¿Cómo podría reconfigurarse de forma efectiva el sector agrícola cubano para lograr la tan anhelada (y urgente) soberanía alimentaria?
Por Omar Everleny, On Cuba
en Cuba
En los últimos tiempos se habla constantemente de la agricultura, y de lo necesario que es lograr crecimientos en la producción del sector agrícola y alcanzar la soberanía alimentaria, del vínculo entre la ciencia y el campo, de cómo urge aumentar las exportaciones de productos de la agricultura, etc. Por tratarse de un problema de seguridad nacional, el debate sobre la escasez de alimentos es tenso y lógico en el actual contexto.
Al mismo tiempo, se analizan los precios de los productos del agro, intentándose que no aumenten excesivamente para que la población no se vea impactada.
Pero, para los que pasan de cierta edad, no es extraño haber escuchado reiteradamente, a lo largo de los años, sobre los diferentes programas alimentarios aprobados, o sobre la necesidad de incrementar los resultados de la agricultura. Sin embargo, no hemos dejado de quejarnos de la baja productividad de la agricultura cubana, a pesar de todos los camiones, tractores, pesticidas, fertilizantes, instrumentos agrícolas, etc., que se han puesto a disposición de este sector.
En los mejores momentos de las relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la agricultura probablemente tenía una proporción de medios técnicos por hectárea cultivable, que estaba en los niveles más altos de toda América Latina y, aún así, no se tenían los rendimientos acordes con esa inversión.
En Cuba, la producción y los rendimientos agrícolas continúan sin ser los esperados, y comúnmente son culpados por ello los factores climatológicos —lo mismo la sequía que la abundante lluvia, o los ciclones—, o la falta de combustible, fertilizantes y otros componentes del llamado “paquete tecnológico”.
Por años, uno de los principales rubros de nuestras importaciones han sido los alimentos, reportando gastos anuales de más de 2 mil millones de dólares en estas importaciones.
Es cierto que, por problemas del clima, muchos de los alimentos que se importan no pueden ser producidos en Cuba. ¿Pero todos los alimentos que importamos están en la misma situación? Sólo recordemos que Vietnam, de un país importador de arroz en tiempos de la URSS, pasó en pocos años a convertirse —gracias a las reformas económicas— en uno de los principales exportadores de arroz y de café en el mundo, también incrementó sustancialmente la exportación de productos alimenticios procesados industrialmente y ahora aspira a ser el mayor productor de camarones de forma artificial del mundo.
Una de las primeras leyes de la Revolución cubana fue la de la Reforma Agraria; medida muy popular y recibida con agrado por grandes masas de pequeños agricultores que vivían en situación precaria, los cuales recibieron tierras en propiedad. Además, los campesinos mejoraron su situación por lo que significaron para ellos las escuelas para sus hijos, su propia alfabetización, la erradicación de enfermedades curables, el acercamiento de los servicios médicos, o de la red eléctrica y las carreteras, etc., que son temas innegables.
¿Pero se ha hecho lo suficiente para que la merecida propiedad agrícola desate las fuerzas productivas en el campo? ¿Para que aumente la eficiencia en la producción agrícola, las exportaciones, y se eleve el nivel de vida de los trabajadores del campo?
Hay que recordar también que en la sumatoria de las tierras de los pequeños agricultores no están las mayores extensiones de hectáreas cultivables. En Cuba había grandes latifundios, y desde el principio se vio que estas grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos habían creado las condiciones propicias para pasar en el campo a un nuevo modelo de producción socialista, traspasando la propiedad de la tierra de los latifundios nacionalizados a granjas estatales. Era de esperar que una concentración de las mejores tierras agrícolas, con un mejor uso de los medios productivos, trajera beneficios.
