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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

martes, 12 de septiembre de 2023

Cuba: su actor económico principal y su reparto

En el empeño de sacar de la crisis a Cuba subdesarrollada y además bloqueada, cada actor económico cuenta, desde la empresa estatal hasta la mipyme privada, concluye el autor.




La empresa estatal detenta el papel protagónico del modelo económico cubano como parte de un tejido empresarial mucho más diverso y heterogéneo que hace una década atrás. Fabrica de calzado Nguyen Van Troi.

Foto: Randy Rodríguez Pages_Archivo IPS

Este producto periodístico forma parte de la cobertura especial Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025).

El año 2022 y lo transcurrido de 2023 han estado llenos de tensiones en el desempeño de la economía cubana, con su consiguiente reflejo negativo en el nivel y calidad de vida de la población, no sólo por circunstancias externas adversas harto conocidas, sino también por los problemas estructurales acumulados que requieren solución.

Junto con la necesaria estabilización macroeconómica, el manejo de la deuda externa y el incremento de la captación de divisas, urge transformar lo relativo al fomento e interacción de los actores económicos y con ello aumentar su contribución al crecimiento, la productividad y el bienestar de la sociedad.

Sin dejar de incluir algunas valoraciones sobre las cooperativas, se hará énfasis en abordar el desempeño de la empresa estatal, como actor económico principal y en el «actor del momento», a saber: las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).

El reparto actoral: mipymes, cooperativas… 

La empresa estatal detenta el papel protagónico del modelo económico cubano como parte de un tejido empresarial -dígase un «reparto de actores»- mucho más diverso y heterogéneo que hace una década atrás. Al respecto, baste señalar:

El Estado detenta aproximadamente 80% de la superficie agrícola del país, aunque solo gestiona poco más del 30 % de dicha superficie.

Según cifras divulgadas por el ministro de Comercio Exterior en las sesiones de julio pasado del parlamento cubano, hay 327 negocios con capital extranjero (de ellos, 106 empresas mixtas), en actividades como el turismo, la minería, la producción y comercialización de rones, productos de aseo, higiene y la industria alimentaria, entre otros. Si bien no trascendieron detalles en cuanto a sus aportes a los principales indicadores económicos del país, es presumible suponer que sean relevantes.

Los actores privados y cooperativos son predominantes en cultivos como la caña de azúcar, frijoles, viandas y hortalizas.

El surgimiento de entidades de interfaz entre el sector productivo y del conocimiento, más los proyectos de desarrollo local, constituyen espacios donde hoy se despliegan iniciativas empresariales no estatales en diversos sectores, incluyendo empresas de base tecnológica.

El sector turístico y la presencia de la actividad privada con ofertas de alojamiento, restauración y recreativas.

El cambio de enfoque respecto a las actividades autorizadas a ejercer en el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y la posterior aprobación de las mipymes, han diversificado la participación del actor económico privado en sectores donde la hegemonía de la empresa estatal era casi absoluta.

En la siguiente infografía, se muestra la composición de las entidades empresariales de los sectores estatal y no estatal hasta marzo de este año, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba.




Como puede apreciarse en la tabla anterior, las organizaciones empresariales del sector no estatal rebasan el 80% del total de entidades, principalmente a partir del crecimiento de las mipymes privadas que constituyen más del 40% de dicho total. En el sector estatal, como era de esperar, siguen predominando las empresas «clásicas», con poco más del 14%.

Las mipymes estatales (que son menos del uno %) no muestran la misma dinámica de sus pares privadas, a pesar de las ventajas que técnicamente suponen en términos de autonomía y velocidad de actuación ante oportunidades y cambios del entorno. Ha surgido la figura de las empresas filiales para paliar, en parte, las consecuencias de la conversión inadecuada de varias empresas a Unidades Empresariales de Base (UEB).

En cuanto a las cooperativas, se aprecia una disminución entre 2018 y 2022, con un ligero crecimiento de las no agropecuarias a partir de su relanzamiento en 2021. Sin embargo, este crecimiento no compensa la reducción de las agropecuarias en sus tres modalidades (producción, créditos y servicios y, sobre todo, las unidades básicas de producción cooperativa). La siguiente infografía ilustra ese comportamiento:



En el caso particular de las CNA, su relanzamiento y la promulgación del Decreto Ley 47 en 2021 apuntaron a dejar atrás el dilatado carácter experimental que se les confirió a estas entidades y el congelamiento ocurrido en su aprobación, así como algunas restricciones impuestas como la limitación en su ámbito territorial de actuación.

Otros factores desfavorables fueron, en su momento, la cooperativización forzosa ocurrida en la gastronomía estatal −ajena a los valores y cultura de esta forma empresarial− y la irrupción de supuestas cooperativas, como forma de evadir un contexto regulatorio donde no se había aprobado aún la creación de mipymes privadas y se mantenía el enfoque de enmarcar como trabajadores por cuenta propia a quienes realmente no lo eran.

Ahora este resurgir al parecer «compite» en desventaja con la creación de mipymes privadas, lo que puede contribuir a explicar que su crecimiento sea discreto. Ha ocurrido que algunas entidades cooperativas se han reconvertido a mipymes, al amparo del Decreto Ley 46 del 2021, que norma estas últimas y contempla la posibilidad de dicha reconversión, mientras que el caso contrario, o sea, pasar de mipyme a cooperativa, no está previsto en el Decreto Ley 47.

Planteamientos de especialistas en este sector, reiterados en un encuentro sobre cooperativas celebrado en julio pasado en la Sociedad Económica de Amigos del País, apuntan hacia falta de motivación para asociarse en esta figura empresarial, además de aspectos que todavía no han sido llevados a la práctica, como la constitución de cooperativas de segundo grado y el fomento de otras formas de colaboración entre cooperativas.

Asimismo, se necesita aplicar políticas más resueltas para incentivarlas y apoyarlas, incluyendo la creación de una institución especializada en este actor económico y la formulación de un nuevo y único marco regulatorio que conceda mayor autonomía de gestión a estas entidades. La actual obligatoriedad de vincularse a una empresa estatal azucarera o agropecuaria que tienen las cooperativas del sector es un ejemplo de algo que debiera eliminarse.

