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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Se recupera la economía mundial y europea


Image: REUTERS/Danish Siddiqui
Con la colaboración de ESADE
06 dic 2017
Profesor asociado del Departamento de Derecho, ESADE

El PIB podría crecer un 3,6% en 2017, la mejor cifra desde 2010. Un crecimiento que favorece tanto a los países avanzados como a los emergentes o en vías de desarrollo. La OCDE coincide con las previsiones positivas del informe de 21 de septiembre de la Organización Mundial de Comercio que indicaba que el comercio mundial crecería un 3,6% en 2017, tras hacerlo solo un 1,3% en 2016. Los intercambios comerciales van a la par con la recuperación del consumo interno y la inversión, sobre todo en EEUU y Asia-Pacífico. La Administración Trump anunció una reforma fiscal centrada en una reducción de los impuestos que favorece los negocios y el consumo interno. Y sus amenazas de aplicar medidas proteccionistas, contra China en particular, han sido hasta hoy más retoricas que efectivas. También los programas de inversiones en infraestructuras en China, India y otros países emergentes impulsan la demanda mundial y la subida de los precios de las materias primas y favorece a los productores y exportadores de América Latina y África.

La zona euro podría crecer hasta un 2,4% en 2017, incluso más que EEUU (2,1%). La política monetaria acomodaticia aplicada por el BCE y unos razonables precios del petróleo favorecen un clima de mayor confianza empresarial y social que impulsa la actividad económica, la creación de empleo y el consumo interno. La tasa de inflación interanual se situó en el 1,4% en octubre y el índice de paro en un 9,1%, el más bajo desde enero de 2009. Y el euro se robustece ante el dólar gracias a la buena marcha de la locomotora alemana que crecerá un 2,8% en 2017.

Francia e Italia ya despegan. El Hexágono crecerá un 1,8% en 2017, una cifra inferior aún a la media comunitaria. El “efecto Macron” impulsa el crecimiento, las inversiones exteriores y la creación de empleo. Pero el peso de Francia en la economía global representa solo un 3%. Ocupa un rezagado 22º lugar en el índice de competitividad mundial publicado por el Foro Económico Mundial. Le afecta una deteriorada balanza comercial y unas finanzas públicas deficitarias con una deuda que alcanza el 96,9% del PIB que dificulta una mayor inversión e innovación necesarias para reindustrializar el país. La industria solo representa el 12,6% de la economía. También Italia, con un crecimiento del 1,5%, parece salir de un lago túnel gracias al consumo y un robusto sector exportador que crea empleo. La tasa de paro bajó hasta el 11,2%. Pero la deuda alcanza el 130% del PIB y el frágil sistema bancario limita el acceso al crédito a los particulares. Y persisten las desigualdades territoriales y sociales entre el norte y el sur del país, un rápido envejecimiento de la población y una creciente emigración de talento joven hacia otros países. Y se está a la espera de unas inciertas elecciones legislativas en 2018 También merece destacar la resurrección de la economía griega que crecerá un 1,6%.

¿Y la española? España y Cataluña disfrutaban al unísono de une excelente crecimiento superior al 3% hasta septiembre, un mes que superó todos los records históricos exportadores. Pero todo se torció a partir del 1 de octubre cuando Bruselas se alertó ante la mala gestión de la crisis política catalana por parte de un Gobierno Rajoy totalmente cerrado a una posible y necesaria negociación política con Cataluña. Pero a la judicialización de la política catalana se sumó una presión económica y un boicot comercial que condujo al cambio de sede de más de 2.700 empresas. Un error porque frenando la economía catalana se perjudica la española y la europea. Y el Gobierno no cumplirá con los objetivos del déficit exigidos por la UE. Y no cabe excusarse en una Cataluña que sigue siendo un gran motor económico. Rajoy intenta culpabilizar a la Generalitat, hoy intervenida, de todos los problemas pasados y futuros. Pero en Bruselas solo se considera al Gobierno español como el interlocutor único y el responsable directo de la evolución de la economía española. Las elecciones del 21 de diciembre tampoco resolverán un problema de fondo que viene de lejos cuya solución no llegará aplicando el código penal contra dirigentes políticos, sino mediante un pacto político entre las dos partes.

Pero en la zona euro persisten otros problemas estructurales mientras los márgenes de maniobra monetaria son más limitados. El BCE se comprometió a seguir comprando deuda pública y privada hasta septiembre de 2018. Las “quantitative easing” (QE) son un instrumento temporal. Y se acaban los tiempos del dinero barato cuando, según la OCDE, el nivel de endeudamiento público y privado sigue siendo alto, frenando la inversión y el incremento de la productividad.

La supervivencia del euro precisar avanzar hacia la unión bancaria y otras medidas de coordinación financiera. Unas reformas que se retardan tras un complicado resultado de las elecciones alemanas del 23 de septiembre que dificultan la formación del nuevo Gobierno en Berlín. Pero na bastarán las reformas financieras sino se acompañan de profundas reformas sociales. La OCDE y la UE advierten que la reactivación económica no beneficia a todos. Las economías crecen pero los salarios siguen estancados afectando a los grupos sociales más desfavorecidos que no han recuperado los niveles de rentas anteriores a 2008.

Y a corto plazo, Bruselas debe afrontar los efectos aún inciertos del “Brexit”. El Reino Unido crecerá un 1,5% en 2017 tras entrar en una etapa de menor crecimiento con una devaluación de la libra, un consumo contenido, una baja productividad y las inversiones exteriores a la espera de que se concreten las condiciones de la salida de la UE, el 29 de marzo de 2019. Las negociaciones entre Londres y Bruselas se complican. El “Brexit” tensionará los actuales equilibrios y los próximos presupuestos comunitarios, afectando también a la política agrícola común (PAC).


Escrito por Jaume Giné Daví, Profesor asociado del Departamento de Derecho, ESADE

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