La profundidad, sentido y magnitud de varias de estas
transformaciones han propiciado que este nuevo paquete de medidas sea
interpretado como cualitativamente diferente a otros similares del pasado.
Determinadas medidas que modifican el fundamento mismo del modelo económico
cubano en su forma actual, indican que no nos encontramos ante “otro paquetes
de medidas más”, sino ante un grupo de propuestas que tienen el potencial para
modificar -para bien o para mal según a quien se le pregunte- el entramado de
relaciones productivas del país.
En tal escenario, las críticas no han tardado en
llegar desde diferentes posiciones del espectro político cubano. Las mismas
podríamos agruparlas en dos grupos fundamentales, que no intentan abarcar la
totalidad de los posicionamientos vertidos en el debate en las últimas semanas,
pero que ilustran algunos de los posicionamientos más representativos.
En primer lugar están aquellas que consideran que
estas son aún reformas insuficientes, que llegan demasiado tarde, o que
simplemente no dan respuestas a otras demandas que se realizan al estado cubano
respecto a cambios en el sistema político del país. Sobre este grupo no me
extenderé en este comentario. El potencial transformador de estas reformas ha
sido reconocido por múltiples colegas, y en el actual momento no creo resulte
especialmente productivo centrar el debate técnico en propuestas de reforma que
condicionan cualquier mejora económica a cambios en el sistema político o
cesiones de soberanía ante las presiones del gobierno americano.
Sin embargo, al mismo tiempo, existe a la par un grupo
no menor de compañeros, que han expresado igualmente preocupaciones genuinas
sobre el sentido, y los cambios contenidos en las reformas.
Determinadas medidas han sido identificadas que
desmontan elementos considerado como pilares del modelo socialista cubano -como
la planificación material centralizada, la propiedad absoluta de las empresas
estatales-, o que introducen cambios que podrían afectar a la población a corto
plazo –como el levantamiento de los controles de precios- o que desatan fuerzas
que profundizan la desigualdad social y la concentración de la riqueza -como la
posibilidad de que las pymes tengan más de 100 trabajadores o que una persona
sea socio de más de una pyme-.
Para polemizar con estos argumentos es necesario
partir de un reconocimiento básico. Las transformaciones aprobadas
efectivamente desmontan -lo que quedaba- del modelo de socialismo
euro-soviético: una economía monopólica en el estado en múltiples sectores,
con empresas estatales tradicionales coordinadas esencialmente mediante una
planificación central material y con señales del mercado que jugaban un rol
pasivo, al menos en el sector estatal.
De alcanzarse la completa implementación de las
medidas anunciadas, ese modelo de socialismo en particular dejaría finalmente
de caracterizar la economía cubana, y en su lugar se intenta edificar algo
diferente. Un modelo edificado sobre varios pilares simultáneos: un sistema
empresarial caracterizado por diversidad de actores económicos, con mayor
presencia de empresas privadas, que en su conjunto se coordinan a corto plazo
mediante señales de mercado, mientras que el esquema de planificación central
pasa a jugar un rol más financiero y de gestor de políticas públicas.
Si solo se entiende como “socialismo” el modelo
eurosoviético, aun en la muy deformada estructura que llega al momento previo a
las reformas actuales, pues estas transformaciones, constituyen sin duda el fin
de dicho modelo. Sin embargo, esto no tiene que implicar -y de hecho no lo
hace- el fin de los derechos y garantías producidas bajo el amparo de dicho
esquema de funcionamiento.
En el fondo, subyace una discusión de ¿que
entender por socialismo?, e incluso una mucho más perentoria: ¿qué
elementos mínimos deben conformar el contrato social que configura estas
reformas? ¿Qué derechos que pretende garantizar el modelo de socialismo
actual deben sobrevivir en cualquier modelo de socialismo aplicado, y
cuáles deben modificarse?
El acceso universal a la salud y la educación, El
derecho a un trabajo y un salario digno para todo aquel que lo demande. El
derecho a que todo ciudadano sea asistido por la sociedad mediante el estado
cuando no pueda asistirse por sí mismo. El derecho a una pensión digna. O el
derecho y los mecanismos de acceso a una vivienda digna. Todos ellos
representan derechos constitutivos de nuestro modelo de socialismo.