Algunos datos sobre el actor principal


El peso de los servicios empresariales, inmobiliarias y alquiler, asociados fundamentalmente a la edificación de hoteles es uno de los asuntos que mayor polémica concita entre especialistas y la población, dada la baja ocupación de las instalaciones existentes y el costo de construir una habitación hotelera. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

A continuación se muestra la composición por actividades económicas del sector empresarial estatal, sobre la cual se comentarán algunas aristas.


El predominio de empresas estatales del sector comercio (que también incluye gastronomía y reparación de efectos personales) en el total de entidades, ha sido característico de esta estructura por actividades en los últimos años. En cambio, la dinámica de algunos indicadores clave en este sector, como la productividad y sobre todo la oferta total de mercancías (producción nacional e importaciones), muestran resultados desfavorables sostenidos.

También llama la atención el peso de los servicios empresariales de inmobiliarias y alquiler, asociados fundamentalmente a la edificación de hoteles, otro de los asuntos que mayor polémica concita entre especialistas y la población, dada la baja ocupación de las instalaciones existentes y el alto costo de construir una habitación hotelera.

Esta última actividad representa la mayor parte de la inversión estatal, como se muestra a continuación:



Aunque se aprecia un descenso respecto al 2021, donde representó más de 40%, solo la inversión en actividad inmobiliaria (casi un 34%) supera a la suma de las actividades incluidas por separado en la tabla anterior, desde comercio hasta hoteles y restaurantes. En contraste, sectores como la construcción y la agricultura reciben porcientos muy modestos, y la industria manufacturera, aunque eleva su peso respecto al 2021, es apenas poco más de la mitad de lo destinado a la actividad inmobiliaria.

Según recientes intervenciones de funcionarios del Ministerio de Economía, otros datos muestran una muy alta concentración de las utilidades y las exportaciones en un número reducido de entidades empresariales estatales. Así, solo 12 entidades son responsables del 80% de las exportaciones del país, mientras que 80% de las utilidades se concentra en apenas 56 empresas.

El número de empresas con pérdidas se ha reducido, de más de 400 a 285 (una parte de ellas, hay que decirlo, por decisiones de protección de precios finales al consumo). Pero si se incluye el total de entidades empresariales clasificadas de muy baja utilidad, un total de 638 empresas estatales presentan una situación precaria.

Por otro lado, el número de unidades presupuestadas asciende a 2 415, superando al total de entidades empresariales estatales (2 337). Una mirada retrospectiva a esta evolución arroja un comportamiento similar:



En los años 2021 y 2022, la aparición ya mencionada de las empresas filiales y las mipymes estatales han reducido la «brecha» con las unidades presupuestadas (UP) y determinado un mayor crecimiento de las empresas estatales en todo el periodo que abarca la infografía Evolución de las Cooperativas (2018-2022).

No se trata de prescribir acá ni una cantidad ni una proporción «óptima» entre ambos tipos de entidades, obviamente.

A falta de otros datos y análisis que arrojen más luz, el momento crítico actual de la economía cubana (elevado déficit fiscal, nivel de exportaciones que no asegura los ingresos en divisas necesarios para la reproducción ampliada, bajo crecimiento de las inversiones y la producción en sectores claves, el estado general de la infraestructura), y sobre todo las posibilidades reales de revertir tal situación a corto plazo, apuntan a que el sector presupuestado requiere de una reestructuración en busca de mayor eficiencia y reducción de gastos.

La capacidad empresarial del país debe incrementarse aún más, no sólo por la vía de las mipymes privadas.

Las mipymes, actores del momento

En cuanto a las mipymes, legitimadas a partir del Decreto Ley 46 del 2021, me haré eco de reflexiones de varios colegas publicadas en este y otros medios. Por mi parte, reitero mi tesis de que son parte de la solución, no la única y milagrosa solución a los problemas de la economía cubana.

La polémica desatada alrededor de su funcionamiento y la culpabilidad que se les confiere respecto a la inflación ameritan, una vez más, referirse a algunos puntos y fijar posiciones sobre este actor económico.



De acuerdo con estos datos, un 75% de las mipymes privadas se concentra en tres actividades: manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, en ese orden. Comercio, que en la narrativa al uso se identifica prácticamente como lo único a lo que se dedican las mipymes, figura en cuarto lugar, bastante alejado de la tercera. Esta estructura, en perspectiva, resulta un hecho positivo si se tiene en cuenta el deterioro de la producción estatal en los sectores industria y construcción, aunque los volúmenes de producción de las mipymes privadas están lejos de constituir mayoría en cuanto a su aporte al producto. Se estima que el aporte al PIB de las cooperativas y las mipymes constituye solamente 13%.

El cambio de enfoque respecto a las actividades autorizadas a ejercer el Trabajo por Cuenta Propia y la posterior aprobación de las mipymes, han diversificado la participación privada, irrumpiendo en sectores donde la hegemonía de la empresa estatal era casi absoluta.»

En cuanto al empleo, el sector no estatal constituye la fuente más dinámica de empleo en el tejido empresarial del país, que hoy supera a quienes laboran en el sistema empresarial estatal, 1.6 y 1.3 millones, respectivamente. Las mipymes privadas, en particular, emplean a unas 225 000 personas. Una cifra todavía baja en relación con el resto de las fuentes.

Respecto a la inflación, hay que insistir en su carácter multicausal. Analizar el fenómeno inflacionario requiere considerar variables externas al país además de las propias, todas relacionadas con la oferta, la demanda y los costos empresariales. Vale recordar que una parte de la inflación es importada, habida cuenta de lo que ocurre en el exterior, pero en nuestras condiciones de alta dependencia de las importaciones agravada en temas de superviviencia como las carencias crecientes de la producción nacional para garantizar la canasta básica de alimentos que se distribuye de forma normada.

Explicar la inflación, incluso, implica incursionar también en otro factor tan subjetivo, pero legítimo como las expectativas de las personas sobre el futuro y las razones que desde sus percepciones individuales (es su derecho) asumen para construir esas expectativas. Y sobre todo, la influencia de las acciones que emprenden como resultado de esas expectativas suelen tener efecto inercial: se mantienen aún cuando las circunstancias que desataron las acciones hayan cambiado.

Toda esa complejidad determina que no se puede reducir la inflación a una sola causa, sea cual fuere, ni personificarla en el comportamiento de un actor en particular.

Las mipymes no son ni ángeles ni demonios. Son actores económicos legitimados en los documentos rectores del Partido Comunista de Cuba y en la Constitución, como parte de nuestro modelo socialista de desarrollo.

