Foto: Favio Vergara.
En las primeras semanas de julio, la joven enfermera santiaguera Yamilé Hernández tuvo que variar sus rutinas para comprar el pollo que tanto gusta a sus hijos, pues el demandado producto desapareció de las tarimas de su reparto, el Micro Dos, en el concurrido centro urbano Abel Santamaría.
«Cuando se empezó a aplicar la Resolución para los precios topados tuve que ir hasta Ferreiro y otros lugares de la ciudad para poder comprar el pollo, pues los muchos vendedores que tenía el reparto se esfumaron, y con ellos el producto».
Por suerte han vuelto y con el precio establecido, relata contenta, pues la medida —que debió haber llegado antes, enfatiza— le da un leve respiro a su bolsillo de trabajadora presupuestada.
A más de 40 kilómetros, en el municipio de Palma Soriano, Elena Sorribes, jubilada del sector de la Educación, también habla de sobresaltos con el pollo: «Al principio no te lo vendían por libras, que es lo que más puedo pagar, pues, aunque la medida reduce los precios, todavía siguen siendo altos para los que vivimos de una pensión. No obstante, se agradece la intención del Estado, y ojalá el rigor se mantenga, para ver si el costo de alimentarnos es menor», recalca, mientras busca su lugar en la larga fila de un sábado de feria.
Las experiencias de Yamilé y Elena muestran algunas aristas de la implementación en Santiago de Cuba de la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, para la reducción temporal de los precios minoristas de seis productos de alta demanda popular: pollo troceado, aceite, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas, en vigor desde principios de julio de este año.
De la profilaxis al enfrentamiento
Esta medida, ha reiterado Vladimir Regueiro Ale, titular de Finanzas y Precios, establece precios máximos de comercialización para contener los ritmos de inflación y su impacto en productos esenciales, cuya demanda supera la presencia en el mercado, con la consecuente tendencia al incremento de su valor.
Al decir del Ministro, la nueva norma —que igualmente exonera del pago de impuestos aduaneros las importaciones de los productos que regula—, llega a la realidad precedida de un acucioso estudio, y para su aplicación efectiva en el complicado entramado económico actual es imprescindible el intercambio con las nuevas formas de gestión, pero también hacer valer el control popular.
Todas esas razones y necesidades han sido tenidas en cuenta en la oriental provincia, donde, según Yanet Aniuska Vichot González, funcionaria al frente del Grupo Provincial para encaminar la tarea, se pasó a la acción luego de un intenso proceso de intercambio con los actores económicos acerca de los objetivos de la norma, la capacitación a todos los involucrados y la creación de grupos multisectoriales de trabajo hasta el nivel de consejos populares en los nueve municipios santiagueros.
A más de un mes de la puesta en vigor de la Resolución, la también coordinadora de Programas y Objetivos para atender la Economía en el Gobierno santiaguero, ratificó lo que Juventud Rebelde pudo constatar en recorrido por establecimientos y negocios de la cabecera provincial y el municipio de Palma Soriano.
Sin descartar violaciones en el resto de los productos, el pollo y la leche acumulan la mayoría de las incidencias, particularmente esta última, pues la generalización en un mismo precio de la gran gama de variedades existentes hoy en el mercado, ha suscitado inconformidades entre los representantes de mipymes y otras formas de gestión, lo cual ha llevado a su retiro de no pocos establecimientos.
«En Santiago de Cuba no se ha cerrado ningún negocio, pero el enfrentamiento es diario, y con el rigor y la intensidad que ha pedido la dirección del país», asevera la dirigente gubernamental.
Violeta Fundora Smith, directora de Inspección en la provincia, ratifica esa línea de acción y precisa que más de 600 inspectores, entre profesionales y eventuales, apoyados por el control popular, asumen cada día acciones conjuntas y sistemáticas en 126 consejos populares. «Estamos en el terreno todo el tiempo; nuestra prioridad, más que la multa, la venta forzosa o el decomiso, es buscar el orden, el respeto a los precios», recalcó.
