Cuba Economic Review
Dr Pavel Vidal, Profesor de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia)
Dr Ricardo Torres, Economista cubano basado en Washington D. C.
El análisis de la situación actual de Cuba ofrece pocas certezas, pero algunas resultan difíciles de ignorar. Los cambios cosméticos o meramente incrementales no bastan para sacar a la Isla del marasmo actual. Al mismo tiempo, la acumulación de problemas es tan amplia que, incluso bajo condiciones favorables, cualquier proceso de transformación deberá partir de una agenda clara de prioridades. No se puede cambiar todo al mismo tiempo: será necesario identificar las medidas iniciales que ordenen el proceso, generen confianza y produzcan resultados tangibles. El deterioro acumulado de la infraestructura, la profundidad de la crisis productiva y energética, la magnitud de las distorsiones macroeconómicas y el costo social ya acumulado hacen evidente que las tareas pendientes son demasiadas para abordarlas simultáneamente.
A ello se suman restricciones severas de recursos financieros, de tiempo político y de capacidades institucionales para diseñar, coordinar e implementar las transformaciones. Por esa razón, en lugar de pensar en una agenda de cambios total y simultánea, sería necesario jerarquizar las reformas y ordenarlas en fases.
En ediciones anteriores hemos propuesto distinguir tres momentos: una primera fase de estabilización y transformaciones de emergencia, una segunda de reactivación productiva y una tercera orientada a redefinir de manera más estratégica el modelo de desarrollo económico y social del país.
Para un horizonte aproximado de tres años, la fase inicial debería concentrarse en frenar el deterioro económico y social; favorecer la expansión del sector privado como principal motor inmediato de empleo e ingresos; corregir los precios relativos y la tasa de cambio para restablecer señales económicas básicas; generar condiciones mínimas de confianza y previsibilidad para la inversión; y aprovechar al máximo cualquier oportunidad derivada de una eventual flexibilización de sanciones y de una mayor apertura externa. En conjunto, estos objetivos definen una fase que no debe entenderse solo como la típica estabilización monetaria, sino como un esfuerzo más amplio de contención de la crisis, de reconstrucción de capacidades básicas y de preparación del terreno para reformas más profundas.
A continuación, se enumeran nueve criterios que podrían servir de base para la selección de medidas que podrían implementarse en la primera fase:
1- Gravedad del problema que se busca corregir
Se priorizarán las reformas orientadas a enfrentar los desequilibrios más severos y las deficiencias más urgentes de la economía cubana. Por ejemplo, la crisis energética, la falta de alimentos y las distorsiones cambiarias (por sus implicaciones en todo el aparato productivo) deberían recibir atención preferente.
2- Capacidad institucional para su implementación
En una fase inicial se priorizarán medidas cuya implementación, supervisión y coordinación exijan menores niveles de capacidad institucional. Las reformas más complejas, desde el punto de vista administrativo, regulatorio o de ejecución, podrían posponerse a fases posteriores. Por ejemplo, eliminar restricciones a la empresa privada, levantar topes de precio o cambiar regulaciones laborales puede ser más viable en el corto plazo que rediseñar por completo el sistema bancario o el de pensiones.
3- Posibilidad de movilizar recursos financieros para su implementación
Se favorecerán las medidas cuya puesta en práctica pueda apoyarse en recursos disponibles o con probabilidad razonable de obtenerse en el corto plazo, ya sea mediante la flexibilización de sanciones, créditos, la llegada de inversión, la generación o el ahorro de divisas, una mejor reasignación de recursos internos o la ayuda o asistencia internacional.
4- Disponibilidad de infraestructura y de capital físico
Tendrán prioridad las reformas en sectores o actividades que ya cuenten con una base mínima de infraestructura, equipamiento, capacidades logísticas o activos físicos aprovechables. Esto reduce los costos de arranque, facilita la implementación y permite obtener resultados en plazos más breves. Por ejemplo, el turismo dispone de hoteles e infraestructura ya instalados, mientras que la reconstrucción total del sector energético exige grandes volúmenes de inversión.
5- Compatibilidad con las restricciones demográficas y de capacidades humanas
Se dará prioridad a reformas acordes con la disponibilidad de la fuerza de trabajo, los perfiles ocupacionales y las capacidades técnicas del país. La emigración, el envejecimiento poblacional y las brechas de calificación limitan la viabilidad de transformaciones que demanden grandes volúmenes de mano de obra o de profesionales altamente especializados. En este caso, se podría priorizar el turismo y la agricultura antes de intentar desarrollar industrias manufactureras complejas o servicios altamente especializados.
6- Efecto multiplicador sobre el resto de la economía
Recibirán mayor prioridad las reformas que, al aplicarse en un ámbito específico, generen encadenamientos positivos en otros sectores o ayuden a corregir simultáneamente varios cuellos de botella. Se trata de privilegiar medidas con capacidad para destrabar procesos más amplios de estabilización y reactivación. Por ejemplo, corregir la tasa de cambio, mejorar la disponibilidad de energía o eliminar monopolios en la agricultura y en el comercio exterior puede tener efectos simultáneos sobre la producción, el abastecimiento, las exportaciones, el empleo y la recaudación fiscal.
7- Rapidez esperada de los resultados
En la primera fase deben privilegiarse medidas capaces de producir efectos relativamente rápidos en la estabilización, la oferta productiva y el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, y que puedan generar confianza y apoyo a los cambios. Por ejemplo, desplegar la generación de emergencia (plantas eléctricas flotantes), garantizar el suministro de combustible o eliminar barreras regulatorias a la actividad empresarial privada tendrían resultados más rápidos que las reformas institucionales de gran alcance.
8- Efecto sobre el bienestar y la legitimidad social de las reformas
Se priorizarán las reformas que contribuyan de manera más clara a detener el deterioro del bienestar, a proteger a los grupos más vulnerables y a distribuir de forma más equitativa los costos del ajuste. También se valorará su capacidad para mantener la legitimidad social, dado que las reformas que concentran sus beneficios en pocos actores o trasladan desproporcionadamente sus costos a los hogares tienden a perder respaldo y a enfrentar mayores riesgos de bloqueo o de reversión. Por ejemplo, actualizar las pensiones y los salarios del sector público, reforzar la asistencia social o mejorar la disponibilidad de energía.
9- Evidencia y antecedentes internacionales favorables
Se priorizarán reformas respaldadas por experiencias internacionales exitosas o por lecciones comparadas útiles para su diseño e implementación. La evidencia internacional no sustituye el análisis del caso cubano, pero sí ayuda a identificar políticas con mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, existe amplia evidencia a favor de mejorar la eficiencia del gasto fiscal, focalizar los subsidios, corregir los regímenes cambiarios y fortalecer los incentivos en la agricultura, en el sector privado y, en general, en actividades de pequeña escala.
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