Durante mucho tiempo, las mipymes no fueron reconocidas legalmente y estuvieron sumergidas bajo el status de TCP, aunque se sabía que en la vida real eso no era más que un eufemismo. Hoy proporcionan bienes escasos o inexistentes en los comercios estatales, ya sea los que operan en moneda nacional o los basados en una moneda a la que una parte de la población no puede acceder.

Además de la alta vulnerabilidad intrínseca a este tipo de empresas en todo el mundo, se une en el caso cubano que no pueden acceder con normalidad a un mercado cambiario y que operan con una moneda nacional que se sigue devaluando.

Las mipymes esperan por mercados mayoristas de insumos y otros bienes que aún no se crean, carecen de incentivos reales para exportar (por ejemplo, ¿qué pueden hacer con los MLC que les depositen?), pagan elevados impuestos sobre las ventas y las utilidades, y se les eliminó -en el caso de las que surgen nuevas- la exención de impuestos en su primer año. A diferencia de sus pares estatales, no son subsidiadas en caso de pérdidas.

Para finalizar 

Después de algunos años de anunciada, se espera que este año se discuta en el parlamento el proyecto de Ley de la Empresa Estatal. Una alta expectativa ha despertado el dotarla de un nuevo marco jurídico que reemplace e integre la legislación vigente, desde el Decreto Ley 252 y su Decreto 281, que hoy están desactualizados.

Se espera que esa ley establezca una tipología de las empresas estatales, donde se diferencien aquellas que han de constituir monopolios de aquellas que deberán competir (la gran mayoría) y de las que -por razones de interés social- debieran ser subsidiadas. Esta clasificación determinaría las especificidades de las relaciones del Estado con sus empresas, en otras palabras, ejercer una regulación diferenciada, en un ambiente de restricciones financieras «duras». También deberán sumarse como parte del subsistema regulador, otras normativas que prescriban asuntos como la quiebra y la protección de la competencia.

Debe legitimarse de una vez la autonomía, también de forma diferenciada según la clasificación de empresas que se realice, en temas como el comercio exterior, selección de clientes y proveedores, acceso a los recursos, gestión de la fuerza de trabajo, la formación de precios, el manejo de las finanzas empresariales y decisiones de inversión, en un sistema de planificación donde el enfoque de asignaciones centralizadas de recursos críticos ceda espacios a una mayor presencia de relaciones de mercado.

También deberán continuarse los trabajos relacionados con las funciones, atribuciones y composición de las actuales juntas de gobierno, y los órganos de relación y control del Estado para con sus empresas nacionales y locales que dejen atrás el solapamiento aún vigente entre funciones estatales y empresariales y permitan diferenciar los roles del Estado como regulador de la economía y representante del dueño, el pueblo.

Se debe acometer la reestructuración organizativa y financiera de las empresas existentes −las irrentables en primer lugar− con objetivos de mejora claros y medibles a lograr en breve plazo, en aquellos casos donde sea factible una revitalización. Las agrupaciones empresariales vigentes deben ser reformuladas, especialmente en lo relacionado con las OSDE y sus funciones en las agrupaciones.

Las empresas deberán formular agendas de desarrollo donde además de estrategias de crecimiento, cooperación, competitivas y otras, aparezcan temas como la transformación digital, la innovación, el intraemprendimiento, la infraestructura física y tecnológica, el capital humano, y sus sistemas integrados de gestión. La planeación estratégica de las empresas debe ocupar el papel rector que le corresponde en la gestión empresarial.

Y las mipymes ¿qué?


Un 75 % de las mipymes privadas del país se concentra en tres actividades: manufactura, construcción, hoteles y restaurantes. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

En lo tocante a las mipymes, en lo inmediato deberá ocurrir una revisión y reformulación del Decreto Ley 46 que las regula, luego transcurridos dos años de su promulgación.


Las mipymes orientadas a la producción de bienes y las de base tecnológica debieran ser objeto de políticas e incentivos diferenciados para fomentar su aporte al mercado doméstico y a las exportaciones.»

Esta pudiera ser una buena oportunidad para favorecer transformaciones en aras del fomento de estos actores y es de esperar que su nuevo contenido realice cambios en asuntos como el régimen impositivo, la extensión del ámbito de actuación a servicios profesionales hoy prohibidos y la posibilidad de que pueda efectuar operaciones de comercio exterior no necesariamente a través de una empresa estatal.

A la espera de un nuevo Código de Trabajo que refleje los cambios ocurridos en el panorama laboral cubano, se necesita establecer una mayor protección de los empleados en este sector, y también disponer que los procedimientos de control que ejerzan las instituciones a las que corresponda sobre las mipymes, se formulen de acuerdo con sus características particulares. En cuanto a los criterios para clasificarlas, debe mantenerse la idea de incorporar en un futuro otros indicadores además del vigente hoy (número de empleados) e incluso considerar las diferencias entre ramas para fijar los indicadores.

Las mipymes orientadas a la producción de bienes y las de base tecnológica debieran ser objeto de políticas e incentivos diferenciados para fomentar su aporte al mercado doméstico y a las exportaciones. En la medida que se creen más empresas, incluidas las comerciales, podrán aminorarse prácticas monopólicas y de posible colusión entre participantes, en otras palabras, bajar precios (como ha estado ocurriendo con algunos bienes) mediante la entrada de nuevos competidores.

Ni con descalificaciones, ni con llamados, ni con generalizaciones a ultranza sin basamento en datos, se resolverán los complejísimos problemas que atraviesa nuestra economía. Bien se sabe −de hecho se anunció nuevamente en el parlamento− que lo que procede es hacer una transformación estructural, con políticas económicas articuladas que respondan a objetivos y acciones que puedan supervisarse, con indicadores medibles y verificables, y con un soporte institucional que asegure la implementación efectiva de lo que se acuerde. Políticas económicas que deben ir de la mano con las políticas sociales y ambientales.

Algo por cierto, muy difícil de lograr, en cualquier latitud de este planeta. En ese empeño, para Cuba subdesarrollada y además bloqueada, todo actor económico cuentan, desde la empresa estatal hasta la mipyme privada. (2023)

Transición Energética de Cuba: Donde lo urgente y lo estratégico se unen. Comentario HHC

 Por: Alina Perera Robbio

 



Desde el Palacio de la Revolución sesionó Consejo Nacional de Innovación (CNI), donde se abordó la transición hacia fuentes renovables de energía. Foto: Estudios Revolución.

