I
El principal problema que enfrentó Venezuela en 2020 continuó siendo el efecto acumulado de la carencia de los recursos suficientes para sostener los niveles de importación que aseguraran el consumo, las inversiones productivas indispensables, así como el enfrentamiento a la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, llevar adelante los programas sociales puestos en práctica desde 1999 cumpliendo –también- el servicio de la deuda que correspondía liquidar. Todo ello en medio del mantenimiento de todo tipo de maniobras desestabilizadoras y agresiones promovidas por EE.UU.
En ese contexto, un análisis de la evolución económica del país ha padecido durante varios años de dificultades especiales por la carencia de algunos datos oficiales.
De tal modo, para realizar un análisis de la economía venezolana durante el 2020 y primeros seis meses del 2021, hay que descansar necesariamente en un conjunto de informaciones oficiales u oficiosas dispersas –pero sobre todo- en estimaciones internacionales, que –como cabe suponer- en la mayoría de los casos se manifiestan en contra del gobierno chavista venezolano.[1] De este modo, se evaluará con precaución los datos disponibles del FMI, CEPAL y EIU, los cuales muchas veces presentan algunas diferencias. Tomando en cuenta esas limitaciones, se estima que la caída del PIB venezolano se ubicó en torno al 35% en el 2019 y que retrocedió un 25% en 2020. El descenso acumulado del PIB desde el 2013 se estima en torno al 81%, lo cual refleja el enorme impacto de la negativa coyuntura de los últimos 8 años, afectada por la caída de los precios del petróleo y por el bloqueo de EE.UU. desde 2014.
Los estimados del PIB para el 2021 van desde aquellos que pronostican un crecimiento del 2%,[2] los que suponen otra caída del -4% (CEPAL)[3] hasta los del FMI que pronostican un descenso del 10% en PIB.[4] No obstante, se observan síntomas de una mejoría, tomando en cuenta que ya en el primer trimestre de 2021 la actividad económica creció 18.9% en relación con el último trimestre del 2020, aunque en comparación con el primer trimestre del 2020, se mantuvo una disminución del 33.7%.[5]
Al analizar esta situación, los grandes medios internacionales se han ocupado en todo momento de subrayar que la misma se debe a la acumulación de errores del gobierno bolivariano y -aunque en esta recesión han estado presente efectos generados internamente en el país-, sin dudas un análisis objetivo tiene que reconocer el enorme impacto de las sanciones externas desde el 2014, principalmente las provenientes de Estados Unidos, que hoy mantienen congelados fondos por 6 000 MM de USD en el exterior; han colocado a 2.5 millones de venezolanos en un estado de inseguridad alimentaria; han impulsado la emigración de entre 3 millones y 5 millones de personas y han provocado que la plantilla de médicos en los hospitales públicos se haya reducido entre un 50 y un 70%, entre otros impactos.[6]
Las exportaciones petroleras también fueron seriamente afectadas por las agresiones de EE.UU. en 2020. No obstante, en el primer semestre de este año crecieron esas exportaciones un 66%, en relación con el mismo mes del 2020, tendencia que debe mantenerse en segundo semestre de 2021.[7] Cabe recordar que entre el 2013 y el 2020 las exportaciones petroleras descendieron un 76%.[8]
En estos resultados la caída de los precios del petróleo no puede subestimarse, ya que la crisis de liquidez financiera se agudizó a partir del colapso de los mismos al descender muy por debajo del valor alcanzado en el 2014. Así en el 2019 el precio del barril alcanzó como promedio 56.70 USD, pero en el 2020 se redujo a 32.70. En el primer semestre de este año el marcador WTI aumentó un 52%, alcanzando precios superiores a 70 USD por barril y entre enero y mayo el marcador venezolano Merey alcanzó 44.53 USD por barril como promedio, 2.5 veces más que el precio logrado en el 2020.
Adicionalmente cabe apuntar que la producción petrolera venezolana se estima que disminuyó entre el 2013 y el 2020 un 82%, básicamente por descapitalización. Particularmente, durante el 2020 la producción cayó a unos 407 000 b/d frente a un promedio de unos 862 000 logrados en el 2019, lo que representa una reducción del 52.8%. En este descenso incidió también la imposibilidad de seguir produciendo a partir de la falta de capacidad de almacenamiento por el freno a las exportaciones.[9] Para el 2021 se aspira llegar a una producción de 1,5 millones de b/d y ya en mayo se alcanzaron 582 000 b/d, con una tendencia al alza que se espera se mantenga para el resto del año.[10]
En el ámbito petrolero venezolano no puede pasarse por alto la reestructuración de PDVSA anunciada en abril pasado con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en su funcionamiento. Mediante la misma se admitirá la inversión privada en la empresa hasta un 49,9%, se reducirán los impuestos y la empresa se concentrará en sus misiones fundamentales.
