La evidencia vuelve

January 19, 2021

"¿Qué queremos? Política basada en evidencias. ¿Cuándo lo queremos? Después de la revisión por pares ". Ese fue uno de los cánticos en la Marcha por la ciencia, un conjunto internacional de manifestaciones en abril de 2017. Los manifestantes, por supuesto, reaccionaban en parte a la elección de Donald Trump y al surgimiento del populismo en otros lugares; les preocupaba que los gobiernos tomaran malas decisiones políticas que ignoraran la evidencia científica. 

Y en los Estados Unidos y el Reino Unido, donde las manifestaciones recibieron la mayor atención, los temores de los manifestantes demostraron ser proféticos. Ambos gobiernos respondieron a la pandemia de coronavirus desestimando las opiniones de los epidemiólogos, y los dos países han tenido mucho más Covid-19.muertes por millón de personasque otras naciones importantes. 

Como economista que estaba viendo este desastre, estaba principalmente horrorizado. Pero no pude evitar pensar también: "Bienvenido a mi mundo". Mi sensación es que muchos expertos médicos todavía se sorprenden al ver lo que deberían ser asuntos de la ciencia completamente politizados. Pero en las ciencias sociales ha sido así todo el tiempo. 

De hecho, mucha gente, y no solo la derecha, parece asumir que todo análisis económico debe ser político. Columna de hoy fue en parte sobre el caso de un salario mínimo más alto, un tema sobre el que las opiniones de los economistas han cambiado drásticamente durante los últimos 25 años. Cuando describo ese cambio a los laicos, los encuentro asumiendo que debe haber sido impulsado políticamente, una reacción a cosas como la Lucha por 15, el movimiento de los trabajadores de la comida rápida para exigir salarios más altos. 

Pero eso no es lo que pasó. El cambio radical en la opinión económica sobre los salarios mínimos fue impulsado, me atrevo a decirlo, por la ciencia: llegaron nuevas pruebas y refutaron la vieja sabiduría convencional. 

El cambio comenzó con un notable papel por los economistas laborales David Card y Alan Krueger, quienes tuvieron la brillante idea de encuestar a los restaurantes de comida rápida cerca del río Delaware antes y después de que Nueva Jersey aumentara su salario mínimo, mientras que Pensilvania no lo hizo. Por lo que puedo decir, esperaban ver disminuciones del empleo en el primero en relación con el segundo. Pero no lo hicieron. 

Este resultado, sin una disminución notable del empleo después de un aumento en el salario mínimo, se ha repetido muchas, muchas veces. La evidencia ahora es abrumadora de que los aumentos del salario mínimo no tienen efectos negativos importantes sobre el empleo, mientras que sí aumentan los ingresos de los trabajadores y reducen la pobreza. Esta no es una conclusión impulsada por la política, aunque al menos algunos de los economistas que todavía se niegan a aceptar esta evidencia están siendo políticos. 

Si bien la literatura sobre salario mínimo es un ejemplo realmente sorprendente de que los economistas son científicos, no es única. Otro ejemplo, cercano a mi corazón, ha sido un cambio de la profesión hacia la visión keynesiana de que el gasto deficitario es bueno para una economía deprimida. Este cambio se debió en gran parte a lo que sucedió entre 2010 y aproximadamente 2013, cuando algunos países avanzados, aunque no todos, se vieron obligados a adoptar duras políticas de austeridad y experimentaron severas contracciones económicas, tal como Keynes habría predicho. 

Si estos ejemplos pueden hacer que parezca que tener en cuenta la evidencia siempre empuja a los economistas hacia la izquierda, eso es engañoso. Puede ser cierto en promedio, aunque solo sea porque el discurso en general ha estado dominado por una ortodoxia de derecha, de modo que la nueva evidencia usualmente nos empuja a la izquierda. Pero no es difícil encontrar ejemplos contrarios. 

Por ejemplo, a muchas personas les gustaría creer que la atención médica universal ahorra dinero, porque las personas reciben más atención preventiva y tienen menos motivos para visitar las salas de emergencia. Desafortunadamente, eso no parece ser verdad: Una mejor cobertura significa que las personas obtienen más atención médica, lo que cuesta dinero. 

¡Lo que no quiere decir que no debamos garantizar la atención médica para todos! Porque la evidencia no puede decirnos realmente cuáles deberían ser nuestras políticas, es decir, al final, una decisión política que debe reflejar los valores y la ciencia. 

Pero la evidencia puede ayudarnos a formular políticas. Y yo, por mi parte, estoy encantado de que 23 horas y media después de la publicación de este boletín, tengamos una administración que lo entienda.

Ante los retos, trabajar con inteligencia

 Este lunes el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en La Habana la primera de un ciclo de reuniones que tendrá lugar durante los próximos días, en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en los diferentes territorios

Autor: Yaima Puig Meneses | internet@granma.cu

19 de enero de 2021 00:01:05

El encuentro fue dirigido por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y también participaron el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Foto: Estudios Revolución

Tenemos que trabajar con mucha inteligencia y muy intensamente para pasar a una mejor situación, reflexionó en la tarde de este lunes el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al encabezar en La Habana la primera de un ciclo de reuniones que tendrá lugar durante los próximos días, en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, con las máximas autoridades del Gobierno y el Partido en los diferentes territorios.

El encuentro, dirigido por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y donde también participaron el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa,  tuvo como propósito fundamental conocer las medidas adoptadas en la capital para enfrentar el nuevo brote de la COVID-19 y la situación que aquí se manifiesta en lo referido a la implementación de la Tarea Ordenamiento, con especial énfasis en las insatisfacciones del pueblo.

De igual manera, se evaluaron las acciones que se desarrollan para garantizar la demanda de alimentos de la población, así como el funcionamiento de la lucha contra coleros y las medidas necesarias para su sostenibilidad.

El 2020 fue un año muy duro, reconoció el Jefe de Estado, y ello estuvo asociado, fundamentalmente, a todas las restricciones que íbamos teniendo en la economía, producto del recrudecimiento de la política norteamericana con relación al bloqueo económico y, unido a ello, vino la pandemia. También fue un año de aprendizajes y de crecimientos, significó.

«Los primeros días de 2021 no han sido nada fáciles», subrayó. Y tenemos que ver cómo nosotros, con nuestra inteligencia, con nuestros esfuerzos, trabajando de una manera organizada, sin burocracia y sin enlentecer procesos, avanzamos más y profundizamos en todo un grupo de elementos de la economía.

Sobre esos complejos temas que definen prioridades de trabajo y marcan el rumbo de la actualización del modelo económico cubano, se debatió profunda y críticamente durante el intercambio, a partir del informe presentado por el gobernador Reinaldo García Zapata, quien definió los principales problemas que enfrenta en estos momentos la capital del país en cada uno de esos estratégicos asuntos.

 LA HABANA PUEDE SUPERAR ESTE MOMENTO

Caracterizado por una disminución de la percepción de riesgo en los diferentes sectores de la población, el actual escenario que vive la capital en el enfrentamiento a la COVID-19 ha vuelto a ser complejo, aseguró en el encuentro el Gobernador habanero.

La situación, dijo, se define como de alto riesgo epidemiológico y tiene sus causas principales en las indisciplinas generadas por los viajeros; las fiestas realizadas en los días de fin de año; problemas organizativos relacionados con la conducción de los procesos; y el no cumplimiento del estricto aislamiento, violando los protocolos del Control Sanitario Internacional establecidos.

Con 639 controles de foco activos en los 15 municipios de la provincia y el incremento de la tasa de incidencia a 58,5 por cada 100 000 habitantes en las últimas dos semanas, en La Habana ha continuado el ascenso de los casos positivos, lo que, a su vez, ha incidido en un mayor número de pacientes en estado crítico y grave: este lunes sumaban 21 quienes se encontraban en unidades de cuidados intensivos.

«Tenemos que superar este momento», enfatizó el Presidente Díaz-Canel, y existe toda la confianza en que La Habana puede hacerlo. En tal sentido, acentuó la necesidad de comprender con claridad las complejidades del momento y, con las experiencias de que ya disponemos, definir las mejores maneras de actuar en este nuevo contexto.

«Sabemos cómo hacerlo», aseguró. Entre los principales elementos que no podemos perder de vista destacó la realización de un pesquisaje profundo y amplio, que permita actuar oportunamente ante cualquier situación, y que medie el mínimo de tiempo posible entre que a una persona se le diagnostique la enfermedad y su ingreso.

Insistió en el aislamiento oportuno de sospechosos y contactos, en la importancia de tener bien definidas las capacidades de ingreso de que disponemos y también las de las unidades de cuidados intensivos, así como en la prioridad con que se deben atender las personas vulnerables.

En estos momentos no podemos provocar un cierre de todo, tenemos que mantener vivas las actividades económicas, productivas y de servicios, reiteró, lo cual conlleva un trabajo mucho más riguroso en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias definidas para evitar los contagios.