En Cuba el tema energético -transversal a la sociedad- entraña repercusiones en los órdenes político-ideológico, económico y social. Por él pasa, de manera directa, el bienestar del pueblo. De ahí que en la agenda de la dirección del país tenga carácter prioritario, estratégico, y también de urgencia.

Lo anterior explica que hace menos de una semana, desde el Palacio de la Revolución, haya sesionado el habitual Consejo Nacional de Innovación (CNI), en cuyo momento inicial el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció el análisis de “un tema de suma importancia que es la Transición Energética hacia las Fuentes Renovables de Energía”.

Al respecto, el Jefe de Estado definió que se trata de un “tema muy necesario para el país, y además un tema muy actual”. Recordó a los expertos allí presentes que ahora “tiene lugar la proliferación de transiciones a nivel mundial, donde principalmente los paradigmas los están poniendo los países del primer mundo”. Como tales cambios, reflexionó, se dan desde conceptos neoliberales, Cuba tiene el desafío de interpretar y asumir esas transformaciones desde la perspectiva de la construcción socialista.

De cara a las reflexiones que se hacen en foros mundiales sobre el tema energético, Díaz-Canel Bermúdez enunció que se impone y queda en pie una pregunta cardinal: ¿Cómo los países del Sur llegarán a esas tecnologías?

Esas palabras fueron el punto de partida de un CNI que evaluó temas relacionados con la proyección del Sistema Eléctrico Nacional, y en tal sentido el avance en los proyectos de innovación -coordinados por el Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GNUFRE)-, cuyo fruto ha sido una propuesta de Política para la Transición Energética de Cuba.

La nueva Política -tal como se analizó en la reunión- conforma una estrategia para alcanzar, de forma segura y sostenible, la satisfacción de la demanda de energía en la Mayor de las Antillas.

Hay claridad en torno a que eso implica transitar, con la participación de la sociedad en pleno, hacia el establecimiento de una matriz energética no dependiente del uso de combustibles fósiles, donde se aproveche el cien por ciento de las reservas de Eficiencia Energética (EF), y también el potencial de las Fuentes Renovables de Energía (FRE).

Tal como se deduce de un encuentro donde brilló la sumatoria de inteligencias dignas de admirar, la Política para la Transición Energética de Cuba necesita la participación y apoyo de múltiples organismos y sistemas empresariales, dentro de los cuales se destacan el Sistema Eléctrico Nacional, los sectores industrial y de los servicios, el agroalimentario, el residencial; y la gestión local. Y todas esas fuerzas, buscando la sinergia y sin descuidar algo que hoy es clave como la articulación con los gobiernos territoriales.

En lo que concierne a la Transición Energética, una integración entre expertos de universidades cubanas, de conjunto con sistemas empresariales y con el Ministerio de Energía y Minas, ha hecho posible ir definiendo el alcance y las propuestas de acciones por etapas. La necesidad de seguir ese camino, tal como se analizó en el CNI, resultó consenso entre los participantes.

Recuento de una mañana de pensamiento

“Hoy el Consejo de Innovación ha dedicado horas a hacer un ejercicio de pensamiento estratégico en términos del desarrollo energético del país”, valoró ante el equipo de prensa de la Presidencia de la República de Cuba, el Doctor en Ciencias Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, quien es coordinador del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía, y trabaja en la Universidad Central “Marta Abreu”, de las Villas.

El profesor, quien ya había compartido una valiosa intervención en la jornada del CNI, dijo que actual la situación energética del país es compleja, “pero eso -razonó- no puede hacer que no pensemos el futuro y que no lo diseñemos”.

Lo complejo del momento -recalcó- “no puede impedir que pensemos el futuro de la matriz energética del país, con herramientas y con ciencia”. Tal razón explica que, como recordó el Doctor en Ciencias, el CNI haya visto tres temas: el plan de desarrollo del Sistema Electroenergético Nacional con miras al 2030; la propuesta de una Política Energética que se está preparando para sustituir a la actual Política de Energía Renovable; e ideas sobre el valor de la innovación para la Transición Energética.

“En el caso de la Política -expresó- hoy vimos una mucho más integral, más abarcadora, que incluye a todos los sectores de la sociedad, que abarca no solo al Sistema Electroenergético, sino que también asigna papeles y metas al resto de los sectores -como el empresarial, de los servicios, de la agricultura, de la sociedad en general (o sea, el sector residencial)-”.

En opinión de Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, la Política para la Transición Energética de Cuba dedica pensamiento a un conjunto de elementos que deben asegurar esa transición energética a largo plazo, entre los cuales se encuentran la financiación, el papel de la comunicación, de la innovación, y la educación con miras a ese cambio.

“Especial atención se le brindó hoy a la innovación -dijo el experto-, porque en definitiva estamos hablando del CNI, donde vimos lo que se está haciendo en términos de integración de instituciones académicas, científicas, y el sector industrial, para apoyar esa Transición Energética”.

El profesor habló en términos de “algo que ya hoy está ocurriendo, y hablamos de cómo acelerarlo, de cómo hacerlo mucho más eficiente, de cómo hacerlo mucho más ágil, y hablamos incluso de proyectos ya concretos de innovación que se están desarrollando en el país”.

Sobre el Plan de Desarrollo del Sistema Electroenergético Nacional presentado en el encuentro, el Doctor en Ciencias no pasó por alto que el mismo “parte de un diagnóstico de la situación actual”, y de la necesidad de “revertir, paulatinamente, al 2030, la situación que hoy vive el país”. Se trata de un Plan, dijo, que tiene en cuenta “la introducción de las Fuentes Renovables de Energía como elemento fundamental para paliar la situación actual”.

El coordinador del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía hizo alusión a una segunda etapa, para la cual se prevé la soberanía energética, “y por lo tanto la satisfacción, con todas las fuentes nacionales, de las demandas”.

Y habló de un contexto a largo plazo, hacia el año 2050, cuando podría alcanzarse “una matriz energética cien por ciento renovable -que hoy es un estado de deseo, pero creo que es un estado de deseo que tenemos que compartir todos, porque en definitiva la matriz energética es un sistema que es transversal a todos los procesos de la economía, de la sociedad”.

