Por: Jorge Núñez Jover
Uno de los ejes del Plan son los “sistemas alimentarios territoriales”. Foto: Naturaleza Secreta
El 22 de julio de este año, el Consejo de Ministros aprobó dos documentos de vital importancia. Aprobó la Política para impulsar el desarrollo territorial y el Plan de soberanía alimentaria y educación nutricional del país.
La Política para impulsar el desarrollo territorial (PIDT), cuyo contenido puede ser consultado en el sitio web del MEP (www.mep.gob.cu), constituye un significativo paso adelante en la materialización del artículo 68 de la Constitución que reconoce la autonomía y personalidad jurídica de los municipios, abriendo el camino a la superación de la tradición centralista, vertical y sectorial, colocando al municipio como actor clave del desarrollo. El desarrollo local comienza a ocupar el lugar que el país necesita.
El Plan de soberanía alimentaria y educación nutricional (SAN), ofrece un referente conceptual y práctico muy importante en momentos en que el país se propone un cambio sistémico en el funcionamiento del sector agropecuario del país. Rebasa el tradicional énfasis en la “producción de alimentos” y presta atención al proceso integral de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, así como a la accesibilidad, calidad, inocuidad y cualidades nutritivas de lo que consumimos.
Lo que se produzca debe alimentarnos y no enfermarnos. Por otra parte, el plan demanda un enfoque interinstitucional y transdisciplinario que es todo un desafío: la soberanía alimentaria no cabe en los límites de un ministerio ni es solo asunto de las ciencias agropecuarias. Uno de los ejes del Plan son los “sistemas alimentarios territoriales”. De ello hablo más adelante.
Vistos de conjunto, los documentos que el Consejo de ministros aprobó ese día no solo son importantes, sino muy desafiantes: requieren articular de otro modo lo vertical y lo horizontal; supone pensar con otras categorías y exige desbordar los límites de la lógica sectorial, abriendo el camino a la cooperación interinstitucional.
Al día siguiente de la mencionada reunión, el 23 de julio, el presidente cubano en video conferencia con los intendentes, les decía: la política para impulsar el desarrollo territorial, es “un buen instrumento” cuyo objetivo “es que el municipio se fortalezca como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentable, desarrollando una sólida base productiva”.
Entre los obstáculos a la gestión municipal mencionó la “verticalidad de las decisiones desde niveles superiores” y llamó a “promover la participación ciudadana en los procesos de gestión local”. Fue muy claro al afirmar que en el municipio hay que trabajar de manera horizontal y que “Ninguna empresa ni ninguna entidad, sea de subordinación municipal, provincial o nacional, puede estar por encima de lo que decidan en un municipio la asamblea, la administración o el intendente. No puede haber una ruptura entre los intereses territoriales y la nación”.
En el Consejo de Ministros, el presidente dijo que PDIT y SAN, muy interrelacionadas entre sí, nos conducen a un punto de atención común: el papel que en el avance de la nación tiene el municipio. La vida, explicó, nos está demostrando que es esa la principal estructura que debemos fortalecer, a la cual nos tenemos que orientar para implementar lo que nos hemos propuesto y tener resultados.
Espero que todos en el país tomemos nota de estas indicaciones. Hay mucho pensamiento y mucha práctica que cambiar.
Llegado este punto, abordemos el tema de los sistemas alimentarios locales y cómo se conecta con lo expuesto hasta aquí.
El país se propone un cambio sistémico en el funcionamiento del sector agropecuario del país. Foto: Naturaleza Secreta
El sector agropecuario cubano no admite remiendos menores, exige transformaciones sustantivas y sistémicas; cambios de fondo, no de forma. Parte de esos cambios se refieren a la urgencia de quebrar el tradicional centralismo, verticalidad y sectorialidad y sustituirlos por un enfoque que conceda mucha mayor autoridad a las bases productivas y a los agroproductores.
Es en los municipios, consejos populares; en las 4 000 o 5 000 fincas que existen en cada municipio; en las cooperativas y empresas agropecuarias que hay en todo el país; en los 700 000 traspatios (que pudieran llegar a ser 1 millón 300 mil), donde se producen los alimentos. Es en esos espacios donde hay que desatar los nudos que frenan las fuerzas productivas. La tarea de los diferentes niveles de dirección y los servidores públicos que en ellos laboran, no puede ser otra que apoyar a las bases productivas, transformando el ordeno y mando por una conversación multi nivel entre los municipios, las provincias y la nación.
Hablar de sistemas alimentarios locales (SAL) significa al menos dos cosas: desplazar el protagonismo y la capacidad de decisión del sector agropecuario a los municipios y que los municipios, para dar la respuesta que se necesita, se deben organizar, cohesionar, fomentar los vínculos entre todos los actores que se desenvuelven en los territorios.
