más poderosas de la desigualdad en este contexto son el sector de propiedad, la magnitud de los ingresos y el tipo de ocupación (Espina et al., 2009). Esta propuesta ha constituido una referencia para muchas de las investigaciones posteriores a los años 90.
Entre sus bases teóricas más importantes se encuentran la definición de estructura socioclasista, entendida como el “entramado de posiciones, de grupos sociales y de las relaciones que se establecen entre ellos, configurado a partir de la división social del trabajo, de las relaciones de propiedad, de la esfera de producción material, de la posición en el proceso productivo, de la distribución del poder político, de conjunto con los procesos de producción simbólica sobre la superioridad y la inferioridad; el éxito y el fracaso; el prestigio y la estigmatización (Espina, et. al., 2009). Es desde esta noción integral y compleja que se seleccionan los textos que forman parte de esta sistematización. El debate sobre la noción de clase solo ajustado a las relaciones de propiedad o a la toma de conciencia en torno al poder político, propio del marxismo ortodoxo, se considera ya superado.2
En el contexto cubano actual se pueden distinguir al menos seis espacios socio-económicos, que guardan estrecha relación con las múltiples segmentaciones de la estructura socioclasista y las dinámicas de movilidad social: 1) espacio de producción, servicios y administración estatal; 2) espacio privado; 3) espacio cooperativo urbano; 4) espacio empresarial mixto; 5) espacio agrario; 6) espacio informal.
En cada uno de ellos hay grupos que acceden, usan, controlan y reproducen, de forma desigual, algunos (o todos) de los siguientes recursos: a) propiedades y medios de trabajo que devienen activos, b) fuerza de trabajo propia y ajena, c) información y redes sociales de apoyo, d) poder legítimo para tomar decisiones que incidan en la vida de otras personas, e) prestigio y reconocimiento social, f) conocimientos, habilidades capacidades compatibles y funcionales con el diseño del sistema, y mejor valorados socialmente.
Criterios de selección de estudios y metodología para la sistematización
Para el análisis de la dimensión clasista de la equidad, se han sistematizado un conjunto de investigaciones, tomando en consideración que:
Logran identificar dos o más grupos, familias, capas, estratos, posiciones sociales, a partir de desigualdades en la propiedad-patrimonio-capital económico; ingresos; ocupación-sector; posición en el proceso productivo y en las relaciones de trabajo; capital político y redes sociales; capital cultural; capital simbólico; consumo; bienestar.
Develan asimetrías entre posiciones ventajosas y desventajosas. Establecen siempre una relación, un continuum entre dos o más segmentos.
Discuten sobre estructura socio-clasista, socio-ocupacional; y/o sobre procesos de estratificación y desestratificación, movilidad social/movilidad laboral/movilidad estructural
Partiendo de estos criterios, en el período 2008-2018 se han identificado 37 trabajos que tienen como objeto de estudio los cambios en la estructura social cubana. Entre ellos existen diferencias que sugieren un espectro amplio de formas de entender y estudiar las desigualdades clasistas. Estos pueden agruparse en:
Ocho trabajos que se proponen analizar la estructura socioclasista cubana, los procesos de reestratificación y desestratificación, tanto por estrategias de movilidad individual como por cambios institucionales y políticos, usando para ello una perspectiva del marxismo contemporáneo. Incluye tanto la estructura ocupacional como la territorialidad, los ingresos, etc. (Espina, et. al. 2008; Espina, 2008; Espina, et. al., 2009; Espina, et. al., 2010; González, 2013; Barthelemy, 2013; Izaguirre, 2018; Álvarez, 2018).
Catorce trabajos abordan los cambios en la estructura socio-ocupacional desde una perspectiva clasista, integrando en el análisis las formas de gestión de la propiedad y la posición en los procesos productivos. En estos tienen un rol principal las investigaciones sobre el sector privado (Felipe, 2008; Fundora, 2012; Peña & Voghon, 2014; García, 2014; Torres & Ortega, 2014; Rodríguez, 2014; Voghon & Peña, 2015; Guzmán, 2016; Díaz & Echevarría, 2017; Izquierdo & Morín, 2017; Echevarría, Esquenazi & Rosales, 2018; Yañez, 2018; Parra, 2018).
Diez trabajos también abordan estos cambios socio-ocupacionales; pero usando un marco epistemológico centrado en procesos subjetivos de categorización social, comparación y construcción de identidades grupales (Ruz & Orta, 2009; Pañellas, 2012; Curbelo, 2012; Pañellas, 2015a; Dujarríc & Vázquez, 2015; Pañellas & Torralbas, 2016; Pañellas, et. al. 2015; Pañellas, 2015b; Palay, 2016; Pañellas & Torralbas, 2018.