“Hoy, por supuesto, lo que más vemos es el consumo final, es la necesidad de tener electricidad, de tener combustible en la casa para cocinar, pero sin dudas esto es transversal a toda la economía, es la base de una economía eficiente, próspera y productiva. Por lo tanto, es importante pensar en ese largo plazo al 2050, en que podamos llegar a tener una matriz cien por ciento renovable y por lo tanto muchísimo más eficiente y de mucho menor costo que la que hoy implementa el país”.

La innovación: Motor impulsor de los cambios

“En esta concepción de la nueva Política de Transición Energética, se han concebido un conjunto de ejes habilitantes; o sea, son ejes transversales que abarcan un conjunto de sectores que van a contribuir a la Transición Energética del país, y uno de esos ejes es justamente el de Ciencia e Innovación, que está considerado a nivel internacional como el motor impulsor de la Transición Energética”.

Tal explicación fue compartida con el equipo de prensa de la Presidencia de la República de Cuba -una vez concluida la jornada del CNI-, por la Doctora en Ciencias Lídice Valliant Roca, Directora del Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas de la Universidad de La Habana: “Estuvimos conversando -recordó lo sucedido en el encuentro- sobre la necesidad de interconectar muy bien a todos los actores que van a formar parte de este proceso de transición tecnológica”. Esa interconexión, resaltó, “es un elemento fundamental para que la gestión de innovación pueda ser realmente efectiva”.

Ella tiene la certeza -y este resulta un concepto que une a los expertos- de que el tema de la Transición Energética no es algo que se resuelva con una mirada sectorial: “Cada participante de la sociedad -comentó - puede contribuir de alguna manera; y justamente en ese concepto de la interconexión como base de lo que se requiere para que las innovaciones sean efectivas, está también el concepto de la multisectorialidad, la multidisciplinariedad, y los proyectos colaborativos para la Transición Energética”.

“Estuvimos hablando de eso (en el CNI): de la necesidad de desarrollar instrumentos y herramientas para una mejor gestión de la innovación; de las tendencias fundamentales que se han visto en los últimos años; de la innovación para la Transición Energética, fundamentalmente orientada a la fotovoltaica avanzada, a los sistemas de almacenamiento distribuidos, y al uso de Inteligencia Artificial y de análisis de grandes datos”.

“Estuvimos hablando de la asimilación de esas nuevas tecnologías, y de cómo conectar esa parte tecnológica, que es en la que siempre se piensa cuando hablamos de innovación, con la parte que también tiene que ver con la gestión, con aquellos elementos que están relacionados con los instrumentos, con la gestión de proyectos, con la captación de financiamiento, con la implementación de los resultados”.

Análisis de rigor

“Yo creo que hay un análisis riguroso, incluso se está enriqueciendo con el propio debate”, afirmó Díaz-Canel en este último CNI que contó también, desde la presidencia, con el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; con el viceprimer ministro y Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez; con la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waugh; así como con el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

El Jefe de Estado expresó hacia el final del análisis que “hay un camino de innovación que está apoyando a eso a lo cual queremos llegar”. Y acerca de los tres temas compartidos por los especialistas, y que fueron rampas de lanzamiento para otras intervenciones de rigor, reflexionó:

“De los tres temas -que todos son importantes, todos están interrelacionados-, el más abarcador, el de más envergadura, es el de la Política”.

Al valorar la trascendencia de la Política para la Transición Energética de Cuba, el mandatario destacó que ella amplía la visión precedente, la cual iba muy enfocada al Sistema Electroenergético Nacional, y al tema sobre todo de la generación eléctrica, de demanda-oferta.

La actual Política, destacó, “tiene una concepción más amplia, porque están incluidos los componentes ambientales, económicos, sociales, tecnológicos. O sea, hay más un enfoque de desarrollo sostenible”. Se trata de una mirada que, enfatizó el dignatario, “tiene que ser apoyada por la innovación”.

Díaz-Canel abogó por un trabajo que dé seguimiento a lo discutido, “para que todo esto enriquezca la Política”, para conformar ya un primer proyecto que sea visto en las instancias necesarias y pueda transitar hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular.Y todo eso, dijo, sin dejar de seguir desarrollando acciones que permitan avanzar en los campos donde prima el consenso.

Justamente en el consenso hizo énfasis el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, quien lo definió como una de las fortalezas que emergieron durante el análisis del CNI: “Aquí tenemos la ventaja, reflexionó, de que estamos convencidos de que hay que dar un disparo a los combustibles fósiles, e ir hacia estas energías limpias”.

El hecho, añadió, de que a los análisis esté incorporada la institucionalidad, pero también la ciencia, la innovación, la Academia, es algo importante, “porque nos enriquece, nos acorta los caminos, nos da nuevas vías y soluciones para avanzar en un tema tan imprescindible, tan necesario, y no menos complejo”.

Tal complejidad -razonó el Jefe de Gobierno- demanda esa integralidad en la cual los expertos han hecho especial énfasis: “Viéndolo con este sentido, integral, y con una implementación gradual, tenemos que seguir avanzando. Y esto hay que verlo con más frecuencia, para ver qué nos va dando como resultado”. HHC: Amarillos y azul nuestros, mas subrayados.

(Tomado de Presidencia)

Comentario HHC:  !!! Como cuesta trabajo que se entienda lo que hay que hacer !!. Se llevan años tratandose el tema de la generalización de las energias renovables en nuestro pais, y hasta se dijo en una Mesa Redonda que la energia solar  no era la mas idonea.  Cuando el sol lo tenemos " gratis" casi todo el año-.Ya se situó ahora la meta del 2050.

Lo más importante, es el financiamiento para realizar el cambio radical de matriz energetica, y de eso no se habló y es preocupante uqe se mal interprete, lo dicho por  el Primer Ministro de que " hay que darle un disparo a los combustibles fosiles"., cuando estos son los que pueden servir para financiar este esencial y ambicioso proyecto, mientras no lo alcanzamos.

lunes, 11 de septiembre de 2023

Mercado informal de divisas: Depreciación del peso, distorsiones y opciones de política (II). Comentario HHC

Por: Joel Ernesto Marill Domenech, Cubadebate

En este artículo: CubaDivisasDólarEconomíaMercadoPIB

 

En el complejo contexto cambiario actual, han surgido diversas propuestas de cómo poner un freno al proceso deprecatorio del tipo de cambio informal. Foto: Freepik.