También resultaron significativas las noticias que reflejaron la venta por parte de la empresa ROSNEFT de todos sus activos venezolanos a otras entidades rusas[11] y la reducción de las licencias de la OFAC de EE.UU. a la empresa CHEVRON para operar en Venezuela.[12]
También en fecha reciente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. flexibilizó parcialmente las sanciones a Venezuela en la esfera petrolera.[13]
Finalmente, debe añadirse que durante el 2020 se agudizó el déficit de combustible para el consumo interno en el país, especialmente en el caso de la gasolina, lo cual afectó notablemente sectores como el transporte y la agricultura. Ese déficit llevó a significativas importaciones de combustible proveniente de Irán en el segundo semestre.
En medio de esta compleja situación, no debe olvidarse que el país cuenta con una notable reserva petrolera que –de capitalizarse adecuadamente- puede elevar la liquidez en moneda libremente convertible. Al respecto se conoció de conversaciones con firmas como ROSNEFT (Rusia), REPSOL (España) y ENI (Italia) para la promoción de la inversión extranjera en el sector petrolero.[14]
También desde el punto de vista energético, el país continuó enfrentando en 2020 y 2021 fuertes restricciones en la generación eléctrica, lo cual impactó negativamente tanto en la producción, como en los servicios.
En general, se estima que las exportaciones totales descendieron un 25,5% en el 2020, pero comenzó una discreta recuperación en este semestre.
La situación financiera ha conllevado una fuerte reducción de las importaciones de bienes, que se estima cayeron de 47 476 millones de USD en el 2014 a un estimado de 20 800 millones en 2019, para una enorme reducción del 56,2%, lo cual tiene un fuerte impacto en la economía y la población venezolana[15]. Para el 2020 se pronosticaba un nivel de importaciones de 15 400 millones de USD, un 16% inferior al 2019, manteniéndose un nivel ligeramente superior para el 2021. También se han estado registrando importaciones por vía personal a través de las remesas, que se calcula llegaron a 3 000 millones de dólares en el 2019, pero que descenderán a 1 500 millones en el 2020.[16]
Por su parte la caída en la producción petrolera, llevó a que el déficit del presupuesto estatal en relación al PIB –incluyendo los fondos extrapresupuestarios- se elevara del 16,2% en el 2014, a entre el 10 y el 28,4% en 2019, el cual se ha venido cubriendo con emisión monetaria básicamente. Para el 2020 se pronosticaba un déficit equivalente al 21,5% del PIB, aunque se calcula una reducción importante en el 2021 según algunos estimados.
Como es lógico, en medio de esta compleja coyuntura las fuentes para cubrir los requerimientos financieros externos han sido más difíciles de encontrar.
Con la reducción de los recursos, el pago de la deuda externa ha sido uno de los elementos más críticos desde el 2017. En efecto, el servicio de la deuda externa fue afectado por las propias condiciones económicas del país, a lo que se suman las sanciones impuestas por EE.UU. y la UE.
En general, de una deuda total de 110 730 millones de USD en el 2011, en el 2019 se estima que la misma llegó a entre 130 700 y 168 074 millones. El endeudamiento en el 2020 se calcula alcanzó un monto de entre 129 100 y 170 392 millones, mientras que en el 2021 la deuda puede alcanzar un estimado de 172 902 millones de dólares. Por su parte, el servicio por pagar bajó de 20 297 millones de USD a 10 820 millones en ese período y se estima que solo pudieron saldarse 35 millones en el 2019, lo que mantiene al país en una posición de default desde el 2017. Para el 2020 se calcula un pago de solo 79 millones de dólares y 93 millones en el 2021.
No obstante, en medio de esta coyuntura se llegó a un acuerdo de reestructuración de deuda con Rusia por 3 150 millones USD, donde se prorrogó el pago por 10 años, con un período de gracia hasta 2019[17]. El financiamiento aportado por China en los últimos 10 años se calcula en torno a los 67 200 millones de dólares. Desde el 2015 se recibieron 7 200 millones de dólares, los que están condicionados a ser utilizados únicamente en inversiones en el sector petrolero.
Para el cierre del 2020 se estima que el acumulado de los pagos no realizados alcanzó los 27 000 millones de dólares.[18]
Como se ha señalado, otro elemento externo que ha presionado contra Venezuela con una fuerza creciente, han sido las sanciones del gobierno norteamericano, especialmente a partir de que el presidente Obama calificara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos” en el 2015.
