La banca de inversión Credit Suisse en su informe sobre Venezuela señala que 2021 podría figurar como el año en el que este país –después de siete años- logrará un signo positivo en la variación de su producto interno bruto, previendo un aumento de 4%, porcentaje que incluso mejora en un punto porcentual la cifra que esta institución financiera había señalado anteriormente pero en cambio señala como continuará el despoblamiento del país.
“Nuestro pronóstico toma en consideración un PIB petrolero que se estabiliza a los niveles de fines de 2020 y un incremento anual del PIB no petrolero y no debería sorprender que Venezuela pueda lograr esto porque es el crecimiento promedio que registrará América Latina en 2021”, indica el reporte del Credit Suisse. “El eslabón débil de nuestros supuestos es la estabilización del PIB petrolero después devarios años de descensos. Sin embargo, la producción se mostró prometedora en enero y febrero, registrando un nivel promedio superior al del cuarto trimestre de 2020”, acota.
Esta banca de inversión toma como referencia que la producción petrolera entre diciembre del año pasado y febrero ha crecido 22% para colocarse ligeramente sobre los 530.000 barriles, volumen en el que coinciden tanto las cifras de las autoridades venezolanas como las reportadas por fuentes secundarias.
A criterio del Credit Suisse el repunte que ha tenido el precio del crudo internacionalmente está favoreciendo a Venezuela, pero esta variable no es tomada en cuenta en estos cálculos mientras que sí toma en cuenta el efecto negativo que tienen las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos, las cuales prohíben y limitan el comercio de PDVSA.
Creemos que es posible que el impacto negativo de las sanciones extranjeras haya ya ha sido absorbido por PDVSA”, indica.
En lo que se refiere a incumplimientos de deudas soberana –que incluye a PDVSA por amortización y pago de intereses- señala el saldo de 32.500 millones de dólares, lo que representa casi la mitad del monto de bonos que tiene colocado Venezuela en mercados internacionales y los pagos pendientes superan el 100% del PIB si se toma en consideración las demandas de laudos o arbitrajes internacionales.
En los pronósticos del Credit Suisse se señala que la inflación de 2021 será de 4.692%, los ingresos por exportaciones aumentarán 40% mientras que los egresos por importaciones repuntarán en 17,5% pero la población se reducirá en 500.000 habitantes para ubicarse en 25 millones de personas debido a la diáspora.
La data de esta banca indica que entre 2016 y 2021, la población venezolana se habrá reducido en 16,5% (en alrededor de 5 millones de personas) al bajar de 30,5 millones a 25,5 millones.
En lo que respecta a Cuba, el informe repite calumnias que grupos políticos de los Estados Unidos, con posiciones extremas contra Cuba, han formulado durante años como pretextos para la promoción de acciones hostiles y la imposición de medidas económicas coercitivas
La Habana, 5 de abril de 2021.- En la tarde de este lunes, el Director General a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, convocó al Encargado de Negocios de Estados Unidos, Timothy Zúñiga-Brown, a quien trasladó el rechazo a las alegaciones engañosas y politizadas que sobre Cuba realizó el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos de 2020.
Fernández de Cossío señaló al diplomático que el gobierno de los Estados Unidos se aprovecha de modo oportunista de un tema tan sensible como los derechos humanos para su política de agresión contra países que no se subordinan al gobierno estadounidense, y que defienden el derecho soberano de sus pueblos a la libre determinación.
Enfatizó que el citado informe es arbitrario y unilateral, y se caracteriza por alegaciones e imputaciones que faltan a la verdad. En lo que respecta a Cuba, repite calumnias que grupos políticos de los Estados Unidos, con posiciones extremas contra Cuba, han formulado durante años como pretextos para la promoción de acciones hostiles y la imposición de medidas económicas coercitivas dirigidas a perjudicar el nivel de vida de la población cubana y castigarla por su respaldo al sistema político, económico y social que el país ha escogido libre y soberanamente.
El Director General expresó que las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos en los Estados Unidos y por parte del gobierno de ese país son conocidas y están documentadas. Estas se refieren al racismo, la xenofobia, la brutalidad policial, la tortura a prisioneros, las encarcelaciones prolongadas, el uso de cárceles secretas, el antisemitismo, el macartismo y otras formas de intolerancia religiosa e ideológica. A ello se agregan los asesinatos extrajudiciales en varias partes del mundo y las detenciones arbitrarias y prolongadas de personas inocentes.
Resaltó que Cuba goza de prestigio internacional en el ámbito de los derechos humanos, por los resultados que ha alcanzado en la promoción y protección de estos; por su tradición de cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas que se aplican sobre bases universales y no discriminatorias; y por el apoyo solidario del país a los esfuerzos de otras naciones en desarrollo para proteger los derechos de sus pueblos.
Cuba ha sido recientemente electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023 y es parte de 44 de los 61 instrumentos internacionales de derechos humanos. Fernández de Cossío instó al Gobierno de los Estados Unidos a que cese su campaña de descrédito contra Cuba en materia de derechos humanos y ponga fin a este y otros ejercicios unilaterales e injerencistas sobre estos temas.
Hace apenas unos días tuve la oportunidad de leer un magnifico artículo del doctor Silvio Calves Hernández, colega, profesor, amigo, ingeniero industrial graduado muchas décadas atrás, asesor en varios organismos, autor de libros, conferencista invitado a eventos los cuales prestigia con su presencia, observador profundo, conocedor de la idiosincrasia del cubano de hoy y de muchas, casi infinitas experiencias de dirección, ya sea, a nivel empresarial, ministerial y también de la administración pública, testigo viviente y participante activo de este largo proceso que nos ha traído hasta aquí.
El hecho que provocó el artículo de mi amigo fue aparentemente sencillo y casi normal para los cubanos y las cubanas que vivimos en Cuba y que debemos sufrir/padecer/soportar las “innovaciones” de nuestro sistema de comercio. A alguien —sin dudas brillante— se le ocurrió la innovadora idea de concentrar en dos puntos de venta el expendio a 12 mil consumidores de un producto de alta demanda y perecedero que además, requiere de ser pesado y anotado en la libreta. A mi amigo, que un día tuvo que examinar teoría de colas en su carrera y que después ha tenido la oportunidad de debatir al respecto con especialistas altamente calificados, le sirvió de poco aquel conocimiento, excepto para reafirmar la irracionalidad de lo que enfrentaba. De todas formas tuvo que esperar sus seis horas y minutos para adquirir el tan ansiado y estratégico producto.
El comercio, casi tan viejo como el ser humano, eslabón imprescindible de esa cadena que lo profesores de economía política le repetimos a nuestros estudiantes en las aulas: producción, distribución, cambio y consumo; agrega valor, entre otros, cuando logra acortar los tiempos entre la concepción del producto y su consumo, conveniente para el productor porque aumenta la rotación de su inventario y para el cliente, porque le reduce el tiempo empleado en la adquisición de los bienes que desea. Y el tiempo, aunque sigamos sin darnos perfecta cuenta, es de todos los recursos que tiene a mano el ser humano, el más escaso.
Restaurante privados ofertan ventas de comida para llevar. Foto: Otmaro Rodríguez (archivo)
Nuestro comercio, en especial el que se realiza por las empresas estatales, independientemente de la empresa, cadena, moneda en que se realice; no ayuda todo lo que pudiera en ese proceso y muchas veces no cumple aquello de agregar valor haciendo que los clientes ahorren su tiempo. Más bien produce el efecto contrario.
La alta concentración de establecimientos que comercializan productos en determinadas localidades —algo que de pronto descubrimos con la COVID—, y el hecho de que existen territorios, incluso municipios de la capital de la república sin presencia o con muy escasa presencia de estos es, sin dudas, una de las causas que explican este hecho, pero no es la única.
Quizás existen dos filosofías en la organización de la red de comercio. La primera, muy rara de encontrar materializada en nuestro país, es aquella que entiende que el cliente es decisivo y que todo lo que se haga en términos de comercio debe tener por razón principal la satisfacción en tiempo, forma y calidad del cliente.
Luego está aquella otra, que se realiza desde la perspectiva de las empresas que concentran y en cierta medida ejercen facultades cuasi monopólicas sobre la actividad, sabiendo que los usuarios/clientes/consumidores no les queda de otra, porque no tienen la alternativa de ir a otra “tienda”. Esas empresas, hacen sus arreglos organizacionales para facilitarse a sí mismas ejercer su actividad —a sabiendas de que la competencia no existe o es demasiado débil, rara o escasa— o para cumplir propósitos como el llamado “control”, que en algún momento se transforma en su negación o el “ahorro” de electricidad, combustible, transporte y salario a expensas del tiempo de los clientes y del daño intangible que ese desperdicio de tiempo produce a la economía nacional.
