Desarrollo habitacional: nuevas regulaciones jurídicas

El Acuerdo No. 8093, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, así como las resoluciones de los ministerios de la Construcción, de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, publicados hoy, establecen nuevas pautas para el otorgamiento de subsidios a las familias necesitadas

Autor: Yaima Puig Meneses | internet@granma.cu

Desde el 2010 el Gobierno cubano liberó la venta de materiales de la construcción a la población. Foto: Yander Zamora

Unos siete años han transcurrido ya desde que en el 2010 el Gobierno cubano liberó la venta de materiales de la construcción a la población. Muchas han sido desde entonces las expectativas o limitaciones persistentes en diversos núcleos familiares; a todas ellas el Estado ha tratado de buscar alguna respuesta.

De esta manera, se han perfeccionado mecanismos, rectificado decisiones y estudiado constantemente variadas alternativas con el propósito de que lo diseñado acompañe la actualización de modelo económico cubano.

Teniendo en cuenta las experiencias acumuladas se han modificado y elaborado nuevas políticas que se expresan en normas jurídicas, publicadas hoy en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Cuba No. 15 y la No. 16, del 2017 —en su sitio digital— para atemperar a las circunstancias actuales decisiones ya implementadas y poner en marcha otras.

Con el propósito de informar a la población algunas de las particularidades aprobadas, Granma conversó con Raquel Rodríguez Gato, jefa del grupo de Construcción e Inversiones de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

SUBSIDIO A PERSONAS: NUEVAS DECISIONES

Desde enero del 2012 diversos aspectos y situaciones ha sido necesario incorporar o modificar en las normativas jurídicas aprobadas para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio.

El Acuerdo No. 8093, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, así como las resoluciones de los ministerios de la Construcción, de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, publicados hoy, establecen nuevas pautas para el otorgamiento de este beneficio a las familias necesitadas.

Según se ha podido constatar, en la actualidad existen más solicitudes de subsidios que financiamiento para otorgarlos y lo establecido hasta el momento era que a los 45 días debía tenerse ya una respuesta.

Por ello se decidió que «el Consejo de la Administración Municipal realice —de acuerdo con el financiamiento disponible— como mínimo dos convocatorias anuales para la recepción de solicitudes de la población con la finalidad de acceder al subsidio.

«El término para dar respuesta a las solicitudes de subsidios ahora será de hasta 70 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de estas. Las convocatorias y sus resultados se darán a conocer públicamente por los medios de información y comunicación locales», explica la especialista de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

Recuérdese que «el financiamiento disponible para el subsidio se corresponde con el 60% del impuesto recaudado sobre la venta en la comercialización de materiales de construcción en las provincias. Cada año, en el proceso de elaboración del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado, se revisa el tipo impositivo aplicable a la venta de materiales de la construcción a partir de los niveles de actividad aprobados y de la actualización de las fichas de costo.

«De lo ingresado al presupuesto anualmente se define la cantidad destinada para este tipo de subsidio».

Otra modificación sustancial consiste en que si el beneficiado fallece, renuncia al subsidio otorgado, sale definitivamente del país o se presentan otras causas afines, las personas que forman parte del núcleo familiar u ocupan el inmueble, siempre y cuando tengan derecho al mismo, pueden presentar la solicitud de continuar con el subsidio.

De aprobarse el otorgamiento, el nuevo beneficiado asume las obligaciones y derechos establecidos al respecto.

Asimismo, se añade a las regulaciones que «de comprobarse que el subsidio fue otorgado a partir de datos y declaraciones falsos, el Consejo de la Administración Municipal dispone su cancelación y el reintegro al Presupuesto del Estado por el beneficiado del monto utilizado».

Los expedientes que a la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones hayan sido entregados a los consejos de la Administración Municipal y estén pendientes de evaluación, serán válidos para su tramitación en la primera convocatoria, puntualiza la especialista.

En tanto, los expedientes tramitados en las convocatorias anteriores, que cumplen con los requisitos y prioridades y quedaron pendientes de aprobación por falta de financiamiento, se preservan hasta la fecha de la nueva convocatoria y dentro del año, sin establecer escalafón.

DOCUMENTACIÓN EN ORDEN

Mucho daño han hecho los eventos climatológicos en reiteradas ocasiones al fondo habitacional del país. Con el propósito de dar respuesta a un grupo de personas afectadas por fenómenos naturales, en determinado momento se ejecutaron viviendas en un lugar diferente a donde estaban construidas o se cambió su estructura y no se concedió previamente el derecho perpetuo de superficie.

Tal realidad ha ocasionado que en la actualidad se contabilicen 20 021 damnificados que iniciaron la construcción de su vivienda sin la documentación establecida. En muchos casos, ello impide a familias de baja solvencia económica, por ejemplo, optar por la modalidad financiera del subsidio pues al no tener «sus papeles en regla», no pueden obtener una licencia de construcción.

En tal sentido, las resoluciones del Instituto de Planificación Física y el Ministerio de la Construcción publicadas hoy establecen, de manera excepcional por única vez, y con el propósito de ordenar la situación existente, la legalización de las viviendas antes citadas y el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie.

Ello se realizará mediante una evaluación caso a caso. En todos será necesario contar con el expediente donde se recoge la afectación climatológica que dañó la vivienda o provocó el cambio de lugar donde se edificó la misma, así como cumplir con los requerimientos de las regulaciones urbanas y constructivas, acentúa Rodríguez Gato.

TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE VIVIENDAS ASIGNADAS Y CÉLULAS 

BÁSICAS SUBSIDIADAS

Con la publicación en la Gaceta del Decreto Ley No. 342, del Consejo de Estado, y de dos resoluciones, de los ministerios de la Construcción y de Finanzas y Precios, se establecen regulaciones asociadas a la transmisión de la propiedad de las viviendas asignadas por el Estado y las células básicas habitacionales construidas por esfuerzo propio de la población con subsidio del Presupuesto del Estado.

La entrega de estas viviendas a precios subsidiados y el otorgamiento de subsidios a personas necesitadas para construir células básicas, ha constituido un propósito del Estado cubano. Sin embargo, se han detectado casos de beneficiados que con afán de lucro han vendido sus viviendas a altos precios, desvirtuando el objetivo social de resolver sus problemas habitacionales.