Sin embargo, durante el llamado “Período Especial”, Cuba se dio cuenta que las granjas estatales no lograban los rendimientos esperados, y que algunos campesinos las abandonaban para buscar cualquier tipo de empleo en la ciudad. Entonces se crearon las UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa), que si bien no traspasaban la propiedad de la tierra del Estado a los miembros de la pseudo-cooperativa, fueron un paso de avance en la administración de los activos transferidos a la unidad básica, el reparto de las utilidades obtenidas, y otros elementos. Pero, está de más decir que tampoco las UBPC dieron los resultados que la población esperaba.
Los motivos pueden ser disímiles. Algunos sugieren que las UBPC nacieron lastradas, con deudas impagables y/o activos inservibles, o que no se les dio libertad de elegir los cultivos a los que dedicarían sus esfuerzos, o que no se descentralizó la gestión de las compras, o que no obtuvieron la libertad de adquisición de productos con las ganancias obtenidas, o que tenían que vender la mayor parte de su producción al Estado a precios bajos. Pero, independientemente de si lo anterior es cierto o no, o del análisis pormenorizado que los especialistas puedan hacer del alcance de tal o más cual medida, el motivo fundamental está resumido en las sabias palabras del escritor ruso León Tolstoi, que decía que lo principal “no es el nitrato, o el oxígeno que se encuentra en la tierra y en el aire, ni el arado especial y el fertilizante, sino que la herramienta fundamental, a través de la cual actúa el nitrato, el oxígeno y el fertilizante, es el trabajador campesino”. Para ampliar sobre este tema, sería prudente leer la amplia obra académica del economista Armando Nova.
Los orígenes del fracaso de la agricultura cubana hay que buscarlos en la realidad de, muchas veces, querer ignorar los intereses económicos del campesinado, de no siempre entender que a los productores privados no es conveniente aplicarles las mismas normativas y restricciones que a las empresas estatales, cayéndose en la evidente contradicción de una producción privada con una distribución centralizada y con precios muy regulados.
Recordemos la legislación o ley contra el “maceta”, o persona de alto nivel de vida, que no solo afectó, correctamente, en su momento al que comercializaba productos robados, sino también a campesinos que acumularon grandes sumas de dinero gracias a la venta de productos agrícolas a precios altos, lo cual pudieron hacer por la escasez de alimentos provocada por la propia ineficiencia de los otros productores.
Aunque esta ley no ha sido derogada, por suerte ya casi nadie la menciona. Pero el campesino que vende bien y es cumplidor sigue preocupándose porque vuelvan a hacer lo mismo con sus ahorros, o sigue sin poder acceder fácilmente a un tractor, una maquinaria, u otro medio productivo, aunque en la realidad se les ha dado la facilidad de hacerlo en Moneda Libremente Convertible (MLC) a través de empresas especializadas de comercio exterior. Queda muy preciso en la Constitución recién aprobada que no se va a permitir la concentración de los ingresos, pero el campesino no conoce qué le considerarán como concentración de riquezas, y las personas que decidirán si aprueban la importación de maquinarias para campesinos pueden tener las mismas dudas y retrasar o denegar las autorizaciones.
Cuba se preocupa por la alimentación del pueblo, estando dispuesta a pagar millones de dólares en la importación de alimentos para su distribución normada y subsidiada a toda la población, sin importar sus niveles de ingreso, si trabajan o no, o sus preferencias políticas, por ejemplo. Esa preocupación está muy bien; pero eso significa que a través de los productos importados, paradójicamente, estamos dispuestos a pagar bien cara la mano de obra agrícola de países capitalistas, mientras tenemos muchas reticencias para pagar similares sumas de dinero, o incluso inferiores, ¡a nuestros propios productores agrícolas!
La agricultura cubana no es capaz de producir lo suficiente ni siquiera de los alimentos que pueden dar las tierras nacionales. Cuba importa más del 75 % del arroz que se consume, equivalente a unos 239 millones de dólares en el 2019. Importa frijoles y otros granos, huevos, carne de aves, por unos 335 millones de USD, de res, porcina, y muchos otros insumos producibles en las tierras cubanas. El 82 % de los productos que reparte el Estado por la “libreta de racionamiento” son importados. ¡Incluso, se ha llegado a importar azúcar, durante muchos años el principal producto de exportación, del cual se llegó a ser el mayor exportador mundial!