No es, sin dudas, el único de los costos, hay otros, que van desde la salud hasta la generación de un cierto conformismo que alimenta ese círculo vicioso de la baja calidad de los servicios y los productos. No obstante, debo aclarar que esta filosofía no es privativa del comercio estatal, también crece y prospera en el sector no estatal, lamentablemente, porque también allí, la concurrencia es poca y la posición dominante de los vendedores en un mercado con déficit de oferta lo propicia.
Los problemas del comercio en nuestro país, estatal, no estatal, en negro, en blanco o en semi-gris, mayorista, minorista, interior, exterior, nos acompañan desde hace mucho, mucho tiempo. Los del comercio minorista en especial, desde finales de la década del sesenta. En las instituciones que tienen a su cargo su organización y regulación han trabajado y siguen trabajando decenas de compañeros valiosos, inteligentes, preparados, abnegados y entregados a su trabajo, nadie puede dudarlo, aun cuando los haya que no sean así.
Sin embargo, todo su esfuerzo e inteligencia han chocado, año tras año, década tras década, mucho antes de esta pandemia, contra la tozuda y obcecada realidad, que les devuelve, después de haber pasado unos meses de las inauguraciones correspondientes al último programa de relanzamiento, la misma imagen de años anteriores a ese último programa.
Hoy, que ya es cotidiano el “e-comerce”, la entrega a domicilio, el pago con tarjeta, ese fenómeno tan moderno para nosotros, también esa modalidad, en breve, repitió los mismos males y generó otros propios de dicha actividad. No se han cruzado de brazos las empresas a cargo, es cierto, pero lamentablemente tampoco han dado con la solución que realmente agrega valor para el cliente y resuelve definitivamente las insatisfacciones. También aquí ha aparecido un cierto espacio para el sector no estatal, que se ha sumado al esfuerzo de las compañías estatales, ayudando a paliar algunos de los déficits existentes, acercando el productor al cliente y viceversa, reduciendo tiempos de entrega, llegando a veces hasta donde resulta muy difícil y aislado, contribuyendo con las empresas y productores a una mayor rotación de sus inventarios y sobre todo sumándose, en estos tiempos tan difíciles, a satisfacer las necesidades de un segmento de la población cubana, exhibiendo una capilarización que a veces asombra y contribuyendo con su accionar a la entrada de divisas al país.
Ocurre sin embargo, que a pesar del éxito del comercio electrónico, el grueso del comercio minorista en Cuba sigue realizándose de forma física, directa, presencial, y la inmensa mayoría de los cubanos seguimos padeciendo de aquellos males que relaté más arriba y que la pandemia, el bloqueo, la crisis mundial, ha hecho peor. Nadie se ha cruzado de brazos, pero las soluciones definitivas siguen sin aparecer.
¿No sería acaso este el momento para responder a los mismos problemas con otras soluciones?
¿No sería mas conveniente al país fomentar un sector no estatal en el comercio minorista que permitiera expandir los puntos de venta, mejorar y diversificar la oferta sin comprometer el dinero del pueblo, más necesario seguro para otros fines?
¿Acaso no hay otra solución que seguir manteniendo las eufemísticamente llamadas bodegas bajo la misma concepción en que se han mantenido durante décadas?
¿No sería beneficioso para nuestra población que existieran otras cadenas de tiendas, no estatales, incluso, algunas no nacionales, que pudieran mantener una oferta estable y asumieran ellas los riesgos que todo mercado implica? ¿Acaso no podría ganar el Estado obteniendo los impuestos sobre la venta, la renta de locales, el impuestos sobre el salario a los trabajadores de esas empresas?
Nuestro sistema de comercio necesita mucho más que un programa de recuperación y modernización requiere un profundo y radical proceso de reconversión.
PARÍS/WASHINGTON D.C. – A pesar de todo el dramatismo que suscita la lentitud con la que se efectúan los despliegues de vacunación contra el COVID-19 y las restricciones a la exportación, no cabe duda de que la gran mayoría de las personas en Estados Unidos y Europa habrán sido vacunadas antes del verano en el hemisferio norte. Las cifras de muertos variarán según la política de mantenimiento de registros de cada país, pero la situación de la salud pública será, en gran medida, la misma para estadounidenses, europeos y británicos.
Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre el grado en el que retornará la vida social anterior a la pandémica y la duración de dicho retorno. Sin lugar a duda seguirán vigentes algunas limitaciones. La recuperación de los viajes, por ejemplo, será lenta y desigual, y probablemente habrá “burbujas de viajes”, un escenario ya previsto en Australia y Nueva Zelanda, donde el virus ya casi ha sido eliminado. La Unión Europea, por su parte, probablemente adaptará la temporada de viajes de verano mediante la introducción de cruces fronterizos libres de cuarentena para quienes tengan pasaportes de vacunas. Pero se mantendrán las restricciones a los viajes de larga distancia.
Lo más probable es que las disparidades en el ritmo y el alcance de la reanudación de las actividades sociales coincidan con las brechas de ingresos. Si bien algunos mercados emergentes habrán alcanzado altas tasas de vacunación (Chile, Marruecos y Turquía ya están por delante de la UE), la mayor parte del mundo en desarrollo no habrá contenido el virus. En consecuencia, los controles fronterizos entre el mundo rico vacunado y el mundo pobre no vacunado probablemente se harán más estrictos, especialmente si siguen surgiendo nuevas variantes. Los trabajadores migrantes serán quienes sientan de manera más directa las repercusiones negativas, pero habrá consecuencias más amplias, como una contracción del turismo de larga distancia, que socavará gravemente algunas economías.
Además, la globalización se verá afectada. Aunque se requiere de muy escaso contacto de persona a persona para enviar un contenedor al otro lado del mundo, no se puede decir lo mismo de la gestión de redes de producción o la búsqueda de nuevos clientes. La evidencia apunta a que las medidas que alteran el movimiento de personas (como las nuevas normas sobre visados o la apertura de nuevas rutas de viaje) verdaderamente afectan al comercio de mercancías. Los obstáculos duraderos a los viajes de pasajeros, en última instancia, acabarían reduciendo el comercio e inversión a nivel internacional, así como también la productividad y el crecimiento en general.
Más importante aún, un retorno completo (así sea gradual) a la vida normal sólo será posible si las vacunas siguen siendo eficaces. Hasta ahora, parecen tener alcanzando un éxito admirable. Pero la aparición de variantes resistentes a las vacunas obligaría a los gobiernos a mantener severas restricciones, posiblemente con confinamientos recurrentes. Algunos expertos, como por ejemplo Monica de Bolle del Peterson Institute for International Economics, consideran que este escenario es probable. Pero, incluso si este es sólo un riesgo excepcional, es uno que requiere de nuestra atención.
Sorprendentemente, se sabe poco sobre las soluciones de compromiso que comprenden sacrificios compensatorios en los ámbitos de la salud pública y la actividad económica, dentro del contexto de la pandemia de coronavirus. Los cuadros de indicadores basados en las tasas de crecimiento del PIB y las cifras de muertos pueden generar muchos comentarios, pero son groseramente engañosos. Italia experimentó fuertes pérdidas de vidas y de PIB el año pasado, pero esto no se debió a que su respuesta en materia de políticas hubiese sido ineficiente, sino porque Italia fue el primer país europeo en ser golpeado por el virus; y, por lo tanto, tuvo que responder a una conmoción inesperada con medidas económicamente costosas.
Para medir cómo los países han gestionado estos sacrificios para llegar a soluciones de compromiso (y, cómo podrían seguir haciéndolo si persiste la pandemia) hemos comparado la evolución semana a semana de las infecciones con la actividad económica medida por el OECD GDP Tracker. Antes de que surgiera la variante británica (B.1.1.7), el contagio del COVID-19, medido según su “tasa de reproducción” (R), era de aproximadamente tres, lo que significa que se podía esperar que una persona infectada contaminara a otras tres. Por lo tanto, el objetivo de las medidas de confinamiento fue reducir la R a un nivel por debajo de uno, momento en el que la incidencia viral disminuiría en lugar de aumentar.
Durante la primavera 2020 en el hemisferio norte varios países europeos lograron reducir la tasa R de tres a aproximadamente 0,7 en el transcurso de unas pocas semanas. En ese momento, la correspondiente reducción de la actividad económica varió desde alrededor del 15% en Alemania (donde la primera ola fue leve) a casi el 30% en Francia, donde la construcción se detuvo por completo y una cuarta parte de los empleados del sector privado fueron suspendidos sin goce de sueldo. El tratamiento fue eficaz, pero tuvo un costo económico extremadamente alto.