Estos y otros, son derechos materiales que constituyen
pilares insustituibles de nuestro proyecto de país y que deben ser garantizados
por este o cualquier modelo económico. Y es una responsabilidad de los que
hemos impulsado académica e institucionalmente estas reformas, demostrar a
la ciudadanía cubana y a la militancia que es posible.
Por otra parte, los críticos de izquierda de las
reformas actuales, deben igualmente reconocer que, la conjunción de las
sanciones, el fin de los subsidios externos y los límites de nuestro modelo
económico, hacen hoy materialmente imposible sostener la mayoría de estos
derechos, y que existen problemas estructurales profundos –endeudamiento
externo, descapitalización del plantel industrial, electroenergético y otras
infraestructuras-, que no se resuelven, ni con cooperativas ni con democracia
obrera ni con nuestros propios recursos, que demandan de fuerzas materiales
para las cuales no existe, ni existirá excedente ni recursos en el país para
emprender por sí solo.
La inversión extranjera, la inversión privada nacional
-íntimamente relacionadas al capital de la diáspora- y la reinserción al
sistema comercial y financiero internacional, en los espacios y formas que las
sanciones nos permitan, son condiciones existenciales de supervivencia del país
y aspectos claves e ineludibles del éxito de las transformaciones.
Es necesario continuar explicando y haciendo
comprensible procesos que en un primer momento no son intuitivos o pueden
parecer ideológicamente contradictorios: como el efecto nocivo de los topes de
precios, como las razones de una mayor y más profunda dolarización
de la economía en un contexto de múltiples shocks externos, desequilibrios
macro e inestabilidad de la moneda, o porque hay concesiones que dentro
determinados límites será necesario hacer para atraer el capital, la tecnología
y las inversiones que hoy el país necesita para sobrevivir.
Adicionalmente a ello, existen una demanda genuina de
establecer elementos de control que brinden certidumbre sobre las medidas más
polémicas: como la transparencia de los procesos de accionarización y venta de
participaciones estatales, como los mecanismos que garanticen que las tierras
entregadas en usufructo serán empleadas productivamente, y muy especialmente
como el sistema tributario dará respuesta a un contexto de previsiblemente
mayor polarización del ingreso y permitirá una redistribución de la riqueza
creada que garantice que los resultados de la reforma -en términos de
riqueza creada- no se expresan solo en beneficio de unos pocos sino en toda la
sociedad.
Estamos en un momento límite y decisivo, lo que está
en juego es la supervivencia misma del proyecto nacional cubano, y por ello hoy
más que nunca los instrumentos empleados para la generación de consensos en las
filas del “campo revolucionario” deben ser capaces de producir una unidad
genuina: el convencimiento de que estas transformaciones, por duras que
sean y aunque existan medidas que rompan con la visión tradicional que por
socialismo muchos compañeros tienen, vienen para hacer sostenibles y
materialmente posible el sostenimiento de aquellos derechos fundamentales que
todos identificamos con el proyecto revolucionario cubano.
Mientras exista un cubano que esté dispuesto a
defender con las armas la revolución, y que considere necesario una explicación
más profunda de las medidas adoptadas, existe una responsabilidad de darla. Esa
perspectiva no podemos perderla nunca. Como tampoco se puede –en especial por
determinados segmentos críticos de izquierda-, perder la perspectiva del
escenario en que nos encontramos, y que aún con sus innumerables insuficiencias
la administración pública cubana y sus representantes -muchos bajo limitantes
sanciones-, siguen buscando soluciones en un escenario sumamente hostil y lleno
de incertidumbres.
Como han señalados otros colegas economistas, en las
medidas anunciadas existe el potencial para un cambio transformadores en la
dinámica productiva del país que permita dar pasos en la reconstrucción de las
conquistas sociales, pero también existen riesgos, y aspectos que dependen para
su éxito de una correcta implementación, de un ejercicio crítico de
fiscalización democrática y de un visión estratégica de cómo balancear en cada
momento necesidades económicas y ajustes sociales que puedan hacer políticamente
viables las reformas en cada momento.
Las críticas de los compañeros nunca pueden
interpretarse como fuego amigo, constituyen en primer lugar una señal y una
responsabilidad ineludible de que es necesario invertir más tiempo en hacer
política, en construir el consenso social que tan necesario, como las reformas
mismas, será para superar la situación actual.
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