Por Oscar Fernández Estrada Actualizado Oct 24, 2019
LA HABANA. Si una moneda doméstica no garantiza equivalencia universal para el intercambio de mercancías, si genera distorsiones al contabilizar la actividad económica, o si no se confía en ella como medio de atesoramiento, no está cumpliendo sus funciones como dinero. En nuestro caso, si una segunda moneda —habilitada precisamente para cumplir esa misión— tampoco las puede garantizar ya, entonces el problema es dos veces grave. De forma espontánea se extenderá el empleo de otra moneda, generalmente foránea, que reporte la debida seguridad. Habrá iniciado así un proceso de dolarización, al menos parcial.
Este puede operar de forma implícita —como ocurría hasta ahora en Cuba— si está recluida a los anales de la Segunda Economía. O el gobierno puede explicitarla —como acaba de notificarse— al asumirla deliberadamente como instrumento de su política económica.
EL pasado 15 de octubre el Consejo de Ministros anunció la puesta en marcha de un mecanismo de comercio que permitirá a personas naturales adquirir ciertos bienes y realizar importaciones directamente en USD. El gobierno ha movido una ficha compleja, tal vez hasta osada. Debido a su amplia estela de implicaciones, el acontecimiento requiere ser abordado por diversos especialistas y enfoques. Una de las esferas donde puede impactar eventualmente es en la transformación del paradigma de la planificación.
Las ataduras del Certificado de Liquidez
Desde el punto de vista monetario, Cuba se encuentra en uno de los peores esquemas posibles: dualidad monetario-cambiaria, ambas monedas emitidas por la autoridad doméstica sin que ninguna de ellas garantice convertibilidad a divisas internacionales, a las tasas de cambio vigentes. Los flujos monetarios del país y los internacionales son mundos desconectados, con lo cual cada una de las operaciones de comercio exterior ha requerido una mediación permanente, autorizando o restringiendo, destinada a ser discrecional y por lo tanto inoportuna o errática. Los impactos sobre el sector productivo son descomunales.
Con todas las causas que puedan señalarse detrás de la ineficiencia de la mayoría de las empresas estatales cubanas, y mientras se sobrevive como se puede a una brutal persecución que encarece y complejiza los esfuerzos de gestión externa de la economía, se puede afirmar que no ha habido en los últimos 10 años un obstáculo mayor a ese mínimo y urgente despliegue productivo que el mecanismo de asignación de divisas basado en los conocidos “Certificados de Liquidez” (CL).
La desdolarización de la economía acometida en 2004 no se propuso la unificación monetaria como era preciso. La crisis de liquidez en 2008 debió ser administrada entonces a través de CL para evitar una devaluación de la tasa de cambio del CUC respecto al USD, y las empresas que demandaran divisas para girar pagos al exterior debían solicitar la emisión de este certificado que permitía la conversión de cierta cantidad de CUC en divisas internacionales.
Este mecanismo, probablemente efectivo en la acomodación de aquella coyuntura, se postergó mucho más tiempo del aconsejable. Desde entonces, cualquier esfuerzo por incrementar la producción en estas organizaciones, satisfacer la demanda y evitar desabastecimiento, escasez —y por tanto acaparamiento— se estrellaron una y otra vez en las restricciones de este mecanismo administrativo de asignación de divisas.
Como resultado, las recurrentes desapariciones o la inexistencia total de productos demandados, sumado a las extemporáneas políticas de precios recaudatorios que han persistido en muchos de los bienes ofertados, crearon las condiciones ideales para que en la Segunda Economía se cubriera la brecha: los importadores privados. Además, una parte muy significativa de los 2-3 mil millones de USD que se reciben anualmente por concepto de remesas arriba al país en efectivo y se intercambia en circuitos informales como medio de pago, importación de mercancías y remisión de utilidades, entre otros.
El breve espacio en que no está
Al cabo de 11 años, finalmente, vemos nacer una alternativa. Este segmento de comercio creado por el Estado para operar directamente en Moneda Libremente Convertible (MLC) puede significar el surgimiento de una parcela de asignación de divisas descentralizada-desburocratizada y de completamiento automático de los ciclos empresariales. Esto apunta a un cambio trascendental en el paradigma de planificación, aunque por ahora solo incluya a unas pocas empresas de comercio.