Por el contrario, cuando Europa se preparó para otro episodio de confinamiento en el otoño, el costo económico de las medidas de salud pública fue mucho menor. La tasa R se redujo a aproximadamente al mismo nivel (0,8) anterior, pero el costo económico fue 2 a 3 veces menor, y el efecto fue notablemente uniforme a lo largo y ancho de todos los países.
La razón es que los gobiernos habían aprendido de la primera ola. La respuesta de la segunda ola fue menos estricta pero mejor dirigida a blancos específicos. Había una disponibilidad más amplia de mascarillas y equipos de protección, y las empresas habían aprendido a adaptarse a las restricciones. Algunas de estas adaptaciones han resultado ser duraderas: los pagos electrónicos han recibido un impulso significativo; el comercio electrónico está en auge; y las empresas de los sectores afectados lograron llevar a cabo sus actividades empresariales o incluso hasta prosperaron. En Francia, donde los restaurantes están cerrados y los hoteles se enfrentan a estrictas restricciones, uno de cada cuatro informó que, a pesar de todo, la actividad en el mes de febrero se había recuperado en más de la mitad (y el 10% dijo que había retornado a la normalidad).
En cuanto al futuro, la aparición recurrente de variantes aumentaría la probabilidad de necesitar nuevas adaptaciones. Sin embargo, si estas variantes son más contagiosas, los costos se elevarán. Las empresas que se han mantenido gracias al soporte vital que brindan las inyecciones de liquidez y aplazamientos de impuestos no sobrevivirán, y los trabajadores que siguen suspendidos sin goce de sueldo (incluyéndose en el mes de enero a 4,5 millones de trabajadores británicos) perderán ya sea sus habilidades o sus puestos de trabajo. Se necesitarán grandes esfuerzos para ayudarlos a cambiar de ocupación.
Cuanto más dure la pandemia, más graves serán los daños y mayores serán los costos. Por lo tanto, sigue siendo vital un despliegue de vacunación que sea verdaderamente mundial. Entre tanto, los gobiernos deben prepararse para el riesgo de brotes periódicos mediante la elaboración de nuevas políticas a fin de contener sus costos sociales, económicos y fiscales.
Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos
Olivier Blanchard, a former chief economist of the International Monetary Fund, is Senior Fellow at the Peterson Institute for International Economics. He is the co-editor (with Lawrence H. Summers) of Evolution or Revolution? (MIT Press, 2019).
JEAN PISANI-FERRY, a Senior Fellow at Brussels-based think tank Bruegel and a Senior Non-Resident Fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute.
Por Gilberto Rodríguez Rivero/Adelante 05 Abril 2021
Fotos: Leandro Pérez Pérez/Adelante
CAMAGÜEY.- La Unidad Empresarial de Base (UEB) Raúl Cepero Bonilla, popularmente conocida como la Empacadora, se cuenta entre las entidades de la provincia asociadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, que supieron sobreponerse a las complejas insuficiencias financieras y otras carencias del 2020, y a golpes de creatividad y voluntad, mostrar cuánto puede lograrse con buenas prácticas. Por esa razón, es uno de los dos colectivos del MINAL a los que les fue conferida la categoría de Vanguardia Nacional.
Casi con las velitas listas para celebrar sus 93 años y a pesar de los múltiples "achaques" de su obsoleta tecnología, mantiene su flujo productivo, impensable sin la decisiva contribución de sus trabajadores y del ingenio de estos que, con la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en una delantera bien visible, se encarga de dar respuesta a los contratiempos casi diarios.
Pero ni bajan los brazos, ni se dan por vencidos, y ejemplos afloran, como las del incansable Daniel Barrameda Tudurí, gente de chispa siempre encendida, quien con profundo sentido de pertenencia acumula innovaciones, adaptaciones y otro sinfin de alternativas para que la fábrica no tome pausa. Ahora le aguarda un nuevo reconocimiento, por el Diseño, montaje y remodelación del matadero de cerdos, pero nadie olvida su decisiva contribución en otros peldaños internos, como la caldera por ejemplo, que le ganan el respeto y consideración de todos.
Qué decir de la brigada de mantenimiento, de hombres como Piña, Emilito y otros, quienes hacen posible que, junto con el resto de sus 47 integrantes, mantengan como nueva la "veterana" industria.
María de los Ángeles Pérez del Risco, técnica "A" de Gestión de los Recursos Humanos, y con 35 años en el centro, es parte del ejecutivo del Buró Sindical, que aglutina siete secciones sindicales, incluida la de los jubilados, a las que se integran casi 400 trabajadores.
"Tenemos un buen colectivo, gente consagrada, y aun cuando hemos tenido en algún momento que reajustar la plantilla por el tema de la pandemia, los que se quedan evitan cualquier bache que pudiese existir. La comunicación fluye. Hemos informado a los trabajadores qué debe hacerse en cada momento, ya sea en los matutinos o en las áreas de labores. Si por alguna urgencia deben desplazarse horarios, la gente asume", dijo la dirigente sindical.
Con lógico orgullo muestran dos elementos emulativos importantes: no tuvieron accidentes laborales, ni que aplicar sanciones por indisciplinas. Colegiar decisiones, y que el Sindicato se "oiga", es otra de las cuestiones con un avance positivo.
Mencionan las actitudes de compañeros que, una vez concluidas las tareas en la instalación, marchan para cumplir con el apoyo al pesquisaje sanitario, principalmente dentro de la circunscripción 94. También se suman las donaciones de sangre, la atención a los centros de aislamiento y los trabajos voluntarios, siempre apegados al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, que ha permitido no tener ningún foco en el centro y entre sus obreros.
La clave, según la representante sindical, radica en la atención a los integrantes del colectivo. Eso es fundamental.
A ello se suman la búsqueda de alternativas como el uso de la sangre para los embutidos rojos (mortadella y morcilla) con tripa natural, un proceso nada novedoso, pues históricamente siempre se ha usado en el empaque de chorizos, salchichones... En el camino de las alternativas, usan como aglomerante, ante las limitaciones con la harina de trigo, la de maíz, y han abaratado costos con la cocción del frijol de soya para obtener una pasta que se emplea en algunos embutidos.
Además han ido proyectando nuevos derroteros e insertándose en nuevos mercados, incluido el online, hacia donde destinan ofertas con gran aceptación como el chorizo, jamón cocido y el potajín.
Milene de la Caridad Rodríguez Suárez, directora del centro, manifestó que "es todo un orgullo alcanzar por primera vez la condición de Vanguardia Nacional. Eso nos obliga a ser cada vez mejores, nos estimula a seguir teniendo capacidad de respuesta ante cualquier dificultad".
Ellos demuestran que la unidad de trabajo, sigue siendo una poderosa vacuna contra las problemáticas actuales, esas que acechan a diario... y que allí han aprendido a sortearla con muchos éxitos.
La reforma salarial benefició a unos 16 750 trabajadores de Educación. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)
Aunque aún persisten algunas insatisfacciones, el impacto de la reforma de salario iniciada el pasado primero de enero muestra un resultado positivo en Sancti Spíritus durante el primer trimestre de aplicada porque la nueva escala resolvió la mayor parte de las distorsiones que existían anteriormente, valoró Idania Hernández Marín, subdirectora que atiende esa materia en la Dirección Provincial de Trabajo.
Sin embargo, la directiva reconoció que el déficit de materia prima debido a las dificultades impuestas por el bloqueo y la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID-19 incide en los ingresos de no pocos trabajadores, fundamentalmente en aquellos a los cuales se les aplica la modalidad de destajo.
Además, cuando cierre el trimestre debían existir utilidades en las empresas, lo cual mejoraría la entrada financiera de los trabajadores, pero muchas entidades no van a obtener ese provecho y se van a afectar las ganancias personales.
Por otra parte, la directiva mencionó que por la premura de este proceso hubo demoras en la explicación a algunos trabajadores de las nuevas formas de pago que se iban a implementar, en la corrección de algunos salarios, en determinadas adecuaciones hechas a las plantillas y, en general, en la información de todos los detalles a los colectivos.
Igualmente, en diciembre se reportaron dificultades con el tema de las liquidaciones de las vacaciones y con el adelanto de los 1 000 pesos; sin mencionar que todavía existe insuficiente preparación de los directivos y especialistas del área de Recursos Humanos para tratar estos temas.
