Por Oscar Fernández Estrada Actualizado Ago 5, 2020
LA HABANA. La apertura de nuevas tiendas en moneda libremente convertible acapara casi todos los titulares, tras el anuncio de la “estrategia económico-social” realizado el pasado 16 de julio. Sin embargo, la expansión de un esquema de dolarización parcial —que ya había sido tácitamente asumido como la opción de política desde octubre del año pasado, y que tanto revuelo ha causado ahora por incluir ciertos alimentos y productos de aseo— no constituye el núcleo de esta estrategia de reanimación, aunque puede condicionarla.
La descentralización en la gestión de las empresas estatales, y la expansión y reconocimiento formal del sector privado y cooperativo son los dos ejes principales de una imprescindible reforma del modelo que —iniciada casi 10 años atrás— ha sufrido no pocas contramarchas en su implementación. Ambos reaparecen ahora en la mira del Consejo de Ministros.
Fomentar un sector privado de forma que el despliegue de sus potencialidades tribute a las soluciones de los problemas económicos y sociales que enfrenta Cuba, es relativamente sencillo aunque se les aviste aún con caprichoso recelo. Hay propuestas loables sobre la mesa que se pueden aplicar ya. Pero la cábala más complicada es la que pende sobre el sector empresarial estatal, y ese es el que define el partido.
Reclasificar las empresas o naufragar en una autonomía incompleta
La mayor parte del debate pretende definir a quién se faculta para acometer las decisiones que involucran cualquier proceso de gestión empresarial. Entiéndase determinación de variedades, calidades y cantidades de producción; fijación de precios; elección de proveedores y clientes; definición de inversiones; facultades de comercio exterior; decisión sobre capital de trabajo; aprobación de plantillas de cargo y estructura organizativa; contratación de fuerza de trabajo; determinación de salarios; elección de cargos directivos; decisión sobre el destino de las utilidades; posibilidad de enajenar o adquirir activos; entre otras. El ministro de Economía ha afirmado: “No tenemos que estar en los ministerios ni en los niveles superiores del país tomando decisiones que corresponden al empresario. El empresario tiene que tener claro cuál es su misión y tiene que disponer de los elementos para poder cumplirla”. Pero esta discusión es interminable porque arrastra una distorsión de base: la clasificación de las empresas.
Otorgar la autonomía que se requiere a las empresas implica que estas —y no el Estado— asuman responsabilidad antes sus fracasos, así como que se beneficien de sus éxitos. Implica el compromiso estricto por parte del Estado de no acudir a salvarlas, y que por tanto terminó la época de las “restricciones financieras débiles” sistematizadas por Kornai. Por otra parte, existe un conjunto de empresas, encargadas de proveer ciertos bienes y servicios esenciales o estratégicos, que jamás podrían abandonarse ante una eventual insolvencia, o que incluso deban su insolvencia a encomiendas sociales. Para evitar esto, como no es posible someterlas a todas a las mismas reglas de juego, lo que cabe esperar es que se les conceda un tipo de autonomía a medias —inservible por demás— y que el Estado continúe administrando e intermediando en los éxitos o fracasos. Sería más de lo mismo que acordamos cambiar.
Pero hay una opción diferente. Hay una definición muy importante que antecede a la discusión sobre el grado de descentralización de las empresas y como idea se encuentra huérfana en el panorama actual: la necesidad de reclasificar las entidades económicas estatales a partir de la función de optimización que la sociedad les asigna. Esa es la primera de las tareas de la Planificación —entendida como forma de conducción de la sociedad— desde el mismo instante en que se acomete la socialización formal de los medios de producción, y no termina aunque pasen sesenta años.
El debate sobre la descentralización seguirá empantanado porque la aspiración de encontrar un modelo único de gestión empresarial, con un sistema de reglas que se ajuste a todas las entidades, sin considerar una diferencia esencial en su función de optimización, resulta poco menos que una utopía. Este tipo de economías necesita de empresas que respondan por determinado encargo, incluso al costo de la irrentabilidad económica y, al mismo tiempo, necesita empresas que —sujetas a condiciones de responsabilidad social— persigan la maximización de utilidades y la inserción competitiva en mercados domésticos e internacionales como su meta fundamental.