Teniendo en cuenta estas acciones, las nuevas regulaciones se encaminan a ordenar dicha situación. Para ello 

—apunta Rodríguez Gato— se establece en lo adelante que «si los inmuebles son objeto de compraventa —en los primeros 15 años a partir de su adquisición—, el propietario de la vivienda tiene la obligación de reintegrar al Presupuesto estatal el monto del beneficio recibido».

Y amplía la Jefa del grupo de Construcción e Inversiones que «de ser una vivienda asignada por el Estado en régimen de propiedad, se ingresará el valor de construcción de la misma considerando los precios del mercado minorista. En cuanto a una célula básica habitacional construida con subsidios, corresponderá abonar el 100 % del valor subsidiado».

Para el particular de las permutas, «en la nueva vivienda adquirida, el beneficiado mantiene la obligación que tenía en la anterior».

Se exceptúa de este pago «la donación, entre parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, y la adjudicación por causa de muerte. Sin embargo, si el nuevo propietario decide vender o donar, en el periodo correspondiente a los 15 años, mantiene las obligaciones antes descritas en dependencia de si es una vivienda otorgada por el Estado o un subsidio».

VIVIENDAS ESTATALES: TERMINACIÓN POR ESFUERZO PROPIO

Tras la búsqueda de potenciar la construcción por esfuerzo propio de la población, un alto número de viviendas que se ejecutaban por la vía estatal ha sido paralizado en los últimos años. Ello ha implicado la inmovilización de recursos financieros y materiales que en su momento el Estado destinó a las necesidades habitacionales y, además, ha traído consigo el deterioro de diversas edificaciones.

Por tales razones, se ha decidido «autorizar, por única vez, la entrega de 16 887 viviendas estatales en ejecución a personas naturales que acepten su terminación por esfuerzo propio, mediante el pago del valor de transferencia. Dicha medida está respaldada por el Acuerdo No. 8089, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y una resolución del Ministerio de la Construcción publicados hoy», aseguró la Jefa del Grupo de Construcción e Inversiones.

La asignación de estas viviendas —explicó— será a personas naturales, por acuerdo de los consejos de la administración municipal. Se tendrá en cuenta en primer lugar a los beneficiados ya definidos y posteriormente se dará prioridad a los damnificados por fenómenos climatológicos, los albergados y los casos sociales.

Todo aquel que sea favorecido con la entrega de una de estas viviendas en ejecución tiene un máximo de cinco años para terminarla; periodo en el que debe concluir, además, su habitabilidad y legalización. De incumplirse con ese plazo, el inmueble será devuelto al Estado y el beneficiario recibirá un reintegro de lo pagado hasta la fecha por el concepto de su transferencia.

Igualmente, quienes reciban una de estas viviendas, asumen también las obligaciones establecidas para las viviendas asignadas por el Estado.

AJUSTANDO CUESTIONES TRIBUTARIAS

En octubre del 2011, al ser aprobado el Decreto-Ley No. 288, con el cual se modificó la Ley General de la Vivienda para flexibilizar la transmisión de la propiedad, quedó autorizada la compraventa y donación ante notario, con el correspondiente pago de los impuestos asociados a estos actos, a razón de un 4 %.

En la donación estos tributos se calculan sobre el precio legal del inmueble, y para la compraventa sobre el precio fijado entre las partes.

La experiencia adquirida desde entonces a la fecha —explica Rodríguez Gato— ha demostrado en reiteradas ocasiones que el precio de compraventa declarado no coincide con el pactado realmente entre las partes y que, además, se enmascaran actos de compraventa con donaciones, lo cual trae consigo el incremento de la evasión fiscal.

Ante tal realidad, se ha decidido «establecer un valor referencial de las viviendas solo a los efectos del cálculo de los impuestos.

«Dicho valor referencial no constituye un nuevo valor legal de la vivienda, solo se emplea para calcular de forma complementaria los impuestos a pagar, ya que el precio de transferencia fijado entre las partes continúa siendo la base de cálculo de los tributos».

En tal sentido, a partir del Decreto Ley No. 343, del Consejo de Estado, del 2016, y las resoluciones de los ministerios de Justicia y de Finanzas y Precios publicados hoy en la Gaceta Oficial, para la determinación del valor referencial de la vivienda se tendrán en cuenta: la cantidad de dormitorios, la tipología constructiva, las facilidades urbanísticas y la importancia de los asentamientos, así como la existencia de garajes o vallas de parqueo, patios y jardines.

«Para determinar dicho valor no se requerirá de personal especializado. Las personas podrán identificar cómo hacerlo en la referida resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, de acuerdo con los parámetros descritos en el documento de titularidad y comparando con el precio de transferencia pactado», puntualizó Rodríguez Gato.

En el caso de la transmisión de viviendas por donación entre parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad; por la adjudicación de una herencia; y la liquidación por divorcio y de bienes, se mantiene el precio legal como base de cálculo del impuesto sobre la transmisión de viviendas.

Tras estos derroteros poco a poco, la actualización del modelo económico cubano avanza, con el irrefutable propósito de que hasta el más simple de los mecanismos o decisiones adoptadas se corresponda cada vez más a las circunstancias actuales.

La conexión rusa de autopartes para Cuba

Por István Ojeda Bello

LAS TUNAS. “¡Once grados bajo cero!”, es la primera frase Ania sobre Moscú. Ella no repara mucho en el asunto, pero de su estancia en Rusia y la de otros más como ella está dependiendo la salud técnica de una apreciable flota de autos privados en Cuba.

Primeriza en esos menesteres, más de una vez se sintió fuera de lugar. Ania tuvo suerte. No hizo el viaje sola, allí estaba Pavel, su pareja, con muchas más horas de vuelo en estos menesteres.

“Allá las cosas se han ido acomodando con el tiempo porque hay muchos cubanos. Cuando llegas, los taxistas o alguien siempre te está esperando para llevarte a los edificios de apartamentos que alquilas por los pocos días que vas a estar. Eso facilita mucho las cosas porque uno no conoce toda la ciudad y ellos sí, especialmente los mercados más baratos”, dice Pavel.

¿Qué me compraré?

En la ida valijas vacías, tan solo algo de arroz, azúcar y frijoles, para darle el sabor de casa a las comidas. En la mente de ambos, tres gamas fundamentales de productos para la vuelta: teléfonos celulares, las infaltables misceláneas que son zapatos, jeans, perfumes, bisutería o lencería y también piezas para autos con nombres enrevesados.