La actividad agropecuaria es la única donde predomina la gestión del sector no estatal (cooperativo y privado). De hecho, es la única actividad económica de Cuba donde la gestión del principal medio de producción de la actividad (la tierra) la hace el sector privado y no el estatal; es decir, el sector no estatal tiene cultivado el 66 % de la tierra, 33 % con gestión privada, y 33% cooperativa (UBPC y CPA).
En Cuba, la producción de viandas, hortalizas, arroz, granos y frutas se origina principalmente en el sector privado. Los privados producen el 79 % de las viandas, el 77 % de las hortalizas, el 80 % del arroz, el 86 % del maíz, el 85 % de los frijoles, el 89 % de los frutales. También son responsables del 86 % de la leche que se produce, 95% del tabaco, 60 % del café, 54 % del cacao, 65 % de la miel de abeja y 71 % de la carne porcina. El sector privado posee el 53 % del ganado vacuno existente, el 81 % del ovino, 89 % del caprino y el 80 % de los equinos del país. Produce, además, el 89 % de la carne ovino caprina, y el 60 % de la carne de ave.
Y eso a pesar no sólo de poseer menos porción de la tierra, sino también de las prohibiciones que ha habido, a lo largo de la historia, para vender libremente a precios ventajosos sus productos en un mercado de oferta y demanda; a pesar de que los campesinos han llegado a temer acumular riquezas.
Es increíble que el sector privado conserve el 53 % del ganado vacuno, con todas las prohibiciones que existen asociadas a este ganado. Aunque un campesino sea dueño de una vaca, no solo no puede vender libremente su carne, sino que tampoco la puede sacrificar para comérsela (se habla de la autorización de matar una al año para el auto-consumo). Si declara que le han robado la vaca, al campesino lo pueden multar, ya que se asume que puede haber ocurrido un “auto-robo”. ¿Cómo podemos tener leyes que impulsen a un dueño a auto-robarse?
Son variados los argumentos que existen en este sentido. Uno de ellos apunta que esas medidas fueron tomadas para evitar que cayera la masa ganadera del país, y conservar una cantidad mínima de cabezas de ganado. Pero con el precio que el Estado pagaba por la leche, o por la carne que se entregaba a las empresas estatales, uno se podría preguntar cómo era posible que quedase ganado vacuno en Cuba. En consecuencia, se espera que los nuevos precios de acopio para la leche y la carne estimulen más que en el pasado para la producción de estos importantes rubros de la alimentación.
Muchas veces a los dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) se les ha escuchado mencionar que hacen falta más recursos para aumentar la producción, citando la necesidad de tractores, maquinaria agrícola, combustible, sistemas de regadío, fertilizantes, etc. Pero pocas veces se les ha escuchado exigir que a los campesinos se les dé la potestad de decidir a qué mercados y a qué precios vender su producción, de invertir sin mayores trabas en la compra de los equipos agrícolas necesarios para el crecimiento de la producción.
Otra de las demandas a los dirigentes de los campesinos ha tenido que ver con la acumulación de deudas por pagar del sector estatal al privado o cooperativo. Es increíble que el productor no solo haya estado obligado a venderle a la empresa estatal una parte importante de su producción —y al precio bajo fijado por el Estado—, sino que la empresa estatal acumulara deudas por pagar, saldando la deuda cuando podía.
Realmente no es que la empresa estatal estuviese demorando los pagos para hacerle daño al campesino intencionadamente; es que, producto de la ineficiencia de estas empresas estatales, no tenían recursos para pagar al productor de forma efectiva. Si un mecanismo no funciona, el dueño de la mercancía debería tener la potestad de comercializar sus productos por vías alternativas, temas que al parecer están mejorando a favor del campesino.