Sería superficial interpretar esta medida solamente como un movimiento para intentar capturar una mayor cantidad de los “dólares de la calle”, aunque nadie puede discutir que en la circunstancia actual estos dólares pueden marcar la diferencia. El solo hecho de intentar que un pequeño espacio de oferta logre operar de forma sostenida e independiente al mecanismo totalizador del CL ya constituye un cambio de paradigma.
Arranca sin involucrar al sistema productivo, con una oferta puramente importada, con un puñado de productos estandarizados y de diversidad mínima, lo que facilita la implementación de lo que pretende ser un mercado sin restricciones de financiamiento —y por tanto sin acaparadores—, jalonado por la demanda, con un poderoso potencial demostrativo. Cada nuevo rubro que se agregue a este mecanismo, mejorando, o al menos sin afectar los precios a los consumidores, sería una nueva conquista arrebatada al cabestro imperante en la asignación administrativa central de divisas.
La ruta crítica aparece dibujada: sustraerle paulatinamente al mecanismo central aquellas responsabilidades de menor envergadura que no son estratégicas ni socialmente sensibles y generar espacios de autorregulación económica basados en la demanda. El despliegue de un esquema de dolarización parcial viabiliza un giro hacia una planificación en términos más financieros y menos físicos, que pudiera ser utilizado como rampa de relanzamiento de la industria nacional.
Sin embargo, no sería el dinero recaudado de esta pequeña nueva parcela de comercio el que va a financiar la recapitalización de la industria. Si cumple la misión de agregar oferta sin sustraer divisas al sistema central ya consigue un objetivo digno; pero lo que puede relanzar la industria nacional (estatal y privada) es su inserción en este esquema a competir con las importaciones.
Se generan grandes oportunidades con este mecanismo si se le concibe como una plataforma. En principio debería ser relativamente fácil para las empresas estatales porque no corren riesgos adicionales. Pero luego el nivel central debe forzar este peldaño y reducir las asignaciones centrales de divisas para obligarlas a sudar su café bajo el mecanismo descentralizado. Hay un mercado doméstico de tamaño no despreciable que, con un adecuado diseño de incentivos, pudiera estimular la producción nacional de muchos renglones. La empresa estatal cubana aguarda por su reforma descentralizadora; este debe ser el próximo paso.
Si el sector estatal va a seguir desempeñando un rol determinante en la economía, ahí, en su reforma, es donde el juego se decide. No se puede construir país si no se intenta rescatar el sector estatal. Ciertamente esto último no se puede hacer si no hay un fomento en paralelo del sector privado que pueda absorber el personal necesariamente sobrante del estatal y permita el salto de productividad en ambos sectores.
A la vuelta de un tiempo, la masa de empresas involucradas estaría en mejores condiciones financieras para enfrentar la devaluación requerida por la unificación cambiaria. Y la dolarización parcial podría actuar como vía para llegar a una tasa de cambio de equilibrio. Ese sería el momento.
Por su parte, la inversión extranjera puede aparecer (si se le permite) con un interés renovado en un contexto de dolarización para sus producciones.
En resumen, el Estado no debe restringir jamás la cantidad de bienes que se vendan por esta vía recién creada. Destiérrese, por favor, el afán de combatir acaparadores con medidas de control. Eso es batalla perdida, es desgaste fatuo. Implántese de una vez la idea de que este juego se gana solamente con oferta y más oferta. Inviértanse todos los esfuerzos en aligerar los mecanismos que inhiben incrementos productivos desde el sector estatal o privado, y los obstáculos al reaprovisionamiento oportuno es uno de los más importantes. La economía cubana necesita hoy que se vendan bienes, que roten a gran velocidad y se repitan los ciclos una y otra vez. Articular una oferta legal y segura, que vaya acortando las brechas con la demanda, debe ser un objetivo para la salud de nuestra sociedad.
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