“También existe insatisfacción porque los trabajadores erróneamente se han comparado entre sectores y organismos diferentes y no nos podemos comparar porque cada uno tiene su especificidad y responsabilidad. Además, algunos han confundido el término de la evaluación que tienen con el cargo que desempeñan, se paga el cargo, no la calificación porque alguien puede ser de nivel superior, pero está ocupando un cargo de técnico medio y no se le paga el nivel superior”, aclaró la especialista.
Igualmente, mencionó algunas incongruencias salariales reportadas en los sectores de Salud y Educación, las cuales se estudian a nivel nacional con posibilidades de ser rectificadas; y el reclamo de esos segmentos porque no se les mantuvo el pago por años de servicio.
En general, con la reforma de salario en la provincia se beneficiaron más de 48 600 trabajadores de las unidades presupuestadas y como pagos adicionales se mantuvieron las maestrías y doctorados, condiciones laborales anormales, nocturnidad, categoría docente, entre otros.
Mantener una dinámica inflacionaria favorable depende de múltiples factores, entre ellos evitar los errores del pasado.
A mediados de diciembre de 2020, mientras se dirigía a la Asamblea Nacional del Poder Popular para ofrecer detalles sobre la Tarea Ordenamiento, Marino Murillo Jorge, Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, dijo que uno de los efectos indeseados del ajuste sería el aumento de la inflación. “El problema está en qué nivel de inflación generará en la economía, porque siempre que hay crecimiento de precios, hay devaluación. Por eso la clave será cómo controlar un proceso inflacionario indeseado en magnitudes superiores al estimado por la Tarea Ordenamiento”, insistía.
Esos números, es decir, la inflación estimada en el diseño, no son públicos, por tanto, no es posible conocer si, a tres meses del Día Cero, el indeseado proceso inflacionario va de acuerdo con lo “planificado” o se ha ido por encima, como pareciera ser, a juzgar por algunas señales de la economía doméstica.
No obstante, tal y como explicara a esta reportera Ricardo Torres Pérez, Doctor en Ciencias Económicas e Investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Cubana, no se puede hablar de tasa inflacionaria en función del precio de un par de productos, pues se trata de un entramado mucho más complejo. El experto apunta al menos tres elementos que incidirían en una tasa inflacionaria elevada en el actual contexto: devaluación, reforma salarial y eliminación de subsidios.
Antes de cualquier juicio de valor, es justo decir que la inflación no solo es un efecto indeseado, sino inevitable. Luego de una devaluación del 2.300 por ciento en el sistema empresarial (habida cuenta de la tasa de cambio de 1.00 USD x 24.00 CUP que sustituyó a la muy ventajosa de 1.00 USD x 1.00CUP), sumado a una reforma salarial general, no había cómo impedir que los precios subieran. Ni siquiera una política de formación de precios centralizada para productos de interés nacional ni las facultades de las instancias provinciales y municipales para topar los precios máximos obrarían el milagro. De hecho, esos instrumentos no están para paralizar la inflación, sino para controlar la subida.
El tercer elemento que tributa a un incremento de los precios es la eliminación parcial de los subsidios en servicios básicos como la electricidad y el agua, o los insumos. A partir de ahí, todas las cadenas de valor modificaron el costo real de lo demandado por la población.
Lo experimentamos aquí con muchos de los precios minoristas, elevados cuatro o cinco veces con respecto al importe anterior al Ordenamiento, un traspaso directo e inmediato de la inflación mayorista. Si bien se insistió en que el ajuste no nos pondría en una peor situación en cuanto al poder adquisitivo, la realidad del último trimestre desdijo algunos enunciados. Los procesos de revisión sucedidos después confirmaron, de cierta manera, que los cálculos no fueron exactos y que, posiblemente, la inflación se moviera fuera de los límites estimados. Si, por el contrario, la revisión busca aminorar el impacto cargándole la diferencia al estado, pues ese déficit presupuestario también genera inflación.
• El incremento de los precios ya se venía experimentando antes de la Tarea Ordenamiento
Y, aunque es cierto que no se puede tener una idea clara del asunto solo por el comportamiento de unos pocos productos, sí hay señales inequívocas en el mercado formal e informal, en medio de un profundo desabastecimiento que lo empeora todo (o lo provoca). Otra de esas señales, además de la elevación de los precios en el sector estatal —en renglones donde se sacó de la ecuación el subsidio—, es la lógica impuesta por la dolarización indirecta de la economía doméstica que, ante la ausencia de convertibilidad de la divisa (no hay disponibilidad para la compra de dólares en los bancos o casas de cambio), impacta en los precios elevándolos al doble (como mínimo) en el caso de los artículos deficitarios y de mayor demanda (comida, aseo).
Para comprar en las tiendas recaudadoras en MLC, si no se reciben remesas, hay que adquirir la divisa no a 24, sino a 50 (cota máxima, hasta el momento, a la que se ha elevado el dólar en “la calle”). Por tanto, la devaluación real es más profunda y, también mayor la inflación. Acaso la expresión más concreta de esto que digo es que, apenas en diciembre, el dólar se compraba ilegalmente a 34.00-38.00, y hoy no baja de 48.00-50.00. Parecería que cualquier estimación debería realizarse sobre esa base, aun cuando el diseño de la medida no contemplara el mercado de divisas “por la izquierda”.
De ello dan cuenta los grupos de compraventa en las redes sociales en Internet y el mercado negro. Allí un litro de aceite comestible “cotiza” entre 200.00 y 300.00 pesos; una colonia Bonabel en 375.00; desodorantes en 100.00 y 150.00; el arroz a 35.00 pesos por libra; el queso a 80.00-100.00 pesos; la carne de cerdo rebasó el límite (mental) de los 100.00 pesos; y no hablaremos del mercado inmobiliario. Las cuentas se están sacando en función del dólar y no del peso cubano. Cabría preguntarse si esta realidad estaba en los cálculos.
Más allá del debate de si son precios abusivos y especulativos —que lo son, no hay dudas, sobre todo cuando se trata de reventa—, tendríamos que considerar, también, que existen circunstancias en las que no habría otro “remedio”. Digamos que, en el entorno del cuentapropismo, sin mercado mayorista y con uno minorista medianamente abastecido, pero solo en MLC (o en pesos cubanos con precios equivalentes), inevitablemente los precios de los bienes o servicios derivados de las compras en esas tiendas tendrán que reflejar el tipo de cambio al que se adquiere la divisa.
• El periódico Escambray se acercó al tema de la venta ilegal de dólares.
Quizás todavía no estamos “chocando” de a lleno con esa circunstancia porque una parte del sector no estatal está en pausa, debido a la situación sanitaria, entre ellos cafeterías o restaurantes; mas, las contradicciones ante las tablillas de precios se viven a diario. Y no es como que podamos prescindir de estos actores: estamos hablando de un sector que, en el nivel de país, vende unos 19 000 millones al año, una cifra para nada despreciable.
Todo esto, unido a la falta de ofertas en el mercado en CUP, tal y como lo había explicado el propio Murillo Jorge, es un elemento objetivo que produce inflación y nos pone ante un entorno económico en extremo complejo, caracterizado por un exceso de liquidez en algunos segmentos de la población, mientras otros continúan viviendo al día. Así, está quien puede pagar un litro de aceite en 300.00 pesos (seis veces su valor real), y quienes deberán elegir entre comer con grasa y costear la electricidad.
En este sentido, no se puede desconocer el tremendo impacto en las finanzas del país del bloqueo estadounidense o de la redirección de recursos hacia el enfrentamiento a la COVID-19, justo cuando las principales fuentes de ingreso de divisas del país (turismo, cooperación médica en el extranjero, remesas, exportaciones) se han visto afectadas por ambas causas, indistintamente. A lo que sería obligatorio añadir las deudas de productividad y eficiencia de los sectores de la economía cubana, justo uno de los escenarios al que apunta la Tarea Ordenamiento.
Los expertos, entre ellos Torres Pérez, coinciden en que mantener una dinámica inflacionaria favorable depende, ente varios factores, del incremento de las producciones, y estas, a su vez, descansan en la gestión del sector empresarial, en lo fundamental. Para destrabar los frenos que hasta ahora han impedido el salto cualitativo y cuantitativo de no pocas empresas se había aprobado un que, en primer lugar, flexibilizan la autonomía, otorgando mayores potestades a la hora de generar y repartir utilidades, capacidad de exportación y de acceso a la divisa, entre otras. De momento, está faltando un análisis de los resultados de la puesta en práctica, aunque cierto es que no ha transcurrido suficiente tiempo para hacer mediciones.
