27 Febrero, 2017
Por:Dr.C Juan Triana Cordoví, On Cuba
Estaba sentado en el contén de la acera cuando me vio llegar al parque, ya conectado él a la WI-FI, yo en busca de la conexión. Me miró sonriente y no dejó que me sentara, me dijo de inmediato: “Te equivocaste en aquel artículo de la puerta de los P. El asunto no es que los chóferes solo abren una hoja de la puerta delantera para que los pasajeros suban; lo que tenías que haberte preguntado era si esa es la puerta más conveniente para facilitar que los pasajeros suban, si lo que se quiere en realidad es facilitar ese asunto”.
Y siguió: “Si el propósito real fuera facilitar la entrada entonces la puerta de subida debía ser la del medio y así no se producirían los tranques en los pasillos y el chofer no tendría que estar diciendo constantemente ‘¡Arriba, caballero, avanzando hacia atrás!’”.
Su argumento fue demoledor, me di cuenta de que podía haber cometido lo que en estadísticas se llama error tipo dos; esto es, aceptar algo falso. Asumí que el propósito de la “regulación” que establece que la subida en los ómnibus es por la puerta delantera era facilitar el acceso al servicio. Sin embargo, Goyo, que de no ser por él mismo y por la herencia hubiera sido un magnífico artista de la gráfica, con grandes trazos dibujó un “P” en la calle, me hizo el diagrama de flujo de los pasajeros en el interior del ómnibus y yo me quedé sin argumentos.
Entonces me preguntó: “¿Con tantos ingenieros en transporte y otras cosas tú crees que alguien no se ha dado cuenta antes que yo? Aquí faltan otras cosas, pero talento, mi herma, talento todavía se sobra”.
Regular es quizás el mayor de los retos para cualquier gobierno, ya sea local o nacional, de izquierda o de derecha, capitalista o socialista. Hacerlo bien es el más duro de todos los ejercicios, es quizás una de las metas más difíciles de lograr.
Salvo muy raras excepciones, las regulaciones generan ganadores y perdedores. El arte está en que el saldo de la regulación sea positivo. Para lograr que sea ese el resultado hay que validar de manera precisa el propósito de la regulación y su coherencia con el fin deseado. Por eso es importante aclarar un grupo de aspectos. Por ejemplo:
¿Cuál es el propósito real de la regulación, qué se pretende con ella?
¿Es consistente ese propósito con aquellos otros objetivos más estratégicos / decisivos / importantes?
¿Cuándo se debe implementar la regulación?
¿Cómo se debe implementar para que sus efectos dejen un saldo positivo?
¿Hay un mínimo de condiciones para hacerla cumplir?
¿El costo de hacer efectiva esa regulación es mayor que los beneficios que reporta?
¿Cuáles son los impactos colaterales que provoca?
¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes se perjudican?
Hay, además, que tener un sistema de información que alimente esa decisión, y permita informar a los regulados y a aquellos otros que, sin ser regulados, son afectados por esa regulación.
También hay que tener un sistema de contrapesos que permita las correcciones adecuadas si estas son necesarias. El mejor de los propósitos a lograr puede malograrse si no existen esos contrapesos que, por omisión, den la capacidad a los regulados de anteponer sus propios argumentos y llegar a consensos que hagan mas eficiente esa regulación.
Aferrarnos a regulaciones extemporáneas parece no ser el mejor de los caminos para solucionar algo. Recuerdo siempre que a inicios de este proceso de transformaciones iniciado en 2007, el Presidente cubano tomó un grupo de decisiones para erradicar algunas de esas regulaciones extemporáneas; como por ejemplo, la prohibición de que los cubanos pudiéramos tener de forma legal una conexión de telefonía celular, o aquella otra que nos convertía en extraños en nuestros propios hoteles (nuestros en el sentido exacto de la palabra, pues son propiedad de todo el pueblo) o la que no nos permitía comprar y vender nuestras propias casas, o la que nos impedía viajar al exterior cuando cada cual lo decidiera si lograba los recursos necesarios.
Esas “regulaciones / prohibiciones” ya eliminadas, mientras existieron generaron formas de comportamiento ciudadano para nada cercanas a nuestras aspiraciones, promovieron cadenas de corrupción, permitieron apropiaciones de rentas que no eran producto del trabajo y facilitaron el enriquecimiento ilícito de muchas personas. Lo peor: generaron en nuestra población una cultura de tolerancia cuyos costos aún estamos pagando.
