LA HABANA. O el Estado se encuentra en una crisis de liquidez en divisas tan severa que lo ha obligado a incumplir importantes garantías como la disposición de los depósitos bancarios y el compromiso de convertibilidad de la moneda, o la instrucción a las instituciones bancarias de no vender divisas y restringir las extracciones desde cuentas en moneda libremente convertible responde a un plan táctico superior, preámbulo probable de transformaciones macroeconómicas de mayor envergadura.
En cualquier caso, esta escena no es saludable. La confianza del público en los bancos nacionales no debería entrar como variable en el juego táctico. Menos en tiempos de crisis de liquidez. Si las personas temen a los bancos el Estado pierde gran parte de su capacidad de gestionar la política monetaria, y los mercados financieros ilegales se consolidan. En las más difíciles circunstancias de los años noventa los bancos honraron sus compromisos; ahora, en la “no confianza” está el peligro.
Al parecer, la reunificación podría estar cerca. La eliminación del uso de CUC en los aeropuertos es la más reciente de las señales. La noticia se presentó en los medios estatales como algo normal, pero los agentes económicos se inquietan y elaboran sus planes de prevención. La incertidumbre monetaria podría incrementar la preferencia por la liquidez en divisas internacionales de algunos actores y propiciar con ello el avance de la dolarización parcial que se viene articulando.
Resulta muy coherente que el sistema bancario estatal busque participar en la zona dolarizada de la economía para capturar las divisas que hoy circulan al margen. Pero el aporte fundamental de esta parcela radica en la posibilidad de empleársele como una plataforma de movilización productiva doméstica.
La potencialidad de conectar el sector productivo —estatal y privado— con esta demanda doméstica en moneda convertible funcionaría en primera instancia como una exportación en frontera, y podría impulsar a algunos hacia la conquista de espacios en mercados internacionales. Para ello, el mecanismo importador debería priorizar dos tipos de ofertas: a) medios de producción que permitan expandir capacidades y productividad; b) insumos que tributen a la producción de cualquier renglón, especialmente al incremento de exportaciones.
Sin embargo, esta parcela de comercio dolarizado perdería razón de ser ante un eventual escenario de tasas de cambio unificadas, en tanto este último tendría que restablecer a la moneda nacional todas sus funciones dinerarias. En ese contexto, se supone que las operaciones realizadas en pesos cubanos responderían a un régimen cambiario con garantías de convertibilidad para todos los actores económicos, lo cual haría teóricamente redundante un mecanismo paralelo de tiendas en dólares.
Es conocido que la dualidad monetario-cambiaria produce distorsiones brutales. Los estímulos perversos a las importaciones y el desincentivo a los exportadores, el encubrimiento de los resultados de la gestión de las empresas a partir de las distorsiones contables, y la imposibilidad de llevar a cabo una medición certera de los hechos económicos a nivel sectorial o global, se encuentran entre las más evidentes.
Ahora, como resultado de la unificación resultará inevitable implementar una devaluación de la tasa oficial empresarial, encareciendo las fichas de costo de cada producción con componente importado. Si se transmite ese efecto por toda la cadena, lo natural sería un incremento notable en los precios de los bienes y servicios que enfrenta el consumidor final.
El Estado debe hacer lo indecible por evitar ese impacto social negativo, para lo cual tendría que fijar centralmente los precios finales y subsidiar la irrentabilidad de las empresas afectadas. Sin embargo, para eliminar las distorsiones de ineficiencia propiciadas actualmente por la dualidad se requiere un ajuste real que transparente todos los resultados económicos y permita tomar decisiones rigurosas con las actividades ineficientes.
Llegado el momento cero, lo adecuado sería dinamitar toda la economía con una rotunda reforma de los sistemas de precios. Entiéndase precios de los bienes y servicios finales, mercados de insumos, salarios, pensiones y jubilaciones, impuestos y contribuciones tributarias, multas y contravenciones, tasas de cambio, tasas de interés, precio del suelo, precios del sector inmobiliario, alquileres, etcétera. Esto implica resetear el sistema. Pero la restructuración monetaria no es suficiente per sé.
Reformar la empresa estatal e institucionalizar el sector privado
Si a la instauración de un nuevo orden monetario no se adiciona una transformación sustantiva en otros aspectos del modelo de funcionamiento económico, no se conseguirán los resultados productivos merecidos.
En primer lugar, urge implementar una reforma integral al sistema empresarial estatal, más allá de las medidas que se vienen aplicando de modo cuasi clandestino. Hay que lanzar una transformación conceptual enérgica, que comience por definir con claridad cuál es la función de cada entidad económica y las dote de una autonomía irreversible para acometerla. Una reforma que independice su gestión de las estructuras de gobierno para demarcar en serio las funciones empresariales de las estatales, que le elimine toda estructura superior de dirección que parasite su funcionamiento, que le transforme los rígidos mecanismos actuales de asignación de recursos hacia métodos de planificación financiera facilitadores de su desarrollo, que le permita operar con un medio de pago con capacidad plena para completar ciclos de producción-comercialización-reaprovisionamiento, y que también le genere un sistema de incentivos óptimo que estimule incrementos productivos, exportaciones y expansión de capacidades a corto y largo plazos. En resumen, una reforma que les permita ser empresas.
En segundo lugar, justo como ordena la Constitución, es imperativo institucionalizar al sector privado —y ojalá recuperemos el sueño del cooperativo— lo que significa propiciar la formalización como pequeñas empresas de, al menos, los emprendimientos que hoy existen bajo las licencias concedidas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia.
Es justo reconocer que desde hace menos de un año se han rectificado de forma discreta varias de las absurdas condiciones que logró imponer sobre el desenvolvimiento del sector privado aquella ola “perfeccionadora” aprobada en julio de 2018. Se concede nuevamente la derogación de elementos fallidos presentes en una norma jurídica con menos de un año de aplicación, esta vez referidos a la actividad de los transportistas. Además, se incorpora un cambio aparentemente pequeño, pero de gran significación conceptual, como la autorización a las empresas estatales para vender sus excedentes productivos al sector privado —ya estaba autorizado para las cooperativas no agropecuarias—, sentencia suficiente para la concreción de mercados mayoristas para los privados. Esto, si la organización superior empresarial o el ministerio al que se subordina la empresa no emite una resolución interna prohibiendo o restringiendo tal tipo de relaciones.
Pero otros pendientes parecen encontrar resistencia dentro de los decisores. Dotar a este sector de la capacidad de absorber el ajuste de fuerza de trabajo y actividades que debe producirse en el sector estatal en un escenario de unificación cambiaria y con reforma de la empresa estatal, constituye un movimiento estratégico. Fomentar su desarrollo en actividades productivas en lugar de rentistas, garantizarle un marco regulatorio estable que incentive proyectos de largo plazo, diseñar un sistema tributario más realista que desestimule la subdeclaración, e implementar mercados mayoristas de insumos y medios de producción (perfectamente realizable ya mismo), son algunas de las quimeras urgentes. Ya no es posible dilatar más la creación de espacios para que los profesionales cubanos que no encuentren realización en el sector estatal viertan su empuje y experticia, mejor en un sector privado nacional —social y políticamente articulado— que regalando sus valiosas vidas a las trasnacionales de la emigración.
Esta Cuba necesita empresas estatales, privadas, cooperativas, extranjeras y mixtas, cooperando y compitiendo en la producción del desarrollo socialista. Y el Estado debe y puede implementarlo.
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