Pero además, son necesarias otras decisiones, algunas calificadas como dolorosas o de choque, por cuanto podrían colisionar contra la voluntad manifiesta de no dejar a nadie desamparado, ya que pasan por no seguir financiando las pérdidas ni pagando sin resultados, en fin, limitar la masa monetaria excesiva.
Los expertos hablan, asimismo, de dejar que los mercados logren cierto equilibrio, controlando por algún tiempo solo los precios esenciales y combinando medidas desde la oferta, para incrementarla saludablemente y, desde la demanda, para que no crezca en demasía. Es evidente que no son decisiones fáciles ni tendrían resultados en el corto plazo. Mas, después de haber vivido un período de similares desafíos en los 90, la pregunta es si tenemos otra alternativa.
Aunque las normas facilitan la gestión empresarial, permanecen tutelas excesivas y trabas para el funcionamiento de la economía cubana.
La economía es un círculo permanente de reposición: de inventarios, de activos, de capital.
Foto: Enrique de la Osa-Pool-Reuters_IPS
Resulta muy estimulante la cantidad de resoluciones que han quedado derogadas sobre precios, lo cual da una imagen de lo complicado que era establecerlos en el país y la tendencia que existe de eliminar determinadas trabas.
Como ejemplo, solo la Resolución 313/20, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), de tres páginas de contenido (más sus dos anexos), dedica más de una página a relacionar el número de resoluciones que quedaron derogadas. Y no es el único ejemplo.
En el tema de ingresos de los trabajadores –que, al fin y al cabo, es lo que importa para pagar los precios que sean–, han quedado eliminados los diferentes indicadores para repartir utilidades de la empresa, los cuales provocaban dudas y, al final, limitaban la capacidad de estimular a los trabajadores en las empresas con resultados palpables.
No obstante, por un momento se vinculó la estimulación a los trabajadores con la mencionada Resolución 313/20, que establece las Tasas Máximas de Margen Comercial para las actividades de comercialización mayorista y minorista. Es verdad que son tasas máximas para la comercialización, en manos de monopolistas territoriales, provinciales y otros, y no para los productores.
Tampoco son tasas para el comercio minorista (su tratamiento está en otra Resolución), como también se entiende que, en el comienzo del proceso, se intentaba regular al máximo, con la intención de que no subieran mucho los precios finales a la población.
Pero algo hay que tener en cuenta, en caso de que se pretenda extender el concepto de la maximización del margen: mientras menor sea el margen comercial de las diferentes entidades, menor será la utilidad de las empresas, de donde parten los impuestos a favor de la sociedad, la posibilidad de acometer inversiones, así como el reparto de recursos a los trabajadores, que esperan que su remuneración total no esté tan cercana al costo total de la canasta básica de productos y servicios.
Interrogantes necesarias
Hay preocupación por los precios finales a la población.
Hay preocupación por los precios finales a la población, por encima del funcionamiento de las empresas, de donde salen los recursos de la sociedad, en bien de esa misma población. ¿Acaso esas empresas no son mayormente propiedad del Estado? ¿Por qué el Estado no obtiene los recursos de las empresas exclusivamente a través de los impuestos, tasas, contribuciones (tributos, en general) y los dividendos del dueño de la propiedad (el Estado), en lugar de buscar otros métodos que desvían la atención de los empresarios de sus tareas fundamentales y complican el funcionamiento de las empresas?
De nada valdría que los trabajadores pudieran beneficiarse de la repartición de las ganancias de las empresas donde laboran, si por algunos lados se limita que las empresas tengan reducidas sus utilidades netas. Esto es esencial para que los trabajadores verdaderamente sientan que las reformas económicas y la Tarea Ordenamiento inciden en el mejoramiento de su calidad de vida.
La Resolución 313/20 recoge también algo curioso, que se repite en otras resoluciones de la Tarea Ordenamiento, pero se viene observando desde años anteriores: el tratamiento diferenciado a sectores, sin una claridad sobre la necesidad de esas diferenciaciones.
Así, el Resuelvo Cuarto faculta a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Turismo, como también a los jefes del grupo GECOMEX, de Tabacuba y del Grupo de Administración Empresarial (GAE), a establecer márgenes diferentes cuando las tasas aprobadas generan pérdidas en las actividades de sus empresas. Si eso resulta positivo para las empresas de esos ministerios y grupos, también debiera ser positivo para todas las empresas del país. ¿Por qué hay que esperar que el resto de las empresas del país acumulen pérdidas, para después encontrarles una solución? ¿Qué justifica tener unos márgenes de actuación para unos y para otros no?
Otro concepto que muchas veces resulta contraproducente para el sistema empresarial –y a la larga para el país– tiene que ver con las medidas confiscatorias o sancionadoras, cuando el empresariado incumple con asuntos que no debieran ser de su prioridad. La Resolución 313/20 obliga a disminuir las tasas de márgenes comerciales, si la utilidad de la empresa sobre gastos de operaciones comerciales excede el 10 por ciento en un período sostenido de seis meses.
Se entiende el propósito de disminuir las tasas comerciales para poder tener precios finales más bajos, como también se entiende que los comercializadores no son los productores y en cada intermediario va aumentando el precio, lo cual se quiere evitar. Pero, normalmente, la limitación de la utilidad no es una función empresarial y obliga a establecer controles adicionales, poner equipos de inspección externos dedicados también a esto, así como aplicar sanciones.
Ya quedaron establecidos márgenes máximos. Si aun así la utilidad contra gastos es elevada, puede ser por acciones positivas del empresariado en disminuir costos, además de que obtener mejores utilidades –per se– debiera ser uno de los objetivos principales de cualquier empresa.
Y las Juntas de Gobierno (u otros órganos de gobierno de las empresas) podrán destinar las utilidades a una mayor distribución, en bien del rendimiento de la inversión estatal, además de pagar mayores impuestos y mejor estimulación a sus trabajadores. En definitiva, esas empresas pertenecen al Estado.
En el mismo sentido se expresa la Resolución 325/20 del MFP, que establece el sistema de precios de construcción y montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimientos constructivos. En el Resuelvo Segundo, g), numeral 9, así como en el Resuelvo Tercero, d), se establece la limitación de las utilidades hasta el 10 por ciento sobre el total de los costos y gastos.
Las utilidades son la base de cualquier emprendimiento empresarial.
Además de crear un producto o servicio útil para la sociedad, así como ganar y afianzar clientes, las utilidades son la base de cualquier emprendimiento empresarial, siendo el elemento indispensable para generar prosperidad, impuestos para la sociedad, posibilidades de estímulo a los trabajadores, así como fondos para investigación, desarrollo e innovación. Las bajas utilidades empresariales, o su ausencia, dan poco margen para aspirar a alcanzar crecimientos económicos en el país. Su limitación, salvo excepciones fundamentadas, no debiera ser el propósito de las normativas que rigen el desenvolvimiento económico de las empresas.
Si la Resolución 327/2020 del MFP autoriza a las empresas que se rigen por la Ley de la Inversión Extranjera a mantener los niveles de utilidad o margen de rentabilidad concertados, se entiende que esto es así para no afectar la utilidad de este tipo de empresas. Si esto es beneficioso para el buen funcionamiento y desenvolvimiento de las empresas creadas bajo la Ley de la Inversión Extranjera, con igual razón las empresas estatales debieran tener las mismas facilidades.
La Resolución 334/2020 del MFP hace uso de un mecanismo habitual de confiscación, cuando se calcula que las empresas están teniendo demasiados buenos ingresos, o tienen mucho saldo acumulado en cuenta, etc. Bajo esta Resolución, los bancos descuentan el 20 por ciento de los depósitos diarios de la comercialización minorista y lo transfieren a favor del Presupuesto del Estado, debiendo las entidades transferir al Presupuesto, como gastos financieros, un total del 30 por ciento de los ingresos brutos por la referida comercialización.
Es de imaginar, por ejemplo, las complicaciones que les puedan surgir a las empresas en demostrar al banco que algún depósito corresponde a cobros de ventas del año anterior, bajo anteriores precios, y que estaban pendientes de depositar. O dedicarse al cálculo mensual del “exceso de liquidez” generado y determinar la diferencia con el real aportado (deducido anteriormente por los bancos).
Pero lo más preocupante es olvidarnos de que la economía es un círculo permanente de reposición: de inventarios, de activos, de capital, etc. No es correcto insistir en que, como había unos inventarios comprados a precios anteriores, las ventas de los productos que comprenden ese inventario deban hacerse a precios antiguos. Es que, agotados esos inventarios, hay que reponerlos, y para ello habrá que pagar nuevos precios de adquisición, por lo que la empresa se puede quedar sin recursos suficientes para reponer inventarios.