Cinco trabajos profundizan en la estructura socio-clasista en los espacios agrarios/rurales (López, Herrera & Agüero, 2010; Rodríguez, 2011; Leyva & Arias Guevara, 2015; Leyva, 2017; Merlet y Echevarría, 2017).
Por otra parte, se identificaron 36 trabajos cuyos objetos de estudio son muy diversos. Incluyen desde los circuitos comerciales, las nuevas políticas, el consumo cultural, pobreza, bienestar, exclusión-inclusión, percepciones de desigualdad, etc. Si bien su meta principal no es el análisis de la estructura socio-clasista; estos incluyen indistintamente:
Marco teórico centrado en las categorías de clase social, estratificación, etc. Integran elementos de las teorías sobre las clases sociales, la distinción social, etc.
Diseño metodológico donde se operacionalizan variables extraídas de las teorías sobre las clases sociales, etc.
Definiciones muestrales basadas en la estructura socioclasista o estructura socio-ocupacional, que ya presuponen la existencia de clases y tomando esto como punto de partida, pretenden captar desigualdades en el acceso, uso y control de recursos o resultados (bienestar, etc.).
Resultados de investigación que demuestran la existencia de clases sociales y de procesos de reestratificación a partir de: 1) descripción de diferentes posiciones sociales vinculadas a factores combinados como la ocupación, el capital económico, el nivel de ingresos, el poder, el capital cultural, etc.; posiciones que no analizan de forma aislada, sino problematizando las relaciones asimétricas entre las mismas; 2) análisis de desigualdades sociales entre personas, familias y grupos sociales que ocupan diferentes posiciones en la estructura socioclasista; 3) análisis de causas, ejemplo: los efectos de las políticas en las relaciones entre clases sociales 4) pronóstico de los cambios en las estructuras sociales, en las relaciones de poder en espacios productivos, etc.
Características de la producción científica del período
Si se observa el comportamiento de la producción científica sobre el tema, ha habido una discreta tendencia a su incremento, siendo 2015 el año más productivo. En comparación con un estudio precedente realizado por el CIPS (2010), donde se sistematizaron trabajos entre 2000 y 2008, casi se han quintuplicado las investigaciones que abordan la dimensión clasista de la equidad social.
Fuente: Elaborado por la autora, 2019.
Figura 1 Investigaciones dimensión clasista por año de publicación.
Las investigaciones se concentran en La Habana, en especial en el municipio Plaza de la Revolución. En el caso de otras provincias se hallan estudios que abordan todos los municipios o se centran en algunos específicos: Villa Clara (Quemado de Güines, Santa Clara, Caibarién y Camajuaní); Cienfuegos (Cumanayagua y Aguada de Pasajeros); Artemisa (Güira de Melena, Bejucal); Santiago de Cuba (II Frente); Pinar del Río (Consolación del Sur y Viñales); Holguín (Calixto García y Holguín); Las Tunas (Manatí) y Camagüey (Céspedes).
En el período, los recintos universitarios han tenido un liderazgo en este tipo de investigación, con aproximadamente el 80 % de toda la producción científica analizada. Se destaca la Universidad de La Habana, en especial la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología; la Facultad de Psicología, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios de la Economía Cubana.
Figura 2 Liderazgos institucionales en el abordaje de la dimensión clasista de la equidad.
Vale resaltar las colaboraciones interuniversitarias, así como entre las universidades y centros de investigación. Estas colaboraciones en los procesos investigativos, así como los referentes teóricos referidos, dotan a la mayoría de los estudios de un abordaje interdisciplinar, aunque predominan las perspectivas de la Sociología (en especialidades de Política Social, Trabajo, Estructura Social), la Psicología Social, la Filosofía y los Estudios del desarrollo. Otros enfoques provienen de la Economía, la Antropología, las Ciencias Políticas y los Estudios socio-culturales.
Entre los problemas que se han planteado estas investigaciones se encuentran los impactos que han tenido en la estructura social cubana procesos como: 1) las reformas económicas de los años 90, 2) la actualización del modelo cubano de desarrollo, 3) los cambios y permanencias de las políticas centralizadas de empleo, trabajo, salario, educación, cultura, salud, agricultura y asistencia social, así como la configuración de políticas locales; 4) los cambios en el régimen de bienestar. Estos impactos se problematizan desde diferentes ángulos: territoriales, familiares, grupales, individuales o en segmentos poblacionales.
La movilidad social o laboral, la reestratificación, la categorización, la diferenciación, entre otros, son parte de las dinámicas que estos estudios procuran captar, para dar cuenta de al menos dos tipos de fenómenos:
Desde un punto de vista positivo, la heterogenización de la sociedad como un factor de desarrollo La aparición, modificación o ampliación o brechas en el acceso a recursos, servicios, consumo y en el disfrute del bienestar, como un obstáculo al desarrollo. Lo que tipifica a estas investigaciones son los diferentes polos que se establecen para analizar estas distancias. Estos se definen a partir de las percepciones de la población o del propio investigador teniendo en cuenta capitales económicos, patrimonio, capitales culturales y/o capitales políticos.