Además, insistió en que las violaciones se enfrentan con igual rigor en el sector estatal que entre las nuevas formas de gestión, y las inspecciones incluyen, entre otros aspectos, la revisión de fichas de costo, el pago de impuestos a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y el empleo de los canales de pago electrónico, aspecto que encuentra aún mucha resistencia en este lado cubano.
Según los informes más recientes, desde el 12 hasta el 31 de julio las acciones de enfrentamiento en Santiago de Cuba detectaron 2 831 violaciones, entre las que predominan precios por encima de lo establecido en la norma y ocultar mercancías, y se aplicaron multas por un monto superior a los 6 450 000 pesos debido al incumplimiento de lo regulado en varios documentos, entre ellos el Decreto-Ley 30, que establece severas cuantías contra precios abusivos y especulativos.
¿Solución o parche temporal?
A más de 900 kilómetros del oriente, en la capital cubana, la aplicación de la Resolución 225, genera debates iguales de intensos, como lo comprobó un equipo de Juventud Rebelde que salió a las calles en los municipios de Plaza de la Revolución y Playa, en busca del palpitar de un tema tan sensible.
Tomando como punto de partida la consulta del sitio web del Gobierno de La Habana, se pudieron constatar violaciones documentadas y la urgencia de redoblar el trabajo de inspección en esos céntricos municipios.
En Jaimanitas, perteneciente a Playa, si bien en el recorrido se pudo apreciar la abundancia de aceite, que se expendía a un precio entre los 800 y los mil pesos, solo en un establecimiento —cuando en otro momento lo podías encontrar en más de tres— de los más populares entre los pobladores, fue encontrado pollo en oferta, por un precio de 2 800 pesos el paquete de cinco libras.
En el caso de la salchicha, solo fue hallada en un establecimiento donde se expenden mayormente los productos cárnicos, por un precio de 500 pesos el paquete de diez unidades. El detergente y las pastas alimenticias se mantienen con precios similares a los precedentes a la medida.
La población, en su mayoría, reconoce algún beneficio en la medida, actitud contraria a la de los dueños de los establecimientos visitados, que, aunque no estaban presentes en el momento de la investigación, hicieron patente su descontento a través de los dependientes.
Marta Rodríguez, jubilada, destacó las bondades de la Resolución 225, y también sus expectativas: «La medida viene muy bien. Con mi pensión, apenas puedo comprar lo necesario y estos precios topados me permiten estirar un poco más el dinero. Sin embargo, me preocupa que sea temporal. Hemos visto cómo las medidas se implementan por un tiempo y luego los precios vuelven a subir. Necesitamos soluciones a largo plazo, no parches».
Por su parte, Carlos Pérez, de 30 años, trabajador por cuenta propia, cree que esta es una demostración de lo que se puede lograr cuando el sector estatal y el privado trabajan en unidad. Sin embargo, le preocupa la rentabilidad a largo plazo para los cuentapropistas.
Ana López, ingeniera de 30 años, tiene sus reservas con respecto a la efectividad y durabilidad de la medida. «La inflación es un problema estructural y no se soluciona solo con controlar precios. Además, me preocupa que no vayan acompañadas de un control efectivo, pues todos conocemos el ingenio del cubano, que se las arregla para burlar lo establecido en las leyes».
Esa es la misma inquietud de Raúl Gómez, obrero de 55 años: «Este tipo de medidas siempre se agradece por los bolsillos humildes de la población; no obstante, queda la curiosidad de por qué ahora y no antes. A la gente le preocupa, sobre todo cuando palpan que mejorar es posible, pero también piensan en el control, porque si sienten que se le saca el pie, toda mejoría puede irse a pique».
Retos y temores del primer paso
Aunque coinciden en que establecer el precio máximo de solo seis productos no resuelve el problema, habaneros y santiagueros entrevistados agradecen la voluntad estatal de proteger el poder adquisitivo de la población, y justo porque la Resolución ha demostrado que se puede, claman porque sea este un primer paso que pudiera extenderse a otros productos de alta demanda.
Asimismo, recalcan que solo en el control riguroso y el enfrentamiento constante están los caminos imprescindibles para asegurar y sostener el impacto positivo de la medida.