Con la COVID-19, recordó, no se puede perder tiempo, porque se complican las personas, y la vida nos ha demostrado que cuando no hay percepción de riesgo, cuando nos acomodamos un poquito, vienen los rebrotes.

No se puede bajar la guardia hasta que tengamos la vacuna, reflexionó. Vamos a vacunar masivamente a la población, vamos a inmunizar, pero hasta que llegue ese momento no se puede bajar la guardia, e incluso, cuando llegue ese momento, tampoco podemos hacerlo, reconoció.

 

El encuentro tuvo como propósito fundamental conocer las medidas adoptadas en la capital para enfrentar el nuevo brote de la COVID-19 y la situación que aquí se manifiesta en lo referido a la implementación de la Tarea Ordenamiento, con especial énfasis en las insatisfacciones del pueblo. Foto: Estudios Revolución

ORDENAR Y PRODUCIR CON EFICIENCIA

Diversos y complejos han sido los retos que han definido en la capital, como en todo el país, el inicio de la implementación de la Tarea Ordenamiento, un asunto en el que, según aseguró el gobernador Reinaldo García Zapata, se han evaluado y tenido en cuenta, con minuciosidad, las opiniones que ha emitido la población, sobre la base de las cuales se han ido perfeccionando algunas decisiones puntuales.

Al referirse a estos temas, el mandatario cubano señaló la importancia de comprender que el ordenamiento es una tarea de mucha envergadura, porque llega a todos los elementos de la economía y de la sociedad.

Lo cierto es que la Tarea Ordenamiento –apuntó– además de ordenar la economía, transparentarla y darle más posibilidades al sector empresarial para que realmente se convierta en el actor económico que necesitamos, también debe mejorar las relaciones salario-precio, algo que todavía no ha podido ser percibido por la población en estos primeros días.

«Subieron los salarios, subieron los precios, y lo que tenemos que lograr es que la relación entre ellos, en el ordenamiento, sea mejor que la de antes», reflexionó.

Pero eso hay que conducirlo y gestionarlo; por eso es tan importante el combate contra las ilegalidades, contra quienes suben los precios y los ponen de manera abusiva o especulativa; y también es importante, en todo este proceso, el enfrentamiento a los vendedores ilegales de divisas, puntualizó.

Tras comentar acerca de varias distorsiones que se han suscitado en estos primeros días de lógicos ajustes, el Presidente de la República resaltó la importancia de seguir con precisión un grupo de problemáticas nuevas que se han presentado, para resolverlas en el menor tiempo posible y así propiciar que este proceso avance de acuerdo con lo que se había diseñado.

Y para eso –destacó–  es muy importante, sobre todo, el papel de los cuadros; tener en cuenta los elementos para evitar la inflación y los problemas del empleo; que nadie vulnerable quede desamparado; y tener toda la racionalidad, no solo económico-financiera, sino la racionalidad política que implica este nuevo escenario.

«Este es un proceso político, y es uno de los procesos políticos y económico-financieros de mayor amplitud y envergadura que ha asumido la Revolución», aseguró.

El razonamiento que tiene que predominar en todo lo que se haga alrededor del ordenamiento es la eficiencia, acotó. Lo primero que hay que buscar es cómo todos nuestros procesos son más eficientes y cómo nuestras empresas y entidades también lo son, valoró.

Porque todo lo que hacemos sobre la base de la ineficiencia va contra la población, y si va contra la población va contra el país y va contra la Revolución, definió.

Otro de los asuntos analizados durante el intercambio, también de máxima prioridad para el país, fue el de la producción y suministro de alimentos con destino a la población, una de las principales insatisfacciones que tiene el pueblo.

El principio de trabajo que debe caracterizar las acciones que en este sentido se realicen, precisó Díaz-Canel, tiene que ser el de defender cada hectárea que se sembró y el destino de la producción que en ella se obtuvo, cómo la acopiamos, cómo la distribuimos, cómo le llega a la gente, y cuánto más es necesario seguir creciendo en la disponibilidad de las plantaciones.

Durante la reunión se coincidió, además, en la necesidad de continuar impulsando el enfrentamiento a personas inescrupulosas que lucran con la reventa ilegal de productos a precios exorbitantes, y que tanto rechazo generan entre la población. En ese sentido, se adoptaron medidas encaminadas a revitalizar este combate que, como se afirmó, llegó para quedarse.

Ante los muchos desafíos que definen el actual escenario que vive la nación, el Presidente de la República valoró que, en lo inmediato, «lo que necesitamos es echar la pelea para dar la respuesta a la altura de lo que necesitan el país y la Revolución».

Justamente fue esa la convocatoria final que dejó el Jefe de Estado a los presentes, porque aquí, dijo, no hay espacio para la derrota.

Comienza ensayo clínico Fase II b ampliado al municipio Plaza de la Revolución de candidato vacunal Soberana 02

 Por: Abel Padrón Padilla, Lisandra Fariñas Acosta
18 enero 2021 

Foto: Facebook del Instituto Finlay.

El ensayo clínico Fase II b del candidato vacunal Soberana 02 comenzó este lunes en el policlínico 19 de abril, del capitalino consejo popular Plaza de la Revolución, instalación escogida como sitio clínico en esta nueva etapa.

Durante tres semanas se vacunarán hasta 900 sujetos en dos sitios clínicos: el mencionado policlínico 19 de abril y la clínica 1 de la Lisa.

El estudio Fase II tiene como objetivo evaluar la inmunogenicidad, seguridad y reactogenicidad del candidato vacunal anti SARS-CoV-2.

De acuerdo con la Doctora en Ciencias Médicas María Eugenia Toledo Romaní, epidemióloga del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02, este ensayo tiene entre sus principales características, que incluye a adultos entre los 19 y 80 años, de nacionalidad cubana y que otorguen su consentimiento de participación. Se realiza de forma aleatoria y totalmente a ciegas, comparando los resultados del candidato vacunal con la administración de placebo.

Se considera que todos los individuos serán beneficiados porque, una vez abiertos los códigos, los que recibieron placebo serán vacunados con el inmunógeno, sostuvo la especialista.

Exlicó que las personas seleccionadas serán evaluadas, verificando que cumplan los criterios de inclusión y que no tengan los criterios de exclusión previstos en el protocolo. A partir de ahí van a recibir dos dosis del candidato vacunal Soberana 02 y serán posteriormente chequeados para monitorear su respuesta inmune.

Este es uno de los ensayos más importantes  conducidos en términos de rigor científico, en tanto se demostrará la respuesta inmune del candidato vacunal comparado con los sujetos que reciben placebo, reiteró Toledo Romaní.

Los estudios anteriores a este habían sido estudios exploratorios, con todo el rigor de la autoridad reguladora, pero que involucraban un menor número de personas, detalló.

Como uno de los elementos que distinguen este ensayo, subrayó que se incluyen adultos mayores, muchos de los cuales tienen comorbilidades como diabetes e hipertensión, y que no se están dejando fuera. Como criterio sí se considera, dijo, que su enfermedad crónica esté compensada, pero no los excluye del estudio. “Incluso en estas personas no hemos tenido efectos adversos graves relacionados con la vacunación”.

“A partir de aquí esperamos que la vacuna pase a una fase III, que alcanzará un mayor número de población, aproximadamente 150 000 personas, en lugares y en grupos de muy alto riesgo, para beneficiar y evaluar la eficacia clínica de este candidato; es decir, si las personas no se enferman una vez que han sido vacunadas”, dijo la experta.

Según la información ofrecida por el Instituto Finlay de Vacunas, las fases preclínicas y clínicas (Fase I) de Soberana 02 han demostrado seguridad y efectividad en los sujetos vacunados. En la fase I participaron 40 sujetos de 19 a 80 años de edad, mientras que en la fase IIa ya fueron vacunados 100 sujetos, también de 19 a 80 años de edad. En ninguno de los casos se han registrado efectos adversos graves.

“Hoy podemos tener la certeza de que nuestro candidato vacunal es muy seguro. Los eventos adversos que se han reportado son: dolor leve en el sitio de la inyección en las primeras 24 horas de administrado, y un poco de malestar general en algunos sujetos, pero nada más. Tampoco se han presentado eventos sistémicos, como fiebre elevada o malestar que limite las actividades de la persona; ni hospitalizados a causa de la vacuna”, aseguró la epidemióloga del IPK.

Ambos sitios clínicos (19 de abril y Clínica 1 de la Lisa) cuentan con un sistema de urgencias médicas, para atender cualquier evento adverso, pero no lo hemos tenido, afirmó.

Un nuevo sitio clínico con el más alto estándar

El policlínico 19 de abril es uno de los sitios clínicos para el ensayo clínico fase IIb del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

“Es un día importante porque estamos abriendo un nuevo sitio clínico en un policlínico, donde hemos creado una unidad de ensayos clínicos con el mayor rigor y estándar de acuerdo a las exigencias de la autoridad reguladora, que estará inspeccionando el sitio este miércoles para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas”, agregó la investigadora.

