Para conservar lo que se ha ganado en credibilidad financiera, hace falta diseñar e implementar sin demora respuestas de política económica que combinen ajuste de gastos, cambios estructurales inmediatos, coordinación con el sector privado, y una política cambiaria activa.
El turismo destaca como el sector exportador de mayor dinamismo.
Foto: Archivo IPS-Cuba
Finalmente se confirmaron las predicciones. En la sesión de la Asamblea Nacional, el pasado mes de julio, el gobierno cubano anunciaba que este año 2016 ocurriría una contracción de los suministros de combustible pactados con Venezuela.
El impacto que enfrentará la economía cubana a partir de 2016 será agudo, dilatado y, en cualquier escenario, parece que llevaría al país a una recesión. La magnitud y duración en el tiempo dependerá de cómo siga evolucionando la situación económica y política en Venezuela y de la capacidad de ese país de sostener, al menos parcialmente, los acuerdos con Cuba. Pero también dependerá de la respuesta de política económica que diseñen las autoridades cubanas para amortiguar el shock y salir de la eventual recesión.
En principio, el impacto no será de la misma magnitud que el experimentado a partir de 1991. Por el momento, el país no se dirige a un nuevo Período Especial, crisis iniciada a principios de la pasada década del noventa, cuando el PIB cayó 35 por ciento. La economía cubana, ciertamente, está más diversificada; pero, así y todo, las zonas de vulnerabilidad son amplias, tanto a escala macroeconómica como para las familias más dependientes de los ya deprimidos salarios estatales y pensiones.
El shock de la balanza de pagos
Dado que el país dejará de recibir una proporción de su petróleo con los precios y condiciones financieras favorables pactadas con Venezuela, se intentará, en primera instancia, reducir el consumo de combustible. El exministro de Economía Marino Murillo explicaba, en la sesión de la Asamblea Nacional de julio pasado, que tal recorte a las empresas e instituciones estatales sería en promedio del 28 por ciento. Los sectores que garantizan exportaciones (por ejemplo, el turismo y el níquel) y otras actividades clave tendrían garantizada la totalidad de la cuota de energía planificada, pero otros sectores recibirán recortes de hasta 50 por ciento. El objetivo del gobierno es no afectar el sector residencial y evitar a toda costa los apagones a la población. Murillo también explicaba que es prioridad sostener el abastecimiento en los mercados de consumos y los servicios vitales a la población.
Sin embargo, es muy poco probable que el país pueda sostener de manera indefinida este recorte, por lo que en algún momento deberá salir al mercado internacional a comprar petróleo a precios más altos y en condiciones financieras más exigentes.
La reducción de los despachos de petróleo desde Venezuela obligará, probablemente, a seguir comprimiendo las operaciones de la refinería de Cienfuegos. Esta es una actividad que le venía reportando al país importantes ingresos por exportaciones.
Las exportaciones cubanas también se afectarán por la reducción de ingresos desde los servicios médicos cubanos en Venezuela, dado que existe un mecanismo de indexación con los envíos de petróleo.
Las exportaciones cubanas se han visto perjudicadas, además, por los menores precios del níquel, el azúcar y las afectaciones climáticas sobre la agricultura cañera. Sumando todos los factores anteriores se podría esperar una contracción de las exportaciones en 2016 de alrededor del 23 por ciento, medidas a precios corrientes.
Se esperaría una disminución de las exportaciones corrientes mayor que de las importaciones corrientes, en parte porque los términos de intercambio se deterioran con la reducción de los vínculos con Venezuela.
Todo lo anterior describe un complicado shock sobre la balanza de pagos cubana.
En los últimos años, el balance de bienes y servicios en la balanza de pagos cubana ha sido positivo; en 2012 llegó a representar 5,2 por ciento del PIB. Este excedente le ha permitido al país pagar sus compromisos de deuda externa y las obligaciones con los inversionistas extranjeros. Pero, obviamente, un cambio de signo en este balance pondrá en riesgo los pagos a los acreedores e inversores extranjeros. Existe alguna probabilidad de que ocurra una situación de “corralito financiero” e impagos, similar a la acontecida en 2008 y 2009. Todo depende de la repuesta de política económica que empleen las autoridades cubanas.
El turismo, en algún grado, será una tabla de salvación. Con un crecimiento de dos dígitos en el arribo de visitantes, compensará parcialmente el déficit de divisas, ayudará a sostener la demanda en los servicios de los negocios privados y a paliar la difícil situación por la que atravesarán las familias. Al igual que en la pasada década del noventa, será uno de los motores que ayudarán a salir de la crisis.
La inversión, la agricultura, la industria y el consumo de las familias caerán, inevitablemente, sobre todo en 2017. En 2016 las empresas cubanas y la asignación centralizada de recursos podrán amortiguar el shock con los inventarios de insumos y bienes finales, con las reservas disponibles y con el aplazamiento de pagos a los proveedores. Sin embargo, en 2017 el ajuste tendrá que ser mucho mayor.
El ajuste de gastos y los topes de precios no son la única respuesta posible.