Dueños y socios de mipymes y trabajadores por cuenta propia santiagueros también consideran como positiva la medida, pero reiteraron sus preocupaciones, como que previo al inicio de la aplicación de la Resolución 225 no se les concedió un tiempo para comercializar las mercancías que adquirieron a un costo superior a los precios establecidos en la norma.
Los entrevistados en territorio indómito insistieron igualmente en la necesidad de que exista una importadora radicada en la provincia y se inserte a Santiago de Cuba entre los puertos para la descarga de mercancías, pues hoy deben pagar altas comisiones a los representantes de las importadoras para poder priorizar la extracción de los contenedores de El Mariel.
En cuanto a la Resolución 225, mostraron inquietud con que los precios se clasifican de manera muy general y no se tiene en cuenta las variedades existentes dentro de un mismo producto, lo cual conduce también a las variaciones de costos, pues, por ejemplo, no cuesta lo mismo la leche entera que la descremada.
Los precios de productos nacionales como la cerveza, el jabón, las salchichas, o el picadillo no son competitivos, y eso los obliga a realizar importaciones, refirieron, y abogaron por establecer alianzas con el sector estatal en aras de facilitar la transportación de las mercancías.
De la norma a la vida, y ante una realidad en la que algunos cumplen y otros siguen buscando maneras y justificaciones para seguir vendiendo caro, dirigentes gubernamentales santiagueros como Yanet Vichot dejan claro que las acciones de enfrentamiento se mantendrán.
También insiste en la necesidad de un mayor protagonismo de la población: «Todos los días hay acciones en los municipios, monitoreamos incluso las redes sociales, pero necesitamos potenciar más el control popular, que las personas sepan que pueden denunciar las violaciones a los teléfonos de los puestos de dirección que hemos divulgado por la prensa y en nuestras páginas digitales del Gobierno. Entre todos podemos», enfatizó.
Ejercicios integrales de control
La norma jurídica debe ser cumplida por todos los actores económicos que intervienen en la importación de los señalados renglones, es decir, tanto del sector estatal como no estatal, por lo cual al cierre de cada mes se revisará su marcha con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Desde el pasado 11 de julio, días después de establecerse los nuevos precios minoristas a los seis productos básicos, el Ministerio de Finanzas y Precios decidió que las inspecciones a las formas de gestión no estatal y a entidades del Estado no solo abarcaran esta regulación, sino también otros procesos importantes.
El Titular del ramo subrayó que bajo la conducción de los Gobiernos locales y con la participación de directivos y especialistas del Ministerio, de la ONAT, de las Direcciones Integrales de Supervisión y de cuantas instituciones puedan aportar inspectores, se realizan en todos los territorios los mencionados ejercicios conjuntos, dirigidos también al sector estatal, los cuales tienen favorable acogida en la población.
Consultado por la Agencia Cubana de Noticias, señaló que por un lado se verifica que se mantengan —o bajen— los precios máximos de productos básicos, y por el otro se busca definir las ganancias en las compras que el Estado realiza, a través de los sectores presupuestado y empresarial, a las formas de gestión no estatales. Estas son de las distorsiones que debemos corregir en el terreno, en aras de contener la inflación, precisó.
Por ejemplo, durante el ejercicio de control realizado el 4 de agosto en La Habana se ejecutaron 294 inspecciones, fueron visitados 292 actores económicos, se impusieron 422 multas (de ellas 259 asociadas a violaciones de precios), se efectuaron 77 ventas forzosas y se cerraron cuatro locales por incumplir con la Resolución 93 sobre bancarización, según divulgó el sitio del Gobierno provincial.
Como ha dicho el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, este es un combate desde el Ministerio de Finanzas y Precios y desde las provincias, con la voluntad de hacer cumplir lo que se ha establecido. «Por eso hay que divulgar los resultados del enfrentamiento, no solo para que el pueblo los vea actuando y defendiendo sus intereses, sino para que los violadores sepan que esto va en serio».
Aunque la Resolución establece los precios de los productos en kilogramos, el conocimiento popular de los precios por libras puede ayudar a los compradores a reconocer y enfrentar las violaciones.
(Tomado de Juventud Rebelde)
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