Para Ania “salir a comprar se trata de pensar con antelación. Es recordar los encargos y un poco de sentido común. Toda mercancía tiene su momento y al final todo se vende más tarde o temprano. Claro, tratándose de ropa, tienes que saber lo que está de moda”.

“Esto comenzó —cuenta Pavel— con los cubanos que viviendo en Rusia vieron la oportunidad porque daban la posibilidad de traer 120 kilogramos, ya que los aviones venían vacíos. Ahora ya están viniendo llenos y comenzaron a reducir el peso permitido. Entonces te obligan a mandar las cosas por envío de carga”.

Con las piezas de autos, aclaran ambos, la tendencia parece no haber cambiado mucho si de marcas y preferencias hablamos, pues la nación euroasiática estaría siendo la principal fuente que mantiene abastecido el mercado de los mencionados vehículos de fabricación soviética que en un gran número todavía ruedan en el Archipiélago.

La excepción de visado vigente entre ambos países facilitó el proceso, más cuando destinos cercanos como Ecuador dejaron de ser una opción. El destino ruso tiene un incentivo particular. Allí está el punto de origen de los fabricantes de los componentes específicamente concebidos para vehículos marca Ladas y Moskvitch, que en décadas anteriores llegaron por miles a Cuba.

“Para esas dos las más populares, confirma Pavel. Luego detalla algunos de los componentes más solicitados: “las pizarras de Lada 2107, porque todo el mundo quiere ponerle los accesorios más modernos, también las defensas, las pizarras, las consolas, el piso y las bóvedas”.

Necesidades y realidades

Hasta 1991 las relaciones económicas ventajosas con la URSS posibilitaron que los ciudadanos cubanos se hicieran con un auto a precios relativamente asequibles o recibirlos como estímulos a través de los sindicatos. Posteriormente tenían acceso a sus componentes en tiendas que existían con ese propósito. La implosión de la Unión Soviética puso fin a todas esas facilidades y mientras el Estado posteriormente comenzó a modernizar su parque vehicular, para los propietarios individuales el asunto no fue tan sencillo.

Si bien desde 2011 el gobierno cubano autorizó la compra-venta de automóviles privados y luego en 2013 se aprobaron nuevas normas jurídicas para la importación y comercialización de este tipo de productos, no hubo acciones similares que posibilitaran el mantenimiento de aquellos medios aparentemente pasados de moda pero milagrosamente mantenidos en funcionamiento por sus propietarios.

De hecho la constitución en 2013 del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) pretendió, también, ordenar el reducido grupo de empresas autorizadas a importar partes y piezas para el transporte, las que luego son adquiridas por sus contrapartes en el interior del país. Obviamente los planes del Estado cubano van en la dirección de renovar el parque vehicular doméstico introduciendo marcas más actuales. En consecuencia, satisfacer las necesidades de clientes con modelos de autos envejecidos no parece rentable.

La política aduanera asume la misma política, aunque paradójicamente tiende a mantener con vida a los automóviles más vetustos. En marzo de 2010 se derogaron las normativas legales vigentes desde abril del 2009, que permitieron por poco tiempo a los cubanos reemplazar a los antiguos por los importados. Y más tarde en septiembre de 2014 tres resoluciones de la Aduana General de la República y una del Ministerio de Finanzas y Precios restringieron aún más los márgenes de importación, autorizando en el caso de las piezas para autos cantidades mínimas y consideradas no comerciales. A pesar de todo, la realidad está diciendo otra cosa.

Alejandro González hace uno años optó por comprarse un Moskvitch para viajes cortos con su familia y atender como es debido a su suegro cuando viene de visita desde Estados Unidos. En el mercado doméstico, de acuerdo con los anuncios consultados, los precios de esta marca promedian los 14 mil pesos convertibles (CUC); sus “parientes” Ladas se cotizan a una media de 15 mil CUC.

“¡Por supuesto que hubiera querido comprarme un auto moderno! Pero poniendo en la balanza comodidad y rentabilidad, todavía los carros rusos son la mejor opción. Además de un tiempo acá ya no es un problema encontrar la pieza que necesitas”, asegura.

¿Son baratas entonces? “No —aclara Alejandro— solo que cuestan menos. Por ejemplo, cambiar los cuatro amortiguadores me costó 120 CUC, de haber sido de marcas más modernas, uno solo me hubiese costado esa misma cantidad”.

¿Solo a Rusia?

Las piezas para los autos de procedencia soviética ya estaban llegando desde Estados Unidos por lo menos desde 2009. Fabián Zakharov habría sido uno de los primeros, según un reporte de prensa de 2012. “Nosotros hemos pagado tres contenedores desde Rusia a Miami y vamos por el cuarto”, decía entonces.

La historia oficial de Zakharov Auto Parts en su página oficial sostiene que “comenzamos a ver la posibilidad de ofrecer repuestos originales de autos europeos para clientes en países suramericanos a inicios del 2010”. Hoy aseguran ser “el importador autorizado número uno de repuestos originales rusos en el continente”, y que cuentan con “un grupo de 49 empleados distribuidos en nuestra red logística en Europa y Estados Unidos”.

En foros de acceso público como dto2.transporte.cu se cuentan por lo menos una treintena de ofertas de venta y solicitudes de compra relacionadas con autopartes o vehículos completos originalmente fabricados en la URSS. De hecho, uno de los anunciantes asegura proveer una gama de 35 componentes diferentes dentro del territorio nacional.

Volver, volver…

“Cuando se me pase el miedo a los aviones va y regreso”, afirma Ania. No sin antes sugerir que “de alguna manera esto es un servicio que le estamos prestando a las personas y en particular a los transportistas. Si dieran la posibilidad de abrir negocios de ese tipo habría muchos y sería no con el capital de Estado sino con el de las personas individuales”.

Pavel también tiene una conclusión: “volamos todas esas millas a Rusia para satisfacer la necesidad de un mercado”. Y al parecer lo están logrando.