En el complejo contexto cambiario actual, han surgido diversas propuestas de cómo poner un freno al proceso depreciatorio del tipo de cambio informal. Una de ellas pone su énfasis en el impacto que sobre dicho tipo de cambio tiene la demanda que realizan las formas de gestión no estatales, identificándolas como uno de los principales componentes de la tendencia depreciatoria que opera en el mercado informal de divisas, debido a la demanda que estos actores realizan al acceder a las divisas necesarias para las importaciones de bienes de capital, intermedios o finales requeridos para su actividad económica.

En esta línea, una idea que ha circulado en las redes recientemente es la propuesta de prohibición de la importación de bienes finales o una limitación muy estricta de las mismas por parte de estos actores. Con esto se espera, por un lado, liberar divisas para otras actividades necesarias para el país, a la vez que se reduce la presión de demanda de estos actores lo que previsiblemente tendrá como correlato una reducción del precio del tipo de cambio informal. Sin embargo, analicemos más detenidamente esta propuesta.

Supongamos que el día de mañana se toman medidas para prohibir o limitar a un extremo casi absoluto las operaciones de importación de las FGNE, ¿reduciría esto el tipo de cambio informal a corto plazo?

La verdad es que probablemente sí, a muy corto plazo. Porque, si bien las explicaciones macroeconómicas –como las expuestas en la primera parte de este trabajo– dictan la tendencia del tipo de cambio, en un largo periodo de tiempo a corto plazo hay otros factores a tener en cuenta. Una salida masiva de demandantes y la ruptura de cadenas de importación desplomaría la demanda de divisas en el mercado informal y, por consiguiente, su precio. Pero la pregunta real en el fondo no sería esa, sino ¿a qué costo?

Esta caída de la demanda de divisas informales sería el correlato de una reducción profunda de las importaciones de los actores económicos no estatales y por tanto de sus ofertas internas, que hoy satisfacen una parte no despreciable de la demanda solvente del país. Si, se lograría reducir el tipo de cambio informal, a costa de sacrificar niveles de actividad del sector privado –incluyendo disminución de los ingresos y el desempleo de trabajadores de este sector–, satisfacción de demanda interna y de dinamizar la espiral inflacionaria en productos básicos.

Hay que tener en cuenta que las importaciones de los actores económicos no estatales satisfacen una demanda solvente de consumidores con los medios monetarios para adquirir a esos precios, y que al hacerlo descompresionan la demanda sobre el resto de los mercados minoristas del país. Es cierto que muchos precios de los actores económicos no estatales no están al alcance de todos, pero su existencia mantiene satisfecha una demanda que, de no existir esa oferta, terminaría presionando sobre el resto de los productos existentes.

Esos consumidores con medios monetarios desviarían su demanda hacia el resto de los mercados formales o informales contribuyendo a corto plazo a la inflación del resto de los bienes básicos que todos consumimos.

La contrapartida a la caída del tipo de cambio informal por métodos prohibitivos, a corto plazo, seria por su contrario inflacionaria y recesiva para la economía, y a un mediano plazo inútil. Hay que tener en cuenta que esa demanda solvente en pesos, que demandaba los productos importados por el sector no estatal, seguirá estando allí, en un principio presionando sobre otros mercados, pero con el paso del tiempo buscará otros mecanismos para satisfacer sus niveles de demanda, ya sea en las tiendas en divisas del Estado, mediante las importaciones informales –las denominadas mulas–, o mediante los pocos mecanismos de importación que se mantengan vigentes. Esto a mediano plazo llevara la cotización del dólar a niveles similares a antes de la medida, recolocándolo en lo que podría denominarse “nivel de fundamentos”: el equilibrio a corto plazo entre la oferta de divisas existentes y la demanda de las mismas desde el volumen de moneda nacional existente.

La existencia de mercados informales como el de divisas es la constatación de que las medidas administrativas tienen poca efectividad para doblegar a los fundamentos macroeconómicos. En condiciones donde los tipos de cambios formales no reflejen las condiciones subyacentes del mercado –el precio que iguala la disposición de los oferentes a vender y los demandantes a comprar– surgen los mercados informales. Enfrentarlo desde la óptica de nuevas prohibiciones tendrá a la larga un efecto mucho más contraproducente del que pudiera tener la propia existencia de estos espacios, que aun en su forma informal permiten una determinada dinámica económica que, de dejar de existir sin alternativa, solo complejizaría la ya difícil situación actual.

Ahora bien, si bien las medidas administrativas por sí solas no deben ser a corto plazo un instrumento para lidiar con el mercado informal, pues por un lado serían poco efectivas y por el otro altamente contraproducentes, la informalidad de los mercados cambiarios y su continua depreciación continúa siendo un problema para la política económica del país.

En este punto, dos objetivos fundamentales deberían constituir prioridades en la política cambiaria:

a. En primer lugar, la formalización de las operaciones que hoy discurren por canales informales de compraventa de divisas, en sus diferentes modalidades: canalización de remesas informales, demanda para importación de actores económicos, demandas para acceder a los circuitos de ventas en divisas, etc. Solo el hecho de formalización ya agrega un grado de trasparencia y orden a las operaciones económicas, que de por sí supone un importante paso de avance en el escenario cambiario actual.

b. El segundo objetivo, en la práctica mucho más complejo, es la estabilización del tipo de cambio del mercado cambiario formalizado, y la posterior reducción de este a niveles que permitan utilizarlo como ancla antiinflacionaria en la economía.

Sobre procesos de este tipo existe ya en nuestro país un antecedente exitoso con la reducción del tipo de cambio informal y el traspaso de las operaciones informales a operadores formales –como Cadeca– en la década de los 90. Desde la óptica cambiaria, el escenario es bastante más complejo hoy.

La existencia de actores económicos no estatales agrega nuevos demandantes con fines productivos que no existían en el proceso de apertura de Cadeca de los años 90, que tenía un objetivo mucho más limitado en las operaciones de la población y el turismo, a la par de que la proliferación de canales informales para el envío de remesas es un reto importante a tener en cuenta para la constitución de un esquema cambiario formalizado que permita canalizar y centralizar en el sistema financiero formal la mayor parte de los flujos de divisas que hoy discurren por vías informales.