Predominan los estudios exploratorios, no experimentales, de corte analítico-descriptivo, y algunos de ellos correlacionales. 9 investigaciones realizan estudios de casos múltiples y 3 son sistematizaciones, el 40% apuesta por diseños mixtos, seguido de los cualitativos (36 %) y los cuantitativos (12 %).
En cuanto a los referentes teóricos, los estudios sociológicos se inclinan por el enfoque marxista originario y otros más contemporáneos. El esquema gradacional por ocupaciones y el modelo relacional aplicado por los estudios de movilidad social; la relación campo-habitus-capitales; la teoría de las redes sociales, el constructivismo de clase, la estructura de clases según control de capital, fuerza de trabajo, tipos de calificaciones y modos de remuneración; la tipología de inclusión-exclusión son algunas de las herramientas analíticas más empleadas.
Excepcionalmente se discute sobre el enfoque de la interseccionalidad; así como el enfoque de la nueva sociología económica estructural. Se evidencia un uso ínfimo de autores que han desarrollado herramientas para analizar la estructura socio-clasista en países de Europa del Este en su época de transición socialista; así como la República Popular China.
Brechas de equidad desde una perspectiva socio-clasista
Uno de los resultados más importantes en los estudios que abordan la dimensión clasista de la equidad es captar la distribución asimétrica de posiciones en el espacio social, a partir de dinámicas estructuradoras como las legislaciones, las políticas, etc. Es un diagnóstico imprescindible para manejar la norma de justicia social a la que cada sociedad aspira; así como los niveles de igualdad legítima o ilegítima, evitable o inevitable.
Respecto a este planteamiento, las estadísticas oficiales disponibles en el país permiten analizar la heterogeneidad u homogeneidad estructural según categorías ocupacionales y tipos de sector. Se hallan el sector estatal; el sector cooperativo y el sector privado con sus diferentes segmentos. En el caso de este último hay un grave obstáculo teórico y metodológico para el análisis clasista ya que no distinguen entre aquellos que son propietarios de medios de producción y los que solo son propietarios de su fuerza de trabajo.
Teniendo en cuenta las estadísticas disponibles, se observa un predominio de los ocupados en el sector estatal de la economía, aunque con tendencia decreciente. Por otra parte, hay un aumento del sector cooperativo y privado. El primero constituye la décima parte y el segundo la quinta parte de los ocupados, siendo el sector donde más se expresan las contradicciones clasistas desde el enfoque marxista más clásico.
Por otra parte, se encuentra la clasificación por tipos de ocupación, donde se distinguen a los operarios, los técnicos, los administrativos, los trabajadores de servicios y los directivos. Rescatando los datos más relevantes de cara al análisis clasista, se observa una mayor proporción de los operarios y técnicos, seguido de los trabajadores de servicios.
Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 4 Estructura ocupacional. Distribución de la fuerza de trabajo en %
A partir del 2013 disminuye proporcionalmente el personal ocupado en los servicios, lo cual puede ser un efecto del proceso de reducción de plantillas infladas. Mientras en el 2011, hay una disminución de los directivos que puede estar condicionada a la decisión política de reducir estructuras de dirección y el aparato burocrático.
En cuanto a las investigaciones analizadas para la sistematización, la mayoría se acoge a la clasificación elaborada por el equipo de Estructura Social del CIPS, donde se conjugan indicadores como el traspaso de líneas de propiedad, calificación, gastos manuales e intelectuales, prestigio profesional y nivel de ingresos. De esta forma, se procura identificar tanto estratos, clases, como fracciones de clase (Espina et. al., 2008, 2009, 2010; Bayona, 2009; Sarduy, 2012; Delgado, 2016; Tejuca, Gutiérrez, Hernández & García, 2015, 2017; Álvarez, 2018).
Dentro de estos estudios también se hallan diferencias entre una estructura determinada por indicadores «objetivos» y una estructura percibida por los propios sujetos. En estos estudios se perfilan cuadros socio-estructurales por (auto) identificación social, que muestran diversas formas de segmentación (Ruz & Orta, 2009; Pañellas, 2012; Mederos, 2012; Curbelo, 2012; Batista, 2014; Pañellas, Torralbas & Caballero, 2015; Zabala, 2015; Fundora, 2018).
Se pueden encontrar estudios que intentan develar las asimetrías que se dan al interior de algún segmento social. En el sector privado o cuentapropismo se identifica una heterogeneidad de posiciones que van desde el propietario empleador y el arrendatario (posiciones de mayor ventaja) hasta el autoempleado, el contratado y el trabajador informal (Fundora, 2012; García, 2014; Peña & Voghon, 2014; Nerey, 2014; Torres, 2014; Pañellas & Torralbas, 2016; Pañellas, 2015a; Guzmán, 2016; González, 2016; Izquierdo & Morín, 2017; Yañez, 2018).
