Para enfrentar el problema de la cadena de impagos entre las empresas, lo primero que hay que resolver, es el de la tasa de cambio oficial para los intercambios comerciales entre las empresas estatales y el comercio exterior. Con la tasa oficial de 1 peso igual a un dólar, los inventarios adquiridos mediante importaciones, se contabilizan en las empresas a un precio inferior al del mercado mundial, pues aunque el banco los paga mediante transferencias en dólares o Euros, afectando la balanza de pagos del País, en los almacenes están contabilizados en pesos cubanos, a una tasa que no se corresponde, ni de cerca, a su costo real en el mercado mundial. Esto crea una gran presión sobre las empresas y sus trabajadores, incluido dirigentes, de parte de la población, no solo de los cuentapropistas, al no contar con mercados mayoristas donde poder adquirir bienes intermedios que solo existen en los almacenes empresariales a precios inferiores a los del mercado externo. Las sustracciones y robos de los almacenes empresariales para ser vendidos a particulares, no se contabilizan en las empresas como ventas, no son ingresos de las empresas. Se compraron y no se pueden pagar.
Otra cuestión muy importante a resolver es lo que ha venido planteando insistentemente el Presidente Díaz Canel, en relación con las perdidas y sustracción de inventarios, de no financiar con subsidios del presupuesto los faltantes de inventarios. Esa medida, muy correcta, debería generar en la dirección de las empresas la necesidad de implantar controles contables y físicos de los inventarios como se establecen en cualquier empresa en el mundo y que en nuestro País se aplicaron con determinado nivel de exigencia y efectividad durante muchos años. Fue el Che, cuando era Ministro de Industrias, quien estableció la práctica, de que cuando visitaba una empresa, acudía a los almacenes, revisaba las tarjetas de estiba y las confrontaba con el submayor de inventarios, para comprobar si existía control de esos inventarios. Durante muchos años después, ese control se seguía por dirigentes de organismos cuando visitaban empresas. Recuerdo que en los finales de la década de los años 80, el Ministro de Finanzas en aquella época, el cro, Rodrigo García, organizaba una vez al año, visitas de control de todos los cuadros de especialidades económicas de los Organismos centrales del Estado, a todos los principales almacenes de insumos del País, para verificar la concordancia entre la existencia física en los almacenes, registrada en las tarjetas de estiba, con lo contabilizado en los submayores de inventarios. Incluso recuerdo, que yo, en los años del Periodo Especial, en que era Viceministro de Transporte y Vicepresidente del Consejo de Administración de Empresas (CADE), que abarcaba todo el sistema empresarial del MITRANS con una gran descentralización y totalmente autofinanciado, cada vez que visitaba alguna empresa, aplicaba, aleatoriamente este método, además de que la Dirección de Contabilidad del Ministerio aplicaba este método al controlar la contabilidad de las empresas y de que el área de Auditoria realizaba auditorias integrales cada 2 años y los informes de conclusiones eran discutidos en una reunión presidida por el Ministro de Transporte. Se detectaban problemas, violaciones e incluso en algunas ocasiones, presuntas actividades delictivas, pero un mes después tenía que volver la empresa con la solución de los problemas, que se comprobaban posteriormente por la auditoria. Sin control estricto de los inventarios en almacén no se acaba el robo, y existiendo robo, hay que subsidiar las perdidas.
Si no se subsidian las perdidas, la administración se verá obligada a controlar sus almacenes, y con ello el robo. La administración de almacenes y su control, es una especialidad, que en cualquier empresa importante del mundo, es encargado a un empleado de entera confianza, calificado y bien pagado. El que cuida bienes, sea dinero o inventarios, que tienen la característica de convertirse en dinero, tiene que dolerle perder su empleo y su salario. No hay que esperar que el robo sea tan grande que haya que enviarlo para los tribunales, para ser juzgado y condenado a años de prisión. El método tiene que ser distinto; si al realizarle un control, se detectan deficiencias importantes, que significan que hay creadas premisas de robo, hay que sustituirlo. No hay que esperar a que robe. Una buena administración siempre tiene que tener preparado el sustituto de sus mejores jefes, y entre ellos debe estar el Jefe de almacén. La militancia política no da necesariamente buenos jefes de almacén; el control estricto y sistemático sí.