En estas condiciones, los retos que enfrenta la política cambiaria del país no son nada sencillos, aunque algunos comentarios en redes sociales en ocasiones subestimen las complejidades del proceso. Sin querer agotar el tema, y en líneas muy generales, vale destacar algunas ideas que podrían ayudar a fertilizar el debate sobre este proceso en las condiciones actuales:

a. En el frente de la estabilidad macroeconómica una primera tarea impostergable y prerrequisito indispensable es la disminución de las presiones monetarias que dinamizan al alza el tipo de cambio. La estabilidad macroeconómica es el prerrequisito insustituible para la estabilidad cambiaria. Este elemento, quizás el más complejo de todos, solo podrá alcanzarse mediante una reducción profunda de los desequilibrios fiscales, motor primordial –aunque no exclusivo– de la expansión monetaria actual.

Este ajuste fiscal en las condiciones actuales se torna un proceso complejo. Por un lado, dado que la lenta recuperación de la economía real genera limitados incrementos de ingresos presupuestarios y los gastos que se realizan son ya de por sí insuficientes para cubrir los muchos compromisos sociales a los que nuestro Estado socialista no puede ni debe renunciar.

A corto plazo, por el lado de los gastos, las mayores reservas podrían encontrarse en la transformación de los esquemas de subsidios de productos a personas, la racionalización de gastos de actividades no sustantiva, la postergación de inversiones financiadas con cargo en el presupuesto del Estado, así como la generación de mecanismos para un mayor control en los precios de compra del sector presupuestado mediante mecanismos de compras públicas y licitaciones que incrementen las cuotas de transparencia y capacidad negociadora de las instituciones de gobierno.

A mediano plazo, solo transformaciones más estructurales en las dimensiones del sector presupuestado y en el incremento de la eficacia del gasto público podrán hacer sostenible dicho gasto y evitar reapariciones de desequilibrios fiscales.

Por el lado de la movilización de ingresos, la modificación al alza de algunos tributos y tasas, así como la imposición de impuestos especiales a determinados bienes o servicios no básicos o de lujo que permitan mejora las cuentas fiscales, son algunas medidas que podrían explorarse en este sentido.

Sin embargo, otras transformaciones, como la modernización profunda de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y su interconexión con otras instituciones públicas, a fin de mejorar sus capacidades de control y reducir la evasión fiscal, serán indispensables para avanzar a mediano plazo en un incremento sostenido de los ingresos fiscales. El rediseño integral de la política tributaria, en función de potenciar incentivos al pago de impuestos, reducir la evasión y concentrar la carga tributaria en aquellos impuestos de más fácil fiscalización, son otras medidas que podrían ser igualmente aplicadas.

Tal vez en los dos párrafos anteriores no se puedan ver expresadas del todo las complejidades de este proceso, pero no debemos dejarnos llevar por las posturas que subestiman las mismas a fin de solo señalar errores del Gobierno.

Los ajustes fiscales son siempre procesos extremadamente complejos, para avanzar en el mismo deberán ser adoptadas medidas que no siempre serán placenteras, pero que no por ello dejarán de ser necesarias. En un país como el nuestro, donde hay un empeño legitimo de no dejar a nadie atrás, cualquier ajuste fiscal debe redistribuir sus costos sobre aquellos que estén en mejores condiciones para asumirlo, protegiendo y beneficiando en el proceso, de ser posible, a aquellos que estén hoy en una situación mas vulnerable.

b. Por el frente de la formalización, es necesario generar las regulaciones, garantías, incentivos y penalidades que compulsen a los actuales operadores informales –fundamentalmente los intermediarios de remesas– a canalizar sus operaciones hacia los circuitos formales y canjearlas en el sistema financiero. Para tal fin, un incentivo indispensable será que el tipo de cambio del mercado oficial (“de Cadeca” si se le quiera llamar así) pase a reflejar en todo momento las condiciones objetivas del mercado y a modificar su valor según las tendencias subyacentes en el mismo.

El respeto irrestricto por parte del sistema financiero a las divisas de los diferentes agentes económicos, la fluidez de los pagos al exterior de los actores que compren divisas en el mercado –dentro de las limitaciones que tiene Cuba por cuestione del bloqueo–, así como determinadas penalidades para las operaciones que se realicen con divisas adquiridas fuera de los mercados cambiarios formales, deberían ser igualmente pilares de cualquier proceso de formalización.

La formalización supone la creación de un marco regulatorio que permita y privilegie el acceso legal de oferentes y demandantes a canjear sus divisas libremente con los operadores financieros del nuevo mercado cambiario formalizado, por lo que resulta indispensable dar acceso al mismo a todos los potenciales participantes: los que ya están operando en su variante informal, como la población y actores económicos no estatales, así como, de forma más gradual, empresas estatales o mixtas autorizadas a ofertar y demandar en el mismo.

Aunque inicialmente algunos controles cambiarios y limitaciones de accesos pueden ser impuestos para inducir determinado grado de gradualidad y evitar procesos de sobredemanda inicial, dado que se intenta la formalización de un mercado –informal– que cuenta con libre entrada y salida de oferentes y demandantes, solo una flexibilidad de acceso similar en el mercado oficial puede garantizar que se logre el traspaso de la mayor parte de las operaciones hacia los canales formales.

c. El tipo de cambio oficial del mercado cambiario –que previsiblemente operaría al inicio a la par de un tipo de cambio oficial más bajo como el actual 1x24– deberá reflejar por su parte el tipo de cambio “de fundamentos”, el equilibrio real de demanda y oferta de divisas de todos sus participantes en el mercado.

La estabilidad de este tipo de cambio será un correlato de las acciones anteriores, fundamentalmente del ajuste fiscal, pero a corto plazo deberá ser un reflejo de las proporciones reales de oferta y demanda de divisas.

Para ello no es un requisito indispensable que opere en forma de un tipo de cambio con flotación puramente libre, lo que es para los países del Tercer Mundo casi una rareza de libro de texto. Pudiese funcionar, en este sentido, algún tipo de esquema intermedio de flotación en bandas o flotación administrada por el BCC, pero las intervenciones de la autoridad monetaria deberán basarse en instrumentos económicos y no mediante el control administrativo del tipo de cambio de mercado. Desalinear el tipo de cambio de su valor de fundamento solo llevaría a la reaparición del mercado informal y a la pérdida de la credibilidad del arreglo cambiario adoptado.

d. Por último, las experiencias internacionales sobre procesos de formalización y unificación de tipos de cambio muestran que un elemento clave de los mismos está asociado a la comunicación y a la capacidad que se tenga de generar confianza en el público, mediante una explicación clara de los objetivos del ajuste cambiario y de los instrumentos con que cuenta el Gobierno para hacerlo viable, de que el arreglo adoptado será perdurable en el tiempo y que la autoridad monetaria será consistente con el mismo.