En el sector estatal empresarial y presupuestado se identifican posiciones ventajosas como los empleadores y jefes inmediatos superiores, posiciones intermedias como los trabajadores directos, trabajadores indirectos y administrativos, y posiciones precarias como los trabajadores disponibles (Voghon & Peña, 2015; Galtés 2016; Díaz & Echevarría, 2017; Echevarría, Esquenazi & Rosales, 2018).
En el caso del sector informal (Rodríguez, 2014; Peña & Voghon, 2014; Sarduy, 2014; Núñez, 2015; Romero & Gómez, 2017), se identifican posiciones asociadas a diversas actividades, que son clasificadas en empresariales-productivas; mercantiles y apropiativas. Aunque se especifique que en este tipo de sector las formas de organización son descentralizadas y poco formalizadas en la división del trabajo; se pueden distinguir posiciones asimétricas en relación a la propiedad sobre los medios de producción, posición en el proceso productivo y distributivo y cantidad de capital económico que se maneja en la actividad. La ventaja la tienen los empresarios ilegales y patrones, todo lo contrario a los empleados y trabajadores autónomos precarios y con bajos ingresos.
En otras investigaciones se evidencia una determinación de los segmentos sociales, tomando como punto de partida el capital político. Tal es el caso de un estudio antropológico donde se diferencia entre trabajador autónomo, dirigente y decisor (Torres, 2014). Otro estudio desde los presupuestos de la Nueva Sociología Económica, distingue posiciones en los circuitos comerciales, a partir del capital social y político: los burócratas en roles de empresarios de red e intermediarios con las mejores ubicaciones; los trabajadores por cuenta propia; y los empleados estatales sin poder decisorio, estos últimos con las posiciones económicas menos rentables para aprovechar los cambios en el modelo de desarrollo (Romanó & Echevarría, 2012).
También se hallan investigaciones que segmentan la población en estratos, a partir de ingresos, vivienda, territorio, consumo y tamaño del hogar (Parrado, 2013)3. Otra investigación más centrada en la perspectiva familiar, aunque no utiliza la categoría de clase, capa o estrato, logra metodológica y empíricamente una segmentación de tipos de hogares, a partir de indicadores propios de los análisis socio-clasistas (Fuentes, 2016).
En el caso de la estructura social agraria (Rodríguez, 2011; Bombino, 2015; Leyva & Arias, 2015; Leyva, 2017; Merley & Echevarría, 2017), se delimitan las posiciones sociales en torno a la tenencia de propiedad, tipo de cooperativa y la posición en el proceso productivo, en términos no solo de propietario empleador-empleado, sino también de grupos centrales y periféricos (Leyva, 2017). Los ingresos y capacidad de consumo varían según la actividad.
Por otra parte, existen estudios de familia (Domínguez, 2010; Travieso, 2010; Hidalgo, 2011), que construyen las categorizaciones en términos de capitales distribuidos, lo cual determina la manera de vivir, la forma de alimentarse, la selección de las amistades, el empleo del tiempo libre, el uso de los espacios de la ciudad, el consumo de productos culturales y el acceso a centros de recreación y a diferentes mercados.
Entre los capitales se identifica el económico (estimado de los ingresos en pesos y dólares que se reciben mensualmente en el hogar, recursos, propiedades, posibilidades de acceso a bienes de consumo y tenencia de bienes) y el cultural (incluye conocimientos, idiomas, nuevas tecnologías, nivel educacional, títulos universitarios, status social, relaciones sociales que los individuos puedan movilizar, jerarquía política y prestigio a nivel social), la zona de residencia y el tipo de inserción laboral. A partir de aquí se identifican familias que se ubican en diferentes posiciones de la estructura socioclasista: familias de alto capital cultural y ascenso del capital económico; familias de bajo capital cultural y ascenso del capital económico; familias de alto capital cultural y descenso del capital económico y familias con bajo capital cultural y descenso del capital económico.
La clasificación de posiciones de ventaja y desventaja es una tipología genérica que hace énfasis en las brechas de equidad dentro de la estructura socioclasista y no tanto en la heterogeneidad. Aunque la narrativa utilizada para definir muchas de estas posiciones clasistas ya incluyan indicadores específicos, a continuación, se expone una selección de datos relevantes sobre la distribución asimétrica de recursos y posibilidades de bienestar entre estos segmentos.
A diferencia de los estudios sobre desigualdades socioeconómicas, se resaltan las asimetrías basadas en la herencia y reproducción familiar, procesos de explotación, procesos de apropiación violenta o legítima, producción simbólica de superioridad-inferiorización, y el acaparamiento de oportunidades de acumulación.
