Por Jorge Gómez Barata
Para alquilar un coche suele hablarse con el cochero, nunca con el caballo. Tal vez por eso los días 26 de enero y 11 de febrero, en Nueva York, el canciller venezolano Jorge Arriaza se reunió dos veces, en total durante cinco horas, con Elliott Abrams, antes de que con Juan Guaidó que, aunque está más cerca, es menos asequible.
El único consenso en torno a la situación política y económica en Venezuela es que no existe consenso para encontrar paliativos a una peligrosa situación interna con potencial para provocar una tragedia regional de connotaciones globales. Otro ítem establecido parece ser que, debido a la intromisión de Estados Unidos y las recurrentes apelaciones a la ONU, el conflicto ha perdido su carácter originalmente nacional.
La pregunta del momento es: qué hacer para desactivar la peligrosa situación creada en Venezuela donde el gobierno constitucional encabezado por Nicolás Maduro y la oposición, que también es constitucional, apoyada por Estados Unidos, avanzan en ruta de colisión hacia un choque frontal, evitable únicamente si uno o los dos adversarios dan pasos al costado y ofrecen un chance, no solo al diálogo, sino a la negociación, que no son lo mismo.
En este caso, resulta evidente que el gobierno y la oposición por si solos no están en condiciones de negociar un acuerdo que ponga fin a las tensiones internas. Entre otras cosas, no están presentes elementos del ABC de cualquier transacción política para lo cual se requiere de interlocutores legítimos que se reconozcan y respeten mutuamente y estén habilitados para llegar a acuerdos y asumir compromisos vinculantes.
La situación creada con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 2016, que colocó en desacato a la Asamblea Nacional controlada por la oposición e invalidó sus acciones y que en enero del presente año resolvió retomar sus competencias, declarando nula la elección de Nicolás Maduro a quien considera “usurpador”, designando a un “presidente encargado”, da lugar a una total incomunicación.
Mientras el gobierno no reconozca las competencias de la Asamblea Nacional y esta no acate al gobierno, será imposible el diálogo ni podrá llegarse a acuerdo alguno. La descalificación mutua es el obstáculo que es preciso remover para poder avanzar.
Asumiendo que, tanto el presidente Maduro como la Asamblea Nacional (en desacato) han sido electos por el pueblo, es posible pactar un “borrón y cuenta nueva”, restableciendo la legitimidad de ambos poderes del estado. En cualquier caso, que un presidente cohabite con un Parlamento dominado por la oposición no es ninguna novedad.
Un arreglo así pudiera significar una especie de desenganche de los contendientes y un armisticio temporal, automáticamente excluiría a los Estados Unidos que deberían levantar o como mínimo declarar una moratoria a las disposiciones respecto a la empresa CITGO y al embargo al comercio petrolero venezolano, lo cual devolvería al conflicto su génesis, identidad y dimensión nacional.
Semejante entendimiento, desactivaría la opción militar, silenciaria al Grupo de Lima y devolvería a los venezolanos la capacidad para ventilar entre ellos sus propios asuntos, en primer lugar, las prerrogativas para elegir sus parlamentarios y gobernantes. El riesgo es para todas las partes. Tal vez la oposición pierda la Asamblea y el chavismo, que tantas veces ha ganado, pudiera renovar la apuesta.
Opciones existen, ignorarlas puede ser a la vez, suicida. Luego les cuento más.
Allá nos vemos.
16/02/2019
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