“Plaza de la Revolución podríamos decir que fue un municipio iniciador de la epidemia. Cuando se reportaron los primeros casos en el país en el mes de marzo, varios pertenecían a este. Tanto este municipio, como Playa, son considerados de muy alto riesgo epidemiológico, atendiendo no solamente a la densidad de su población sino a la movilidad de la misma, y que actúan como receptores de población de viajeros por el número de casas de alojamiento y hoteles existentes”, señaló la entrevistada.

De ahí que, dijo, el municipio Plaza no solo esté involucrado en este estudio clínico. En el mes de abril fue conducido un ensayo de intervención con la vacuna VA-MENGOC-BC, para estimular la inmunidad innata poblacional, y este policlínico participó en dichos estudios.

Así, se fueron creando capacidades con los médicos, otros profesionales de la salud que participan en el ensayo, y  la población, con vistas a poder considerar esta institución un sitio clínico para evaluar una vacuna específica contra la COVID-19.

En el policlínico 19 de abril serán vacunados, de los 900 sujetos que alcanzará el ensayo fase IIb, unas 405 personas, dijo la investigadora.

Actualmente, enfatizó la experta, el municipio Plaza continúa reportando contagios de la enfermedad, y en ese sentido refirió que lo importante no es solamente el número de casos sino el riesgo existente de que sigan apareciendo. “En términos de vacunas preventivas uno de los objetivos fundamentales es beneficiar a la población. No se trata entonces solo de hacer estudios y crear una vacuna, sino de beneficiar a la población que está expuesta a mayor riesgo”, dijo.

Ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Según confirmó la Doctora Mayra García Carmenate, investigadora-coordinadora del sitio clínico 19 de abril de Soberana 02, “este sitio se viene preparando desde hace meses,  para lo cual ha tenido asociado un proceso de selección del personal de salud que va a participar en el ensayo clínico. Me refiero al personal médico, de enfermería y de aseguramiento, para llegar hoy al inicio de la Fase IIb con un personal que cumple con todo el estándar de un ensayo clínico y de lo que demanda la autoridad reguladora que lleva este proceso”.

Entre los requisitos fundamentales para escoger el policlínico 19 de abril como sitio clínico, la especialista señaló el cumplir con todo el flujo que lleva la investigación. “Es decir, el flujo del sujeto que participa en el ensayo clínico, de que no haya una mezcla entre los pacientes vacunados y los que aún no se vacunan; que cumpla además con todo lo relacionado a la higiene y a la epidemiología y al cumplimiento de los protocolos establecidos por el sistema nacional de Salud en este contexto. Estos requisitos están relacionados además con el personal que va a estar presente en el sitio clínico, pues tienen que ser especialistas, y haber recibido una preparación previa”, comentó García Carmenate.

Para desarrollar el ensayo, señala la también jefa de departamento de Enfermedades Transmisibles del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, fue preciso dividir el policlínico en dos. Ello llevó a una reorganización de servicios dentro de la institución, porque lo primero es que no haya afectación a los servicios de asistencia médica a la comunidad.

“Por lo que los servicios no se quitaron, sino que se reorganizaron, como está previsto en la intersectorialidad, en otros policlínicos. Eso nos permitió poder designar toda un área solamente para el sitio de Ensayo clínico”, dijo.

Lo segundo—precisó— es que hicimos una selección de especialistas con mayor experiencia profesional: especialistas en medicina Interna, que ya han pasado diplomados de emergencia, de urgencia médica, médicos que ya tienen diplomados en el tratamiento de eventos adversos, no solo a vacunas, sino a cualquier otro medicamento. Es decir, que tuvieran requisitos profesionales que le permitieran conducir un equipo de otros médicos que quizás, aunque son especialistas o residentes, no tienen esos diplomados y formación. Esas personas liderarían los grupos que llevarían a cabo cada uno de los procesos que se desarrollan en el sitio clínico como parte del flujo de la investigación.

Participantes en el ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

Flujos que estarían supervisados todo el tiempo por las instituciones que participan en el ensayo: el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) como entidad reguladora que evalúa todo el proceso, el Instituto de Medicina tropicalpedro Kourí (IPK), el Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana y el propio policlínico 19 de abril.

Somos acompañados además, como Sistema de Salud, por la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio a todos sus niveles, así como por el Partido y el Gobierno del territorio, señaló.

¿Cómo se hizo la selección de los sujetos para participar en el ensayo?

Ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

Para esta Fase II b se amplió el grupo etáreo de personas que van a participar y estamos seleccionando sujetos entre 19 y 80 años de ambos sexos, que sean ciudadanos cubanos, que vivan en el área de salud del policlínico 19 de Abril, que den su consentimiento de que quieren participar en el estudio y que, luego de pasar por un examen físico riguroso, y realizarse grupo de exámenes complementarios, se decida que cumplen con los criterios de inclusión que tienen el ensayo clínico, puntualizó la doctora Mayra García Carmenate.

Todos los que cumplen estos requisitos, hasta completar la muestra de 405 personas, quedan incluidos en la vacunación. La otra muestra se evaluará en la Clínica 1 de La Lisa, dijo.

Ha sido, sostuvo, un proceso en el que han estado incorporados los médicos y enfermeros de los consultorios, haciendo primeramente una preselección de estos pacientes que puedan estar cumpliendo con los criterios de inclusión. Estos pacientes vienen en el momento de reclutamiento donde se les explica  todo lo que tiene que ver con el ensayo clínico, firman su consentimiento informado, se les realiza una evaluación inicial donde un grupo médico hace un examen físico y un interrogatorio, se les hace un grupo de complementarios, como PCR en tiempo real, test de embarazo a las mujeres en edad fértil, test rápido de COVID-19 y determinación sanguínea para evaluar el nivel inmunológico antes de administrar el candidato vacunal, refirió la experta.

Todas esas personas, con sus resultados, de haber resultado negativas estas pruebas, vienen a una segunda consulta donde se analizan los complementarios, se vuelve a evaluar al paciente, se verifica que cumpla con los criterios de inclusión y entonces se registra para ser vacunado con el candidato vacunal, explicó.

Participantes en el ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Según la entrevistada, este es el flujo que está organizado y así está dividido por sectores el sitio clínico: un lugar donde se realiza el reclutamiento, y otro, cuando ya se administra el candidato vacunal, donde el paciente tiene una evaluación a las 24, a las 48 y a las 72 horas de manera presencial. Esta división permite que no haya mezclas entre el paciente que no se ha vacunado y el paciente que ya está vacunado, aclaró.

Confianza en la ciencia cubana

Después que la persona se vacuna con el candidato, durante una hora se mantiene bajo observación de un personal médico y de enfermería diplomado en urgencia y emergencias médicas, y particularmente en el seguimiento de eventos adversos, reiteró la especialista.

Participantes en el ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

En ese tiempo atienden a la posible ocurrencia de algún evento adverso inmediato a la vacunación, pero el sujeto también tiene en su poder un diario para registrar estos sucesos, de manera que cuando se retire a su hogar pueda anotar ahí si tuvo fiebre, algún dolor en el brazo u otro de los episodios más frecuentes relacionados con las vacunas que se le ponen a la población cubana, explicó García Carmenate.

La evaluación presencial se realiza, reiteró, a las 24, 48 y 72 horas, añade. En eseperiodo,el sujeto regresa al sitio clínico donde está el personal encargado de valorar las reacciones al candidato vacunal.

No obstante, como en todo ensayo clínico existe un convenio con el hospital clínico base del municipio, en este caso el Manuel Fajardo, para que, de ocurrir cualquier evento durante el horario de la noche, el paciente, que además tiene una tarjeta de identificación como participante en el ensayo del candidato vacunal Soberana 02, acuda a esa institución donde está todo coordinado para su atención.

Son esos protocolos los que brindan confianza ciega a Natacha Barrera Fontané y Maidelín García Cruz para participar en este estudio, a pesar de sus enfermedades crónicas no transmisibles.

Natacha Barrera Fontané y Maidelín García Cruz participantes voluntarias de este estudio. Foto: Cubadebate.

Confianza en la ciencia cubana y en la profesionalidad del personal de salud del policlínico 19 de Abril, apunta Barrera Fontané, de 55 años, quien comenta el buen trato y las atenciones que han recibido en todo momento.

Ella no lo pensó dos veces cuando la doctora del consultorio médico de la familia la llamó para ver si podía ser voluntaria en el proceso para comprobar la eficacia de la vacuna cubana contra la COVID-19.

Junto a otros voluntarios llegó al teatro del 19 de Abril, siempre manteniendo el distanciamiento, donde les dieron una capacitación sobre todo el proceso, desde su inicio hasta la culminación, así como un manual sobre el tema. Luego les hicieron un estudio inmunológico para ver cómo se encontraban las defensas de suss organismos y si estaban aptos.

“No todo el mundo que se propone llega hasta el final, hay una comisión médica que es la que valora si estás apto para ponerte la vacuna”, precisa Barrera Fontané. “Ahora estamos aquí nuevamente chequeándonos cosas como la presión o, en mi caso, el azúcar, porque soy diabética.

