Camagüey, 8 sep (ACN) Más de mil 140 solicitudes para la entrega de tierras en usufructo se radicaron, desde abril de este año hasta agosto último, en la provincia de Camagüey, a partir de nuevas decisiones emitidas por las máximas autoridades del Ministerio de la Agricultura (MINAG), para potenciar la producción de alimentos en Cuba.
Esos pedidos se incluyen entre los cinco mil 496 registrados, de los cuales tres mil 643 resultaron aprobados por la delegación del MINAG en el territorio desde la aplicación en octubre de 2018 del Decreto Ley 258, sobre la posibilidad de los usufructuarios de vincularse a las empresas agropecuarias o bases productivas, oportunidad que antes solo tenían algunas personas jurídicas.
Ante el impacto económico de la COVID-19, en el país y el mundo, urge fomentar la producción nacional de alimentos, de ahí que a partir de la incidencia de la pandemia el periodo para la tenencia de la tierra se simplificó a 15 días, y los beneficiarios se mantienen vinculados a las entidades hasta el cumplimiento de los tres meses que dura el proceso de contratación.
Elizabeth de la Cruz Ramos, especialista del Departamento Provincial de Control, Tierra y Tractores del MINAG, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que en este caso se entregan tierras disponibles, y otras deficientemente explotadas aunque correspondan a algún programa en desarrollo, previa conciliación por un tiempo determinado con el usufructuario.
Al cierre del octavo mes del año, en cumplimiento del Decreto Ley 258/2018 se ocupan en Camagüey 116 mil 077 hectáreas (ha), de las cuales más de 20 mil corresponden a las solicitudes realizadas desde abril hasta agosto, comentó la especialista.
Los principales usos, precisó, están asociados a la cría de ganado mayor, con 54 mil 427 ha en explotación, y a los cultivos varios con siete mil 786 ha, donde laboran dos mil 437 y más de mil usufructuarios, respectivamente.
En tanto se registran hasta la fecha mil 64 solicitudes para ampliar la extensión de las fincas.
De la Cruz Ramos señaló que a partir de la entrega de la tierra y según lo que se pacte en el contrato de usufructo, se da un término de seis meses a un año para poner en explotación al menos el 60 por ciento de la cantidad otorgada, de no cumplir este requisito, es considerado el hecho como una ilegalidad.
En el último Balance Anual de la Tierra para evaluar el cumplimiento de esa y otras obligaciones, se determinó extinguir el contrato de usufructo a 967 personas, aplicar multas a 97 y enviar advertencias a otras mil 88, señaló la especialista.
Las principales causas, dijo, incluyeron el incumplimiento de los planes de producción, el impago del tributo a la filial del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, y la construcción de bienhechurías ilegales como viviendas, casas de vaquerías y cochiqueras, las cuales deben contar con el aval de las autoridades de Planificación Física.
De las cinco mil 496 solicitudes registradas en la provincia de Camagüey desde octubre del 2018 hasta agosto último, la mayoría la realizaron hombres, en tanto mil 317 corresponden a mujeres.
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