Toda la política financiera y fiscal del País debe estar dirigida a que las empresas obtengan utilidades reales. De ahí deben salir los impuestos. No se le debe extraer a las empresas la amortización acumulada. Esa es la fuente que deben tener para la reposición y el mantenimiento. Las nuevas inversiones, si no les alcanza la amortización acumulada, deben ser financiadas por crédito bancario con bajos intereses, internacionalmente hablando. En condiciones de que las empresas deben competir en el mercado internacional, sus impuestos deben establecerse sobre las utilidades brutas y en términos reales. O sea los impuestos deben pagarse con liquidez real. Las utilidades obtenidas por las empresas deben ser reales. Por lo que habría que descontarles las cuentas por cobrar. Pagar los impuestos es un importante deber para las empresas, pero pagar las deudas con los proveedores, sean nacionales o extranjeros, también lo es. Si hay cuentas por pagar fuera de tiempo no se deberían de distribuir utilidades. Esa medida debe compulsar a las empresas a que cobren y que al vender acuerden garantias que puedan reclamar ante tribunales, en caso de incumplimientos en la fecha contratada de los pagos de sus ventas.
El pago a los acreedores debe constituir una obligación muy importante para las empresas. Sería necesario que para compras entre empresas, sean estatales o no estatales (PYMES y Cooperativas), establecer garantías, tales como Letras de Cambio, que puedan hacerse efectivas con la sola presentación ante el banco del comprador y que por no tener fondos, pueda reclamarse ante tribunales. Para las empresas, sean estatales o no estatales, cuyos activos no les alcancen para cumplir con sus compromisos de pago, debería de establecerse una Ley que permita intervenirlas, para en primer lugar, garantizar el cobro de sus acreedores, y posteriormente, proponer su disolución como empresa, a una autoridad competente. Una Ley de Quiebra, adaptada a nuestras condiciones, va a ser necesaria. Una muestra importante de la ineficiencia de una empresa, debería ser quebrar financieramente. La solución para las empresas estatales seria, cambiar la Dirección de la empresa, o extinguirla. Para las PYMES, la solución podría ser, retirarle la licencia, que venda sus activos y que pague.
Considero necesario insistir en la imperiosa necesidad de reestructurar integralmente las empresas estatales. Extraerles a los trabajadores sobrantes, sin afectarles sus salarios durante un año como máximo, así como los activos fijos (maquinarias, equipos e instalaciones) que no tengan utilización en los próximos dos años, que deben ser dados de baja y puestos a la venta para ser adquiridos por otras empresas estatales o no estatales. Los inventarios ociosos, entendiendo como tales aquellos activos circulantes que no van a tener utilización en el periodo corriente, deben ser puestos a la venta al precio que acuerden el comprador y el vendedor. Una vez reestructuradas y saneada su contabilidad, que presenten sus balances para ser certificados por una entidad auditora autorizada por la Contraloría General. Aprobados los Balances certificados, se les debe autorizar a aplicar a sus operaciones de compra de moneda extranjera para importar, la nueva tasa oficial de cambio aprobada por el Banco Central. Asimismo, el banco con el cual opera, cuando reciba del exterior fondos transferidos con destino a esas empresas, se lo acredita a su cuenta en moneda nacional (CUP) a la tasa oficial aprobada por el Banco Central. A partir de ese momento, cuando las empresas compren insumos de importación, tendrán que comprar la moneda extranjera, en pesos cubanos a una tasa de cambio que refleje en la moneda cubana el valor de la moneda extranjera, por lo que no le será posible comprar un dólar por un peso. Si no vende sus producciones y cobra en pesos (CUP), no tendrá liquidez en pesos para comprar en el banco la moneda extranjera y poder importar. Por otra parte, como los insumos que compre, estarán valorados en su contabilidad en su valor real en moneda extranjera, estará obligada esa dirección de empresa a controlar mucho más sus inventarios y poner a cuidarlos personal realmente honrado, capacitado y bien pagado.
No habrá solución posible para el desorden en las empresas estatales y en las finanzas y el comercio interior, sin crear la base legal para las pequeñas, medianas y microempresas, que en la práctica existen ya, pero sin base legal y sin reglas del juego que las integre y vincule ordenadamente al resto del entramado empresarial del país. El Mercado mayorista para el Sector no estatal es otra necesidad imperiosa, no solo económica, sino política. Pero a eso que a primera vista parece difícil encontrarle solución financiera, es posible hallársela, y al mismo tiempo convertirla en una fuente adicional de ingresos para el Presupuesto y factor de mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo. A la larga debe propender a disminuir los precios de venta a la población.
Las soluciones a los problemas actuales en estos campos vinculados a la producción, las finanzas y el comercio, deben ser integrales y en sistema. Si no se abordan así, los problemas, lejos de solucionarse pueden complicarse más. Dentro de unos días tendremos una nueva Constitución, refrendada por nuestro Pueblo, que dará la cobertura legal, que hasta ahora no tuvimos para enfrentar las soluciones en sistema. Aprovechemos la oportunidad que no tuvimos hasta ahora y preparémonos para enfrentar con una economía más organizada y fortalecida la próxima ofensiva que nos anuncia nuestro enemigo histórico.
Joaquín Benavides Rodríguez. Ocupó el cargo de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986). Fue Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991). Entre 1991 y 2003 ocupó el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Transporte
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