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Agricultura orgánica y a pequeña escala es la única vía para combatir el hambre en el mundo según la ONU

Por Raul Mannise

¿Cómo acabar con el hambre del mundo? Esta es una pregunta todavía sin respuesta lamentablemente, pero con la capacidad de poner en marcha ideas y proyectos en busca de soluciones. Para las Naciones Unidas, sin embargo, a pesar de que no es tan fácil de poner en práctica, la solución ya es conocida y según sus informes la única manera posible es la de invertir en la agricultura ecológica a pequeña escala.

Contrariamente a lo que se ha apostado en las últimas décadas para combatir este mal que es una agricultura industrial, altamente mecanizada y llena de químicos, transgénicos, herbicidas etcétera.

Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM o GMO en inglés) se crearon con la promesa de ampliar el acceso a la alimentación para toda la población. Además de no haber logrado esta hazaña, hay muchas preguntas acerca de las consecuencias de tales organismos en la salud humana y del ecosistema, el daño que ocasionan a la biodiversidad y por su recurrente asociación con herbicidas al medio ambiente en general.

Estudios que avalan estas afirmaciones

Más de 60 expertos conforman el informe de la ONU, donde se instiga a volver a retomar los antiguos sistemas de producción de alimentos, donde los pequeños productores locales eran la base del sistema y a reducir el uso de fertilizantes y herbicidas de origen sintético. El documento también hace duras críticas a los pactos comerciales globales, que sólo fortalecen a las empresas multinacionales capaces de replantearse sus formas de producción.

La conservación del recurso suelo y el manejo del agua también son temas asociados a uno u otro modelo de producir alimentos.

Bajo el título “Despertemos antes de que sea demasiado tarde“, se detalla en la publicación las razones por las cuales este tema es tan urgente en sus más de 300 páginas. A pesar de que se publicó hace cuatro años el tema sigue siendo tan relevante y más urgente que nunca. Recientemente la ONU volvió a denunciar el mito de que los pesticidas son “un mal necesario”, en un nuevo informe donde se detalla con datos técnicos que la alimentación de todo la humanidad es posible sin el uso de pesticidas y otras tecnologías como los transgénicos.

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Washington, EE.UU. y publicado el año pasado en la revista Nature, llamado la Agricultura Orgánica en el siglo XXI, mostró que la agricultura orgánica puede ser utilizada para alimentar a la población actual de manera eficiente y con menores riesgos para la salud y el ecosistema. (Más información aquí)

Ecoportal.net

Ecocosas

https://ecocosas.com/

Alza del precio del café reanima las montañas del oriente cubano

En Cuba, el café se cultiva mayormente en pequeñas plantaciones familiares, sobre todo en las zonas montañosas que representan 21 por ciento de su territorio.

ECONOMÍA Ivet González 

El caficultor Roberto Martínez en el vivero donde cultiva las nuevas plantas para trasplantar después al área de cafetales de su finca, en un área rural en las inmediaciones de Palenque, capital del municipio de Yateras, en el oriente de Cuba. Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

YATERAS, Cuba, (IPS) – En los terrenos abandonados por un caficultor que migró a la ciudad, el usufructuario Roberto Martínez mantiene desbrozados los cafetos, que intercala con banano dulce, otras frutas y diversos tubérculos en Yateras, un municipio montañoso del oriente cubano. 

La parcela de 4,67 hectáreas se llama La Esperanza, como la que perdió su anterior usufructuario cuando los pagos estatales por el grano ni alcanzaban para reponer los gastos de cada zafra. En un contexto más favorable, Martínez apostó su suerte a esta finca, cuando en 2008 la reforma de Raúl Castro ofreció tierras ociosas en usufructo.

“Entonces pedí estas tierras abandonadas y me las dieron”, contó a IPS el caficultor que mantiene la explotación junto a su hijo en la periferia de Palenque, capital de Yateras y con 19.779 habitantes. “Desde el mismo 2009 obtuve ganancias y hasta el momento he tenido buenos resultados”, aseguró a IPS.

A la sombra de un techo de guano (hoja de palma seca), Martínez cuida cientos de posturas que asegurarán la próxima siembra del producto insigne de Cuba junto con el ron y el tabaco. En las montañas del oriente cubano se obtiene el mejor grano, que con tueste oscuro y pasado por agua, ofrece la típica bebida fuerte y aromática.

Granos de café, secados al sol en un centrode acopio del municipio de Yateras, en la oriental provincia Guantánamo, la mayor productora del grano en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

Guantánamo, la provincia a la que pertenece Yateras, es el territorio más cafetalero del país.

Acceso a tierras ociosas, ventas de insumos y otros incentivos dentro de las transformaciones agropecuarias beneficiaron a los caficultores. Pero la mejoría económica subió a estas lomas en 2015, cuando las autoridades elevaron los precios estatales de compra de leche fresca, café, frijoles y miel.

Con variaciones por productos, los agricultores de este país insular caribeño deben vender la mayor parte de sus producciones a empresas estatales de acopio y comercialización.

Algunos excedentes pueden ser comerciados en los mercados agropecuarios regidos por la oferta y demanda o a otros compradores como los restaurantes privados.

Cuba, con un gobierno socialista desde 1959 y una economía controlada por el Estado, aunque actualmente hay una creciente participación del sector privado y las cooperativas.

Caficultores consultados por IPS señalaron que esta medida contribuye a reanimar las despobladas comunidades de montaña, donde el café es una de las pocas fuentes de sustento familiar y empleo temporero a mujeres. También se produce miel, que ahora compra Estados Unidos.

Cecilia Domínguez, recolectora temporera de los granos de café, una labor que en Cuba realizan mayoritariamente las mujeres, junto a unos cafetos de una finca cafetalera, en las inmediaciones de Palenque, en el municipio de Yateras, en el oriente de Cuba.

En Cuba, el café se cultiva mayormente en pequeñas plantaciones familiares, sobre todo en las zonas montañosas que representan 21 por ciento de territorio, siguiendo la tendencia mundial, donde 70 por ciento de la producción, en aumento, proviene de parcelas con una extensión menor a 10 y hasta cinco hectáreas.

“Al comenzar aquí ganaba por zafra de 35.000 a 40.000 pesos cubanos (1.400-1.600 dólares)”, recordó Martínez, en referencia al ciclo cafetalero local, de septiembre a enero. “Después de la subida de los precios, liquidé (obtuve) en 2016 cerca de 95.000 pesos cubanos (3.800 dólares)”, ejemplificó.