Si el esfuerzo que debe realizar cada finca, cooperativa, empresa, familia, se ve acompañado por el esfuerzo colectivo y la coordinación del gobierno y la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), electa por el pueblo, las posibilidades de éxito serán mayores: se favorecen las cadenas productivas, economías de escala; se gestiona mejor el conocimiento y la innovación; se facilita la capacitación de los agroproductores, entre otros beneficios.
Hablar de SAL es hablar de la sociedad local organizada para favorecer los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, inocuos y nutritivos.
La Política para impulsar el desarrollo territorial (PIDT) aporta un instrumento clave para el desarrollo de los municipios: las estrategias de desarrollo municipal, que con base en diagnósticos participativos proyecta el desarrollo del municipio y se apoya en políticas, regulaciones y sistemas de trabajo que lo hagan posible. Componentes de esas estrategias son los proyectos de desarrollo local, muchos de los cuales en la mayoría de los municipios deberán ser agropecuarios.
Los SAL son construidos por los actores locales y son parte de las proyecciones y dinámicas del desarrollo local. Esos actores son muchos, entre otros, entidades estales: CAM, direcciones municipales y delegaciones de los organismos, BANDEC, BPA; estructuras productivas estatales: producciones diversas, industrias y minindustrias, agricultura urbana, mercados estatales; estructuras productivas no estales: CPA, UBPC, CCS, fincas, agricultura familiar, mini industrias; entidades formadoras: CUM, ECTI, dirección municipal del MINED, Institutos Politécnicos; organizaciones no gubernamentales: ANAP, ACTAF, ACPA, ANEC, por citar algunos.
La lista precedente no es exhaustiva. Lo que quiere indicar es que son muchos los actores que deben involucrarse y grande el esfuerzo por coordinarlos. A quienes les parezca que ese esfuerzo articulador es imposible, puedo decirles que los avances en varios municipios demuestran que es posible lograrlo. Sentados en una mesa de trabajo, todos los actores tienen que dialogar, buscar soluciones, eliminar trabas. Al frente, el gobierno municipal y la AMPP.
Sin ánimo de decirlo todo, puede decirse que los SAL persiguen:
- Articular lo vertical- sectorial y lo horizontal- territorial, en favor de una visión integral de los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos.
- Potenciar la participación social en el diseño y gestión de los SAL (son “trajes a la medida”, cada SAL será diferente porque cada municipio es diferente).
- Incrementar las facultades de los actores locales, promover la participación.
- Fomentar las interacciones, las sinergias, las complementariedades entre ellos
- Mejorar los procesos regulatorios a nivel local.
- Garantizar la formación y capacitación de talento humano.
- Fomentar mayores capacidades de innovación en los municipios.
Los SAL se construyen colectivamente. Para lograrlo hay que crear capacidades, hacia adentro del municipio (capacitando al gobierno, los agroproductores, por ejemplo) y hacia “arriba”. Sobre esto último, repito la frase del presidente que coloqué antes: “Ninguna empresa ni ninguna entidad, sea de subordinación municipal, provincial o nacional, puede estar por encima de lo que decidan en un municipio la asamblea, la administración o el intendente”. Eso supone dirigir de otra manera.
Una empresa provincial no podrá hacer varias cosas que nos han contado algunos sufrientes: poner precios que afecten una cadena productiva gestada en el municipio; imponer una semilla que no es la que los agroproductores prefieren con base en su experiencia; obviar la opinión de los actores locales sobre cuándo sembrar o cosechar, porque ellos conocen los cambios que impone el cambio climático en su territorio. Son solo algunos pocos ejemplos. Las consecuencias del monopolio de acopio, ya han sido suficientemente expuestas.
En lugar del ordeno y mando, los actores municipales, provinciales y nacionales tienen que dialogar. Sin esos diálogos, los SAL tendrán que remar a contracorriente. Y seguiremos dependiendo de la importación de alimentos - si hay dinero para ello - no siempre saludables. Pierde el país, perdemos todos.
El modelo de desarrollo económico y social del país se está transformando. No aparecerá de pronto un nuevo ordenamiento jurídico que cambie absolutamente las reglas de juego para que, por ejemplo, las cooperativas sean de inmediato lo que deben ser; las empresas sean realmente empresas y tantas cosas más. Pero los SAL nos deben ayudar a dar la batalla por cambiar todo lo que debe ser cambiado. Allí, desde abajo, hay que, todos los días, arrancarle pedazos a las trabas que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas y alejan los alimentos de la mesa de los cubanos.
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