Desigualdades en la apropiación, uso y control desigual de recursos
Se identifican un conjunto de desigualdades clasistas, a partir del desarrollo de la propiedad privada y del usufructo de la tierra. Ello se debe a procesos de apropiación de recursos que devienen activos asociados a la herencia, a las remesas, al mercado informal, a los créditos, y a políticas públicas de distribución de la tierra. Estos recursos devienen activos que generan procesos diferenciados de acumulación. Las principales tendencias son:
Aumento de las desigualdades de bienes heredados o adquiridos como las viviendas, los autos y otros inmuebles, que le permiten a unos grupos invertir y desarrollar la propiedad privada (pequeña burguesía urbana), así como apropiarse de la fuerza de trabajo de otros (Espina et al., 2008, 2009; Guzmán 2016; Dujarríc & Vázquez, 2015; Curbelo, 2012).
Desigualdades entre quienes utilizan capitales pequeños para inversiones iniciales mínimas en actividades de sobrevivencia y aquellos que obtienen un gran capital inicial por herencias familiares y remesas, con lo cual pueden contratar fuerza de trabajo, participar en las cadenas informales de suministros del exterior y expandirse (Pañellas, 2015a, Núñez, 2015; Delgado, 2016).
Insuficiencia de capital económico en los obreros calificados para emprender negocios propios, de ahí su reproducción como asalariados en el sector privado que actualmente es el principal espacio de inserción laboral de los recién graduados (Luis, 2013; Echevarría & Tejuca, 2015).
Mayor concentración de bienes duraderos en los empresarios sociales y económicos, respecto a los trabajadores que participan en los circuitos comerciales en pesos cubanos (Romanó & Echevarría, 2012).
La distribución de la tierra es clave para entender dinámicas clasistas. Según las estadísticas oficiales, en el año 2017 aún había un predominio de la propiedad estatal con un 56% de la tierra. Se destacaba que, en el caso de las personas naturales, prevalecen los usufructuarios, los cuales han aumentado con las políticas de entrega de tierras a partir del 2008. No obstante, las investigaciones sistematizadas develan otras realidades.
Fuente: Elaborado por la autora, 2019
Figura 6 Relaciones de propiedad. Tenentes de la tierra por personas naturales.
Surgimiento de un segmento de pequeños empresarios en el campesinado vinculados, al usufructo y a la propiedad del suelo. Procesos de acumulación como consecuencia de la ampliación del uso de fuerza de trabajo asalariada en el campo, el fomento de las relaciones monetario-mercantiles y las posibilidades de acumulación que estas ofrecen, así como del empleo de remesas en la explotación individual de la tierra (Leyva & Arias, 2015; Leyva, 2017).
Existencia de grupos informales portadores de capital y medios técnicos suficientes como para convertirse en inversores y decisores reales de una parcela de tierra representada formalmente por un usufructuario nominal con acceso limitado a los recursos requeridos para ponerla en explotación (Leyva & Arias, 2015).
Bajo acceso de los agricultores usufructuarios al crédito, donde influyen la calidad del suelo y el ganado adquirido, el acceso a los insumos agropecuarios, la gestión económica de las cooperativas campesinas, en combinación con factores culturales como la experiencia productiva acumulada, el nivel de asesoramiento técnico recibido (Leyva & Arias, 2015).
Desigualdades en las relaciones de trabajo
De conjunto con la acumulación basada en la privatización o control personal de recursos significativos, la apropiación de la fuerza de trabajo es determinante en la aparición de clases sociales y su reproducción. Este enfoque que devela relaciones de explotación cubiertas y encubiertas, aceptadas o rechazadas, legitimadas o no, es clave en la dimensión clasista. Se complementa con otros resultados científicos que, basados en la heterogeneidad de las clases y sus segmentos interiores, muestran desigualdades en las condiciones de trabajo a partir de sus posiciones sociales (sin que medien relaciones de explotación).
Predominio de personas que venden su fuerza de trabajo en el sector privado, sobre aquellas que se auto emplean o son propietarias de negocios (Parra, 2018).
Mayor vulnerabilidad de los obreros y técnicos del sector estatal respecto a intelectuales y directivos, en los procesos de reducción de plantillas del sector público. Procesos de movilidad forzosa, muchas veces hacia espacios de mayor inestabilidad (Voghon & Peña, 2015; Díaz & Echevarría, 2017).
Relaciones de trabajo en el sector privado, sin mediación de contratos formales entre empleador y empleado, dando lugar a relaciones de explotación, la no garantía de buenas condiciones laborales y el despido sin reclamaciones. El propio Código del Trabajo omite la posibilidad de contratos por tiempo indeterminado que garantizan mayor estabilidad laboral y de ingresos (Rodríguez, 2014; Nerey, 2015; Núñez, 2015; Pañellas, 2015a; Guzmán 2016; Fundora, 2018; Yañez, 2018).