Hasta el momento, la orientación de la política económica parece ser recortar gastos, ajustar el plan de suministros de combustibles y topar precios. Ninguna referencia se ha hecho aún sobre la necesidad de acelerar y profundizar los cambios estructurales.
La crisis en Venezuela no parece tener una solución a corto plazo, por tanto, se esperaría que en algún momento las autoridades cubanas tomen conciencia de la necesidad de enfrentar la crisis no solo con un ajuste procíclico de los gastos, lo que en última instancia empeora la caída del PIB; sino que promuevan políticas de liberalización de los mercados, una mayor apertura externa y redirijan el país hacia una nueva forma de inserción en la economía internacional alternativa a Venezuela.
Las opciones para amortiguar el impacto con cambios estructurales son varias. Pero hay algunas que destacarían como las menos complicadas de implementar y con potencial de mayor impacto en menores plazos:
– Darle luz verde a los proyectos de inversión extranjera que están en proceso de aprobación, en particular en el sector turístico y la Zona de Desarrollo Especial Mariel.
– Priorizar a las empresas turísticas en la asignación centralizada de las divisas dado que es hoy día el sector exportador de mayor dinamismo. Completar todos los cambios estructurales que se requieren para multiplicar los encadenamientos de este sector con la agricultura, la industria ligera nacional y el sector privado y cooperativo.
– Expandir el espacio a la pequeña y mediana empresa privada y las cooperativas. Para ello se deben crear nuevas licencias para todo tipo de actividades privadas y cooperativas vinculadas al turismo, los servicios informáticos y producción de software, la industria ligera y los servicios profesionales como abogados, contadores, publicistas, entre otros
– Eliminar el monopolio estatal sobre el comercio externo. Se deben eliminar las restricciones para el acceso a insumos y bienes de capital físico para los agricultores, las empresas privadas y las cooperativas.
El gobierno considera una prioridad sostener el abastecimiento en los mercados de consumo y los servicios vitales a la población.
Por su parte, los topes de precios que se han aplicado, desconociendo la situación de los costos y sin ser conciliados con el sector privado, provocarán más desabastecimiento en los mercados de bienes y servicios y generarán desconfianza en las reformas. La prensa estatal debe dejar de alimentar la hipótesis de que el sector privado está lleno de especuladores que manipulan los precios. Los precios han subido debido a la coyuntura económica.
El incremento de precios tiene como cara positiva, que funciona como un mecanismo que incentiva la producción y la oferta de servicios; de esta manera garantiza que no haya desabastecimiento y que los precios regresen a sus niveles anteriores cuando cambie la coyuntura económica. No obstante, si se calcula que el costo político y social de la inflación en estos momentos es demasiado alto, al menos debería conciliarse la política con el sector privado y buscarse una solución intermedia que permita el funcionamiento del sector privado con la menor inflación.
La estructura de la economía cubana ha cambiado. Ello obliga a cambiar los instrumentos de la política económica y a promover la coordinación entre los diferentes actores económicos: sector privado, los trabajadores y el Estado. No puede pretenderse el manejo del sector privado con los mismos instrumentos y controles que se han aplicado para las empresas estatales. La opción no es dejar los precios fijos, ignorando la nueva realidad económica, y a la fuerza buscar que se cumplan. Se requiere de un diálogo con el sector privado.
Hacia una política cambiaria activa
En el ámbito de la política cambiaria, una acción que estaría a la mano del gobierno sería la devaluación de las monedas nacionales en relación con el dólar. En particular, ayudaría a la competitividad del turismo la devaluación del peso convertible (CUC) respecto al dólar estadounidense. La devaluación del CUC abarataría el destino Cuba y lo haría más atractivo en términos de precio, en relación con otros mercados en la región. Ello ayudaría a sostener las tasas de expansión de dos dígitos de los últimos trimestres.
La tasa de cambio oficial del peso convertible es de 1:1 en relación con el dólar estadounidense (además se aplica un impuesto de 10 % cuando las personas naturales venden dólares en efectivo). Si se devalúa el peso convertible en 30 por ciento, por ejemplo, ello implicaría establecer una tasa de 1:30 CUC por 1 USD. Podría aplicarse al mismo tiempo la devaluación de la tasa de cambio oficial del peso cubano, quedando en 1:30 CUP por 1 USD. La relación entre el CUC y el CUP con respecto al resto de las divisas internacionales seguiría dependiendo, como hasta ahora, de la tasa de cambio del dólar en los mercados internacionales. Hasta que el gobierno de Estados Unidos no pruebe que se han eliminado las restricciones a Cuba por el uso del dólar, no habría razón para eliminar el impuesto de 10 por ciento.
Con la devaluación, todos los exportadores en general tendrían un incentivo adicional, al poder recibir más CUC y pesos cubanos por cada dólar exportado. De esta manera podría producirse un incremento de salarios a los trabajadores en las empresas que más contribuyan al ingreso de divisas al país.
Los importadores, en cambio, tendrían menor capacidad de compra en dólares, lo que ayudaría al ajuste de la balanza de pagos.
Ciertamente, la devaluación en el corto plazo tiene un efecto negativo sobre los inversionistas y proveedores con cuentas e ingresos en CUC, pero debe valorarse como una acción que facilita un ajuste más ordenado en la balanza de pagos y que ayudaría a evitar un “corralito financiero” en los bancos cubanos.
