En diálogo con Humberto Pérez, el autor del blog propone considerar una serie de cálculos preliminares relativos al monto de valor adicional para el que habría que asegurar respaldo material extra.
2 de julio de 2017
Estimado Humberto,
Muchas gracias por tus valiosos comentarios e igualmente por trasladarme los comentarios y el texto de Lázaro González sobre el salario, los cuales responderé en un una nota separada.
En relación con tus comentarios sobre mis dos textos (“El mercado, lo privado, y la desigualdad: del relato al dato”, 14 de junio de 2017, Ver aquí; y “Los salarios estatales en Cuba: ¿cálculo residual o condición indispensable?”, 23 de junio de 2017, ver aquí), conviene aclarar que el primero de ellos (14 de junio) esboza una propuesta que incluye –entre otros aspectos- cuestiones relativas al empleo, los salarios y las pensiones, pero el segundo texto (23 de junio) –enfocado en el salario mínimo- no es una nota de carácter propositivo. En este último texto me limité a retar tres premisas y a plantear una hipótesis sobre una cuestión que creo que es central y sobre la cual parecen existir discrepancias entre los colegas que han abordado el tema de los salarios en el país ¿Qué es el salario mínimo y cómo debe determinarse en Cuba?
Es decir, en mi texto de 14 de junio no he propuesto elevar el salario mínimo a 2000 pesos. La cifra se relaciona con una reflexión sobre el tema, y no con una propuesta para implementarla. Ese es un cálculo que se ha hecho sobre el costo de la canasta básica con datos para un área específica (Ver aquí “Remesas y pobreza desde la perspectiva de género”, Blanca Munster IPS. 30 de diciembre de 2015.)
Asumo que el estimado resultante de ese caso de estudio pudiera identificar aproximadamente el costo de la canasta básica promedio del país y que por esa razón, esa cifra pudiera ser tomada razonablemente como el punto de partida para una discusión sobre el salario mínimo en el país.
Ya sé que no es un dato nacional, pero al menos es un dato concreto, lo que considero que es más apropiado que seguir haciendo una discusión “en el aire” sobre el salario mínimo en Cuba. Ojalá que alguien pudiera aportar una cifra precisa sobre el costo promedio nacional de la canasta básica en Cuba. Cada vez que alguien dice que 2000 pesos no es una cifra adecuada, me limito a responder con una pregunta: ¿Cuál es entonces la cifra correcta?
Por cierto, ese es un dato que se calculaba y que se divulgaba en Cuba y de hecho existía más de una metodología para hacerlo. Recuerdo ahora la metodología elaborada por Rita María Castiñeiras. (“Conceptos y Metodología para la construcción de la Canasta Básica en Cuba”. Documento publicado en Cuba Siglo XXI. 2006 https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/castineiras_300906.pdf )
Supongo que la canasta básica se sigue calculando en alguna institución oficial, pero lo cierto es que, desde hace años, el dato no se divulga.
La propuesta concreta de cifras relativas a empleo, salarios y pensiones solamente las hice en el texto de 14 de junio:
Reducción del peso relativo del mercado estatal, hasta alcanzar un nivel del 50 por ciento del empleo nacional en 2021 (reducciones ulteriores pudieran ser necesarias, en dependencia de un análisis concreto de los resultados obtenidos)
Elevación progresiva del salario medio estatal hasta un nivel de 2800 pesos mensuales en 2021 y las pensiones medias hasta un nivel de 1000 pesos, también en 2021.
Planteas, de manera precisa y racional, la preocupación respecto a una posible insostenibilidad de esas medidas debido a su eventual naturaleza inflacionaria y perturbadora del equilibrio macroeconómico.
Es una preocupación que comparto plenamente.
Abordaré por separado el tema de los salarios y el de las pensiones.
Sobre los salarios
Las cifras que mencionas en tu comentario son las siguientes: en 2021 “un salario medio mensual de 2800 pesos y estimamos que, debido a que una parte de los actuales trabajadores estatales habrán pasado al sector no estatal, el total de trabajadores promedio estatales se habrá reducido a 2 millones 700 mil, el Fondo total de salario devengado en el año será de 92 700 millones de pesos”
He utilizado un cálculo distinto. Usando cifras redondas, el número actual de empleados estatales es de 3,5 millones y este se reduciría en 50% para alcanzar la cifra de 1,75 millones en 2021, lo que equivaldría a un gasto de salario de 58800 millones de pesos (2800 pesos mensuales X 12 meses X 1,75 millones de trabajadores).