Propuesta para reclasificar las entidades económicas estatales
Actualmente en Cuba se reconocen por regla general dos tipos de entidades estatales: “empresas” y “unidades presupuestadas”. Aunque no hay un criterio claro que establezca explícitamente los requisitos para pertenecer a uno u otro grupo, subyace la idea de que las empresas son las que se dedican a la producción de bienes y servicios mercantiles y las unidades presupuestadas a la prestación de servicios sociales. Otra lógica paralela pareciera entender como empresas a aquellas que tienen capacidad de cubrir sus gastos con sus ingresos, y como unidades presupuestadas a aquellas que no pueden hacerlo y sus gastos deben ser cubiertos por el presupuesto del Estado. Sin embargo, emergen múltiples casos que confrontan estos dos criterios y conducen a las autoridades a decidir caso a caso, incluso a modificar varias veces en poco tiempo la clasificación de una misma entidad. La existencia de estos vacíos reglamentarios se compensa a base de discrecionalidad.
En resumen, esta taxonomía no resulta apropiada, pues, por ejemplo, existen unidades presupuestadas que se les permite comercializar determinados bienes o servicios y con ello son capaces de generar ganancias; en tanto existen empresas que, por el carácter estratégico de sus producciones, sus actividades no serían jamás detenidas, aunque sus condiciones económicas les generaran pérdidas sistemáticas. Serían rescatadas por el presupuesto del Estado. Entonces ocurre lo descrito en la primera parte. No queda claro cuáles son las reglas de última instancia y las empresas todas tienen la expectativa de ser rescatadas, y el Estado no dispone de un instrumento para discriminar entre ellas, que no sea la discreción.
Por otra parte, existe una gran distorsión en torno a la categoría de “empresa estatal socialista”, la cual, se supone, debe ser rentable y eficiente, pero a la vez hacerse cargo de misiones sociales o políticas independientemente de los costos que impliquen. Con ello no se concibe la empresa como una organización optimizadora, sino cumplidora, lo cual confisca —desde su propia concepción— una gran parte de los incentivos a la innovación y a su desarrollo constante.
Se requiere el establecimiento de reglas claras, estables y seguras que envíen consistentemente al empresariado las señales e incentivos adecuados para el desarrollo de sus funciones. Para ello convendría clasificar las entidades a partir de definir qué objetivos constituyen su función de optimización, cuál es su set de restricciones, y por tanto cómo se construye su marco regulatorio. Una primera propuesta podría valorar tres tipos de entidades:
Una clasificación como esta podría ser la base para implementar prácticas verdaderamente autónomas en la gestión de un grupo de empresas, bajo un proceso de gradualidad y mínimo riesgo. En el momento actual todas las entidades económicas funcionan bajo los rigores del grupo segundo o tercero. Se podría comenzar por identificar un conjunto relativamente pequeño de unas 50-100 entidades, que claramente clasifiquen en lo que aquí hemos definido como Empresas de Mercado, diseñarles un marco regulatorio avanzado, un adecuado sistema de incentivos y dejarlas operar con plenitud de facultades, incluido el acceso y uso de divisas en un entorno de dolarización parcial.
Esto no implicaría una renuncia en el control patrimonial, pero sí ofrecería una total libertad a los equipos de dirección para gestionar su desarrollo. Vencido un plazo inicial y realizados los ajustes, este grupo de Empresas de Mercado puede continuar ampliándose hasta abarcar todas las entidades que se consideren con esta función. Una estructura óptima de estos tipos de entidades podría fomentar los niveles de productividad anhelados, al tiempo que garantice la sostenibilidad y desarrollo de metas sociales no redituables a través del mercado.
Nueve años después, la dirección del país vuelve a hablar de autonomía para la empresa estatal, esta vez con una energía que parece irreversible. El sector privado parece cada vez más viable en el discurso oficial, y son muy loables los esfuerzos desde algunas instituciones del Estado para articular proyectos y alianzas por el beneficio común. No estamos precisamente ante la mejor de las circunstancias, pero de esta enorme vulnerabilidad solo es posible salir con osadía a prueba de dogmas.
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