Los ingresos de este productor muestran los efectos del alza, que casi triplicó los precios de todas las variedades de café, cuyo valor depende de sus calidades.

Ahora las empresas estatales pagan el máximo del equivalente a 7,5 dólares por lata (unidad cafetera local equivalente a 12,7 kilogramos) de la variedad Cubita con hasta 10 por ciento de imperfecciones, que incluyen broca (insectos), basura, granos verdes y fermentados. La calidad más baja se cotiza a 5,5 dólares.

Para el tipo robusta local los precios van de 4,5 a 3,5 dólares.

“Resulta más o menos, porque tenemos que seguir usando el crédito del banco en cada campaña”, detalló Martínez.

“Uno sobrevive pero no muy holgado, y en mi caso, la ganancia tengo que dividirla entre dos familias”, continuó el productor que señala a la prolongada sequía iniciada en 2014 como el obstáculo para obtener las 1.000 latas previstas.

La elevación de los precios internos del café decidida por el gobierno de Cuba revive la economía de las laderas montañosas en el municipio de Yateras, en la oriental provincia de Guantánamo. Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

Al comenzar la cosecha, Martínez sube la cuesta por el camino empedrado y polvoriento que lleva a la casa de Cecilia Domínguez, para contratarla como temporera, siguiendo la práctica general en las zonas cafetaleras de contratar a miles de mujeres durante la recolecta del grano.

A la entrada de su humilde vivienda, esta mujer nacida y criada en Yateras aseguró a IPS que recoge entre dos y tres latas de café en media jornada de trabajo porque en la tarde debe “atender la casa”. Sin apenas levantar la mirada del suelo, precisó que las recolectoras reciben 0,80 dólares por lata.

Domínguez consideró que “ahora tienen muchos requisitos y hay más problemas vinculados a la producción”. “Debemos recoger un grano madurito, sin broca. Hoy no se dan las plantas tan buenas como antes, cuando casi no había broca”, describió sobre esta labor mayoritariamente en las manos pequeñas y diestras de las mujeres.

“Hay fuerzas nuevas que se han reincorporado, incluyendo mujeres que han cogido fincas”, señaló el veterano caficultor Norges González, que cubre con cafetos la mayor parte de sus seis hectáreas, excepto una pequeña porción destinada a una huerta para autoconsumo.

“Nuevamente se está poblando la montaña”, dijo a IPS este arrendatario de la finca La Sonrisa.

González es muy valorado en el municipio por los altos rendimientos de su finca, haber creado un injerto de cafeto más resistente a las plagas y obtener un grano ecológico. Trabaja su finca desde 1998 junto a su esposa e hijo.

“Antes había mucha desmotivación, al punto que el café iba en detrimento. Con el aumento de los precios y el inicio del programa de reordenamiento cafetalero en 2009 ha habido más incentivo”, destacó.

González se refiere a un programa para este rubro que incluye inversiones, crecimiento de las plantaciones hasta en zonas llanas y aplicar adelantos científico-técnicos, para alcanzar en 2020 una producción nacional de 20.000 toneladas, que está muy por debajo del récord histórico de 60.000 toneladas en 1961.

En este país de 11,2 millones de habitantes y una economía deprimida, actualmente se importan 8.000 toneladas de café al año. En 2014, últimas cifras disponibles, Cuba exportó café por valor de 5,36 millones de dólares e importó por 29,91 millones de dólares, en una alto desbalance que se mantiene y que se quiere equilibrar.

La cosecha cafetalera 2015-2016 recolectó 5.687 toneladas del grano, con el bajísimo rendimiento promedio de 0,14 toneladas por hectárea. Aún el ramo no ha publicado cifras de la campaña 2016-2017, que fue afectada en octubre por el paso del huracán Matthew por el oriente cubano.

Por esa causa, solo en Yateras se perdieron 31.000 latas de café. De las 150.000 latas planificadas, se entregaron 100.000, reveló a IPS su alcalde, Ismael Ruiz, sobre el comportamiento del que es el principal rubro económico del municipio, sustentado por dos empresas estatales y 35 de las 42 cooperativas agropecuarias existentes.

Noris Rodríguez, el director técnico productivo de la estatal Empresa Agroforestal, remarcó otras limitantes como precarias infraestructuras de transporte y falta de tecnología para el secado del grano.

“Somos un municipio muy húmedo y durante el período frío debemos trasladar el café a San Antonio del Sur para secarlo al sol, lo cual encarece los costos de producción”, explicó a IPS. “Se aspira a recuperar varias ‘guardiolas (tanque de secado artificial)’ en los centros de beneficio del municipio”, apuntó.

Una cosa es robar y otra cosa es robar

Ariel Dacal Díaz

Abril 10, 2017

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Foto: Martin Abegglen (CC BY-SA 2.0)

Días atrás estuve en una cola. Esta vez a la puerta del mercadito de un CUPET. Era entrada la mañana y se suponía estuviera abierto. Para ser más exacto, abierto al público. La gente que allí trabaja ajetreaba dentro, pero no estaban despachando. Era hora del “arqueo” de caja.

Los comentarios en la cola iban y venían, y un tema se encimaba en el otro. Uno en particular me motivó. Se decía que hubo un robo en ese lugar días atrás y por eso cerraban a distintas horas para hacer el “arqueo” de caja.

Una de las personas que, como yo, esperaba para entrar, sentenció de manera tajante: “eso no pasa en el capitalismo; ahí el dueño te bota si te coge robando”. Sentencia que dio paso a variados ejemplos. Un familiar tal, en tal lugar, me contó tal cosa. Yo estuve en la tienda tal, en tal lugar y vi tal cosa. Cada uno de esos “tales” reforzaba, engrandecían, sublimaban y reafirmaban que “ahí el dueño te bota si te coge robando”.

Me hubiera gustado preguntar, claro que solo como justificación para conversar mientras esperaba que terminaran el “arqueo” de caja: ¿qué pasa en esos lugares “tales” cuando el dueño capitalista le roba al que puede ser botado? ¿Lo pueden botar a él también?

Claro, lo pueden botar, o cerrarle el negocio que es lo mismo, si no paga los impuestos, si vende o almacena productos ilegales, si no está en buen estado de conservación lo que oferta, etcétera. Todas esas son también maneras de robar.

