El tema de la inmigración, en particular de los mexicanos y latinos en general, está en la primera línea de la polémica y en la utilización interesada y la manipulación política en Estados Unidos, una nación formada por inmigrantes y donde estos hoy día continúan ingresando a apuntalar al mercado laboral. Históricamente la inmigración ha desempeñado un papel de primera línea en el fomento del dinamismo de la economía de ese país donde, por otra parte, influye directamente en el abaratamiento de la fuerza de trabajo en el país. Por esa razón, por el racismo prevaleciente, y por prestarse a la manipulación política y electoral, alimentados por el discurso xenófobo, se generan lógicas sensibilidades y reacciones de todo tipo.
Traer temporeros o deportarlos devino rasgo de la política migratoria que se había formalizado ya desde el ‘programa de braceros’ aplicado con altas y bajas hasta 1964.
La mano de obra mexicana, entonces, y las de otros países del sur, se convirtió en una necesidad de primer orden, primero para ramas tales como la construcción, la minería, el agro, los ferrocarriles, y otros, y se mantuvo luego - junto a la colocación de capitales y manufacturas en el tercer mundo -, como fuerza de trabajo barata o temporal en labores necesariamente domésticas como empacadoras de carne, y toda una gama de servicios, oficios de alto riesgo y otros.
Son asuntos entrelazados con la súper explotación y falta de derechos de los trabajadores indocumentados, con la militarización y las muertes en la frontera de unos 3 000 Kms. con México, con los estereotipos y las leyes discriminatorias contra los inmigrantes. Pese a la imagen peyorativa y discriminatoria creada, un número considerable de la población de origen mexicano y latinos en general tiene alta calificación e integra la llamada clase media y todo un universo socioeconómico fecundo y diverso.
Sin embargo, en los pasillos del Congreso en Washington y en algunos medios de prensa el tema es tratado como un asunto de seguridad nacional, y en base a estereotipos sobre los inmigrantes se presta para agitar miedos y actitudes chovinistas.
Desde comienzos de los años 1980s se produce una expansión de las detenciones de inmigrantes que han contado con un respaldo bipartidista. Un número indeterminado, miles de personas, han desaparecido cruzando la frontera desde México. La Patrulla Fronteriza tiene arraigadas actitudes xenófobas y un modus operandi violento. Habitualmente somete a los inmigrantes a malos tratos e inspecciones higiénicas degradantes.
Un ángulo menos conocido es el complejo de lucrativos negocios corporativos privados que el gobierno estadounidense ha generado en torno al control de la frontera y las aristas de corrupción que tales tratos ocultan.
En los últimos años se ha incrementado la tendencia hacia la militarización de la frontera. Estados Unidos ya gasta más dinero para la aplicación de sus medidas migratorias que el destinado en conjunto al resto de los demás programas federales de aplicación de la ley. Es uno de los sistemas de vigilancia más militarizados del mundo, integrado por miles de sensores, vigilado por helicópteros y aviones teledirigidos y patrullado por un número récord superior a 21 000 agentes. Beneficiarios de esa militarización son las grandes productoras de armas y empresas proveedoras de seguridad que, con su gran ascendiente en Washington, impulsan esa política represiva.
En el marco de la puja política y electorera que tiene lugar en la actualidad los políticos republicanos y el propio Donald Trump se refieren repetidamente a “las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden”, las cuales han creado, dicen, “la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos”. Sin embargo es una falsedad hablar de “fronteras abiertas”, lo que en ese caso responde a razones y cínicos cálculos electorales. Además es una forma demagógica politiquera de competir por una mayor represión a los migrantes, por mayores dadivas a quienes lucran en la frontera
El aparato de control fronterizo incluye fuertes componentes militares y sigue creciendo cada vez más, independientemente de quién sea el presidente. Fue bajo la administración demócrata de Bill Clinton que se inició la construcción del muro en la frontera con México, y nuevos tramos fueron completados en sucesivas administraciones incluyendo las de Obama y Trump. Ahora Biden anuncia amurallar otros treinta y tantos kilómetros. Se ha establecido lo que algunos llaman un Complejo Militar Empresarial Fronterizo a partir de suculentos contratos que el gobierno establece con centenares de empresas privadas y grandes monopolios militares como Lockheed Martin y Northrop Grumman.
