La batalla económica y frente a la COVID-19 en la Cuba actual (IV)

COLUMNISTAS

Por José Luis Rodríguez *

IV

A partir de la compleja situación enfrentada por el país, el Consejo de Ministros anunció el 4 de mayo del 2020 el ajuste del Plan 2020.

Las medidas de la política a aplicar ejecutadas hasta ese momento se enmarcaban en las prioridades definidas en diciembre del pasado año por el país para el Plan del año 2020, las que comprendían:

–El incremento y diversificación de las exportaciones. Asegurar su cobro. El plan aprobado es mínimo.

–La sustitución de importaciones, concentrándose en los productos que en estos momentos se importan.

–Elevar la eficiencia del proceso inversionista.

–Mantener e incrementar las medidas de ahorro.

–Disminuir las importaciones para el turismo y aumentar la participación de la industria nacional.

–Lograr el encadenamiento productivo con la inversión extranjera.

–Potenciar los proyectos de desarrollo local.

–Avanzar en el ordenamiento monetario del país y el perfeccionamiento de la empresa estatal.

–Fomentar los vínculos entre todos los actores económicos: sector estatal, sector no estatal e inversión extranjera.

–Aprovechar las oportunidades de las medidas aprobadas para impulsar la economía.

–Asegurar el cumplimiento de los ingresos en divisas y de la circulación mercantil minorista, en función del equilibrio financiero externo e interno del país.

–Aprovechar el aporte de la academia, el potencial científico y el vínculo universidad empresa.

Ya en el 2019 la economía cubana se había resentido por el impacto de las agresivas medidas aplicadas por EE.UU. contra nuestro país, lo que unido otras dificultades, trajo consigo que la economía creciera 0,5% y que el plan del 2020 se remitiera a un incremento de solo un 1% en el PIB.

Durante el primer cuatrimestre del presente año al arrastre de las dificultades anteriores se sumó el impacto de la pandemia de la COVID-19, creando un verdadero cataclismo en la economía mundial del cual no ha escapado la economía cubana, con reportes de importantes descensos de importaciones y exportaciones en estos meses.

Resultaba así inaplazable ajustar las proyecciones del presente año sin mayor dilación implementando –primero- un ajuste del Plan 2020 y el inicio de la elaboración del Plan 2021 para asegurar el enfrentamiento a la adversa coyuntura y –después- definir las indicaciones con el fin de elaborar una estrategia para la recuperación del país, decisión tomada en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros e informada por la prensa el 9 de mayo del 2020.

En relación al ajuste del plan de este año resulta de utilidad reflexionar como se implementará el mismo.

Al respecto se decidió el ajuste indispensable del plan sobre la base de la reducción de los gastos, a lo que el ministro de Economía y Planificación añadió que se priorizan las exportaciones, la producción de alimentos, los medicamentos y productos de aseo.

En relación a las exportaciones, se informó que se crearan reservas en producciones de tabaco, ron, carbón vegetal y productos biotecnológicos entre otros, hasta que se normalice el mercado, ya que la significativa reducción del comercio internacional impide ejecutar la venta efectiva de esos productos en estos momentos.

Examinemos a continuación los elementos más importantes a ajustar en el Plan 2020.

En relación a la exportación de servicios, la mayor afectación ha venido dada por el cese de la actividad del turismo internacional desde el mes de marzo con la perspectiva –marcada aún por la incertidumbre- del reinicio gradual de las actividades solo para el último cuatrimestre del año.

Para este sector el ajuste del plan tiene fuertes implicaciones. En primer lugar, la ausencia de turistas impacta de forma significativa los ingresos del país en la actividad hotelera –con una paralización del 75% de las instalaciones- pero también en el segmento extra hotelero, que incluye la gastronomía y el transporte entre sus elementos más importantes. Si se considera que el impacto global previsto de que el turismo internacional se reduzca solo hasta un 30% en este año, esto pudiera representar una reducción de unos 886 millones de dólares en el año. En este caso el turismo nacional pudiera compensar esta pérdida, pero solo en parte.

