Por Enrique Atiénzar Rivero/Adelante
CAMAGÜEY.- La entrevista con Antonio Delgado Sánchez, director de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), no duró mucho tiempo. Los once minutos de conversación fueron suficientes para abordar disímiles temas que interesan a la población, desde los precios topados, la venta de carne de cerdo, el comportamiento de los cocheros, de los carretilleros y la aplicación de las multas.
La DIS, como órgano subordinado al Consejo de la Administración Provincial y a esas instancias municipales del Poder Popular, tiene la misión de proteger a la población, de que se cumplan las disposiciones legales vigentes, reforzadas hoy con nuevas medidas orientadas por la dirección máxima de la nación, que se adecuan a las circunstancias económicas del país.
—¿Cómo se ha ejercido el control por el cuerpo de inspectores de alrededor de 240 que posee la provincia, y de ellos 94 en Camagüey?
“La provincia cuenta con más de 34 000 trabajadores acogidos a esta modalidad de empleo, quienes prestan una importante contribución a la economía de la provincia y el país”.
Delgado reconoció que dentro de esa cifra de personas las hay muy valiosas, disciplinadas por cumplir lo establecido, y otras, que hacen lo contrario. “Lo único que pedimos es que denuncien los hechos y el lugar, sin darnos sus nombres. Nosotros tenemos el deber de actuar.
“Estoy hablando de cocheros, a quienes hemos aplicado más de 1 600 multas, o de carretilleros, que no son pocos—564— en Camagüey”.
ENTRE 90 Y 100 PUNTOS DE VENTA DE CARNE DE CERDO
El entrevistado comentó que actualmente funcionan entre 90 y 100 puntos de venta, algunos con ofertas en días alternos por no tener el abastecimiento necesario. Sobre ellos, apuntó, se ejerce un monitoreo y la revisión de que el listado esté a la vista de los clientes.
Agosto rompió el récord de imposición de multas, con 8 400, período en el que una buena parte de la población y los niños disfrutaban de vacaciones.
“Todo esto es insuficiente. Aún hay personas que violan la Ley, incluso, en lo que va de este año tres de nuestros inspectores, considerados como funcionarios públicos, han sido agredidos. Algunos de los acusados cumplen sanción de privación de libertad”.
Sostuvo que cuando hay cualquier tipo de incongruencia, de algunas personas que no entienden determinadas medidas, tienen derecho a reclamar por las vías establecidas, y como argumento señaló que del 1ro. de julio a la fecha, en las oficinas de las DIS se han recibido 257 quejas, la mayor parte con respuesta.
Explicó finalmente que nadie está autorizado a prestar servicios de transportación sin poseer la correspondiente autorización de las instancias del Ministerio de Transporte y otros órganos oficiales (porque de hecho se convierten en transportistas piratas, como son identificados), por lo que sí están acogidos a todo lo reglamentado en Ley y realizan sus aportes a las oficinas tributarias.
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