La resolución 337-2020 del Ministerio de Finanzas y Precios
Inversión extranjera en la Zona Especial del Mariel.
Cuando se analiza la Resolución 337/2020 del MFP, podría preguntarse si al país solo le interesa estimular la inversión extranjera en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). Una de las ventajas que tenía la inversión extranjera en Cuba era que el negocio de una empresa creada bajo la Ley de la Inversión Extranjera podía registrarse, contabilizarse y presentar sus estados financieros en una moneda extranjera, de manera que los activos, pasivos y patrimonio de esas entidades no estaban sujetos a riesgos de tipo de cambio que pudiera tener la moneda nacional.
En estos momentos, la mencionada Resolución sigue respetando esa potestad solo a los usuarios y concesionarios de la ZEDM. Además de las diferencias mencionadas que se crean entre unas empresas y otras, la intención de estimular la captación de nuevas inversiones extranjeras en Cuba puede entrar en contradicción con esta nueva regulación, en relación con lo normado para las asociaciones económicas internacionales que se creen fuera de la ZEDM.
Las asociaciones económicas internacionales estaban acostumbradas a tener cuentas en USD. A los efectos del riesgo de tipo de cambio, no importaba si los saldos en esas cuentas no tenían liquidez del país para transferir recursos al exterior. Lo importante era que el saldo no estaría afectado por las devaluaciones de la moneda nacional.
Ahora, a las empresas creadas bajo la Ley de Inversión Extranjera, localizadas fuera de la ZEDM, se les obliga a facturar en CUP y cobrar en la moneda nacional. Si esos CUP tuviesen liquidez externa y pudiesen ser transferidos al exterior, todavía eso no sería tan grave. Pero si no pueden transferir fondos hacia el exterior, los saldos en CUP, además de no tener liquidez externa, estarían expuestos a devaluaciones ulteriores y pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional. Y los directivos de las empresas mixtas no tendrían forma de cubrirse de este riesgo, por no contar con liquidez externa para esos saldos.
Las empresas de la ZEDM tenían importantes ventajas fiscales sobre el resto de las asociaciones económicas internacionales, además del tratamiento diferenciado a la fuerza laboral. ¿También hacía falta diferenciarlas tanto con esta medida económica? No se puede entonces pretender crecimientos necesarios en la inversión extranjera en Cuba, porque el espacio de la ZEDM es finito, o su crecimiento no puede dejar de ser escalonado.
La misma Resolución 337/2020 establece,en su artículo 8, que el efectivo en caja, así como otros instrumentos de pago en CUC, pendientes de depositar, se convertirían a CUP a la tasa de cambio de 1:1. Una vez más se observa una medida de tipo confiscatoria, que a la larga entorpece el trabajo de las empresas, olvida la necesidad de reponer existencias y el principio de la continuidad.
Pero lo peor es que estas mismas conversiones al tipo de cambio de 1:1 son aplicables a las empresas creadas bajo la Ley de la Inversión Extranjera que operan fuera de la ZEDM, las mismas que se quiere estimular y captar. Además, se muestra otro tipo de tratamiento desigual, porque unos años atrás, al desaparecer el USD en el ámbito empresarial, algunas asociaciones económicas internacionales decidieron abrir cuentas y cobrar en CUC, mientras otras optaron por no hacerlo. Como resultado, hoy las segundas estarían en mejor situación y quedarían convencidas de que, en su momento, hicieron bien en no dejar de funcionar exclusivamente en USD.
También se convierten a la tasa de cambio de 1:1 (artículo 10) el componente en CUC de los inventarios, activos fijos, inversiones en proceso y otras partidas no monetarias, sin existir una actualización por la devaluación de la moneda nacional. Pensemos en un empresario extranjero, que aportó recursos para adquirir maquinarias por un millón de USD, y que de ahora para luego le digan que sus maquinarias, contablemente, tienen un valor de ¡un millón de CUP! ¡Cerca de 42.000 USD! ¿Quién entiende eso? ¿Y el capital de la empresa cómo quedaría convertido en la contabilidad?
Si a las empresas de nacionalidad cubana (de capital mixto, o totalmente extranjero, o capital totalmente cubano), creadas en la ZEDM, se les autoriza utilizar el USD como moneda de sus operaciones contables (artículo 22) y para la emisión de sus estados financieros (artículo 23), con más razón no era necesario que las sucursales, agentes y oficinas de representación de entidades jurídicas extranjeras convirtiesen los saldos de sus cuentas bancarias en monedas extranjeras a CUP.
Liquidez externa: algunas preocupaciones
Se pretende que los negocios con inversión extranjera alcancen autonomía financiera real.
Se sabe que cualquier medida, en cualquier ámbito de actuación, tiene efectos positivos y efectos secundarios negativos, aunque tratando de que los positivos sean preponderantes. Pero en la vida es muy difícil recoger solo los aspectos positivos de cualquier proceso. No tener que enfrentar aspectos negativos es un sueño, que siempre salta de una forma u otra.
No podemos pretender que la devaluación de la moneda contra el USD solo sea efectiva en unos aspectos y en otros no. Existe la Resolución 115/2020 del MEP, emitida mucho antes de las normativas vinculadas a la Tarea Ordenamiento (en agosto 2020), pero que mucho tiene que ver con el funcionamiento de las empresas en la etapa actual, ya que trata sobre el sistema de asignación de liquidez externa.
Esta norma, modificada a fines de 2020 mediante la Resolución 153/2020, contiene muchos aspectos favorables para que las empresas alcancen cierta autonomía financiera en el ámbito externo. No obstante, también deja abiertas varias preocupaciones:
1) En primer lugar, la norma pretende que los negocios con inversión extranjera alcancen autonomía financiera real y, para ello, se previó que estos negocios pudiesen cobrar con respaldo de liquidez lo correspondiente al componente en divisas de las facturas que presenten. Posteriormente, esto fue disminuido a acuerdo entre las partes, pero hasta un máximo del 60 por ciento de la factura. Puede que, con ese porcentaje de liquidez, los productores cubran la importación asociada a las ventas que posteriormente irán a las tiendas en MLC, pero es fácil prever la difícil negociación a llevar a cabo para recibir cierta liquidez para las ventas destinadas a las tiendas que comercializan los productos en CUP.
2) La norma recalca que no existe liquidez para los productos que no sustituyen importaciones, sea electricidad, combustible, comunicaciones, servicios de acueducto y alcantarillado, entre otros. Es cierto que esos servicios solo se pueden adquirir en el mercado local, o no pueden ser importados, pero no es menos cierto que –por ejemplo– la Unión Nacional Eléctrica (UNE) eroga inmensas cantidades de divisas para suministrar electricidad, como también las otras empresas, a las que les cuesta divisas mantener sus servicios.
El funcionamiento actual está basado en el supuesto de que es la Caja Central la que deba asignar liquidez para mantener las importaciones y el funcionamiento de estas empresas. Pero, en algún momento, las empresas que generan liquidez externa deben ser capaces de destinar parte de ella para también comprar estos servicios, de manera que las empresas de servicios empiecen a tener cierta autonomía y no dependan totalmente de las asignaciones centrales del Estado.
3) La Resolución 153/2020 menciona que “…no se cobran con respaldo de liquidez las ventas realizadas a embajadas, sucursales, representaciones extranjeras o similares, desde sus cuentas en bancos cubanos, incluidas las de fines específicos…”. Se entiende que las cuentas de fines específicos son cuentas sin liquidez y es correcto que no puedan servir para fines de obtención de liquidez. Pero no tiene ningún sentido obligar a embajadas, representaciones extranjeras y similares a pagar desde el exterior, cuando sus saldos en bancos cubanos cuentan con liquidez.
En un momento en que se sabe que el bloqueo golpea más fuertemente en el ámbito financiero-bancario, cuando muchos bancos externos rechazan trabajar con bancos cubanos, o demoran sus transferencias en extenuantes averiguaciones para evitar ser multados por Estados Unidos, no es posible comprender cómo nuestras autoridades impulsan que los saldos líquidos dentro del país salgan hacia el exterior, para después recibirlos nuevamente desde el exterior, pero esta vez directamente a favor de las empresas que comercializan sus productos y servicios a estas entidades extrajeras.
¿Bloqueo interno?
Para las cooperativas no agropecuarias y otras formas de gestión, el canje se realiza al nuevo tipo de cambio de 24:1, sin embargo para las formas del sector cooperativo agropecuario la conversión de los saldos bancarios se realiza al tipo de cambio de 1:1.