Desde luego que ya se registran muy negativas consecuencias en el ingreso de los trabajadores del Estado y también en el sector no estatal. Solamente los trabajadores estatales asociados a Hoteles y Restaurantes en el Anuario Estadístico de Cuba 2018 totalizaban 273 mil, mientras que 240 372 trabajadores por cuenta propia –el 38% del total- habían cesado en sus actividades a la altura del mes de mayo.

En segundo lugar, las inversiones en el turismo –que muchos autores consideraban sobredimensionadas dado el bajo nivel de ocupación alcanzado en los últimos años- requiere una revisión a fondo dadas las perspectivas de recuperación del sector en el futuro próximo , así como las necesarias inversiones en términos de seguridad sanitaria que hay que realizar en los hoteles ya existentes. Un ajuste apropiado en este sector supondría concluir solo los hoteles que están a punto de terminación y no iniciar nuevas instalaciones. Otro tema sería evaluar en qué medida es posible desarrollar nuevas inversiones extra hoteleras en estos momentos.

Por su parte, para la producción agropecuaria se ha señalado que se destinarán recursos materiales y divisas que permitan incrementar las producciones de arroz, plátano, frijoles, maíz, boniato, huevos, carne de cerdo y ganado menor. También se priorizará la acuicultura y la producción de alimento animal.

Se impone también una revisión a fondo de las medidas aplicadas hasta el presente con vistas a asegurar la redistribución de los escasos recursos disponibles para cumplir con las prioridades acordadas, pero también de los mecanismos de gestión de la agricultura cubana donde un 70% de la producción es gestionada por el sector privado y el cooperativo.

Para incrementar la producción será necesario tomar en cuenta –en primer lugar- que un elemento clave para aumentar la producción de alimentos y un grupo de exportaciones agropecuarias se relaciona con el nivel de inversiones y el aseguramiento de insumos importados que se requiere para ello. Al respecto vale la pena reflexionar sobre el esfuerzo que esto representa, ya que entre el 2013 y el 2018 se dedicaron a las inversiones agropecuarias como promedio un total de 421,3 millones de pesos, cifra que solo representó el 6,4% del total invertido por el país, según datos de la ONEI. Esta cifra solo tuvo un ligero incremento en el 2019 –hasta 500 millones de pesos- y en el plan de este año se incluyeron 900 millones, lo que representó un 7,5% de la inversión total estimada para el país en el 2020.

Por otra parte, según declaraciones del ministro de Agricultura, ya en el plan del presente año para los fertilizantes se aseguraba solo el 28% de las necesidades.

Adicionalmente, para las importaciones de alimentos y de materias primas para su producción se previeron unos 1 700 millones de dólares en el 2020, lo que está asociado a que alrededor del 70% de los alimentos que consume la población se importan, lo que equivale al 39% de las kilocalorías y el 55% de las proteínas que se consumen.

Una alternativa –en tanto que no se alcance un mayor financiamiento externo, o se expanda la inversión extranjera- puede consistir en la adopción de un conjunto de decisiones para obtener mejores resultados a corto plazo, entre las que destacan las siguientes.

-Desde el 2019 se desarrollo la venta en USD de bienes de consumo y medios de transporte ligero mediante la compra de esos artículos por parte de la población, en un esquema de comercio preferiblemente en consignación.

Esa misma alternativa, pero para la venta de insumos como fertilizantes, pesticidas, implementos agrícolas, equipos de riego y tractores debe ofertarse a campesinos y cooperativistas como medio para impulsar –en lo inmediato- la producción y la productividad del trabajo en el sector. Igualmente puede ofertarse maquinaria ligera, envases y otras materias primas para abastecer la mini industria agroindustrial que ya produce en estos momentos.

