La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante una conferencia de prensa en La Moncloa. EFE/ MONCLOA
El turismo, responsable del 12,3% del PIB español, se enfrenta este año a una crisis casi total, brusca, destructiva y de difícil tratamiento. Las pérdidas de ingresos estimados para este año, equivalentes a casi 100.000 millones de euros, revelan que la actividad y el empleo van a sufrir lo indecible por causa de una situación casi de quiebra general, a la espera de una modesta recuperación que, en el mejor de los casos, puede llegar en verano gracias sobre todo a los viajeros nacionales. No es casual, dada la estructura productiva española, que se hayan presentado en torno a 150.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las empresas turísticas y no hay que ser profeta para suponer que los expedientes de regulación por causas objetivas gotearán en cuanto cese el estado de alarma. Debido a las condiciones especiales de sensibilidad que provoca una pandemia en el mercado turístico propiamente dicho, lo más lógico es que la recuperación de la economía de ese sector sea lenta, aunque más rápida en los grandes grupos empresariales. Dado el peso del turismo en el PIB, durante un tiempo poco podrá aportar a la recuperación económica española.
La gravedad de la situación del turismo español, que comparte con la que están sufriendo los mercados francés, estadounidense, italiano o chino entre otros, puede entenderse mejor si se subraya que es una de las actividades que han sufrido desde el primer momento las consecuencias de la covid-19 y que será una de las últimas en recuperar su ritmo habitual. Al mismo tiempo, se enfrenta a un problema reputacional muy grave: los visitantes potenciales no compran riesgos de contagio y tienden a rechazar los destinos donde existe. España está en ese ojo del huracán del contagio y esta es quizá una de las secuelas preocupantes que dejará la pandemia.
Parece razonable, por tanto, llegar a, al menos, dos conclusiones elementales, pero decisivas. La primera, que el año está perdido para el mercado turístico español, marcado por el confinamiento y las restricciones a la movilidad que impone la crisis vírica; la segunda, que la estrategia de los servicios turísticos, en España y en el mundo, tiene que cambiar drásticamente. La recuperación gradual del mercado solo será posible si se garantiza la seguridad sanitaria, nueva prioridad absoluta, y se acepta que el turismo dominante, también en ese plazo, será el de proximidad.
Estas nuevas reglas de juego pospandemia se resumen en más inversión y una política activa de concentración de empresas, en un sector en el que abundan los negocios pequeños o microscópicos. Las decisiones de inversión deben tener como objetivo garantizar más allá de cualquier duda la seguridad sanitaria en los viajes y en los alojamientos, además de modernizar los sistemas de transporte y restauración. Hoy, la opción correcta es la de los hoteles que gastan en instalar sistemas de protección ultravioleta para destruir los virus. Un plan de choque específico para el turismo, con dinero público y privado, tiene sentido si las empresas reclamantes entienden que ese plan, en el que deben estar implicadas las autonomías y los agentes sociales, no puede tener como objetivo solo la supervivencia —que también—, sino un cambio hacia servicios más sostenibles. El turismo de litoral, sangría y chiringuito es un modelo demasiado vulnerable a cualquier tipo de crisis, sean económicas o epidémicas.
( Resaltado HHC)
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