István Ojeda Bello • 6 de enero, 2016
LAS TUNAS. Mariano acaba de mudarse del sitio donde vivió tierra dentro en el municipio de Jesús Menéndez. A los 65 años comienza una nueva etapa de su vida a las afueras de la ciudad de Las Tunas. En apariencia los cambios no son muchos. Su calle no tiene asfalto, su casa actual es amplia con jardín y patio donde cría sus animales; hay electricidad, agua y si lo necesita va al médico aunque “no me han ingresado nunca”, aclara. No vino antes por su padre quien murió hace poco a los 102 años de edad: “Él estaba muy apegado a aquello. Allá nací yo, mis siete hermanos, mis hijas y allí criamos a Kiko que me lo trajeron a los 4 años y es como si lo fuera también”.
¿La capital no aguanta más?
Historias como las de Mariano justifican que entre sus homólogas del país, hoy la ciudad de Las Tunas tenga uno de los porcentajes más altos de población no nativa. De hecho uno de cada cuatro habitantes de este territorio oriental que en el censo del 2012 dijo residir en un lugar distinto al de donde nació, vive en esta urbe.
Los masivos programas de construcción de viviendas sociales de la década de los 70 y 80 del pasado siglo expandieron el área de la capital tunera en todas direcciones. En las últimas cuatro décadas la Ciudad de Puertas Abiertas triplicó su extensión y multiplicó por dos su población total. Ya desde 1988 el Instituto de Planificación Física advertía sobre la emergencia de viviendas en barrios insalubres provocado por la afluencia de personas.
Carlos Peña, jefe del Departamento de Demografía y Censo de la Oficina de Estadísticas e Información (ONEI) aquí concuerda en que la urbanización de la provincia es un proceso previo a la crisis económica de los años 90.
“Ese es un asunto – agrega- que analizaremos en una encuesta el año próximo”. Citando los datos censales del 2012 indica que “Las Tunas como provincia tiene un saldo migratorio negativo, o sea que es emisora de población. Y a lo interno tiene un peso la ciudad capital porque recibe del resto de los municipios”. Sin embargo no es un proceso absoluto, el caso más ilustrativo, advierte, fue el municipio de Jobabo donde hasta el 2007, dos tercios de su población vivía en los campos y en apenas dos años la proporción se invirtió por completo.
“Allí -refiere – vimos una fuerte migración hacia los espacios rurales durante los años más duros del Período Especial. Luego en el periodo 2002-2012 –lapso coincidente con la desactivación del central azucarero local- Jobabo fue el asentamiento urbano que más rápidamente creció en el país. Demográficamente es el municipio del cual emigraron más personas. La mayoría vino para la periferia de la ciudad capital”.
Primero se van los hijos
Mariano no pasó de técnico medio en mecanización agrícola y tiene la satisfacción de que sus hijas llegaron a la universidad. Una se graduó de psicóloga y la otra de maestra. Admite que en la cooperativa se enfadarán con él porque habían concertado que regresaría a la cabina de una combinada cañera. “Querían que ayudara a los jóvenes que no tienen experiencia. Pero apareció la oportunidad de vender la casa y no podía desaprovecharla”, se excusa. Tampoco sus herederas regresaron al hogar natal al término de la educación superior, la primera se mudó hacia la capital provincial y la otra reside en una comunidad rural cercana.
La llegada de personas jóvenes con nivel cultural elevado retarda el envejecimiento de la población activa de las ciudades, sostiene un reporte del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI de septiembre pasado. No obstante en las zonas rurales emisoras la salida de los más aptos física y profesionalmente para trabajar, en edad reproductiva y casi siempre solteros, compromete su futuro pues las estadísticas confirman que son los más propensos a migrar.
La máster en Ciencias Liset Montero Infante ha estudiado por varios años estos procesos aquí. Ella alerta sobre la “manifiesta tendencia a la desaparición de los pequeños asentamientos rurales y que sus habitantes se agrupen en subcentros de servicios ubicados en la vías fundamentales”.
Salvo en Puerto Padre y Jesús Menéndez, cuyos habitantes se mudan hacia localidades de las propias demarcaciones, tal como corrobora el caso de una de las hijas de Mariano, a la especialista de la Dirección Provincial de Planificación Física le preocupan el sur de los municipios de Majibacoa y Colombia, el oeste de Amancio y el noreste de Manatí. “Cuando en el 2022 se haga el nuevo censo esas zonas estarán prácticamente despobladas”, vaticina.
“Una de las cosas que encontré en mi investigación –cuenta- es que los jóvenes quieren irse de esas comunidades rurales pequeñas. Sus padres aunque se quedan aspiran a otra cosa para sus hijos”.
Desde la sala de su casa Mariano celebra el poder visitar a una de sus hijas y las condiciones de vida que en la urbe más grande del territorio. “Aquí se ven todos los canales sin tener que levantar mucho la antena”, expone.
Entonces… ¿qué hacer?
Liset Montero opina que “parte de la solución sería incentivar el desarrollo de los sub centros de servicios. Eso no detendría la desaparición de los pequeños puntos habitados pero al menos retrasaría la tendencia de despoblamiento”.
En similares términos se expresa Belisario Cedeño García, doctor en Ciencias e investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR) de la Universidad de Las Tunas. Desde su punto de vista “si se desatienden los pequeños asentamientos se fortalece la tendencia migratoria hacia los núcleos poblacionales más grandes”.
Así piensa el también profesor universitario Dr.C. Juan Idalberto Ricardo Botello. El experto sobre cooperativismo cubano insiste en que “la experiencia en Cuba demostró que su creación revolucionó la vida de miles de campesinos y sus familiares llegando incluso a generar comunidades con toda la infraestructura necesaria”. Él está convencido de que las cooperativas, agropecuarias o no, son “una alternativa para los municipios en aras de buscar mayor eficiencia en la creación de bienes y servicios por la vía no estatal, pensando ya en lo más local de esta gestión.”
“Las cooperativas surgieron allí donde había miseria y abandono”, coincide Juan Guerra Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en esta provincia. “Su propia existencia ha formado parte de la solución de los problemas donde el Estado no puede llegar por la distancia”, expresa. “Queremos fortalecer las cooperativas– confirma- en función de garantizar la estabilidad de las personas en esas comunidades rurales”. Él trae a colación como el Estado desde 2008 legisló en pos de potenciar el desarrollo agrario otorgando tierras en usufructo.
“Hoy la mayoría de nuestros asociados son usufructuarios. Por nos enfrascados en propiciar un mayor sentido de pertenencia y eso depende mucho del fortalecimiento de las cooperativas”, apunta.
Otras respuestas no despreciables están siendo la promoción de iniciativas de intervención social mediante proyectos comunitarios. Unos son promovidos por las estructuras del gobierno y el Partido Comunista aquí bajo el nombre de Por nosotros mismos que pone en contacto a esas autoridades con la población de los sitios más desatendidos; otras salen de la ánimo de promotores culturales como el integrado por Tania Rondón Ramos en Providencia 4, al norte de Majibacoa. “Tratamos de que ellos mismos sean protagonistas de estas actividades”, expresa Tania.
Quizás para Mariano ya no haya oportunidad de retorno pero sí para la joven pareja y su niña que ahora viven en la que fuera su casa allá en los campos del sur de “Jesús Menéndez” y que todavía creen que es posible hacer producir un prometedor pedazo de tierra fértil a golpe de esfuerzo y determinación.
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