Sí, pero ese es un “botao” desde afuera. Me refería a si la gente que trabaja en el lugar y no son dueños pueden botar al dueño si descubren que este roba. Me pareció una pregunta tonta de inicio pues, ¿cómo puede robar si él es el dueño?

Mis respuestas demoraban en ser claras. Decidí entrarle al asunto por otro costado. En un negocio tal en un lugar tal, similar en tamaño y personal al de en un CUPET, donde hay un dueño y son decenas de empleados y empleadas quienes cargan, cuidan, despachan, venden, anuncian y muchas cosas más que se hacen en tales lugares, ¿de qué forma podría robarles el dueño si él prácticamente no toca las mercancías? Por el contrario, es obvio que en el bolsillo, en la mochila o en el abrigo de las personas empleadas se puede ir una mercancía cualquiera de más, incluyendo dinero.

A final del día, de la semana o del mes, cada cual recibe un pago por lo que trabaja. Sin embargo, las cuentas siempre son más abultadas para el dueño. Cuando digo más abultadas es en relación a la suma de cada una de las personas empleadas. Claro, eso es natural, el dueño gana más. Sí, pero ¿cómo es que gana más si él solo no puede realizar el trabajo de decenas de personas?

Ya en este punto de la reflexión, al que llegué comparativamente de manera más lenta que la aparición de otras opiniones resurgidas en la cola, supuse que esa también es una manera de robar. Entonces, ¿por qué los empleados no “botan” al dueño que les roba parte de su contribución en la generación de beneficios? Debe ser que no queda tan claro que eso también es robar.

He sabido de lugares donde, por ejemplo, el contrato de trabajo es por ocho horas y se trabajan 12; sin embargo, el salario que reciben es por ocho. También los hay donde no existe ese problema, pues no hay contratos.

Me pregunto ¿quién se queda con los beneficios producidos en esas horas de más? ¿El dueño? De ser así, ¿eso no es robar? Ah, pero también sé que en otros lugares se trabaja ocho horas, respetando el contrato, donde en las primeras seis ya has trabajado en relación al pago salarial que te correspondería por ocho. ¿Y las otras dos horas a dónde van? ¿Eso no es robar también?

Entonces creo que una cosa es robar y otra cosa es robar. Un robo es cuando un empleado o empelada, sea en el capitalismo o en el CUPET, se apropia indebidamente de una mercancía, sea esta dinero o no. Otro robo es cuando el salario que se recibe a cambio de una cantidad de trabajo sea menor a la cantidad de trabajo realizado. Casos en que la diferencia va a otro bolsillo menos laborioso o a una administración autoritaria.

¿Qué tal si le damos vuelta a la comprensión sobre este asunto? ¿Qué tal si en realidad las empleadas y empleados que roban están redistribuyendo las ganancias, sin conciencia de ello, aunque sea de forma distorsionada, irregular, individualista, egoísta y con daño a terceros; pero al fin una manera de complementar ingresos en relación a lo que aportan con su trabajo?

Qué tal si se entendiera que la gente roba, también, porque es robada de manera permanente en estructuras productivas de bandidaje, desigualdad, autoritarismo, despilfarro o ineficiencia. Las que se basan en relaciones salariales donde empleadas y empleados son cada vez más una mercancía y, cada vez menos, ciudadanos y ciudadanas del proceso productivo. Estructuras que lastran la capacidad de lectura crítica de la realidad y que se naturalizan en sentencias como “en el capitalismo el dueño te bota si te coge robando”.

Visto más a fondo, estas estructuras no solo potencian robo de ganancia y conciencia, sino de justicia, de derechos, de vida y dignidad. Roban también la historia al contar que el problema está en los asalariados y no en las estructuras salariales injustas.

De entenderse así, la respuesta pudiera encaminarse a transformar esas estructuras, no a botar a los asalariados ni exculpar a los capitalistas. Si las personas del CUPET y de las tiendas tales en los lugares tales participaran democráticamente en la redistribución de las ganancias que ayudan a crear con su trabajo, robar sería otra cosa.

En busca del dinero perdido

Eileen Sosin Martínez • 10 de Abril, 2017

LA HABANA. En mi barrio es famoso el cuento de Juan el carnicero, que desvió un camión lleno de picadillo, lo vendió y después se fue del país. “Menos mal que se fue —advierte una vecina—, porque si no aquí la gente lo hubiera cogido… y más nunca lo dejaban vivir”. Pero la historia de Juan pertenece a una narrativa mayor.

Días atrás, varios mercados de la ciudad han estado cerrados, entre ellos el Centro Comercial Almendares (en 41 y 42), y el de la avenida 51 y 26. “Inventario” o “Salud Pública”, responden de mala gana los dependientes, y cuesta un poco creerles. En la tienda Carlos III, por ejemplo, el relato popular afirma que la inspección —el verdadero motivo de los cierres— encontró productos adulterados y reenvasados, venta de mercancías vencidas, distorsión de precios… “Hubo un explote”, suele decir la gente.

A finales de enero se publicaron algunos resultados de la oncena Comprobación Nacional al Control Interno, a saber, pérdidas por más de 51 millones de CUC y más de 90 millones de pesos cubanos, solamente en entidades de La Habana.

Los números vienen con signos de exclamación: 51 millones de CUC y 90 millones de pesos cubanos, perdidos o dejados de facturar, en un país que el año pasado miró de frente a la recesión (-0,9 % del PIB), algo que no había ocurrido en 23 años.

Apenas tranquiliza que la Contralora jefa en la capital, Miriam Marbán, explique que no todo es delito, y agregue otras causas del faltante, como “el incumplimiento de los planes de producción y venta”, y “las cuentas por cobrar y por pagar”. De cualquier forma, las cifras son de escándalo.

La lucha anticorrupción en Cuba —llamada así, por su nombre— adquirió un puesto fundamental con el surgimiento de la Contraloría General de la República; una de las primeras medidas de la actualización económica. En opinión del jurista Michel Fernández Pérez, su creación resulta el cambio estructural más importante del sistema político cubano, después de la reforma de 1992.

Control, control…

“Esta institución desempeñará un rol esencial en la elevación del orden, la disciplina económica, el control interno y el enfrentamiento resuelto a cualquier manifestación de corrupción, así como a las causas y condiciones que pueden propiciar el actuar negligente y delictivo de cualquier dirigente y funcionario”, destacó el presidente Raúl Castro en sesión plenaria del parlamento cubano, el primero de agosto de 2009, cuando fue aprobada la Contraloría General de la República.