Lo que interesa a los efectos de la inflación es el “respaldo material”. Una forma de discutir el asunto es tratar de identificar el gasto adicional por concepto de mayores salarios estatales, pero lo que interesa es el “neto”, es decir, al incremento por el aumento de salarios (que aumentaría la demanda) debe deducirse los 30800 millones de pesos que ya tienen respaldo material y también debe deducirse el ahorro que pudiera hacerse en algunas partidas de gastos del presupuesto (por ejemplo, una parte de los subsidios que otorga el presupuesto) que pudieran transferir hacia los salarios incrementados una parte de la demanda que ya tiene hoy respaldo.
Una vez calculado el “neto”, sería cuestión de ver cómo el incremento del gasto de salarios se compara con eventuales incrementos de productividad, que sería la fuente que garantizaría el “respaldo material” del incremento neto de la demanda asociada al aumento de salarios.
A continuación, he preparado una tabla que ilustra esta situación.
Es un cálculo “grueso” que solamente tiene el propósito de explorar, de manera aproximada, la factibilidad de la propuesta. Naturalmente, habría que hacer cálculos más precisos (para algunos componentes no disponemos de cifras), pero asumo que el cálculo “grueso” ofrece una perspectiva que probablemente no cambiaría mucho si se introdujesen precisiones posteriores en el cálculo.
El periodo que se calcula es de 5 años (cinco incrementos). Se ha tomado como año base 2016, pero el punto de partida pudiera ser modificado.
Otros supuestos son:
Los trabajadores que salen del sector estatal encuentran empleo en entidades fuera del sector estatal (empresas privadas, empresas mixtas y cooperativas) que son capaces de contribuir para asegurar el respaldo material a los salarios que pagan.
Se produce un incremento general de la productividad
Por ejemplo, en la última línea aparece la cifra de 58800 millones (M), pero esta se ajusta en la columna “F” deduciendo el fondo salarial para el cual ya existe hoy respaldo material (30800 M). La nueva cifra calculada (28000 M) es la demanda adicional que existiría por el incremento de salarios.
A la cifra de 28000 M se le hace un ajuste adicional, eliminando una parte del gasto de subsidios incluidos en el presupuesto, para los cuales existe hoy un respaldo material. En la tabla, se deduce 10000 M por concepto de eliminación anual de subsidios. Es una demanda que “sale del circuito”. (Nota: los subsidios actuales son de aproximadamente 14000 M, de manera que solamente se ha considerado la deducción de una parte de ellos).
La nueva cifra recalculada es de 18000 M, es decir, lo que se adicionaría a la demanda de manera neta en 2021 (18000 M) seria aproximadamente un monto equivalente al 60% del gasto total de salarios del año base (2016).
Entonces, al final la cuestión se resume en cómo se pasaría desde un nivel de gasto salarial de 30800 M (demanda neta) en el año base 2016, a generar el nivel de 48800 M de gasto salarial (demanda neta) en 2021 (30800 M con respaldo previo de demanda + 18000 M de nueva demanda neta adicional que requiere respaldo extra).
Pasar de 30800 M a 48800 M (en 5 incrementos) equivale a una tasa de crecimiento anual de 9,64% (casi 10%)
Si la tasa de crecimiento de la productividad es igual o superior a 9,64% anual, entonces se asume que puede resolverse el “respaldo material” (nota comparativa: entre 2007 y 2012 la productividad creció en China a una tasa anual del 9,5%, y posteriormente se redujo a niveles del 7%. No digo que ello tenga que ocurrir necesariamente en Cuba, lo que digo es que se trata de una tasa que pudiera esperarse en el contexto de una reforma económica).
Si la tasa de crecimiento de la productividad fuese inferior a 9,64%, pero superior al 7%, pudiera existir un rango “confortable” de gestión macro (ligera inflación, menor al 3%).
Pero inclusive una tasa de 6% de crecimiento de la productividad haría “manejable” el incremento de salarios (una inflación “pasable”, aproximadamente menor al 4%)
En cualquier caso, sería aconsejable reducir aún más la demanda, preferiblemente por la vía de ahorros en gastos actuales del presupuesto, que serían adicionales a los 10000 M de ahorro que ya han sido utilizados en los cálculos anteriores.
Un área posible es la de los gastos de administración pública, que, con un nivel de 4213 M en 2015, se triplicaron entre 2010 y 2015 (cifras nominales, sin tomar en cuenta la inflación).
Otros ahorros de gastos también serían factibles en el marco de un presupuesto con un nivel de gastos totales (64000 M) donde un ahorro de 1000 M representa solamente una reducción de 1,5% del gasto total del presupuesto.
