Raudiel F. Peña Barrios • 21 de Julio, 2017
LA HABANA. Es casi imposible enumerar ya desde cuántos escenarios y voces diferentes he escuchado sobre las vicisitudes de la inversión extranjera en el país, así como de su importancia para el futuro. Parece una contradicción, pero es lo que ocurre en realidad.
Tanto con la ley anterior (Ley No74 de 1995) como con la actual, aprobada en 2014, los proyectos inversionistas foráneos siguen contando con demasiados detractores que entorpecen su desarrollo. No soy el primero en manifestarlo ni mucho menos; el último que públicamente lo reconoció fue el propio Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros durante la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Cuando fue adoptada la legislación vigente sobre este tema se ponderó a toda voz su importancia. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, pues realizar ajustes en la regulación sobre determinada materia para atemperarla a las nuevas condiciones y a la relevancia que se le quiera dar con vistas al futuro, siempre es bueno. Pero tal y como le dije a algunos colegas en aquel momento sigo pensando que el problema no estaba ni está en la ley, sino en factores más complejos y por ende más difíciles de erradicar.
Desafortunadamente, la visión política e ideológica de muchos puede que hoy siga asumiendo al capital proveniente del exterior como enemigo que debe ser controlado para que no se robe el país.; un mal necesario al que tenemos que acudir por determinadas circunstancias concretas, al que hay que limitar lo más que podamos. Pero si no dejamos que otros aprovechen algunos de nuestros recursos y servicios, y obtener a cambio beneficios con los que inyectar nuestra economía, ni siquiera nosotros mismos podremos hacerlo. Existe una mentalidad aún que no reconoce el hecho de que sin tecnología y moneda dura no habrá futuro.
Nuestro ambicioso Plan de Desarrollo Estratégico necesita miles de millones de dólares cada año desde ahora y hasta 2030 para poder concretarse, con un margen de maniobra muy estrecho ante posibles errores. Precisamente por esto no debería parecer más una línea inalcanzable como el horizonte que un plan, y a su vez tampoco se debería entorpecer más la entrada de dinero fresco del exterior.
Las propias autoridades gubernamentales han reconocido que se necesitan 2 000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, pero desde la entrada en vigor de la ley en 2014 y hasta el cierre de 2016 apenas se habían logrado concretar 1 300 millones.
Los inversionistas en nuestro país encuentran trabas burocráticas de todo tipo, desde procesos de negociación extremadamente largos y cargados de excesivos trámites, hasta poca preparación en sus contrapartes nacionales. No se puede obviar que, en una buena cantidad de casos, los directivos de las empresas cubanas que asumen la conducción de las negociaciones y sus supervisores no son hombres de negocios por formación, sino cuadros militantes del Partido Comunista de Cuba muy bien formados en el orden político, aunque quizás no en lo comercial y empresarial. Este factor, que algunos quizás encuentren muy subjetivo, está presente hoy en el panorama económico nacional, y eso significa a veces la pérdida de oportunidades, así como la sobre y subvaloración de aspectos claves.
Todo lo anterior contrasta con evidentes urgencias económicas para Cuba. Mientras nos demoramos negociando y obstaculizando: la producción de alimentos sigue siendo una cuestión de seguridad nacional; la reconversión de la matriz energética es clave para generar el 24 por ciento de nuestra electricidad desde fuentes renovables; y no podemos aspirar que el PIB crezca un siete por ciento anual sin contar con mejor infraestructura productiva. De estos tres ejemplos se deriva que paralizar la inversión extranjera redunda negativamente en muchas esferas de nuestra economía, incluso allí donde no existe, y por supuesto también en el bienestar de la población.
Difícilmente habrá mayor productividad agrícola arando la tierra con bueyes, no podemos seguir dependiendo de importar petróleo —por muy beneficiosos que resulten los pactos con aliados políticos y comerciales—, y no crecerá la economía si no se produce más. Soy consciente de que no todo se resolverá con la inversión extranjera y que dentro de Cuba tenemos muchas potencialidades sin explotar debidamente. Pero una economía con problemas de capitalización como la nuestra requiere de la oxigenación que da el capital fresco.
Hay otro factor a valorar. A raíz de la negociación de la deuda con nuestros acreedores del Club de París, no solo tenemos que tomar previsiones para crecer y desarrollarnos sino también para honrar esos compromisos. Ahí también la inversión extranjera juega un papel clave, porque entre las variablesque se tomaron en cuenta para fijar los términos del acuerdo alcanzado, se consideró el potencial rol de la inversión como fuente esencial de financiación al desarrollo.
También se hace necesario repensar la inversión extranjera en sus relaciones con el sector privado doméstico y con el desarrollo local. Nuestros gobiernos locales deben poder concretar negocios con inversores cuya aportación de capital no es significativa para los intereses del país, pero sí para los de un municipio. Por otra parte, cuando nuestras PYMES sean reconocidas legalmente como tal, deberían poder negociar sus propios proyectos en un marco legal que facilite su crecimiento y desarrollo en determinados segmentos de la economía. Mientras la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Mariel despega, podemos ir haciendo mucho con quienes no se pueden asentar ahí y están dispuestos a invertir en otros espacios geográficos y económicos.
Resulta beneficioso para Cuba poder contar con un polo de desarrollo como el Mariel, pero que no ha escapado de ser afectado por nuestras demoras: de 2015 a noviembre de 2016 se aprobaron 11 nuevos usuarios, para un total de veintidós desde que surgió la ZED, y hasta enero del 2017 habían ocho en operaciones. No obstante, estas cifras no son ni por asomo cercanas a la cantidad de empresas interesadas en invertir allí, que en diciembre de 2015 eran más de 400.
Si el ritmo de aprobación de proyectos para la ZED es como promedio once anuales, y suponiendo que esos interesados lo sigan estando, para autorizarlos a todos nos demoraremos nada más y nada menos que alrededor de 36 años.
Creo que podemos estar de acuerdo en que nos queda mucho por hacer, sobre todo porque, como tantas veces ha ocurrido, la ley no es la única ni definitiva solución; la normativa actualizada, coherente y dúctil es solo una parte de ella. En estos momentos del ahora o nunca para Cuba es crucial priorizar una inversión extranjera organizada y eficaz, pues no sería exagerado decir que el futuro del país, tal y como lo hemos soñado, va en ello.
Foto de portada: Ferrocarril en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.
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