No importa dónde se encuentren los fondos, como no importa de dónde provengan; lo importante es distinguir a quiénes pertenecen, a quién se le está facturando el producto o servicio, siendo siempre una exportación lo facturado a una entidad extranjera; aunque sus fondos, con los que paga, se encuentren en un banco cubano. Esto es una clásica demostración de lo que muchas veces llamamos “el bloqueo interno”, que equivale a un bloqueo del sentido común.
El artículo 19 de la Norma Específica de Contabilidad 8 (NEC 8) establece que los saldos contables de las cuentas bancarias en CUC y en moneda extranjera, de las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, se convierten a CUP al tipo de cambio que disponga el BCC. Más adelante, la Resolución 177/2020 del BCC dispone que la conversión de los saldos bancarios se realiza al tipo de cambio de 1:1 para las formas del sector cooperativo agropecuario (Resuelvo Undécimo -e). Sin embargo, para las cooperativas no agropecuarias y otras formas de gestión, el canje se realiza al nuevo tipo de cambio de 24:1. Aunque hasta el momento puede que no existies en muchas cooperativas agropecuarias con cuentas bancarias en CUC y/o en USD, ¿por qué esa diferenciación? Además de representar, esta decisión, una forma de confiscación de recursos a las cooperativas agropecuarias.
Aunque lo siguiente no afecta a la economía, la Resolución 177/2020 del BCC menciona la conversión de CUC a CUP de saldos en cuentas de oficinas de representación y agentes de sociedades mercantiles extranjeras, así como de saldos en cuentas de fines específicos. Por un lado, las entidades mercantiles extranjeras, como regla, no estaban autorizadas a tener cuentas en CUC. Por otra parte, no se menciona qué tipo de cuentas de fines específicos son, si hay entidades estatales o asociaciones económicas internacionales con este tipo de cuentas. Las cuentas de fines específicos, que mayormente se conocen, pertenecen a entidades mercantiles extranjeras y están denominadas en MLC, por lo que no tendrían conversión de CUC a CUP.
La Resolución 178/2020 del BCC dispone la creación de facilidades financieras para capital de trabajo, inversiones y salarios, para aquellas entidades que enfrenten efectos negativos por la devaluación del peso cubano. Eso está muy bien. Pero esas solicitudes siempre hay que prepararlas, fundamentarlas y pasan por un proceso de análisis y aprobación, por lo que la solución nunca puede ser inmediata. Si las empresas no tuviesen que depositar “exceso de liquidez”, no recibiesen un peso por un CUC por la conversión de sus saldos en cuentas, por su efectivo, por la valoración de sus activos; no viesen limitadas sus utilidades, etc., probablemente serían mucho menos las que tuviesen que dirigirse a los bancos a solicitar facilidades financieras, o las tuviesen que solicitar por menores valores.
Resolucion 180/2020 del BBC
Los necesitados acuden al mercado no oficial cuando se ven urgidos de adquirir divisas. Foto Tomada de Cubadebate
En su Resuelvo Undécimo, la Resolución 180/2020 del BCC establece la posibilidad de que las personas naturales puedan adquirir moneda extranjera, con pesos cubanos, en las casas de cambio y en las sucursales bancarias. La situación de la economía, y de las divisas en particular, no ha hecho posible implementar esta posibilidad. De hecho, cuando se extendieron las ventas en tiendas en MLC, uno de los reclamos de la población era (es) que la parte de la población que no recibe ayudas familiares del exterior, ni otros ingresos lícitos en divisas, no tendría acceso a una variedad mayor de productos. Teóricamente, algunos exponían alternativas:
Que la población comprase MLC con pesos cubanos, pero que las entidades financieras no entregasen efectivo en MLC, sino saldos en las cuentas en MLC, para que las divisas vendidas no salieran del país, pero sí pudiesen ser utilizadas en las tiendas en MLC. Imaginamos que esa variante no sería aprobada, no solo porque supondría una presión mayor para las importaciones a realizar por las cadenas de tiendas, sino también porque los titulares de las cuentas, más tarde o más temprano, pudieran exigir se les entregase efectivo en MLC contra el saldo de sus cuentas en estas monedas.
Poder adquirir productos en tiendas en MLC, con tarjetas de cuentas en CUP, aunque el tipo de cambio fuese algo superior, por ejemplo, de 28-30 CUP por 1 USD. No existiría el peligro de extracción de divisas del país, pero continuaría existiendo la presión sobre las importaciones de las cadenas de tiendas.
Al final, este aspecto ha quedado sin solución oficial, pero los necesitados acuden al mercado no oficial cuando se ven urgidos de adquirir divisas. Siempre va a existir demanda de compra de divisas, bien para viajar, o para comprar en el exterior, o para atesorar. Pero de lo que se trata es de intentar reducir la compraventa de divisas en el mercado informal, al menos para aquella parte de la población que la necesita para, posteriormente, adquirir mercancías en las tiendas en MLC.
La falta de solución a esta problemática, sumada a la crisis internacional provocada por la covid-19, más los efectos del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos han hecho que aumente la demanda de USD, en un momento de reducción de importación de divisas en efectivo, lo que ha elevado ya el precio del USD, en el mercado informal, a alrededor de 50 pesos (equivalente a más de 2 CUC de los antiguos).
Con un precio informal de las divisas cada vez más alejado del oficial, aparecerán otros problemas: desde la poca afluencia de público a vender sus divisas en CADECA y bancos, hasta su influencia en los precios, de cuentapropistas y otros; o la pérdida del nivel de estímulos en los precios oficiales para los productos a comprar a los agricultores, por ejemplo.
Situación de las tiendas en MLC
Se amplió el comercio en tiendas en MLC, sin embargo, se mantiene la escasez de productos.
Hay un aspecto que no tiene que ver directamente con el ordenamiento monetario y que –sin embargo–, al no estar funcionando de una manera deseada por la población, sus aspectos negativos están siendo identificados por el pueblo como producto del ordenamiento monetario. Se trata de las ventas en las tiendas en divisas.
En una publicación anterior se refería la ausencia de productos en las tiendas en CUC, las largas colas existentes y se explicaba las posibles causas de esa situación, mencionando que una posible solución pudiera ser el restablecimiento de las ventas en MLC, o en efectivo y/o exclusivamente mediante tarjetas, ampliando el alcance de las tiendas en MLC, que en ese momento solo eran para algunos productos eléctricos de alta gama y otros. De esta forma, las cadenas de tiendas tendrían saldos líquidos en moneda extranjera, para reabastecer las tiendas sin dificultades y pagar a sus proveedores.
Pues bien, se amplió el comercio en tiendas en MLC, tanto en lo que respecta a la cantidad de unidades de tiendas, como en el surtido a vender en MLC. Sin embargo, se mantiene la misma situación de escasez de productos y –sobre todo– de inmensas colas de largas horas para acceder a ellas.
Indiscutiblemente, el recrudecimiento del bloqueo puede estar incidiendo en que las tiendas tengan dificultades para abastecerse, tanto por la retirada de proveedores, o las dificultades para hacer pagos a los proveedores por las limitaciones impuestas desde afuera para entorpecer la actividad de los bancos cubanos.
La crisis generalizada provocada por la covid-19 también puede estar incidiendo en esta realidad, no solo porque han mermado los ingresos habituales, sino que también se ha tenido que destinar importantes recursos para combatir la pandemia.
Sin embargo, no parecen ser estas y otras realidades objetivas las únicas causas del desabastecimiento en las tiendas en MLC. En primer lugar, si una cadena de tiendas le debe una importante cantidad de recursos a un determinado proveedor, vencidos ya desde hace un tiempo y después de agotarse el crédito comercial inicialmente otorgado por el proveedor, es fácil predecir que ese proveedor no estará en condiciones económicas, ni predispuesto, para venderle a la cadena de tiendas otra cuantía importante de mercancías.
Esto es así, aun cuando se le prometa al proveedor que ahora sí funcionará bien el nuevo mecanismo de pagos, debido a las ventas en MLC por tarjetas, y hasta ese proveedor haya podido comprobar que, efectivamente, va cobrando los suministros a las tiendas en MLC.
Deudas impagas
La situación económica es delicada y la lucha contra la covid-19 demanda cuantiosos recursos.
El fardo de la deuda atenta contra el crecimiento de las ventas de ese proveedor, además de que a muchos de ellos se les prometió un cronograma de pagos de las deudas anteriores y nunca lo han recibido, o no se ha cumplido.