“Hacemos esto para ayudar a todos los cubanos, a todo el mundo, dar el paso al frente para que acabe de salir la vacuna y ponérsela a todos y acabar con el bichito este”, agrega.

En tanto, Maidelín García Cruz, de 52 años, también se muestra orgullosa de ser parte del ensayo. “Muchos cubanos quisieran vivir esta experiencia, para mí es muy emocionante”, dice y apunta que su hipertensión está controlada, pero confía más que nada en el riguroso protocolo de atención y en los científicos y médicos cubanos.

Ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

“Mi familia está también muy emocionadacon mi participación. Esto es un avance muy grande, algo que no solo necesitan los cubanos, sino que el mundo entero necesita de nuestras vacunas, de todo lo que se pueda hacer, porque realmente hay millones y millones de personas falleciendo”.

La población está muy entusiasmada, de hecho, vienen, aunque no sea el momento de reclutamiento. Nosotros les damos la explicación de cuándo deben venir, porque siguiendo los protocolos de salud, no podemos tener el policlínico y el sitio clínico lleno de personas, agrega la doctora García Carmenate.

Por ello se ha ido citando paulatinamente, por grupos etáreos, para que la explicación también sea más diáfana, y llegue de forma más certera a los pacientes, dijo.

Hasta el hecho de sacar los servicios del policlínico, que para los pacientes es complicado porque se tienen que mover, también ha sido bien recibido, teniendo en cuenta para qué va a ser utilizado el policlínico y la importancia que tiene, sostuvo la investigadora.

De los pacientes que hemos traído para reclutamiento, no hemos tenido uno que no haya firmado su consentimiento, afirmó.

Que los tiempos que medien sean los necesarios

“No tenemos ni días ni noches, solamente para que los tiempos que medien sean los necesarios”, aseguró la doctora María Eugenia Toledo Romaní.

Entre una dosis y otra del candidato vacunal median 28 días. Es decir, el sujeto se capta, se administra la primera dosis y 28 días después se administra la segunda dosis, para posteriormente evaluar la respuesta inmune. No tendremos descanso para solapar etapas y una vez que veamos que la vacuna funciona y que los sujetos tienen una respuesta inmune adecuada, pasar a una fase III, precisó la especialista.

“En Cuba el principio de la ciencia es el beneficio a las personas, a la población. No se puede ir a un ensayo fase III para probar algo, sino ir con un candidato vacunal que ha avanzado suficientemente como para decir: es seguro y puede funcionar, antes de comenzar a vacunar a la población. Entre otras cosas, cuando las personas están vacunadas, ello puede generar una falsa sensación de seguridad y nosotros tenemos que saber que de verdad estamos protegiendo a nuestra población”, afirmó.

La población tiene que saber que no descansaremos hasta poder entrar en una fase III en el menor tiempo posible, y para ello tenemos el acompañamiento de la autoridad reguladora, del Ministerio de Salud Pública, de todos los centros de investigación e incluso de la población, sostuvo.

Delante, de izquierda a derecha, Doctora Mayra García Carmenate, investigadora coordinadora del sitio clínico 19 de abril de Soberana 02, junto a la Doctora en Ciencias Médicas María Eugenia Toledo Romaní, epidemióloga del IPK, investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02.  Detrás, voluntarios participantes en el ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

La entrevistada comentó además sobre la expectativa de que Cuba vaya a ensayos de fase III con este candidato vacunal, no solamente en el territorio nacional sino en el extranjero. “La idea de que haya una experiencia internacional, además de avalar nuestro producto, tiene que ver con que en el país, la incidencia de casos de COVID-19 es baja en comparación con las cifras internacionales. Para llevar a cabo un estudio de eficacia clínica, es decir fase III, donde se demuestre que los sujetos vacunados se enferman menos que los no vacunados, hay que tener una incidencia de la enfermedad que permita medir esta eficacia y asegurar que nuestro candidato vacunal no es inferior a otros que ya están hoy en el mercado”, señaló.

Nuestra idea es que Cuba se vacune con su vacuna, que los cubanos se inmunicen con la vacuna que nuestra ciencia ha hecho para nuestro pueblo, pero tenemos que demostrar la absoluta eficacia de nuestro candidato respecto a otros en el mundo, dijo.

“La COVID-19 entró sin avisar, no a Cuba, sino al mundo. Por tanto, las capacidades productivas para producir una vacuna específica contra la COVID-19 han tenido que ser creadas en la batalla cotidiana por llegar lo más pronto posible a este resultado. En las facilidades que tienen grandes compañías, las cuales no sufren las limitaciones de un bloqueo económico, probablemente sea muy fácil hacer nuevas capacidades para desarrollar una vacuna. En Cuba todo es más difícil, justamente por el bloqueo que nos ha impuesto el gobierno norteamericano. Si hay que comprar nuevas máquinas, montar plantas, resulta extremadamente difícil por las limitaciones a la hora de adquirir estos productos”, dijo.

No obstante, añadió, nuestro objetivo es contar con una vacuna para toda la población cubana, aunque se vayan vacunando en principio por grupos de riesgo.

Participantes en el ensayo clínico del candidato vacunal cubano Soberana 02. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

La clave sigue siendo la protección individual

Mientras no tengamos una vacuna específica en la cual podamos alcanzar altas coberturas, la protección individual de cada uno de los sujetos, no solo en la calle, sino al interior de los hogares (ante la ocurrencia cada vez mayor de brotes intradomiciliarios), sigue siendo la única solución que tenemos en estos momentos, comentó Toledo Romaní.

Para la Doctora en Ciencias Médicas, “ello no solo debe formar parte de la estrategia de salud sino de los individuos y las personas para protegerse. Hoy toda la población espera cada día saber cuántos casos hay, y ello genera una situación de alarma. Pero lo importante es que eso se traduzca en un comportamiento realmente preventivo. Lo esencial ante la COVID-19 es evitar la crisis sanitaria, que se saturen los servicios de salud, evitar muertes, evitar niños graves… Debemos entender que aun cuando tengamos la vacuna, necesitamos tener altas coberturas de vacunados, para que realmente las personas no se enfermen, y no se contagien los más susceptibles y que mayor riesgo tienen de morir”.

Como ejemplo concreto de lo anterior, la entrevistada hizo alusión a la situación epidemiológica que presentan en estos momentos provincias como Santiago de Cuba y Guantánamo, “provincias que están comenzando a vivir la epidemia en términos de incremento de casos, donde el mayor número de contagios se está produciendo entre los 30 y los 40 años”.

“Hay que saber que los ancianos tienen el mayor riesgo de morir, pero los que enferman a los ancianos son los que mayor movilidad tienen, las personas que están en los centros laborales, escuelas…”, dijo.

En tanto llega la añorada vacuna, la clave sigue siendo la disciplina y protección individual, mediante el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas.

Soberana 02, sobre una plataforma tecnológica conocida

De acuerdo con expertos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), la plataforma tecnológica usada en la vacuna Soberana 02 es el mismo método desarrollado y utilizado en la producción del principio activo de la vacuna cubana conjugada Quimi-Hib. ® (Vacuna conjugada contra el Haemophilus Influenzae tipo b), la cual ha demostrado su seguridad y eficacia en población lactante y se encuentra incorporada en el Programa Nacional de Vacunación desde 2004.

Foto: Cortesía del Instituto Finlay.

Esta tecnología de conjugación ha sido desarrollada durante más de 15 años para diversos candidatos vacunales en el IFV y constituye una plataforma bien conocida y con amplia evidencia de desempeño.

Vale destacar que las vacunas conjugadas como lo es Soberana 02 han tenido un gran impacto en los esquemas de vacunación infantil a nivel mundial, disminuyendo de forma dramática la incidencia de infecciones por bacterias como Haemophilus Influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae.

Asimismo, las vacunas polisacarídicas conjugadas, como Soberana 02, generan una respuesta inmune protectora y de larga duración en la población general, particularmente en aquellos menores de dos años, grupo etario en el que las vacunas polisacarídicas no conjugadas tienen poco o ningún efecto.

De los insomnios y la vigilia. Tarea Ordenamiento y distribución de las riquezas en Cuba

La Tizza
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Jan 18 · 26 min read

Por Joel Ernesto Marill Domenech

Foto: Raúl Cañibano

La llegada del mes de enero y el inicio de la Tarea Ordenamiento no han dejado a nadie indiferente en un país que se ha lanzado a una de sus más grandes transformaciones económicas en los últimos 30 años. Cuando se asientan los primeros polvos levantados por la misma y pueden dilucidarse con más claridad sus implicaciones y defectos, se hace imperioso el análisis crítico de las posibilidades que se abren y las probables consecuencias asociadas. En este trabajo abordaremos los efectos del ordenamiento monetario sobre el llamado sector de la población que comprende los hogares y actividades económicas no estatales — formales e informales — , en especial nos acercamos a los efectos de este sobre el mecanismo económico de distribución de la riqueza social y sobre fenómenos tan complejos y multifactoriales como el desempleo y la inflación. Dejaremos entonces para un trabajo posterior, que completará el presente, las implicaciones del ordenamiento para el sector estatal y las posibilidades que abre para el desarrollo económico de la nación.

