El gobierno cubano ha extendido a las empresas estatales la aplicación de tributos que ya normaban otras actividades y sectores de la economía.
A partir de octubre, el Estado comenzará a cobrar en las empresas estatales la Contribución Especial a la Seguridad Social y el Impuesto sobre Ingresos Personales.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
El anuncio corrió como noticia caliente por las calles, la prensa y la red de redes. Desató inquietudes entre los cubanos, motivó amplios programas de radio y televisión, foros públicos con funcionarios del gobierno y sirvió también de comidilla a la oposición por más que sea algo común en cualquier economía del mundo. Pero la decisión de aplicar en Cuba una contribución especial a la seguridad social y un impuesto sobre ingresos personales a los trabajadores de empresas estatales no es una novedad.
Desde enero, el gobierno había informado (http://www.acn.cu/economia/15664-pagaran-tributos-trabajadores-del-sistema-empresarial-cubano) en programas de televisión que ese paso, establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario, lo daría en el segundo semestre. El acuerdo lo sustenta la Ley del Presupuesto de 2016, que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en la sesión de diciembre pasado. Hace unos días, las autoridades solo hicieron precisiones: la fecha, las tarifas y otros detalles.
Ambos tributos entrarán en vigor a partir de octubre (http://www.cubadebate.cu/especiales/2016/09/08/cuentas-claras-sobre-los-nuevos-tributos-e-impuestos-en-el-sector-empresarial-cubano-fotos-video-y-pdf/). La contribución especial a la seguridad social la aportarán los trabajadores del sistema empresarial con salarios superiores a 500 pesos cubanos (*): un 5 por ciento de sus ingresos. El impuesto, en tanto, será del 3 por ciento para las personas con salarios de más de 2.500 pesos y del 5 por ciento cuando superen los 5.000 pesos.
Los representantes del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) aclararon que estos tributos se aplicarán solo si los ingresos del trabajador incluyen, además del salario escala, el pago adicional de las entidades en Perfeccionamiento Empresarial, el pago por rendimiento o la distribución de utilidades como estímulo por la eficiencia.
Unas industrias han reaccionado con más éxito que otras desde que los trabajadores comenzaron a ganar un salario acorde con su rendimiento y resultados laborales.
Foto: Randy Rodríguez Pagés
Al extender el impuesto sobre ingresos personales a los trabajadores de empresas estatales, las autoridades los igualan el tratamiento fiscal que aplica desde hace unos años a productores agropecuarios y de cooperativas, trabajadores por cuenta propia y al sector privado y de la cultura, así como a los asalariados en las empresas de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. ¿Por qué un trabajador del Estado no debe pagar los mismos tributos que una persona del sector privado, cuando alcancen ingresos similares?
La medida es también una reacción al despegue que comienza a experimentar el salario medio en empresas estatales: creció un 47 por ciento en dos años, hasta 743 pesos al cierre de 2015, desde que entraron en vigor los sistemas de pago por resultados en 2014, primero con la Resolución 17 y ahora con la Resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Pero este impuesto tendrá escaso alcance aún en el ámbito empresarial estatal. Todavía es una minoría la que cobra mensualmente montos superiores a 2.500 pesos en el sector estatal.
De acuerdo con información ofrecida a la prensa por el director de Organización del Trabajo y los Salarios del MTSS, Guillermo Sarmiento, al cierre del primer trimestre del presente año, solo 25 empresas pagaban salarios por encima de 2.500 pesos como promedio al mes (http://www.opciones.cu/cuba/2016-09-09/aplican-nuevos-tributos-en-el-sistema-empresarial-cubano/). A ellas pertenecen alrededor de 14.000 trabajadores. Con un salario medio mensual por encima de 1.000 pesos se encontraban 405 empresas y 1.306 entidades pagaban más de 500 pesos.
En cambio, la contribución especial a la seguridad social, que también se aplica ya a los trabajadores de otros sectores de la economía, tendrá más alcance y, por lo mismo, ha desatado polémicas y preocupaciones mayores. Según las estadísticas aportadas por el MTSS y la Oficina Nacional de Recaudación Tributaria (ONAT), pasan de un millón 300.000 los trabajadores de empresas estatales que aportarán ese tributo. Ya lo hace el personal de entidades inmersas desde hace varios años en un proceso de Perfeccionamiento Empresarial, el de la inversión extranjera y el de la flota pesquera de plataforma. En áreas presupuestadas, se habían sumado gradualmente al pago de ese tributo sectores donde se incrementaron los salarios en años recientes, como la salud pública, la educación, la Controlaría General y la Fiscalía General.
Esta contribución especial llega en auxilio de uno de los gastos más fuertes que soporta hoy el Presupuesto del Estado: la seguridad social; más de cinco millones 700.000 pesos están previstos en el actual año, fundamentalmente para el pago de pensiones a más de un millón 600.000 personas. En diez años estos gastos se han disparado un 63 por ciento, por el incremento del monto mínimo de las pensiones y el aumento de jubilados en una sociedad con marcada tendencia al envejecimiento y a la disminución de la fuerza laboral activa.
Las empresas y demás centros de trabajo pagan una contribución a la seguridad social por su fuerza de trabajo contratada, pero no alcanza para cubrir todos esos gastos. Para completarlos, el Estado extrae entre 1.200 y 1.300 millones pesos del erario público desde hace varios años.
Aunque la contribución especial a la seguridad social tampoco es novedad, la noticia generó polémicas sobre todo por el nivel salarial legislado para su aplicación, 500 pesos, en una economía lastrada por el bajo poder adquisitivo del peso cubano. El gobierno ha tomado medidas este año para controlar la inflación y reducir precios de mercados minoristas, pero todavía se mantienen demasiado altos para el bolsillo medio cubano.
La extensión gradual del sistema tributario constituye una línea fundamental en la transformación del modelo económico cubano: marca la evolución hacia un modelo ordenado mediante regulaciones económicas y de derecho, en lugar del método de disposiciones burocrático-administrativas que caracterizó durante décadas al sistema centralizado. (2016)
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