Relaciones encubiertas de trabajo asalariado en el sector privado urbano y campesino. Ello conlleva a una clase obrera con empleos más precarios y al fortalecimiento de una clase capitalista con mayores oportunidades de acumulación. Los empleadores lo utilizan como estrategia para reducir costos y evadir o disminuir la carga fiscal (Izquierdo & Morín, 2017; Leyva, 2017).
Desigualdades entre la clase trabajadora ocupada en el sector público, en el sector privado formal y en el sector informal, respecto a su posición como sujetos de derechos, ante expresiones de violencia propias del conflicto de clases (Galtés, 2016).
Falta de igualdad jurídica en el Código de Trabajo. Los derechos y prestaciones sociales de trabajadores privados contratados son mínimas frente a las garantías de otros asalariados (Nerey, 2015; Izquierdo & Morín, 2017) Las brechas jurídicas son respecto al sector privado informal, donde la explotación se ejerce desde formas de violencia física y psicológica (Rodríguez, 2014; Romero, Gómez & Miranda, 2017).
El sindicato compartido afecta la protección de derechos de trabajadores contratados como jornada laboral razonable, suficientes descansos y pagos justos, atendiendo a que también debe representar intereses de empleadores que obtienen ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno (Izquierdo & Morín, 2017).
Usufructuarios y propietarios se desvinculan del trabajo agropecuario directo, disponiendo de administradores encargados de supervisar el desempeño de la fuerza de trabajo y manejar los recursos disponibles para la producción (Leyva & Arias, 2015; Leyva, 2017).
Desigualdades de ingresos
La diferencia de ingresos es una de las variables para identificar clases y fracciones de clase. Tuvo un papel relevante en el análisis de la estratificación con el enfoque de la pirámide invertida, y un papel complementario en los análisis de recomposición de la estructura socioclasista del CIPS. En esta sistematización también se asume desde esta perspectiva de complementariedad, en tanto constituyen expresión de la apropiación y uso diferenciado de recursos socialmente significativos; de la compra y venta de fuerza de trabajo; y de la construcción del estatus social.
Existencia de una pequeña burguesía nacional ligada al capital extranjero con ingresos 7,5 veces superiores al salario medio, mientras otros grupos ingresan por debajo del 50 % del salario medio.
Concentración de los ingresos en algunos grupos sociales, a partir de conexiones con el mercado internacional y el mercado doméstico en divisas. Los deciles de mayores ingresos concentran el 59.1 % de los receptores de remesas, el 83.7 de las divisas por viajes, el 63 de los que reciben divisas en centros laborales, el 78 % de los receptores de propinas y 57 de los que reciben divisas de amigos (Espina et al., 2008, 2009; Peña y Proenza, 2011; Tomé, 2014; González, 2016; Izaguirre, 2018; Echevarría, Esquenazi & Rosales, 2018).
Personas empleadas en el cuentapropismo tienen ingresos más altos que el salario promedio mensual en entidades estatales (Núñez, 2015; Galtés, 2016; Izaguirre, 2018). Al interior del propio sector cuentapropista, hay desigualdades de ingresos que evidencian la existencia de diversas clases en el sector privado (Pañellas, 2015a).
Diferencias de ingresos entre cuentapropistas propietarios en actividades de arrendamiento y sus trabajadores contratados en el sector privado (Guzmán 2016; Yáñez, 2018). Posibilidades de expansión de los ingresos y de los procesos de acumulación en el sector privado a partir de su desregulación, donde destaca la flexibilización de la contratación de trabajadores, la simultaneidad de actividades, mayor inclusión financiera, y la eliminación de restricciones de comercialización, territorialidad y encadenamiento con el sector público (Galtés, 2016).
La dispersión salarial entre los empleados del Estado ha aumentado en los últimos años, debido en parte a la introducción de incentivos económicos vinculados a la productividad laboral individual o al hecho de trabajar en el sector económico priorizado (Romanó & Echevarría, 2012).
Fraccionamiento de la clase obrera por la introducción de modelos de pagos y otras formas de distribución, basados en la ubicación en el proceso productivo; y posteriormente en el desempeño económico y el rendimiento. Ello implica formas desiguales de apropiación de la renta (Cino, 2009; Nerey, 2015; Galtés, 2016).
Las cooperativas agropecuarias determinan los ingresos de los trabajadores y la distribución de las utilidades, de modo que los trabajadores contratados perciben un salario formado a partir del salario mínimo del país y según la cantidad y calidad del trabajo realizado, y los socios reciben una retribución equivalente al salario medio provincial y una participación en las utilidades proporcional a su contribución al trabajo (Consejo de Ministros, 2012, citado por Galtés, 2016).
Insuficientes garantías salariales y de protección social para los trabajadores afectados por el proceso de disponibilidad laboral en el sector estatal, en especial aquellos que se encontraban en el inicio o en el intermedio de sus trayectorias laborales (Voghon & Peña, 2015).