Por ejemplo, con un ahorro adicional de 3000 M, la demanda neta adicional del incremento de salarios pudiera reducirse hasta 15000 M (18000 M -3000 M), lo que hace que el incremento de demanda adicional sería desde 30800 M en 2016 a 45800 M en 2021 (30800M + 15000 M), lo cual equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 8,25%, que es el nivel que tendría que ser igualado por el incremento de la productividad para evitar inflación. Ello haría un poco menos tenso el manejo de la política macroeconómica, en comparación con la tasa de 9,64% antes mencionada.
Este un punto importante: una reforma que se proponga reducir en 50% el empleo estatal en 5 años se hace para alcanzar el crecimiento de productividad que no ha sido posible asegurar con el modelo actual.
Obviamente, se requiere de una decisión política para implementar una reforma institucional de ese tipo y magnitud –incluyendo lo regulatorio- y me queda claro que todavía no existe esa decisión y no creo que vaya a producirse en los próximos doce meses.
Cuando se adoptó en la propuesta que he hecho el período 2016-2021 fue básicamente para indicar lo que debiera hacerse en cinco años, pero estoy consciente de que eso no va a ocurrir en ese plazo especifico. Más que un periodo preciso, es por tanto una manera de destacar la importancia del factor “tiempo” en la reforma.
Sobre las pensiones
La cifra de 1000 pesos que he sugerido es una cifra moderada. Significa que una pensión solamente serviría para pagar la mitad de una canasta básica familiar. O sea, si el pensionado debiera encargarse de alguien más, entonces hay uno de los dos que no pudiera comer con lo que se paga por una pensión, y por tanto, tendría que recibir ayuda de la familia, del presupuesto, o de ambas cosas.
La cifra pudiera ser discutible, pero no es irracional. Es una cifra que apenas pudiera estar protegiendo a muchos jubilados de la indigencia. De nuevo, es una manera de tratar de estimular que la discusión sobre las pensiones no se haga “en el aire”, ni solamente desde una perspectiva presupuestaria (disponibilidad de fondos).
Lo que trato de decir es que un jubilado tiene derecho a vivir dignamente de su jubilación (además de los servicios públicos que reciba) con independencia de lo que piensen los funcionarios que manejan el presupuesto y la macroeconomía.
En mi texto no dije cómo pudiera ser viable llevar las pensiones de 270 pesos mensuales a 1000 pesos. No tengo una propuesta específica para ello porque no soy un especialista en ese tema.
Creo que se trata de uno de los retos más complicados del país y en mi modesta opinión no va resolverse mientras se mantenga el actual modelo de “reparto simple sin reserva de contingencia”. Me inclino a pensar, aunque no tengo una opinión acabada, que de alguna manera habría que pasar a una reforma estructural de pensiones, sustituyendo el modelo actual por otro mixto, con dos pilares.
Carmelo Mesa Lago ha escrito sobre el tema. Para algunos colegas pudiera ser discutible lo que ha planteado, pero me parece que es muy atendible el diagnóstico que hace Mesa Lago sobre los problemas del sistema actual y sobre la improbabilidad de que se resuelvan mediante el mero ajuste de parámetros, como se ha hecho hasta ahora. El envejecimiento demográfico –que es un problema serio en Cuba- “tiene efectos adversos en la sustentabilidad financiera a largo plazo de las pensiones”. Ver aquí, de Mesa Lago,“Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Cuba” CEPAL, 2012; y del mismo autor ver aquí “El estado actual del bienestar social en Cuba (I)”, Cuba Posible, 15 de marzo de 2017.
Lo que trato de introducir en el debate al sugerir la cifra de 1000 pesos es que debería ser cuestionado el razonamiento habitual de que no es posible resolver el absurdo bajo nivel de pensiones actuales porque “las cuentas no dan”.
Dejaré a los especialistas las propuestas concretas para una posible solución, pero modestamente considero que es importante tratar de poner las cosas en el orden que van: un sistema de pensiones promedio de 270 pesos es insostenible en un modelo socialista, hay que elevarlas, y ciertamente las “cuentas no dan” –ni van a cuadrar jamás- si se mantiene el supuesto de que el actual modelo de pensiones debe ser mantenido esencialmente como existe hoy en día.
Es decir, este es el tipo de tema que exige una reflexión no convencional, al menos en el contexto en que se hace la discusión en Cuba., pero parece que el debate actual no se acerca todavía a esa zona de reflexión.
Ojalá que algunos compañeros que son especialistas y que poseen experiencia en las pensiones pudieran compartir sus ideas sobre el tema.
Creo que es todo por el momento.
De nuevo, muchísimas gracias por tus estimulantes comentarios.
Un abrazo,
Pedro
La deficiente desagregación del plan y su concepción con reservas, el desvío de combustible, así como la mala gestión de los inventarios y su tendencia creciente fueron asuntos ampliamente debatidos por la Comisión de Asuntos Económicos.