Las cadenas de tiendas ni quieren hablar de ese tema, como si la deuda fuese del Presupuesto del Estado y no ellas, que firmaron esos contratos de compraventas. Ni siquiera aceptan que un porcentaje de las ganancias, por las nuevas mercancías comercializadas en MLC, poco a poco se destine a ir amortizando las deudas anteriores.
Es cierto que la situación económica es delicada y que la lucha contra la covid-19 sigue demandando cuantiosos recursos. Pero, sin la búsqueda de soluciones a la deuda por las mercancías adquiridas para las anteriores tiendas en CUC, probablemente será difícil encontrar mayores abastecimientos y soluciones a las largas colas de las actuales tiendas en MLC, en lo que concierne a una buena cantidad de proveedores habituales, que no siempre resulta sencillo sustituir por otros.
Si se comen no solo la ganancia de un negocio, sino también el capital necesario para pagar a proveedores y reponer existencias, será muy difícil tener las tiendas abastecidas y sin colas.
El segundo aspecto tiene que ver con la forma de pago de las nuevas compras. Si estas se contratan para pagarse a 120-150 días, o más, los proveedores desean recibir un medio de pago que les permita descontar el crédito comercial, no solo para desprenderse de la deuda y no tener el desasosiego de si el nuevo mecanismo de pagos seguirá funcionando bien en el futuro. Es que los proveedores no son instituciones financieras y necesitan recursos para seguir produciendo o comprando a fabricantes, para después vender sus productos a Cuba.
Muchos no pueden darse el lujo de acumular pagos para cinco meses de suministros y responder a la creciente demanda de las cadenas de tiendas en MLC. Esos medios de pagos pudieran ser cartas de crédito, letras de cambio, o pagarés. Sin embargo, las cadenas de tiendas se han negado a entregar instrumentos de pago, como letras de cambio o pagarés, y las cartas de crédito deben ser aprobadas por los bancos y no pueden cubrir una cantidad importante de las compras. Resulta muy difícil disminuir las colas en las tiendas en MLC y aumentar la oferta de productos, si no se responde a esta demanda de los proveedores.
Soluciones alternativas
Algo positivo del canal de exportaciones, con posterior comercialización por internet y entrega del producto a familiares en Cuba, es haber cambiado la mentalidad sobre las ayudas familiares.
Por falta de pagos, ha surgido una interesante situación, inédita hasta ahora. Algunas empresas nacionales han empezado a vender sus productos a entidades extranjeras, las cuales después los comercializan en el exterior a un público que los paga por internet, mediante tarjetas internacionales de crédito/débito, pero con la particularidad de que las mercancías no salen de las fronteras cubanas, sino que el comprador y pagador final solicita que la mercancía le sea entregada en Cuba a algún familiar o conocido.
Aunque la mercancía no salga de las fronteras cubanas, realmente es una exportación, por cuanto la venta de la empresa cubana se le realiza a una entidad extranjera.
Para el productor nacional, esta transacción es muy ventajosa, ya que cobra muy rápidamente, a precios muchas veces superiores a los que obtendría de vender los productos a una cadena de tiendas, y a la vez que reporta una exportación al país, recibe un porcentaje elevado de liquidez externa (CL) para ulteriores compras de materias primas e insumos.
No está mal esta búsqueda de soluciones alternativas, que canaliza ayudas familiares y permite a una parte de la población cubana recibir productos necesarios. Sin embargo, lo anterior está promocionándose como un gran logro de crecimiento de las exportaciones, cuando tiene aspectos cuestionables.
Esta forma de operar supone que las personas físicas compradoras finales, situados en el exterior, necesitan enviar menos remesas de efectivo hacia Cuba, sustituyéndola por ayuda familiar en productos. Y las cadenas de tiendas dejan de percibir ese habitual 140 por ciento de margen sobre compras. O sea, el margen que dejan de percibir las cadenas de tiendas no es compensado por el margen superior que reciben las empresas exportadoras.
Lo peor es que el comprador final está pagando precios por los productos, muy superiores a los existentes en las cadenas de tiendas nacionales, mientras las empresas intermediarias compradoras reciben una parte muy considerable del margen, sobre el producto exportado por la empresa cubana, lo que hace mermar la capacidad adquisitiva de las ayudas familiares.
Ante esta situación, con más fuerza parece necesario volver a la variante en la que se menciona que una (o varias) cadena de tiendas internacionales (sea Carrefour, Mercadona, u otra) pudiera recibir licencias para establecer tiendas minoristas en Cuba, siempre que estuviese dispuesta no solo a pagar el arrendamiento del local, sino un porcentaje elevado de impuestos sobre ventas.
Y ese impuesto sobre ventas (dígase, entre el 50%-80%) le podría dejar al país una ganancia no inferior a las obtenidas por las cadenas de tiendas nacionales, porque el país no tendría que ocuparse de la logística de las compras, el almacenamiento y la distribución, la electricidad y otros costos, las mermas, pérdidas y hasta el salario de los trabajadores.
Probablemente, esas mismas cadenas internacionales no solo mejorarían los pagos a los proveedores externos, sino que también se ocuparían de estimular mejor el encadenamiento productivo y la compra de mercancías a los productores nacionales, fuesen estatales o no estatales.
No cabe dudas de que ese impuesto sobre ventas sería superior al margen que obtienen las empresas productoras nacionales cuando exportan sus productos a un comprador externo, para que ese producto no salga de nuestras fronteras y sea entregado a una persona física en Cuba.
Algo positivo del canal de exportaciones, con posterior comercialización por internet y entrega del producto a familiares en Cuba, es haber cambiado la mentalidad sobre las ayudas familiares. El proceso puede haber empezado por las recargas desde el exterior de teléfonos celulares en Cuba, o por la compra desde el exterior de servicios de restaurantes estatales para que familiares en Cuba disfruten de este servicio, o por ventas similares por internet. No solo se abrieron las ventas por internet, sino que quedó accesible la posibilidad de que el pago lo realice alguien en el exterior, y el producto o servicio lo disfrute otra persona en Cuba.
Ayuda externa a productores
Personas naturales en el exterior debieran poder pagar, por ejemplo, tractores, maquinarias, equipos e insumos, para que sus familiares en Cuba recibiesen esos equipos como donación.
Si lo anterior es comprensible para todos, con más razón debiera explotarse este mismo concepto para asuntos más importantes, como es la producción de bienes y servicios. Personas naturales en el exterior debieran poder pagar, por ejemplo, tractores, maquinarias, equipos e insumos, para que sus familiares en Cuba recibiesen esos equipos como donación. Por supuesto, con las autorizaciones previas para recibir en Cuba esas donaciones.
O que las empresas estatales cubanas importen esas mercancías y luego las pudiesen entregar a trabajadores por cuenta propia y cooperativas (agropecuarias o no agropecuarias). Esas entregas locales de las mercancías, bien pudiesen ser mediante ventas por internet a compradores en el exterior (reexportación con donación en Cuba), o en los contratos de compraventa entre un proveedor extranjero y un importador estatal cubano, para posterior venta a TCP o cooperativas. Como forma de pago pudiese acordarse que los pagos al proveedor serán realizados directamente desde el exterior por una persona física determinada, residente en el exterior.
Este tipo de donaciones no solo ayudaría a canalizar ayudas familiares desde el exterior, sin necesidad de emplear vías bancarias restringidas o envío de efectivo por las llamadas “mulas”, sino que ayudaría a ampliar producciones locales, incrementar el empleo productivo y mejorar la productividad del trabajo y la eficiencia del sector no estatal. Asimismo, elevaría los ingresos de las importadoras cubanas, por sus comisiones o márgenes en esta operativa.
Como conclusión, se puede decir que se han dado importantes pasos para medir el funcionamiento de nuestra economía, estableciendo normas que en muchos aspectos facilitan la gestión empresarial. No obstante, permanecen conceptos y prioridades que demuestran todavía tutelas excesivas, trabas para el funcionamiento de la economía y prioridades que difícilmente pueden conducir al país al crecimiento de la producción y los servicios. (2021).
Pero ni bajan los brazos, ni se dan por vencidos, y ejemplos afloran, como las del incansable Daniel Barrameda Tudurí, gente de chispa siempre encendida, quien con profundo sentido de pertenencia acumula innovaciones, adaptaciones y otro sinfin de alternativas para que la fábrica no tome pausa. Ahora le aguarda un nuevo reconocimiento, por el Diseño, montaje y remodelación del matadero de cerdos, pero nadie olvida su decisiva contribución en otros peldaños internos, como la caldera por ejemplo, que le ganan el respeto y consideración de todos.