Esta responde directamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, y su objetivo es auxiliarlos en ejecutar “la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno”.

Teniendo en cuenta este concepto, que aparece en la Ley 107/2009 de la Contraloría General de la República de Cuba, Fernández Pérez señala su ubicación por encima del gobierno y de todo el aparato ejecutivo-administrativo; solo se subordina a los órganos de poder más importantes.

A pesar de su jerarquía, la Contraloría no está concebida en el diseño constitucional del país. “Quizás desde el punto de vista jurídico-formal, hubiese sido más acertado realizar una reforma de la Constitución (para establecerla)”, señala el jurista. Esto, más la existencia de los cuentapropistas, las cooperativas no agropecuarias, la doble ciudadanía, y otras realidades económicas y políticas, recuerdan la necesidad del cambio de la Carta Magna.

Las fuerzas armadas del país pueden ser auditadas, de acuerdo con la Disposición especial Octava de la Ley, a solicitud del Presidente del Consejo de Estado cuando lo considere oportuno. Mientras, estas se rigen por sus normas internas de control, y deben informar sus acciones al respecto por lo menos una vez al año al Contralor General.

Algo similar ocurre en el caso de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y también de la Asamblea Nacional, los Consejos de Estado y de Ministros; el Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Son auditables sus dependencias económico-administrativas, siempre que lo soliciten las máximas autoridades de estas mismas instituciones, o el Consejo de Estado.

Cuando termina una auditoría, se elabora un expediente que luego se da a conocer a los trabajadores. Es decir, ellos solo reciben información de lo sucedido. La Contraloría cumple con las funciones que le fueron asignadas, según la ley. Pero el diálogo y la participación de los trabajadores apenas se materializan en la práctica.

Cuba es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento al que se adscribió en 2005 (dos años después de creado), y ratificó en 2007. Las Normas Cubanas de Auditoría, aprobadas por la Resolución 340/12, están armonizadas con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

Sin embargo, el factor crítico que distingue a la Contraloría nacional de sus pares en el mundo es la carencia de información pública. Mientras lo usual en otros países es que estas instituciones expongan en la web las conclusiones de sus pesquisas, aquí el ciudadano común no se entera, a no ser por elípticos reportes de prensa, carentes de cifras y sobrantes de generalidades.

Esto provoca que el proceso de fiscalización quede incompleto. Por ley, la Contraloría está obligada a informar los resultados y las recomendaciones de una supervisión a aquellos que fueron sujetos de esta, a los colectivos laborales y al nivel superior. Esto queda claro. ¿Entonces a quién corresponde dar cuentas a la población en general?

Hablamos de velar por el uso correcto del patrimonio público, de los recursos del Estado —léase, nuestro patrimonio, nuestros recursos—. Luego, lo más lógico es que sepamos, con pelos y señales, qué encontraron las inspecciones y cuáles fueron las medidas subsiguientes. Sin información —pormenorizada y oportuna— no hay control popular ni ejercicio ciudadano real.

Que no pague Liborio 

Una de las causas presumibles de las irregularidades contables reside en la depauperada situación económica. “Cuando se le pague al trabajador un salario digno con el que se pueda vivir, seguro se acaban muchas manifestaciones de corrupción”, aseguraba un forista en el periódico Escambray.

No obstante, “aunque se puede comprender que tenemos problemáticas que afectan la vida cotidiana de los cubanos, por principio, no aceptamos que eso deba conducir a conductas de ilegalidad”, subrayó el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, durante la clausura del primer Taller Internacional de Auditoría y Control (2014), en La Habana.

Por otro lado, también están quienes simplemente han querido amasar fortuna. La Contralora General, Gladys Bejerano, ha señalado que el móvil fundamental sigue siendo el “desvío de recursos” para la venta ilícita y el “enriquecimiento indebido”.

En ambos casos, a la cuenta se suma la fisura moral de quienes dicen “luchar”, “inventar” “resolver”… donde debe decir robar.

No por casualidad las dos últimas Comprobaciones al Control Interno se han enfocado en sectores y procesos de suma importancia para las transformaciones actuales: descentralización de facultades empresariales, medidas para “enfrentar” el envejecimiento poblacional, otorgamiento de subsidios a la población, cooperativas no agropecuarias y la aplicación de pagos por resultados. Más allá de las empresas, la Contraloría tiene la atribución de verificar el patrimonio y la conducta ética, de cuadros y dirigentes estatales.

Sobre los millones perdidos del principio no se sabe mucho más: se aplicaron “severas medidas” a nueve directivos, que ahora enfrentan procesos penales; y 114 funcionarios y trabajadores fueron sancionados con “medidas disciplinarias de menor rango”, por su responsabilidad colateral.

Que la Ley 107 contemple un capítulo llamado “De la participación popular” brinda alguna esperanza. “Es la sociedad la que tiene que controlar el gasto presupuestario, porque estamos controlando entonces el gasto de nosotros”, comentó el director de Ejecución del Presupuesto del Ministerio de Finanzas y Precios, Jesús Matos.

Exacto; estamos de acuerdo. Pero para eso hace falta información, transparencia, y capacidad real para proyectarse y actuar. No puede haber socialismo (mucho menos, próspero y sostenible) si los trabajadores no participan.

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Los alimentos como arma

Cuba Central • 10 de Abril, 2017

Durante un siglo, Estados Unidos ha suministrado alimentos a las naciones a partir de la creencia de que el hambre y la hambruna socavan la estabilidad y amenazan nuestros valores y nuestra seguridad. Después de que los intentos por parte de los presidentes Ford y Carter de embargar los envíos de grano a la Unión Soviética les saliera mal, es un artículo de fe que Estados Unidos renunciaría al uso de los alimentos como arma política.

Los esfuerzos recientes para atacar en el Senado una nominación al Gabinete y, por separado, para descarrilar en la Cámara la legislación para promover las exportaciones de alimentos, nos recuerdan cómo este principio es tenido en cuenta en el incumplimiento por los políticos que tienen a Cuba en la mira.