El ordenamiento monetario como transformación del mecanismo económico de distribución

Sin lugar a dudas, uno de los debates inolvidables que todo estudiante de Economía en Cuba tiene algún día se da a la altura del segundo año de la carrera — al menos así es en el plan de la Universidad de la Habana — , cuando en una peculiar asignatura llamada «Economía Política de la Construcción del Socialismo» el profesor invita a reflexionar sobre las relaciones de distribución de la riqueza de las economías socialistas — o en tránsito — . En este momento se presenta al estudiante un importante principio teórico — que algunos elevan erróneamente al rango de ley económica — que debería regir la distribución de la riqueza de una sociedad en transición al socialismo: el principio de distribución con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo aportado. Este principio supone que: «la cantidad y calidad del trabajo aportado por cada trabajador deviene el parámetro económico para la distribución de los bienes y servicios creados conjuntamente» (Sánchez Noa, 2007).[1]

En la asignatura se presentaba también a los llamados «fondos sociales de consumo», aquella parte de la riqueza que se distribuía independientemente del trabajo y que tenía el objetivo de cerrar las brechas de ingresos resultado de trabajos dispares, y constituía una seguridad con independencia de la forma en que cada cual se vinculara al proceso de producción. Estos fondos incluían un variado grupo de bienes y servicios, desde la educación, salud y cultura, hasta los bienes básicos de la canasta familiar y los subsidios generalizados al consumo. El mecanismo económico de distribución socialista estaba constituido así por las relaciones que determinaban la forma de distribución de la riqueza social, variando de un modelo a otro en dependencia de las relaciones que otorgaban mayor o menor peso para cada una de las formas de distribución.

Está claro, sin importar qué pudieran decir determinados libros de texto, que en la Cuba de 2019 el trabajo, su calidad y cantidad, no era la fuente fundamental de la distribución de la riqueza en el país. Este elemento contrastaba con las necesidades de nuestra economía de alinear las motivaciones al trabajo y la producción con la realización individual de los trabajadores, en busca de mayores niveles de eficiencia y productividad. Las causas de esta deformación y entendemos por tal una incoherencia con el modelo que desde hace años reconocía la necesidad de este alineamiento — , superaban en gran medida el hecho de ser una herencia del modelo de socialismo cubano de los años ochenta, y se entrelazaban con profundas y complejas distorsiones del entorno monetario-cambiario que hacían imposible avanzar hacia una forma diferente de distribuir la riqueza, aun cuando existiese voluntad política para ello.

Cuando se analizan las economías modernas, un rasgo fundamental que atraviesa a todas ellas, con independencia de su signo político, es la forma monetaria-mercantil en que se desarrolla su proceso de producción. Esta forma implica, entre otro sinfín de elementos, que las economías modernas son economías monetarias de producción y no economías de trueque, por lo que los procesos de producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza social — aun siendo momentos indisolubles de un todo — no se dan de forma lineal y automática, sino que se interrelacionan de forma orgánica mediados por un elemento especial: el dinero. En este escenario, la producción y la realización de lo producido — la venta y luego el consumo — están no solo separadas en el tiempo, sino mediadas por un proceso indirecto de distribución en forma monetaria, sujeto a constantes modificaciones y luchas por la riqueza social creada. A diferencia de una comuna agrícola feudal, las economías monetarias modernas distribuyen lo producido bajo la mediación del dinero, de esta manera los mecanismos monetarios se colocan en el corazón de los canales de distribución de la riqueza y justamente dichos canales son los que intentan ser modificados con la Tarea Ordenamiento en el sector de la población.

La disociación parcial implícita en toda economía monetaria-mercantil entre la producción y el consumo, mediada por los procesos de distribución y circulación, da la posibilidad práctica a los organismos rectores de la economía de actuar sobre el primero de estos procesos — la distribución monetaria — para trasformar la forma y las proporciones en que se accede al fondo común de la riqueza social creada. Esta posibilidad, sin embargo, no es una carta abierta para emplear en todo momento y lugar los movimientos monetarios con el propósito de incidir sobre la distribución de la riqueza. Las propias leyes asociadas a la forma mercantil de las economías modernas condicionan que dichos procesos, cuando son aplicados, suelan provocar grandes niveles de inestabilidad macroeconómica — ej.: los déficits fiscales con impuestos inflacionarios — .[2] Sin embargo, la posibilidad que se abre con el ordenamiento de incidir de forma sustancial y permanente sobre la distribución de la riqueza está asentada en una realidad cualitativamente diferente: la existencia en nuestra economía de un mecanismo distributivo en base a subsidios generalizados y defensor de un patrón igualitarista de acceso a la riqueza social.

En este sentido, la modificación de precios, ingresos y subsidios a lo interno del sector de la población persigue reconvertir tal mecanismo de distribución basado en un sistema de subsidios universales en un mecanismo de distribución basado fundamentalmente en la calidad y cantidad del trabajo aportado y complementado con subsidios focalizados. De esta manera se intenta modificar la forma en que los cubanos accedemos al fondo social común de la riqueza creada.

En virtud del actual mecanismo de distribución dicha riqueza es distribuida con arreglo a un principio igualitarista que beneficia a todo ciudadano cubano por el hecho de serlo, y que va en detrimento de las remuneraciones relacionadas de manera directa con el esfuerzo y desempeño en el trabajo. Este mecanismo de distribución, a la par que obviaba en su implementación las diferencias existentes entre aquellos que sí necesitaban en efecto ayudas del Estado y aquellos que no, va en detrimento de la motivación y el interés por el trabajo, que no puede basarse solo en el compromiso social. Asimismo, viola en el proceso un principio histórico del mecanismo de distribución socialista: «de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo».

Como consecuencia del mecanismo de distribución vigente en la economía nacional, a la par de una tasa de cambio — 1x24 — que históricamente premió a las remesas en detrimento de los ingresos nacionales, se condicionó un sistema de niveles de precios y salarios que beneficiaba a los receptores de ingresos desde el exterior, al acceder mediante estos a un volumen sustancial de productos centralmente subsidiados. Esto constituía un subsidio indirecto — en los bajos precios — a dichos flujos de ingresos externo. Asimismo, el esquema de distribución, a la par del régimen cambiario empleado por las empresas estatales — fijo 1x1 — , dificultaba la posibilidad de incurrir en un incremento sustancial de los salarios que los pusiera en un nivel coherente con el costo de la vida en el país, dado que este incremento afectaría tanto la rentabilidad de las empresas — donde 1USD = 1CUP — , como el equilibrio macroeconómico de la población — ingresos y gastos — , donde permanecían un cúmulo enorme de productos subsidiados, tanto directamente desde el presupuesto, como indirectamente desde la tasa de cambio.

En última instancia, no es solo que el pago del salario estuviera limitado por el crecimiento de la riqueza, sino que lo estaba por la forma en que esta se distribuía, forma que iba contra el salario mismo y en favor tanto de los flujos externos como del igualitarismo. En relación con los flujos de remesas formales, es válido hacer notar que las mismas en 2019, según estimados de Carmona (2020),[3] fueron de 2.177 millones de USD (52.248.000.000 CUP) y representaron 1,8 veces (180 por ciento) el fondo de salarios estatales base anterior a la tarea ordenamiento (28.368.000.000 CUP),[4] mientras que solo representarían el 37 por ciento del nuevo fondo de salario (139.000.000.000 CUP) posterior a la Tarea Ordenamiento.[5] Cambiar el mecanismo de distribución que sostiene estas distorsiones se convierte entonces en una tarea de primer orden en los esfuerzos por poner a la economía cubana en la senda del desarrollo y el progreso.

Una pregunta válida en este sentido podría ser: ¿por qué conociéndose las distorsiones y los beneficios de solucionarlas no se había realizado con anterioridad esta transformación del mecanismo de distribución? Más allá de las razones, justificadas o no, que dilataron el proceso de ordenamiento, la modificación del esquema de distribución era muy compleja de realizarse fuera de este proceso, porque en el notable entramado de subsidios e impuestos en la economía cubana, obligados por la sobrevaluación cambiaria en las empresas — 1USD=1CUP — , la gran mayoría de los subsidios que sostenían dicho esquema de distribución igualitaria estaban contenidos de forma implícita en la tasa cambiaria que subsidiaba al importador, a las empresas del comercio minorista — incluyendo la canasta normada — , los servicios eléctricos, el transporte, etcétera. La corrección devaluatoria en las empresas era y es un elemento necesario y precedente del reordenamiento del mecanismo de distribución, en especial del esquema de subsidios generales, pues permitía transparentar los mismos — nos permite ver cuánto estamos subsidiando — , de manera que estos quedan como una decisión soberana de política económica: en nuestro caso la opción elegida fue una trasformación profunda y radical de dicho esquema.