Superioridad de ingresos en las personas insertadas en el sector informal respecto al sector formal (González, 2016; Romero, Gómez & Miranda, 2017). No obstante, otra investigación demuestra que estos ingresos se destinan más a la satisfacción de necesidades inmediatas, y sólo en casos excepcionales a la acumulación (Rodríguez, 2014).
Desigualdades de capital social y político
Asimetría de las relaciones de poder en la gestión de la propiedad social. Perpetuación de la concentración de la capacidad decisional a favor de los empleadores (grupos representantes del Estado) (Nerey, 2015).
Poder de los directivos respecto a los obreros o técnicos afectados en la aplicación de la ley y la política pública en el proceso de disponibilidad del sector estatal (Voghon & Peña, 2015; Díaz & Echevarría, 2017).
El Nuevo Código de Trabajo (2014) establece explícitamente que el trabajador está en subordinación a su empleador, ya sea una persona jurídica (empresa estatal, empresa mixta o una persona natural (cuentapropista) (Nerey, 2015; Izquierdo & Morín, 2017).
Participación formalizada de trabajadores y sindicatos en el proceso de elaboración del plan de la empresa. Poco poder decisorio sobre el sistema de pago anual respecto al personal directivo. Las Juntas de Gobierno, como representantes de los accionistas, no integran a los trabajadores y los sindicatos, a pesar de declararse formalmente la propiedad social de las empresas autónomas (Martín, 2015; Díaz & Echevarría, 2017).
Identificación de una clase política, no por acumulación de capital financiero sino por el marco de poder que ofrece el ejercicio de la política en altos niveles (Torres, 2014).
Los empresarios económicos y sociales, gracias a sus posiciones en circulación, mueven la información precisa, ambigua o distorsionada entre los contactos y ejercen cierto grado de control sobre ellos, generando para sí un mayor grado de bienestar material respecto a los trabajadores (Romanó & Echevarría, 2012).
Fraccionamiento de la clase dirigente. Reestructuración de la organización administrativa de las empresas estatales con la creación de grupos empresariales y Organismos Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). Esta reorganización administrativa duplica las estructuras y funciones de dirección empresariales y ministeriales (Díaz, 2015, Del Castillo, 2015 citados por Galtés, 2016).
Los trabajadores asalariados que son dirigentes, técnicos y administrativos, cuyas funciones están ligadas a la gestión económico-financiera de las cooperativas, detentan una cuota de poder fáctico superior a la que es reconocida por ley y por la propia asamblea de asociados (Leyva, 2017).
Cooperativistas estatales con identidad de obreros asalariados. Persiste el modelo de gestión centralizada, donde la Empresa Estatal Agropecuaria continúa siendo la principal proveedora de insumos y servicios y la que determina los planes de producción (Merlet & Echevarría, 2017).
El capital político de las clases empobrecidas tiene menos posibilidades de activarse de forma efectiva según la estructura de oportunidades que habilita el nuevo contexto (Peña & Proenza, 2011, Tejuca & Echevarría, 2015). Esta limitación de participación condiciona sus desventajas en la disputa por capitalizaciones de recursos significativos en los espacios socioeconómicos.
Desigualdades en el capital cultural
Diferenciaciones en el capital cultural acumulado, institucionalizado e incorporado, que favorece a familias de la clase intelectual. Los puestos de alta calificación que ocupan las familias de alto capital cultural han permitido la acumulación de bienes materiales a través de oportunidades de viajes, misiones, ofertas de consumo a precios que se adecuan a sus salarios, bienes otorgados por estímulo o requerimientos del trabajo (Hidalgo, 2011; Izaguirre, 2018).
Uso del capital cultural para llevar a cabo diversas actividades como fuentes de ingresos. En el sector privado algunos se desempeñan como repasadores particulares y técnicos en computación; vínculo informal con empresas extranjeras; viajes al exterior o misiones otorgadas por el centro de trabajo (Hidalgo, 2011).
En familias de bajo capital cultural, se observa una mayor tendencia a incrementar ingresos con acciones de tipo ilegal que indican una marcada desconexión con los valores sociales (Domínguez, 2010; Hidalgo, 2011, 2016; Travieso, 2011).
Desigualdades a partir del acceso a remesas socioculturales. Los receptores de capital de trabajo prevalecen entre quienes dicen recibir la influencia de ideas y conocimientos (Delgado, 2016).
El capital cultural más reducido de los obreros calificados y una franja de productores usufructuarios, respecto a los conocimientos y habilidades para emprender exitosamente, influye en la perpetuación de su asalarización (Leyva & Arias, 2015).