Las sanciones económicas cobraron un impulso brutal con las medidas impuestas por la administración de Donald Trump, que aplicó penalidades adicionales en agosto de 2019 que incluyeron el bloqueo de todos los activos del gobierno venezolano en EE.UU., la prohibición a empresas norteamericanas a hacer negocios con Caracas y medidas para impedir la entrada de dirigentes venezolanos a la nación norteña. Estas sanciones no solo no han cesado durante el 2020, sino que se han incrementado.
Hasta el momento diversos informes calculan que las sanciones promovidas por Estados Unidos desde 2014 han costado un estimado que va desde 114 302 millones de dólares hasta 300 000 millones entre 2013 y 2017, a lo que se añade un estimado de 40 000 muertes de enfermos que han sucumbido por falta de medicamentos en ese período.[19] Otros cálculos estiman que estas sanciones provocaron pérdidas por 102 000 millones de dólares.[20]
Por otro lado, se estima que las reservas internacionales descendieron de 7 465 millones de USD en el 2019, a 6 370 millones el 30 de diciembre del 2020,[21] cifra que estima descenderá en el 2021. Estas reservas se ubicaban en 6 184 millones el 30 de junio del presente año, descendiendo un 2.9% en el primer semestre del año.
Como resultado de lo anteriormente explicado, el saldo de cuenta corriente se hizo negativo en el 2020, alcanzando un estimado del -4,1% del PIB, situación que se calcula se mantendrá en el 2021.
Otro elemento que revela dramáticamente los desequilibrios de la economía es la inflación, que se incrementó extraordinariamente en el 2018, cerrando el año con un crecimiento del IPC de 130 060%. No obstante, en el 2019 se verificó una desaceleración, con una inflación oficial del 9 586 %, aunque otros estimados la ubicaron en 19 906%. La cifra promedio del 2020 se calculó entre 1 460 y 6 500%. Para el 2021 se estima una inflación de entre 1 240 y 6 500%. Durante el primer semestre del año la misma se calculó en 333%, lo que sigue mostrando una desaceleración.
Por su parte, la tasa de cambio de la moneda nacional se estima que alcanzó como promedio 330 514 BS por USD en 2020 y pudiera dispararse a 22 424 278, según algunos estimados del 2021. Los datos del Banco Central de Venezuela reflejan que la tasa llegó a 3 204 080 bolívares por dólar el 30 de junio de este año, frente a 1 089 058 al cierre del 2020, lo que representa una devaluación puntual de casi 3 veces en lo que va del 2021, fenómeno unido a un crecimiento de la dolarización del país,
Frente a la situación monetaria enfrentada por el país, a la altura de agosto de 2018 el gobierno venezolano tomo la decisión de aprobar un conjunto de medidas extraordinarias para enfrentar la situación económica, las cuales se encuadraron en el llamado “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”. Las medidas contenidas en este plan fueron:
- La sustitución del bolívar fuerte (BF) por el bolívar soberano (BS) eliminando cinco ceros de su cotización, resultando un tipo de cambio que produjo una fuerte devaluación del BF al ubicarse en 60 BS por USD y 3 600 BS por PETRO.
- Incremento de los precios de la electricidad, el transporte, la telefonía y la gasolina.
- Transformación del sistema cambiario mediante:
- La unificación del tipo de cambio oficial.
- El uso del PETRO como ancla del sistema cambiario.
- Desarrollo de subastas de divisas.
- Modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios para permitir la circulación legal de moneda libremente convertible
Esta última medida despenalizó la tenencia y la circulación de la moneda extranjera, al tiempo que se autorizó la reapertura de casas de cambio para su compraventa al precio del mercado, situación similar a la existente hasta el 2006. La decisión no implicó desmontar el control cambiario, ya que el gobierno ofertaría a los actores económicos un dólar controlado a través del sistema DICOM y permitirá la existencia de un tipo de cambio paralelo, con tendencia a la convergencia con la tasa de cambio oficial. En paralelo, se decretó el encaje legal del 100% para el bolívar, lo que ha provocado una fuerte contracción del crédito y la emisión de dinero inorgánico, limitando por esta vía la expansión de la masa monetaria y la base de la inflación.
Como consecuencia de estas medidas, ya a finales del 2019 se estimaba que alrededor de un 60% de las transacciones se realizaban en moneda convertible y que en el país circulaban 3 600 millones de dólares. También esta medida ha venido cerrando la brecha entre la tasa de cambio oficial y la paralela de 2,7 veces en el 2018 a 1.05 veces en noviembre del 2019.[22] En marzo del 2021 se estimaba que el nivel de dolarización informal cubría el 67% de los pagos de bienes y servicios.[23]
Por otro lado, en diciembre del 2017 el presidente Maduro planteó la creación de una criptomoneda venezolana llamada PETRO (PTR) con el fin de enfrentar el bloqueo financiero que se ha querido imponer a Venezuela. Esta moneda contaría con el respaldo físico de las reservas nacionales de oro, petróleo, gas y diamantes[24]. No obstante, los resultados monetarios previstos no han logrado materializarse hasta el momento.