La idea de que es absolutamente necesario un aumento de la oferta para poder realizar una modificación de los mecanismos de distribución como la comentada no es correcta en rigor, aunque la capacidad de tener respuesta de oferta adicional permite a los decisores de política un mayor margen de acción que en condiciones más restrictivas. Transformar el mecanismo de distribución vigente supondría que, en términos de valor — y por tanto de riqueza — , lo que hoy se reparte mediante ese mecanismo universalista a más de once millones de personas será concentrado en el salario y otras remuneraciones de los poco más de tres millones de trabajadores estatales y cerca de un millón setecientos mil pensionados y asistenciados en el país. Desde esos salarios y pensiones fluiría — se redistribuirá — parte de la riqueza hacia el resto de las actividades del sector de la población — sector privado, asalariados no estatales, agricultura, etcétera — , espacios donde ahora se concentra tal riqueza y que antes era distribuida en base a un mecanismo de subsidios generalizados.

Hablamos aquí de una reconversión del canal de distribución, una modificación de las proporciones en que la riqueza social se reparte, mas para un mismo nivel de riqueza. Las herramientas de dicho mecanismo ya han sido anunciadas: la variación de los precios del comercio minorista — no solo la libreta — y los servicios públicos resultado de la devaluación y la eliminación de subsidios, así como el incremento de los ingresos del sector estatal y pensionados. Como varias veces ha recalcado el compañero Murillo, es en verdad difícil y prejuicioso analizar ambos procesos por separado. El incremento de precios es una consecuencia directa de la eliminación de subsidios explícitos e implícitos — mediante la corrección cambiaria — , a la vez que el incremento de ingresos es una redistribución secundaria de esa riqueza social que antes estaba concentrada en los subsidios y que ahora se redireccionará, vía salarios estatales y pensiones, hacia un grupo mucho menor de los que antes eran subsidiados. Comprender las condiciones de posibilidad teóricas — desde la economía política — y prácticas de este proceso es fundamental para poder analizar las implicaciones del «truco de circulación» que sirve de base para el mismo, así como los posibles riesgos asociados que pueda conllevar su implementación en una situación tan tensa como la actual.

Sin entender este carácter redistributivo de la Tarea Ordenamiento es difícil comprender cómo en un contexto de escasez se pueda hablar de una medida que permita aumentar — aunque sea ligeramente — el nivel de poder de compra de los salarios y pensiones en términos reales, sin para ello poder contar con un aumento consecuente de la oferta real. Esta es, sin lugar a duda, una interrogante legítima sobre la que vale la pena reflexionar.

Entonces, como todo proceso redistributivo que supone un incremento de suma cero, el intento de lograr un aumento del poder de compra efectivo en algunos agentes — asalariados y pensionistas — trae implícita la pérdida de poder de compra de otros actores económicos o flujos monetarios. En un sentido práctico se desarrolla así un «traspaso» de riqueza de forma muy similar a lo acontecido en un «impuesto inflacionario», donde a determinados agentes de la economía se les reduce el monto real de su riqueza — en relación a los ingresos que percibe y los ahorros — mediante el incremento de los precios de bienes y servicios, y dicha riqueza es canalizada a otros agentes mediante el incremento de sus ingresos.

En otro sentido, este traspaso es una medida que no favorece el poder de compra de los ahorros, pero su impacto real no es homogéneo — el aumento de precio no se da en todos los bienes — y por tanto es menor que en otros escenarios. Muchos de los incrementos de gastos corrientes en CUP de los trabajadores y pensionados — servicios básicos, la canasta normada, etcéteraétera — deben ser cubiertos con el incremento de sus ingresos y, en términos prácticos, una parte significativa de los ahorros no suelen emplearse para gastos corrientes de este tipo.

En la práctica, para la gran mayoría de los trabajadores cubanos, para quienes los niveles salariales han rondado siempre los mínimos de subsistencia, si bien el ajuste en el ahorro es negativo, la compensación del incremento del salario real podría tender a la larga a compensar dicho ajuste de forma positiva y en general su posición respecto al consumo cotidiano.

La conclusión aquí es que, si bien el efecto sobre los ahorros es negativo, no es homogéneo y en la práctica será mucho menor para aquellos compensados en la medida.

Las remesas son otro de los flujos monetarios que se ven perjudicados en un entorno de ordenamiento. Las mismas pierden, en términos de moneda doméstica y poder de compra, el subsidio implícito que recibían al acceder a bienes y servicios en un entorno subsidiado y con precios formados mediante una tasa de referencia — 1x1 — sobreevaluada. Al crecer los precios domésticos, pero no los ingresos monetarios en moneda doméstica de las remesas, estas se ven en la práctica afectadas en términos reales.

Es válido señalar, sin embargo, que bajo un esquema de dolarización parcial esta forma particular de ajuste pierde mucho alcance. En la práctica, las ventas en los circuitos de Moneda Libremente Convertible — MLC — no sufren esta pérdida de poder de compra y en gran medida las remesas informales descontarán en la tasa de cambio informal — que ronda los 40cup x USD al día de hoy — gran parte o todo el aumento de precios internos. En un contexto donde la tasa de cambio informal es mucho más atractiva para las remesas que la tasa formal, buena parte de estas irán a parar a dicho mercado, con lo cual se protegen de la pérdida de poder de compra resultado de la medida. Asimismo, a medida que este mercado cambiario internalice la mayor demanda de dólares para comprar en tiendas MLC e importaciones informales provenientes del incremento de los ingresos de los asalariados, puede conllevar a una mayor depreciación de la tasa informal, lo que convertiría a este en un mecanismo que revierta el efecto expreso de la medida y que termine por transferir poder adquisitivo de los salarios a las remesas y no en sentido contrario como hemos argumentado hasta aquí. Solo de lograrse una superación del esquema de dolarización parcial — tiendas en MLC al menos — , elemento este que no se vislumbra por el momento, cobraría mayor sentido y eficacia este ajuste en favor de los salarios.

En términos generales, no podemos hablar aquí de una mejora de la utilidad general en donde nadie se perjudica o donde todos los perjudicados son compensados al menos en el mismo nivel que antes de adoptarse la medida.

El reordenamiento de ingresos y precios del sector de la población implica un proceso de pérdidas sin compensación, y el éxito redistributivo de la medida en favor de los salarios y pensiones depende en gran parte de que esto se logre así. En última instancia, no puede obviarse el enfoque clasista de la medida, su objetivo de ser, aún en las difíciles condiciones actuales, un movimiento en favor de la clase trabajadora y de los salarios como su principal fuente de ingresos.

Aun así, más allá del entusiasmo que pueda generar para los trabajadores lo comentado hasta aquí, no se puede negar el difícil contexto en que se realiza esta tarea y que muchas veces las mejores intenciones no siempre son acompañadas por las condiciones objetivas del escenario en donde deben realizase. No se puede olvidar que, en última instancia, estos reajustes de precios y salarios dentro del ordenamiento monetario constituyen reajustes en los canales de distribución y circulación en base a una oferta agregada que no debe crecer en el corto plazo. Estas condiciones pueden transformar el efecto dinámico de la medida en un escenario de pugnas redistributivas entre diversos actores económicos, en especial en los mercados no regulados, que reduzca el efecto positivo de la misma. El ajuste dinámico del sector no estatal y el mercado informal ante un incremento de la demanda, sus costos y una caída de sus ingresos reales, será un factor de gran importancia a tener en cuenta, pues su impacto será vital para determinar el efecto final sobre los ingresos de la Tarea Ordenamiento en el sector de la población.

Ordenamiento y precios no regulados: los ajustes de circulación y redistribución de la riqueza en el sector no estatal

Como es de esperarse, los ingresos nominales del sector no estatal son otros que se ven perjudicados en términos reales al realizarse el «proceso de ordenamiento». En el mismo no solo se incrementan los costos directos de su actividad económica, sino que enfrentan el incremento general del costo de la vida. Es necesario analizar más a fondo el impacto del incremento de precios sobre los ingresos del sector no estatal, análisis que es en la práctica mucho más complejo que el de remesas y ahorros porque implica considerar el posible ajuste dinámico de los precios de este sector. Este ajuste dinámico es vital en un análisis integral de la medida, pues del mismo depende gran parte del éxito redistributivo de la misma. Veremos entonces algunos elementos que pueden caracterizar dicho proceso.

a) Equilibrio macroeconómico y presiones de demanda agregada

Un tema en el que se ha insistido mucho por parte de los funcionarios implicados en la Tarea Ordenamiento es que la misma se realiza respetando en todo momento los equilibrios macroeconómicos del sector de la población, esto es, en principio el balance de ingresos y egresos de la misma, la disponibilidad de la oferta agregada minorista contra la variación de los ingresos monetarios. Dada la insuficiencia en datos notables — aunque existen algunos como el incremento de la oferta minorista y los ingresos salariales y pensiones — que permitan evaluar, de forma más o menos aproximada, las variaciones en dicho equilibrio agregado que respalda la modificación del mecanismo de distribución antes comentado, sería válido asumir que la medida, dado que fue diseñada de una forma consciente y administrativa, respeta en su mayoría los equilibrios agregados de la población y no incurre en una emisión monetaria superior al incremento proyectado de los egresos nominales — ventas del sector estatal, servicios, impuestos, amortización de créditos, etcétera — ,

Si se analiza a nivel agregado, una compensación de ingresos monetarios — salarios y pensiones — y egresos del sector de la población deja inalterada la cantidad de dinero excedente en circulación (M) y, por tanto, a primera vista pareciese que un ajuste de este tipo no lleva aparejado mayor presión de demanda sobre los mercados no regulados. Nos referimos en lo fundamental a tres de estos mercados: mercado del sector privado urbano, mercado agropecuario y mercado informal.