Reproducción de las clases de dirigentes y profesionales a partir del capital cultural. Sus descendientes acaparan las oportunidades de acceso a la Educación Superior. Este activo, combinado con otros, media en los procesos de movilidad social (Tejuca, Gutiérrez & García, 2015; Tejuca, Gutiérrez, Hernández & García, 2017)
Desigualdades en el consumo y el acceso a servicios
Aumento del papel de los ingresos monetarios en la determinación y creación de condiciones de vida. Personas con devaluación de los ingresos personales y familiares sufren de empobrecimiento (Espina et al., 2008, 2009).
Brechas de acceso al bienestar entre empleadores y empleados; así como entre empleados y pluriempleados (Pañellas, 2015a; Pañellas, Arango & Rosales, 2018).
La disponibilidad de cierto capital material o social amplía el acceso a servicios básicos de calidad, por encima de las prioridades que establecen las necesidades y los derechos sociales (Fuentes, 2016; Gómez, et. al 2017).
Diferenciaciones en los modos de consumo de ropas, calzado, servicios personales, productos y servicios culturales, recreativos y turísticos, tecnologías, equipos electrodomésticos, bebidas alcohólicas, cigarros, etc. entre personas con diferentes posiciones económicas (Bayona, 2009; Mazaira, 2011; Barthelemy, 2013; Sarduy, 2014; Álvarez, 2018; Izaguirre, 2018;).
El consumo cultural es más limitado para los obreros. Los intelectuales son los que más consumen los productos culturales, que incluye la asistencia a teatros, cines, playas, librerías y fiestas (Pañellas, 2015a).
En cuanto a las desigualdades de capital simbólico, en este caso prestigio y reconocimiento social, los intelectuales son el grupo sobre el que existe una imagen más positiva. Las personas de altos ingresos son bien valoradas por quienes pertenecen al sector mixto; que lo asocian al alto capital cultural; contrario a las percepciones que tiene el sector privado (Dujarríc & Vázquez, 2015).
Los cuentapropistas vivencian mayor estigmatización. No obstante, algunas investigaciones develan que los empleadores son percibidos como personas más instruidas y capaces; mientras que los empleados se les asocia con la subordinación (Curbelo, 2012; Pañellas, 2015a).
CONCLUSIONES
Se mantienen las tendencias descritas hace una década por el equipo del CIPS como la formación de nuevas clases y la recomposición de clases medias, la segmentación interior de los grandes componentes socioclasistas precedentes (clase obrera, intelectualidad, directivos), la heterogenización de los actores vinculados a la producción agropecuaria, la ampliación de desigualdades injustas (no asociadas al trabajo y al aporte social) vinculadas a la condición de clase, los procesos de empobrecimiento con perfiles de riesgo vinculados a la clase obrera y a la propiedad estatal, y el fortalecimiento de las intersecciones clase-raza y clase-género en las brechas de equidad.
No obstante, en estas tendencias hay matices que las distinguen de la etapa anterior. En esa relación entre procesos de empobrecimiento de unos grupos y procesos de enriquecimiento de otros, se identifica una mayor polarización, dados los procesos de acumulación de capital en algunos segmentos del sector privado urbano y campesino; facilitados por el fomento del sector privado, la flexibilización en la contratación laboral, y la penetración de capitales internacionales en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.
La reanimación de algunos espacios socioeconómicos que se habían quedado deprimidos como el sector empresarial estatal no emergente, el sector de los servicios de salud y deporte, y más recientemente el educativo, de administración pública, etc. cambia las formas de segmentación de los componentes tradicionales. Se adiciona la aparición del cooperativismo urbano de servicios.
La estructura socioclasista agraria profundiza su heterogenización con las nuevas políticas públicas de entrega de tierras en usufructo, la contratación formal e informal de trabajadores agrarios, y la conexión con capital internacional que penetra en Cuba para invertir a través de redes familiares y sociales.
En este período no solo se fortalecen las brechas asociadas a las intersecciones clase-raza y clase-género, sino también clase-etario-generacional y clase-territorio. En próximas publicaciones de analizarán con mayor profundidad las intersecciones entre brechas; así como las propuestas a las políticas para transformar estas realidades.
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NOTAS ACLARATORIAS:
11 Ámbitos de acción de los objetos, los medios y la fuerza de trabajo que han ido diferenciando entre sí, a partir de cómo se configuran sus vínculos internos entre los siguientes elementos: 1) Tipo de propiedad predominante (estatal, mixta, cooperativa, privada), 2) grado de compromiso con la planificación o con el mercado como mecanismo de regulación, 3) formas de gestión y mecanismos y o prerrogativas de administración prevalecientes, y 4) condiciones y relaciones de trabajo características a su interior (GEST, 2000).
22 El argumento se encuentra en los resultados de investigación (con sus debates teóricos) que presentó el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas entre 1999 y 2009, cuyo liderazgo científico ha sentado las bases para los análisis empíricos sobre la sociedad cubana.
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