Otra de las soluciones que se dio para la agricultura cubana fue el reparto de tierras ociosas a los campesinos dispuestos a cultivarlas. Algo más de 2 millones de hectáreas se han entregado, las cuales representan el 31 % de la superficie cultivable del país. En estos momentos el país tiene 404.445 tenientes de tierras por concepto de personas naturales, de ellas son usufructuarias 275.762 personas, y 97.341 propietarias de tierras. Existen también 29.954 que las estadísticas nombran como “campesinos dispersos”, entre otros.
Indiscutiblemente, esto puede ser un paso de avance. Pero hay que desterrar la idea de que simples y aisladas decisiones son las soluciones absolutas para los problemas acumulados por el sector.
No es que se esté en contra de Acopio o institución similar del Estado; se trata de que la misma pueda existir si es beneficiosa para los campesinos y los consumidores, en competencia con otros similares y en igualdad de condiciones.
Se trata de crear, o permitir crear por otros, la infraestructura de transportación y almacenaje que haga falta, para que los productos no se echen a perder esperando que alguien vaya a buscarlos; y aquí también puede decir mucho la iniciativa privada, o la competencia entre el sector privado y el estatal. Se trata de poder adquirir, con los fondos obtenidos, modernos medios de producción o de apoyo a la producción, como tractores, fertilizantes y pesticidas.
Si el precio final hoy resulta elevado para el pueblo por la nueva tasa de cambio a la que tiene que funcionar el país, o bien hay que incentivar mayor competencia entre productores (incluyendo a las granjas estatales), o hay que destinar recursos para la parte del pueblo necesitada de subsidios, o subsidiar la venta de los productos finales a precios menores. O hasta valorar una mayor importación, en el caso de que los productos importados tengan precios mucho más bajos que los nacionales, después de agregarse los aranceles y los márgenes correspondientes. Pero el estímulo a la producción tiene que ser tan importante, o más, que las medidas para bajar los precios de los productos.
Se trata, asimismo, de poder crear pequeñas industrias procesadoras de alimentos por esos propios campesinos, para no tener que transportar a grandes distancias materias primas con bajo nivel de valor agregado, o fácilmente deteriorables. Se trata, incluso, de poder acceder a créditos bancarios, sobre la base del análisis del riesgo, pero ni obligando a los bancos a dar ese crédito cuando la valoración de la operación sea negativa, ni cerrándole al campesino el acceso a la institución bancaria, cuando esta viese la financiación como algo factible.
Se trata de crear de una vez las cooperativas de segundo grado, aprobadas en los “Lineamientos”, que respalden la producción con servicios, o la industrialicen, o sean las exportadoras de los productos de las cooperativas de primer grado. También se trata de lograr el vínculo con la ciencia, que últimamente se resalta mucho. Se trata de muchas cosas; sin limitarse a las aquí descritas.
Es interesante ver que la producción de alimentos es priorizada en los planes del país y hace falta incrementar las exportaciones. Por otra parte, se menciona que la inversión extranjera no es algo complementario, sino una vía necesaria para lograr incrementar las inversiones en el país, aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) y las exportaciones. Sin embargo, ¿cuántas empresas mixtas se han creado en el país en todos estos años en el sector de la agricultura, que puedan ayudar a incrementar los rendimientos agrícolas, la producción y la exportación?
La agricultura cubana demanda modernización, implementos y técnicas agrícolas novedosas, mercados externos, y todo eso es más factible lograrlo, y con mayor rapidez, con ayuda de la inversión externa.
El país necesita también que no solo aumente la producción de los campesinos asociados en Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), tenedores de un tercio de la tierra agrícola, sino de las UBPC y las empresas agrícolas estatales, poseedoras de los otros dos tercios.
La batalla por lograr que los precios de los productos de los campesinos privados no sean tan elevados pasa por lograr un incremento de la producción de las UBPC y de las empresas estatales, más que por tratar de controlar a ultranza la actividad de los que poseen solo un tercio de la tierra agrícola.