Si los incrementos de ingresos monetarios — salarios y pensiones — superaran los egresos — incremento de la oferta estatal vía precios — aumentarían las presiones de demanda sobre los mercados no regulados — sector privado — , pues quedaría una demanda excedente que presionase en principio sobre los mismos. De darse el caso contrario — ingreso < egresos — , se lograría entonces una reducción de los actuales desequilibrios agregados. Analizaremos el escenario posterior al ajuste de ingresos y precios bajo el supuesto más plausible, y que hemos sostenido hasta aquí, de que los ingresos crecerán al mismo nivel que los egresos planificados y que, por tanto, no se espera que la medida genere nuevas presiones de demanda agregada.

Si bien las presiones de demanda suponen ser las causas fundamentales bajo las que se analiza el incremento de los precios en la mayoría de las economías, un proceso tan complejo de reordenamiento de precios relativos e ingresos como el que pretende realizarse creará importantes espacios para la aparición de otros tipos de presiones inflacionarias, desde las presiones de costo hasta presiones por vía de expectativas, pasando por las clásicas presiones estructuralistas — pujas distributivas, cuellos de botella, demandas sectoriales inelásticas — y presiones asociadas al incremento de la demanda en determinados mercados por variaciones de los precios relativos — modificación de preferencias y distribución de demanda — . Si bien en un primer momento el incremento de los precios estatales deja determinado margen excedente de poder de compra — redistribuido — para los ingresos incrementados de salarios y pensiones — que vimos antes — , un crecimiento acelerado de los precios no regulados podría eliminar tal efecto positivo e incluso llevar a un empeoramiento del poder de compra de los asalariados y pensionados si estas presiones inflacionarias no se gestionan de manera correcta.

b) Variaciones de precios relativos, preferencias y demandas sectoriales

Un incremento simultáneo de precios e ingresos, más allá de que en sus proporciones se sostengan determinados equilibrios agregados, distorsiona de manera notable la correlación de precios y preferencias entre los diferentes mercados de la economía y ese efecto no puede tomarse por descontado. La idea subyacente aquí es la siguiente: si un producto del comercio minorista en CUP comienza a costar 5 o 10 veces más, hay quienes elegirán dejar de comprar ese producto para demandar productos en la TRD, en el sector privado de la agricultura o como producto importado de manera informal. Muchos consumidores pueden reducir su consumo de aquellos servicios subsidiados — como la electricidad — o bienes que hoy se ofertan en CUP y aumentan de precio una vez que se eliminen los subsidios implícitos o explícitos que sostenían dichos precios.[6] Las combinaciones para este ajuste pueden venir de muchos productos y será muy diferenciada de consumidor a consumidor dada su distribución de preferencias y el ingreso que perciba en el nuevo escenario, lo que sí es imposible negar a la larga es que existirán tensiones para dicho reacomodo. En la práctica, el aumento de la demanda sectorial sobre el comercio minorista — antes en CUC — y los mercados de precios no regulados, crea un escenario propicio para el incremento de fenómenos como la inflación reprimida, colas y escasez en los primeros, así como aumento de precios formales o informales en los segundos.

La cuestión central aquí es: al incluirse en el paquete el aumento de pensiones y salarios más allá del incremento de los precios, se condiciona un escenario donde un grupo nada despreciable de consumidores tendrá una capacidad de demanda sobrante que redireccionar sobre nuevos mercados. Como resulta evidente, existe un grupo de consumidores que tendrá menos poder de compra, aquellos que no reciben ajuste nominal, pero en muchos de los mercados estatales y no estatales no podrá evitarse un incremento de las presiones de demanda, aun en virtud de que se reducirá la demanda en otros mercados. En este sentido, incluso si no existen cambios derivados de la modificación de precios relativos y preferencias, ese mayor poder adquisitivo presionaría a los precios no regulados y al mercado informal de divisas.

c) Puja redistributiva a lo interno del sector de la población

Se da así un proceso bastante complejo: por un lado, el incremento de los precios minoristas reduce el poder real de los ingresos de forma generalizada; sin embargo, el ajuste nominal permite crear una demanda excedente para un grupo de consumidores. Hay que tomar en cuenta que, si bien los asalariados y pensionados son parte de los grupos compensados, los productores privados, agropecuarios y el mercado informal en general — que dada las condiciones de los mercados minoristas cubanos tienen una enorme capacidad para la fijación de precios — se encuentran entre los grupos que ven su ingreso real afectado por la medida. Esos actores de los mercados no estatales no solo verán un incremento de sus costos reales para algunos insumos, sino que verán un incremento no compensado de los costos de vida a los que deben enfrentarse en los mercados estatales. Este no es un proceso menor, pues se da así la conjunción de que aquellos a los que se les otorga mayor poder de compra son demandantes netos, mientras buena parte de los no compensados por la medida son productores, oferentes y fijadores de precios.

Este análisis supone que, aunque a nivel agregado no se crean presiones de demanda sobre los mercados no regulados, en la práctica el proceso de recolocación del poder de compra antes visto y en un escenario donde los productores están entre los afectados y los demandantes entre los compensados, crea condiciones para una compleja pugna redistributiva que intente recolocar de nuevo el poder de compra, vía dinámica de precios no estatales, en las formas anteriores a adoptarse la medida. Esta pugna redistributiva es un proceso muy común en las economías latinoamericanas, en los procesos de devaluación o en la indexación[7] nominal de los salarios. En condiciones de mercados imperfectos, con características oligopólicas, dominados por la oferta y con un excedente de demanda de los consumidores, están creadas todas las condiciones para un incremento de precios en el sector no estatal que reduzca el poder de compra excedente que en un principio la medida pareciera haber otorgado a los asalariados.

d) Aumento de costos del sector no estatal. Insumos y costos laborales.

Por otra parte, existe un proceso ya comentado por el propio jefe de la Comisión de Implementación como una de las posibles presiones del aumento de precios en el sector no estatal: el incremento de costos en los insumos del sector. La respuesta dada por el compañero Murillo sobre cómo gestionar dicho escenario, bajo condiciones de imposibilidad de aumentar la oferta doméstica, se centró en un ajuste de la carga tributaria del sector privado y la alusión a que el mercado no siempre permitirá transmitir una elevación de costos sustancial.

Sin embargo, hay que sumar a lo anterior que el sector no estatal enfrenta un shock de costos más allá del efecto directo sobre el costo de los insumos y el efecto indirecto del aumento del costo de la vida. El sector no estatal enfrenta un aumento de costos laborales, al aumentar tanto el salario mínimo como los pagos del mayor demandante de fuerza de trabajo en nuestra economía, el sector estatal. Este proceso fuerza el alza de los costos salariales del sector no estatal en función de retener y ampliar mano obra, costos que a la larga intentarán traspasar a los consumidores en un contexto de exceso sectorial de demanda. Un incremento salarial en el sector estatal representa siempre un ajuste indirecto sobre el resto de los salarios en la economía y una forma de regular igualmente el pago de un salario digno en todas las formas de propiedad, pero este ajuste en presencia de mercados asimétricos donde los productores sostienen amplias facultades para traspasar sus costos a los consumidores finales, puede recaer en una mayor presión de incremento de precios en los mercados no estatales.

d) Presiones estructuralistas sobre el sector agropecuario

En un sentido similar al proceso de recolocación de demanda antes comentado, está un tipo de presiones de corte estructuralista. Las mismas están dadas por el incremento acelerado de la demanda urbana, donde se concentra la mayor parte de los salarios del sector estatal, lo que repercutirá en un incremento acelerado de la demanda de bienes agrícolas. Más allá de la recolocación de demanda en virtud del efecto del cambio de precios relativos, no es posible olvidar que el incremento de salarios y pensiones ocurre sobre los estratos más bajos en términos de ingreso de nuestra sociedad, donde la propensión marginal al consumo, es decir, la parte del ingreso destinado al consumo y no al ahorro, es mucho mayor y donde la gran mayoría de los gastos están orientados hacia la alimentación y bienes de primera necesidad. En este contexto se crean todas las condiciones para una inflación estructuralista en los precios del sector agrícola, donde el rezago de la oferta ante un crecimiento sustancial de la demanda se reconvertirá en una presión excedente sobre el ya deprimido agro cubano.