En medio de toda esta compleja evolución ha transcurrido el 2020, a lo que se añade el enfrentamiento a la COVID-19.[25]
Desde el 13 de marzo del 2020, fecha en que se proclamó el Estado de Alarma, la estrategia para el enfrentamiento a la pandemia se basó en:
1.- Una cuarentena general en todo el territorio y medidas de distanciamiento social en los espacios públicos.
2.- Despistaje masivo y personalizado mediante visitas casa por casa y fundamentado en el uso de tecnologías de la información y big data.
3.- Garantía de dotación de medicamentos y pruebas diagnósticas suficientes para cubrir las necesidades de la población con apoyo de la cooperación internacional.
4.- Garantía de la capacidad en camas en hospitales, ambulatorios y clínicas para atender todos los posibles casos.
Como resultado de los esfuerzos realizados, al cierre del 2020 el país acumulaba 112 861 casos con una tasa de recuperación del 94,7% y una letalidad del 0,98 %. La situación al cierre del 30 de junio del 2021, muestra 272 712 casos (0,9% de la población), con una tasa de recuperación del 93% y una letalidad del 1,10%.[26] Estos logros comparan favorablemente frente a otros países de la región, aun en medio de las dificultades económicas señaladas. En relación con la vacunación contra la pandemia, la cifra oficial da una cobertura del 8.8% de la población, cifra que ha estado sujeta a manipulaciones políticas. De este modo, CEPAL reconoce solo una inmunización del 0.8% de la población en el primer semestre del año.[27]
A partir de la presentación del “Plan de protección del Estado venezolano en tiempos de coronavirus”, además de las medidas sanitarias, el gobierno adoptó un conjunto de medidas económicas como parte del Estado de Excepción y Emergencia Económica, entre las que cabe destacar las siguientes.
- Suspensión del pago del capital y los intereses de los créditos otorgados por la banca.
- Suspensión del pago de alquileres.
- Suspensión del despido de los trabajadores.
- Incremento de la presión tributaria.[28]
- Retorno del control de precios.
- Transferencias económicas a personas naturales de bajos ingresos.
- Pago de parte del salario a PYMES seleccionadas.
- Exenciones arancelarias a sectores priorizados.
Estas medidas permitieron una mayor flexibilidad para operar en la economía buscando incrementar los recursos del presupuesto, al tiempo que se expandía el crédito, y se trató de brindar mayor protección a la población más vulnerable.
(Continuará)
[1] Este trabajo se apoya básicamente en estimados del EIU y también de CEPAL y el FMI. Los datos numéricos cuya fuente no se cita expresamente, aparecen en la tabla al final de este trabajo.
[2] Ver UCAB (2021).
[3] Ver CEPAL (2021).
[4][4] Ver IMF (2021)
[5] Ver EFE (2021)
[6] Ver Cuba y Economía (2021).
[7] Ver CESLA (2021)
[8] Ver Curcio (2021)
[9] Ver CESLA (2020) y EIU (2020a)
[10] Ver Economía Hoy (2021).
[11] Varios analistas consideran esta operación como una vía para eludir las sanciones de EE.UU.
[12] Ver CESLA (2020).
[13] Ver El Nacional (2021)
[14] Ver Sutherland (2020).
[15] Hay que recalcar que el venezolano en sentido general es un fuerte consumidor, por considerarse habitante de un país rico, por lo que este elemento tiene un aspecto subjetivo que no puede dejarse de tomar en cuenta considerando la enorme repercusión que tiene la caída del consumo de bienes importados.
[16] Ver Tal Cual Digital (2020).
[17] Se estima que Rusia ha otorgado créditos por 17 000 millones de dólares desde el 2006.
[18] Ver CEPAL (2020).
[19] Ver Curzio (2019), Weisbrot y Sachs (2019) y BCV (2020).
[20] Ver REUTERS (2021).
[21] Ver CEDICE (2020).
[22] Ver ECONOLATIN (2019).
[23] Ver CESLA (2021)
[24] El 27 de diciembre se firmó el decreto que declara como sustento material de la criptomoneda Petro al campo número 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco Ver El Petro (2018).
[25] Para el desarrollo de este punto se tomaron en cuenta los documentos CESLA (2020), PNUD (2020), y CPPACC (2020).
[26] Ver Datos Macro (2021).
[27] Ver CEPAL (2021).
[28] En este punto destaca la reforma del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aprobado en febrero, así como las facultades concedidas al presidente Maduro para modificar las tasas de impuestos aduaneros. Ver CESLA (2020).