Es preferible una respuesta de política que lleve a un cambio generalizado de los precios relativos y a un ajuste de los valores reales de activos y pasivos, que tener que llegar a congelar depósitos bancarios, afectar la credibilidad de los bancos y recrudecer el control de cambio y la asignación discrecional y arbitraria de las divisas disponibles.
La devaluación presionaría a una mayor inflación. Pero el efecto inflacionario sobre los precios finales podría absorberse con la reducción de los altos márgenes comerciales con que trabajan las cadenas estatales minoristas que comercializan en CUC.
Por tanto, la devaluación del CUC no afectaría a la población, más allá de algún incremento puntual y moderado de la inflación que pudiera acontecer en los mercados informales. Devaluar el CUC afectaría muy poco el poder adquisitivo de la moneda dentro del país, solo se notaría la reducción del valor del CUC cuando las personas decidan comprar dólares.
Hay ciudadanos extranjeros y cubanos que viven en el exterior y han invertido en paladares, en el alquiler de casas particulares, entre otras variantes. Su interés es cambiar sus ingresos a dólares u otras divisas y podrían verse, en un momento inicial, como perdedores de la devaluación. Sin embargo, deben interpretar de manera integral la medida y considerar que todos ganan si el país no se queda estancado en una crisis económica y si la devaluación mejora la competitividad del mercado cubano y aumenta el atractivo para que se sostenga la tendencia actual en la llegada de turistas.
Junto a la devaluación del CUC, el Banco Central de Cuba estaría aprovechando, además, la coyuntura para devaluar la tasa de cambio oficial del peso cubano, lo cual tributaría al mismo tiempo al objetivo de unificación de las monedas. Tal vez este no sea el mejor año para aplicar todo el paquete de medidas que desplegaría el comienzo de la reforma monetaria, pero sí parece ser un momento idóneo para aplicar la necesaria devaluación de la tasa de cambio oficial del peso cubano.
Aprendiendo del pasado, debemos recordar que en 2008 y 2009 el país vivió una crisis de balanza de pagos y la tasa de cambio del CUC se mantuvo inmóvil. Las causas de aquella crisis de balanza de pagos se encontraban en el incremento del precio internacional de los alimentos importados, en el exceso de gastos y de endeudamientos en los años previos, y en una desdolarización que llevó a una emisión desmedida de pesos convertibles.
Es muy probable que, si en 2008 y 2009 el Banco Central hubiese devaluado la tasa de cambio del CUC, la crisis de balanza de pagos no hubiese terminado, como fue el caso, en un corralito financiero a los depósitos bancarios de las empresas nacionales y extranjeras en los bancos cubanos. La no devaluación del CUC derivó, asimismo, en la pérdida de credibilidad y calidad de dicha moneda, debieron establecerse los llamados “certificados de liquidez” que desde entonces limitan su convertibilidad y entorpecen aún más la fluidez en las operaciones de comercio exterior.
Cuando se desdolarizó la economía, en 2004 y 2005, el discurso y los medios oficiales repetían con orgullo que Cuba había recuperado la soberanía monetaria, que ya contábamos con la autonomía para manejar nuestra política monetaria y cambiaria. Pues bien, es el momento de hacer uso de esa soberanía de manera inteligente y audaz. En un mundo globalizado, los países que cuentan con una moneda propia tienen una mayor flexibilidad, con la tasa de cambio, para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno internacional y para enfrentar shocks externos. Estamos dentro de ese grupo.
La experiencia reciente en América Latina, tras el shock asociado a la caída del precio del petróleo y otros commodities, evidencia que los países con tasas de cambio flexibles y que han podido devaluar sus monedas, han logrado enfrentar la situación de una manera mucho menos traumática que las economías dolarizadas, con tasas de cambio fijas y con controles de cambio. Debemos aprender de estas experiencias.
Las reformas estructurales del gobierno de Raúl Castro han sido lentas y todavía no ofrecen los resultados esperados, pero en lo que respecta al ajuste de gastos y al control de los equilibrios macroeconómicos y financieros, las decisiones han sido más drásticas y los resultados son visibles. Desde 2009 hasta la fecha, la política económica disminuyó las tasas de crecimiento de la oferta monetaria, controló los gastos fiscales y ajustó las importaciones. Ello permitió recuperar los equilibrios macroeconómicos, superar la crisis financiera nacional y restablecer gradualmente los pagos bancarios. La credibilidad financiera se fue rescatando poco a poco, cuestión que facilitó las renegociaciones de la deuda externa que ha llevado adelante el país con los acreedores más importantes, incluyendo al Club de París.
Para conservar lo que se ha ganado en credibilidad financiera, de lo que se trata hoy día es de no confiarnos pensando que los acuerdos con Venezuela volverán a la normalidad, sino de estar preparados para el peor escenario y, sin mayor demora, diseñar e implementar respuestas de política económica que combinen ajuste de gastos, cambios estructurales inmediatos, coordinación con el sector privado, y una política cambiaria activa. (2016).
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