En otras palabras, basta con echar un vistazo a los contratos fronterizos de 2023 para comprender que se avecinan más muros, centros de detención y vuelos de expulsión. Un ejemplo es el monopolio General Atomics, con sede en San Diego, el cual continúa ganando dinero con el suministro de drones no tripulados Predator B que comenzó a vender a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza/CBP a principios de la década de 2000.
El experto en temas fronterizos, Todd Miller, mencionaba recientemente entre las principales empresas contratadas este año a la Classic Air Charter, un ex contratista de la CIA que ahora recibe $793 millones de dólares para ofrecer vuelos para la expulsión de personas de Estados Unidos. Desde la toma de posesión de Joe Biden, los vuelos de deportación para las Operaciones Aéreas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han aumentado, así como el número de personas detenidas. Mientras, empresas penitenciarias privadas como CoreCivic y Geo Group siguen recibiendo muchos contratos para encerrar a inmigrantes. Entre los contratos fronterizos más destacados, Fisher Sand and Gravel recibió recientemente $259,3 millones para “infraestructura fronteriza”, presumiblemente el mismo tipo de construcción de muro en la frontera que construyeron en los años de Trump.
Según ese experto tal lista de contratos habla de cualquier cosa menos de una “política radical de fronteras abiertas”. Se están entregando fondos para la “transportación de niños extranjeros no acompañados”, centros de datos, servicios de personal médico, construcción de infraestructuras, “instalaciones blandas” (es decir, campos de detención en tiendas de campaña), despliegue de “barreras flotantes” en el Rio Grande, actualizaciones del sistema de vigilancia y soporte de software para el procesamiento e investigación de antecedentes”, centros de detención, servicios de radio y comunicaciones, de apoyo analítico y de datos, servicios de guardia y transporte… La lista sigue, sigue y sigue. .
Y ese proceso de fortificación sólo está a punto de volverse aún más intensivo. En octubre, sumergida en una solicitud de financiación suplementaria de emergencia que abordaba las “prioridades clave de seguridad nacional” (incluida la asistencia militar a Ucrania e Israel), la administración Biden incluyó la friolera de $14.000 millones de dólares en financiación suplementaria para ese aparataje fronterizo y de inmigración (que se sumados a los $28.2 mil millones ya previstos en el presupuesto, allana el camino para un 2024 aún más rentable para esas empresas fronterizas.
Desde que Joe Biden asumió el cargo hace tres años, los contratos con la industria privada por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU han ascendido a la cifra $23,500 millones de dólares. Con eso supera el total de $20,900 millones de dólares de contratos con privados durante los cuatro años del gobierno de Donald Trump.
Ciertamente nunca ha habido en Estados Unidos tantas oportunidades de ganar dinero vigilando, arrestando, enjaulando y expulsando a personas desde ese territorio.
Desde 2008 la CBP y el ICE han emitido 115.484 contratos por un valor de $68.700 millones de dólares, mientras que sus presupuestos acumulados desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) en 2002 suman alrededor de $400.000 millones de dólares.[1]
La retórica del gobierno de lograr una inmigración “ordenada y segura” es pura falsedad. Gracias a esos cientos de miles de millones de dólares gastados en construir la “infraestructura” de vigilancia fronteriza año tras año, se ha vuelto esencialmente imposible para los migrantes cruzar directamente hacia la mayoría de las ciudades fronterizas, lo que los obliga a salir al desierto o al mar, y a enfrentar mucho mayores peligros y riesgos personales.
De ahí se deriva que, a la par con el incremento de los contratos y el presupuesto fronterizo, han aumentado las muertes de migrantes. Unos novecientos seres humanos perecieron cruzando la frontera en 2022 y otro tanto este año 2023: un número aún por contabilizar, pero que, según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), había llegado a unos 650 en el mes de agosto. Durante los dos primeros años de Biden en el cargo se recuperaron 1.421 restos de personas muertas a lo largo de la frontera.
No es de sorprender que la International Organization for Migration (IOM) de Naciones Unidas haya calificado esa área limítrofe de Estados Unidos con México como “la más mortífera ruta migratoria fronteriza terrestre del mundo”.
[1] Un dato, digamos, marginal. El Secretario o Ministro de ese Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, representó a algunas de las principales empresas fronterizas como Leidos y Northrop Grumman en un bufete de abogados privado (donde ganó 3,31 millones de dólares) antes de unirse a la administración Biden.
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