Nadie en el mundo de hoy, de cualquier filiación ideológica o política, se atreve a negar la necesidad de los sistemas regulatorios, en especial en la economía. Los argumentos de su necesidad se mueven en un intervalo que justifica su existencia debido a la necesidad de corregir las fallas del mercado, hasta aquel otro extremo que los admite como “sustituto” total del mercado. Nosotros también nos hemos debatido dentro de esos extremos y aún lo hacemos.
No hay sistemas regulatorios perfectos, todos son perfectibles. No hay regulaciones eternas, todas terminan siendo sobrepasadas por nuevas realidades y nuevos fenómenos que requieren de nuevas regulaciones, distintas a las anteriores.
Nos pasa eso hoy en Cuba: tenemos una economía y una sociedad mucho más diversas, hay nuevos agentes económicos y actores sociales, han surgido nuevas necesidades y relaciones entre esos agentes y todo ello obliga a nuevas regulaciones; pero, sobre todo, a que esas nuevas regulaciones respondan a estos nuevos tiempos.
El “asunto almendrones” es solo un caso de regulaciones que producen efectos no deseados. Tan o más importante que el primero son otros como el “asunto sustitución de importaciones” o el “asunto promoción de exportaciones”, o el “asunto inversión extranjera” o el “asunto libreta de abastecimiento”, el “precios topados”, “no contratación directa de trabajadores en firmas y compañías extranjeras en Cuba”, etcétera.
Al final son todos temas asociados a sistemas regulatorios que no generan los incentivos adecuados y no producen los efectos esperados, o producen junto a los efectos esperados otros no deseados que provocan un saldo negativo final. Hay muchos más, como es de esperar, pero no es el propósito listarlos todos.
Como casi siempre ocurre, es mucho más fácil hablar sobre las regulaciones que hacerlas e implementarlas. Eso también es cierto.
Un buen amigo especialista en temas de economía institucional me dijo una vez que la peor regulación es casi siempre alguna que ha durado tanto que se ha desvinculado del propio objeto y sujeto de la regulación.
Pero también me afirmó que resulta decisivo entender los límites de la regulación y que esos límites están primero que todo en el sistema legal que protege a los ciudadanos de cada país, incluso de esas mismas regulaciones y de la forma en que en ocasiones se aplican.
Traigo una anécdota recién vivida: El sábado 25 de febrero de 2017 frente a la tienda la Época fui testigo de una de esas raras situaciones que se han hecho a veces cotidianas. Galiano, 11 de la mañana, invierno típico cubano (30 grados centígrados) un señor de unos 65 años arrastraba, sudoroso, un carrito improvisado (una caja de plástico con cuatro ruedas) dentro de la cual había unos veinte paquetes de croquetas de las que venden en los mercados en pesos cubanos con 10 unidades por paquete. Dos inspectoras lo detuvieron y preguntaron por el origen de las croquetas, a lo cual el respondió que eran compradas en un mercado cercano. Una de las inspectoras le dijo que podía ser multado por ¡acaparamiento!
Me llamó la atención la figura usada para tipificar la supuesta transgresión, en especial porque no he encontrado nunca una norma que defina cuántas croquetas adquiridas por una sola persona la convierte en un “acaparador”.
¿Y si las croquetas son para la fiesta del cumpleaños de su nieta? ¿Y si son para un “motivito temba” con los “antiguos del pre”? ¿Si se las quiere enviar a su numerosa familia de alguna provincia lejana donde las Prodal no llegan?
No se cómo terminó aquel incidente, pero se me quedó en la mente la expresión del hombre de las croquetas, vi el desamparo dibujado en su rostro, ante la necesidad de tener que explicarle a alguien que lo presumía acaparador sin haberlo demostrado, cuál era el destino de sus croquetas.
En parte ese incidente me provocó escribir estas líneas. También me convenció de que una parte importante de la efectividad de las regulaciones –quizás decisiva–está en las personas encargadas de hacerlas cumplir.
Hoy tenemos la ventaja de tener definiciones importantes sobre el futuro del país, que junto a nuestra Constitución deben servir de marco de referencia a cualquier regulación. Teniendo ambos documentos delante, creo que debemos preguntarnos, como al inicio de las transformaciones: ¿Cuán obsoletas han quedado algunas de las regulaciones actuales? ¿Cuáles otras regulaciones necesitamos? ¿Cómo asegurarnos de que su implementación nos produzca un saldo positivo?
