15 abril 2026
Caricatura: Palante.
He vuelto a vivir la misma escena más de una vez, en lugares distintos y con rostros diferentes, pero con el mismo desenlace.
Entro a comprar algo simple —lo cotidiano, lo que uno asume que ya no debería ser un problema pagar— y en el momento de cerrar la operación saco el teléfono con la naturalidad de quien ha interiorizado el discurso de la bancarización, de los pagos electrónicos, de la “modernización” del sistema financiero. Abro la aplicación, intento transferir… y entonces empieza el recorrido conocido: “no hay sistema”, “ahora mismo no pasa”, “solo efectivo”, o la frase más inquietante de todas, dicha casi en voz baja, como si fuera parte normal del procedimiento: “si es transferencia, es con recargo”.
Y ahí es donde la teoría y la práctica dejan de coincidir.
Porque en más de una ocasión me he encontrado con ese patrón repetido: en una cafetería, el dependiente me dice que no hay conexión; en una tienda, que el POS no funciona; en un servicio de transporte, que “mejor en efectivo para evitar problemas”; y en un pequeño negocio, la insinuación directa de que el pago electrónico implica un “10% adicional”. No es un detalle menor ni una excepción aislada. Es una práctica que, aunque no siempre se reconoce abiertamente, se ha ido filtrando en la cotidianidad con una naturalidad preocupante.
Lo más complejo es que este escenario convive con un marco normativo que, en papel, está claramente orientado hacia lo contrario. El Banco Central de Cuba y las disposiciones complementarias han insistido en la bancarización de las operaciones, en el uso obligatorio de medios electrónicos cuando sea posible, y en el rol de la cuenta bancaria fiscal como eje de control de los ingresos de los actores económicos. Se trata, en esencia, de ordenar los flujos financieros, reducir la dependencia del efectivo y dar mayor trazabilidad a las operaciones.
Pero cuando uno baja a la calle, ese diseño se encuentra con una realidad mucho más fragmentada.
He visto negocios donde el pago electrónico es aceptado solo “cuando conviene”, otros donde directamente se evita, y algunos donde se condiciona. He visto también cómo el efectivo sigue siendo el rey indiscutible de la economía diaria: para comprar el pan, pagar el transporte, resolver en la bodega o simplemente moverse en el día a día. Es decir, en la vida real, la digitalización no ha sustituido al efectivo; convive con él en una relación desigual, tensa y, muchas veces, contradictoria.
Caricatura: Palante
El problema no es únicamente técnico, aunque la inestabilidad de las plataformas y la conectividad juegan su papel. El problema es más profundo: es de implementación, de control y de coherencia.
Porque si una política pública establece que la cuenta bancaria fiscal debe ser el canal central de las operaciones, pero en la práctica una parte importante de esas operaciones no se registra o se fragmenta, entonces el sistema pierde sentido. Si se promueve el pago electrónico, pero el usuario se encuentra con trabas constantes o recargos informales, entonces la confianza se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema de pagos digitales puede sostenerse de manera estable.
He visto ejemplos concretos que ilustran esta contradicción. Un cliente intenta pagar 500 pesos por transferencia en una cafetería y le dicen que “mejor en efectivo porque así es más rápido”. Otro intenta pagar en una tienda de barrio y le responden que solo aceptan transferencia si excede cierto monto. En un tercer caso, el negocio simplemente apaga el argumento: “no hay sistema”, aunque minutos después otros clientes pagan en efectivo sin inconveniente alguno.
En todos los casos, el resultado es el mismo: el ciudadano termina cargando efectivo “por si acaso”, aunque el discurso oficial le haya dicho durante meses que ya no debería depender de él.
Y ahí aparece la paradoja más visible: mientras las políticas apuntan a reducir el uso del efectivo, la realidad lo refuerza como mecanismo de supervivencia cotidiana.
No es un problema menor ni un detalle técnico. Es un síntoma de que la transición hacia una economía más digital no se está dando de manera integral. Porque la bancarización no es solo una herramienta tecnológica; es un cambio cultural, institucional y operativo. Implica disciplina financiera, control efectivo, incentivos claros y, sobre todo, coherencia entre lo que se regula y lo que se permite en la práctica.
Hoy, esa coherencia todavía no se percibe de manera sólida.
La cuenta bancaria fiscal —pensada como columna vertebral del sistema— pierde efectividad cuando no se utiliza de forma rigurosa. El pago electrónico pierde credibilidad cuando se condiciona o se encarece informalmente. Y la política de bancarización pierde fuerza cuando el ciudadano, al final del día, siente que debe seguir resolviendo en efectivo para evitar complicaciones.
No es una crítica desde la negación del proceso. Es, más bien, una constatación desde la experiencia cotidiana: el sistema está en transición, pero esa transición aún no termina de cuajar en la práctica social.
Y mientras eso ocurra, seguiremos viviendo esta dualidad incómoda. La de un país que impulsa con fuerza la digitalización de los pagos, pero que en la vida diaria todavía depende, en gran medida, del papel moneda. La de una norma que avanza en el papel, pero que se diluye en la calle. Y la de un ciudadano que, como yo, entra a comprar algo simple y termina saliendo con una certeza cada vez más clara: en Cuba hoy, pagar no siempre es tan simple como parece.
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