-Financiar por la banca cubana mediante créditos, en moneda nacional y –hasta donde sea posible en divisas-, la expansión de la producción agropecuaria y la mini industria procesadora de esa producción. Para ello se aplicará una política de tasas de interés mínimas y períodos de devolución flexibles, características propias de la banca de fomento agrícola e industrial.

–Revisar la política de precios de compra de la producción agropecuaria y fijar su referencia –por un lado- en relación al precio de los productos de importación homologables como similares, mientras que para los productos que se producen y consumen en el país, establecer precios estimulantes de acuerdo al mercado.

Para evitar que el impacto de esos precios llegue a la población, deberá transitarse a la política –ya acordada- de subsidiar los consumidores de bajos ingresos y no los productos.

–Vincular parte de los incrementos productivos que se vayan obteniendo para la venta en las cadenas de tienda con ventas en divisas y alcanzar –de forma gradual- la sustitución de importaciones de arroz, frijoles, frutas (frescas y en conserva), vegetales (frescos y en conserva) carne de cerdo y pescado fresco. También puede trabajarse para obtener producciones artesanales de derivados de la leche, tales como mantequilla, queso blanco o yogur.

Muchos otros aspectos pudieran examinarse, pero no sería posible ignorar el problema que representa como compensar los desequilibrios que provocan un incremento en los gastos sociales por un lado y la reducción de los ingresos fiscales por otro, en la ejecución del Presupuesto del 2020.

En este caso, además de la política basada en una ineludible reducción de los gastos previstos donde quiera que sea posible y compatible con la situación emergente que enfrenta el país, será factible valorar otras medidas como las siguientes.

-El déficit presupuestario se financia –desde el año 2013- en alrededor de un 70% mediante la emisión de bonos de deuda pública por parte del Ministerio de Finanzas y Precios, los que son vendidos al BCC para obtener financiamiento a partir de los depósitos de dinero que posee.

Sin embargo, no se ha considerado hasta el presente la venta de esos bonos a las personas naturales a tasas de interés que resulten atractivas y –necesariamente- algo superiores a lo que devengan los depósitos en el BCC. Esta es una práctica internacional que, especialmente en situaciones tensas para la nación, se ha aplicado en países como la URSS, China o Vietnam, vinculando esos bonos a propósitos patrióticos de diversa naturaleza. Una buena campaña de movilización social podría aportar cantidades de cierta importancia para cubrir el desbalance presupuestario con la participación de la población.

En el caso de Cuba existe un nivel de liquidez en manos de la población -que alcanzó ya el 59% del PIB en el 2018- y la emisión de bonos de deuda pública puede también vincularse a determinados propósitos sociales como puede ser la seguridad y asistencia social o la construcción de viviendas.

-De aplicarse una política dirigida a subsidiar los precios al consumidor en el caso de las personas de bajos ingresos, se reduciría notablemente los 3 609 millones de pesos dedicados a ese fin en el 2018 y que cubre los 11,2 millones de habitantes del país sin excepción. Sin embargo, se identificaron como personas vulnerables recientemente un estimado de 1 millón 760 141 personas –que viven en 606 945 núcleos familiares-, lo que representa el 15,6% de los habitantes del país. Suponiendo que a esa cifra se añadieran todos los jubilados -1 millón 670 000 pensionados- el total de personas a subsidiar sería de 3 millones 430 141, es decir, el 30,4% de la población.

Es así que pudiera suponerse que una vez que se aplicara la política prevista, estos gastos pudieran reducirse alrededor del 70%, lo que representa unos 2 526 millones de pesos cada año.

En el proceso de ajuste del Plan 2020, como se ha destacado en repetidas ocasiones por el presidente Díaz Canel, “…estamos enfrentado una crisis mundial. En este difícil contexto (…) tenemos que salir con cosas distintas y preparar una Estrategia de Desarrollo Económico y Social donde se ratifique que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera.”

(Continuará).

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* José Luis Rodríguez  Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Fue Ministro de Economía de Cuba.