Las ventas de alimentos a Cuba enfrentan menos restricciones bajo el embargo de Estados Unidos que otros productos o servicios, pero están constreñidas por una limitación significativa. En contraste con la forma en que realizamos las ventas de productos agrícolas estadounidenses a cualquier otra nación, la Ley de Reforma de las Normas de Comercio y Aumento de la Exportación de 2000 (TSRA) prohíbe cualquier crédito o garantía estadounidense para la exportación de alimentos a Cuba. En su lugar, Cuba debe pagar en efectivo por adelantado.

Ningún otro país impone esta limitación a sus agricultores, y la TSRA exige un precio. Mientras que Cuba ha comprado más de $5,3 mil millones en productos agrícolas y productos alimenticios en los últimos 15 y más años, según el Consejo Económico y de Comercio de EE.UU.-Cuba, nuestros agricultores podrían haber vendido mucho más. Como dijo el Senador de Kansas Jerry Moran al Senado de Estados Unidos el mes pasado, “cuesta entre $6 y $7 la tonelada enviar grano de Estados Unidos a Cuba. Cuesta alrededor de $20 a $25 llevar ese mismo grano desde la Unión Europea”.

Los alimentos cultivados en Estados Unidos deberían ser atractivos para Cuba, que depende de las importaciones para el 60-80 por ciento de sus necesidades de alimentos, dadas nuestras ventajas de calidad, proximidad y precio. Pero Cuba prefiere satisfacer la mayoría de sus necesidades alimenticias comerciando con proveedores de otros países que pueden ofrecer financiamiento de crédito a Cuba. Como resultado, ha reducido las compras de alimentos de Estados Unidos, que alcanzó un máximo de $710 millones en 2008, pero cayó a $232 millones el año pasado.

Con esta sanción unilateral, elevamos los costos de poner comida en la mesa de los cubanos en toda la Isla, mientras regalamos cuota de mercado a nuestros competidores. Como dijo el senador Moran en un discurso reciente en el pleno del senado, “tengan en cuenta que cuando no vendemos productos agrícolas a Cuba, alguien más lo hace. … Cuando no podemos vender a Cuba el trigo proveniente de un campo de trigo de Kansas, están comprando ese trigo a Francia, a Canadá, a otros países europeos”.

Durante años, los legisladores de estados agrícolas como el senador Moran y el congresista Rick Crawford de Arkansas han presionado al Congreso para promulgar leyes que permitan a los agricultores estadounidenses vender al mercado cubano con financiamiento de crédito. Pero han sido frustrados una y otra vez por los partidarios extremistas del embargo, quienes critican estos intentos por considerarlos como una concesión al “régimen de Castro”.

Aquí hay dos ejemplos:

El presidente Trump nominó al exgobernador de Georgia Sonny Perdue para ser aprobado como Secretario de Agricultura. Todos los nombramientos de otros secretarios de gabinete han sido aprobados por el Senado de Estados Unidos, excepto Sonny Perdue, cuyo voto se ha retrasado por el tema de la venta de alimentos a Cuba.

Durante su audiencia de confirmación ante el Comité Senatorial de Agricultura, Perdue le dijo al panel: “Nos encantaría tener a Cuba como cliente”, pero el Congreso tiene que aprobar legislación para arreglar los problemas de financiamiento que deprimen las ventas estadounidenses a la Isla.

“Creo que si conseguimos financiamiento privado –y ya hay algunas propuestas para hacerlo– agricultura estadounidense tanto en las Llanuras Altas como en la Costa del Golfo y la Costa Este tienen una oportunidad maravillosa”, dijo Perdue en respuesta a una pregunta de la Senadora Amy Klobuchar (Minnesota). “Ese es un país que tiene hambre. Encabecé a Cuba una delegación de Georgia en 2010 y querían nuestro producto. Simplemente no podían pagarla basándose en la crisis financiera en la que estaban. Así que, esperamos que podamos mitigar eso”.

Sin embargo, después de que el comité aprobara su nominación, el senador Robert Menéndez, de Nueva Jersey, bloqueó una votación en el pleno del Senado, con el apoyo del senador Marco Rubio de la Florida, debido a las declaraciones de Perdue acerca del financiamiento de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba.

No fue hasta que ambos senadores mantuvieron conversaciones privadas con Perdue, cuyo contenido no se reveló, que señalaron su disposición a que su nominación fuera votada por el pleno del Senado. Nos queda imaginar lo que les prometió. Como dijo un reportero del High Plains / Midwest Ag Journal, “si Perdue ha cambiado desde entonces esa postura no se ha aclarado”.

Y está además el caso del representante Rick Crawford (republicano por Arkansas), promotor de la Ley de Exportaciones Agrícolas a Cuba, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para solucionar el problema de las finanzas agrícolas. Hace casi un año, la presión proveniente del Liderazgo Republicano de la Cámara de Representantes impidió que el representante Crawford obtuviera una votación en la Cámara de Representantes acerca de su propuesta, en un momento en que era probable que se aprobara.

Después de recibir una promesa de audiencia acerca de la legislación el otoño pasado, le dijeron que los legisladores del sur de la Florida que están a favor del embargo trabajarían con él para lograr una versión que fuera aceptable para ellos. A pesar de un esfuerzo bien organizado por obtener mayores niveles de apoyo y copatrocinio de la legislación, el esfuerzo parece ser desviado no sólo por los ideólogos anticastristas, sino por el Congreso en un estado de quietud y días de lentitud antes del receso de verano para que un acuerdo sea llevado ante el pleno del Congreso.

Consideren dónde nos deja todo esto. Tenemos, perdida en una negociación, una legislación para ayudar a Cuba a alimentar a su gente con alimentos que se cultivan en Estados Unidos; un nominado a la Secretaría de Agricultura cuyo “amor” declarado por la venta de alimentos a Cuba tenía que ser sofocado para que se lograra su confirmación; un Secretario de Estado que se comprometió a que ningún proyecto de ley para “debilitar” el embargo obtendría la firma del Presidente Trump hasta que se hiciera su revisión política; y el senador Rubio asegurándonos que el presidente planea tratar a Cuba “como la dictadura que es”.

En conjunto, es una receta para hacer que los alimentos sean más costosos y menos disponibles para los cubanos y para empañar las dimensiones morales de la política exterior y el liderazgo de Estados Unidos.

(Tomado de Cuba Central)

Traducción de Germán Piniella para Progreso Semanal.