El crecimiento de los ingresos urbanos, tanto industriales como de servicios, por encima del incremento de la oferta agraria, más allá de que se logre un equilibrio macro, tenderá a modificar los precios de intercambio relativo entre el campo y la ciudad en favor de un aumento de los precios de los productos del primero.

Este proceso se maximizará más aun en el corto plazo, en donde la producción agraria, a diferencia de la pequeña producción industrial, manufacturera o de servicios, se encuentra limitada por una oferta inelástica — que aun con la existencia de insumos estará limitada para crecer por las propias características de los plazos del ciclo productivo en dicha rama — y sujeta a los rendimientos marginales decrecientes de la tierra.[8]

e) Mercado informal, cambiario y de bienes importados.

Por último, es válido llamar la atención sobre el posible efecto de la Tarea Ordenamiento sobre el mercado informal de divisas y de este sobre el consumo, pues no puede desestimarse el papel fundamental de este mercado en la determinación del poder de compra real de los trabajadores y pensionados, más aún en una economía parcialmente dolarizada como la nuestra. Es incuestionable que en un escenario de inestabilidad de la oferta interna en moneda local, tanto de insumos como de bienes de consumo, y en presencia de una oferta mucho mayor y atractiva en MLC en el comercio minorista estatal y de productos importados informales, existirá una tendencia al redireccionamiento de desequilibrios sobre el mercado informal de divisas, asociados al crecimiento exponencial de los ingresos en moneda doméstica y la consecuente demanda de moneda extranjera para los fines antes planteados.

Este movimiento presupone un muy probable escenario de depreciación cambiaria informal y encarecimiento, en términos de moneda doméstica, de bienes importados informales y en venta en el comercio en MLC, lo que supondrá de forma implícita un efecto reductor sobre el consumo real de los ingresos en moneda local.

Este proceso de pérdida de poder de compra de los ingresos en moneda doméstica con motivo de la depreciación cambiaria informal tendería a realizarse en las más disímiles ramificaciones. Desde el ya comentado encarecimiento directo de productos importados informales, de las compras en MLC en términos de ingresos en moneda nacional, hasta el crecimiento de los costos en moneda doméstica para la adquisición de insumos del sector no estatal y la consecuente presión sobre los precios finales de los productos. Ya vimos que, en este escenario, flujos tales como las remesas y otros ingresos informales en moneda externa — como los asociados al turismo — recibirán un mercado para descontar en la tasa de cambio el aumento de los precios internos y revertir en alguna medida — o incluso en su totalidad — el efecto positivo de la Tarea Ordenamiento sobre salarios y pensiones. En este escenario la tasa de cambio informal, como variable de política económica, no puede dejar de ser tomada en cuenta para la evaluación integral de los efectos conjuntos de la medida y las posibles correcciones de política para la mitigación de los efectos negativos asociados a la misma.

Comentarios finales sobre la Tarea Ordenamiento en el sector de la población

Como hemos visto, el ordenamiento monetario abre un nuevo periodo en lo que corresponde a las relaciones económicas socialistas de distribución, ponderando el peso del ingreso relacionado con la calidad y cantidad del trabajo sobre la distribución mediante fondos de consumo social y un mecanismo universalista de subsidios generalizados. Desde esta perspectiva, el ordenamiento no solo da hoy un impulso importante en favor de la eficiencia y la motivación al trabajo, sino que crea las condiciones para que cada incremento de la riqueza social en el futuro sea distribuido de una forma más justa y adecuada con las necesidades del desarrollo del país en el largo plazo.

Si bien a nivel agregado se puede lograr la apariencia de una compensación de ingresos y egresos, a nivel micro existen condiciones reales para un incremento de precios del sector no estatal — privado urbano, agrícola y cambiario informal — , incluso más allá del diseño planificado, que opere en sentido contrario a los beneficios en términos de poder de compra que la medida trata de otorgar a los trabajadores estatales. De igual forma, elementos tales como mayor inflación reprimida y ahorro forzoso ante la imposibilidad de realizar los nuevos ingresos en el comercio minorista estatal serían igualmente efectos negativos y no cuantificables asociados al reacomodo de la demanda doméstica derivada del incremento de los ingresos y los cambios de precios relativos.

Esto en ningún momento supone un llamado a la satanización del sector no estatal ni a la implantación de controles de precios indiscriminados y eternos en los mercados no estatales agrícolas y urbanos, aun cuando es atributo de la soberanía implementar tales regulaciones en determinadas etapas del proceso. Se trata, ante todo, de un intento de sistematizar las complejidades que un proceso como este tiene en las condiciones tan difíciles de nuestra economía actual. Es necesario tener claro que llevar adelante una política tan ambiciosa, que pretenda mejorar, al menos ligeramente, la capacidad de compra de asalariados estatales y pensionados, en las condiciones actuales supone una tarea harto compleja y llena de dificultades que pueden no desaparecer en el corto plazo.

El carácter de redistribución monetaria bajo una oferta inelástica — que no crece para responder a la demanda — de la reforma, la convierte en un proceso de reorientación del poder de compra bajo un juego de suma cero. En el mismo, los oferentes del sector no estatal con capacidad de fijar precios participarán, de conjunto con demandantes con capacidad de compra incrementada, en la redistribución final de un producto social finito en donde tendrán un papel fundamental la reacción de los precios de los mercados no regulados y la depreciación de las divisas informales. Si bien es indudable el carácter clasista de la medida en favor de los asalariados y pensionados, las pugnas redistributivas a lo interno del sector de la población son difíciles de manejar sin la capacidad de aumentar la oferta estatal — comercio minorista en general — como mecanismo regulador de esta pugna en favor de los trabajadores.

Es imposible dejar de anotar que, si bien a nivel teórico las potencialidades de esta redistribución interna son muy positivas y alentadoras, el escenario tan complejo en el que debe ser implementada arroja muchas sombras sobre las expectativas a tener en un proceso tan difícil como este. Como toda tarea humana el ordenamiento será un proceso no exento de errores. La posibilidad de una redistribución en favor de los salarios y pensiones tiene que concretarse con una implementación fina que, si bien puede no lograr todos los beneficios que se hubiesen alcanzado en mejores condiciones, dado el escenario actual, debe crear las bases para avanzar de forma más expedita y redistributivamente más justa y eficiente en el futuro.

La grandeza y éxito del ordenamiento no estará, en definitiva, en lo perfecto y meticuloso del «diseño» realizado, sino en la capacidad de adaptarse y corregir lo que no se vio. Impera entonces ser humildes en este sentido y reconocer la importancia del control popular y la democracia participativa en la implementación de un proceso que no puede tener éxito si se realiza de espaldas al pueblo.

Como revolucionario e hijo de familia obrera y asalariada estatal no puedo sino esperar y desear el éxito de la medida. Pero como economista tengo que cuestionarme también las capacidades reales de éxito que tenemos, en vistas de que nos encontramos en el peor escenario económico que ha enfrentado el país en los últimos 20 años. Sin dejar de reconocer la necesidad histórica — como una cuestión de justicia con la clase trabajadora que es la que sostiene este proyecto de país — y audacia en las condiciones actuales, un análisis general me hace ser cauteloso en torno a las expectativas sobre el proceso, mas esto no me impide tener esperanza en el futuro que abre para el desarrollo de la Patria.

Notas:

[1] Sánchez Noa, Ramón (Coordinador) (2007): Economía Política de la Construcción del Socialismo: Fundamentos Generales. La Habana. Editorial Félix Varela.

[2] En un sentido práctico, una forma común de redistribución de las riquezas mediante movimientos monetarios son los llamados «impuestos inflacionarios» en que incurren los gobiernos al financiar los déficits fiscales con la creación de dinero (monetización). En estos procesos la nueva riqueza social que pasa a manos del gobierno al incurrir en dichos déficits es, en muchos sentidos (déficits es, en muchos sentidos), equivalente a la pérdida de riqueza en otros sectores producto del incremento de precios asociados a los mismos.

[3] Carmona Seguí, Michel (2020): Mercado informal de divisas en cuba. Tesis de Grado de Diploma. Facultad de Economía.

[4] Murillo, M. (2020). Mesa redonda del 11 de diciembre de 2020.

[5] Cubadebate (2020): Claves sobre la implementación del ordenamiento monetario. Recuperado de: www.cubadebate.com

[6] Nos referimos aquí al efecto sustitución de la ecuación de Slutsky: la variación de la demanda (sobre cada mercado) provocada por una variación de los precios relativos entre dos bienes. Varian, Hal (2010): Microeconomía Intermedia. España. Antoni Bosch, editor, S.A

[7] Un esquema donde los salarios se indexan a los precios y por ello los incrementos de estos (normalmente medidos en el IPC) conllevan un incremento nominal de los salarios en el periodo siguiente.

[8] Ampliar la producción agrícola implica en muchas ocasiones pasar a la explotación de peores tierras en donde será necesario una mayor inversión de capital para obtener un mismo nivel de producto, a este proceso David Ricardo le llama «rendimientos marginales decrecientes» en la agricultura.