Aquí se esbozan claramente solo ideas generales, el camino hacia la formalización y la estabilización cambiaria será de seguro un camino mucho más tortuoso y complejo de implementar del que se pueda describir en un breve comentario. Sin embargo, es un proceso que, como otros, por su impacto, debería ser emprendido con decisión y voluntad política, conscientes de los riesgos, pero también de los potenciales beneficios.

Dado que la estabilidad cambiaria y las reglas de formalización son solo alcanzables mediante transformaciones de mucho mayor calado que exceden lo estrictamente cambiario –modificaciones en las políticas fiscal, monetaria, regulación bancaria, etc.– estos objetivos solo serían realistamente alcanzables y sostenibles si se sitúan en los marco de una estabilización macroeconómica realista, que modifique a la par las condiciones subyacentes que dinamizan la aparición del mercado informal y genere, mediante resultados tangibles, la confianza en el público de que el compromiso cambiario asumido es sostenible y duradero.

Una economía más formalizada y ordenada desde el punto de vista cambiario es una economía a la larga más eficiente y más cercana a la recuperación y al desarrollo que todos aspiramos. Avanzar hacia allí no será previsiblemente un camino sencillo, pero sí uno que está en nuestras manos y capacidades reemprender.

Comentario HHC: Siguen las discusiones bizantinas y el tiempo "corriendo"  .Evidentemente no se quiere resolver el problema de raíz que se ha creado y para colmo , hasta se insinúa la legalización del mercado informal de divisas ¿ por actores particulares?.. Es un camino de cuesta abajo como sociedad.

 Hay tomar medidas en las esferas productivas y de la circulación para que la economía funcione adecuadamente. Pero si se parte de criterios y supuestos que limitan la misma, el problema se reproduce una y otra vez, porque se hacen paliativos una y otra vez. Se pueden dictar cien medidas para corregir el rumbo, solo menciono cuatro ideas. 

1- El estado debe tener el control de la tasa de cambio, la que dicte el mercado, y puede ajustarse para todos los actores económicos, diario o mensual, trimestralmente, lo que se entienda más factible, y estimular las operaciones cambiarias con % de descuentos. Al tiempo de combatir resueltamente la ilegalidad., con grandes multas y a los reincidentes aplicarles el código penal vigente. Tiene que garantizarse el fondo de maniobra en divisas como tarea prioritaria.

2- Hay que restructurar todo el presupuesto del estado en CUP y en divisas, eso implica la reestructuración de los aparatos administrativos a todos los niveles. Hay que simplificar los ministerios y eliminar las plantillas flotantes, improductivas, indirectas, que no son sostenibles económicamente. 

3- Hay que restructurar el plan de inversiones del país.  Priorizar las que generen alimentos, electricidad (energía renovable), transporte, manufactura, construcción y salud. Y todos los que generen exportaciones en divisas con esquemas de autofinanciamientos. Al tiempo que hay que incentivar salarialmente estos sectores y empresas.

4- Hay que modernizar el sistema de Comercio, y establecer controles administrativos y económicos. (facturas, estados financieros, declaración de impuestos, etc). Todo lo que son causas y condiciones que generan desvíos al mercado ilegal de mercancías y monetarios. 


Una mirada jurídica a las cooperativas en Cuba: El reto de subsistir

 Por: Dr.C. Orestes Rodríguez Musa, Cubadebate

 



El cooperativismo es un movimiento socioeconómico con más de un siglo de existencia y base en una doctrina que considera a las cooperativas como la forma ideal de la actividad socioeconómica de la humanidad.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, ha tenido un papel fundamental en el impulso de este movimiento. En la actualidad, aglutina, representa y sirve a unos 3 millones de cooperativas, las cuales agrupan a más de 1 200 millones de personas y proporcionan empleo al 10% de la población trabajadora del planeta. Por estos y otros motivos, la Organización de Naciones Unidas ofrece a la ACI, desde 1946, estatus consultivo, a la vez que reconoce a las cooperativas como actores principales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre los méritos más significativos de la ACI como estructura organizativa superior del movimiento, resaltan sus esfuerzos por fortalecer la identidad de las cooperativas. Al respecto, su Declaración sobre la Identidad Cooperativa de 1995, define la cooperativa como "...una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada".

De lo antes dicho resalta que las cooperativas son, primero que todo, entidades integradas por personas que tienen un objetivo común. De ahí que la Declaración también haya remarcado, en su contenido, una ética particular que las distingue, y que incluye los valores de auto ayuda, auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Además, honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás.

Pero, para que exista una cooperativa, no basta con que un conjunto de personas asocie sus esfuerzos con la finalidad de solucionar problemáticas socioeconómicas comunes con base en una ética que les distingue; sino que es también imprescindible que procuren la satisfacción de esas necesidades a través de una empresa. Esta última idea, además se complementa con el llamado “vínculo cooperativo”, consistente en la superposición, en las mismas personas, de los roles de propietarios y usuarios de la empresa.

Por ejemplo, una cooperativa de consumo, se constituye para suministrar a sus asociados, en las mejores condiciones posibles de calidad y precio, artículos de primera necesidad, lo cual realiza produciendo los artículos, gestionando su previa compra al por mayor, etc. La diferencia que tienen esos artículos para las cooperativas, respecto a los precios que ellas perciben al suministrarlos a los asociados, constituyen los "excedentes". De estos excedentes, una vez provistos determinados fondos y reservas, se destinan a diversas finalidades de interés común o se distribuyen entre los asociados (también podría decirse que "retornan" o se devuelven a estos), en proporción al monto de sus respectivas operaciones con la cooperativa.

Estas entidades no imprimen valor agregado a sus producciones, pues el "retorno cooperativo" es resultado de la diferencia entre los precios de compra y venta. Pero, teniendo en cuenta que eliminan intermediaros, puede asegurarse que su actividad es justa económica y socialmente.

Por su parte, las cooperativas de trabajo, agrupan a obreros, técnicos, profesionales, etc., que organizan en común su trabajo, a fin de proporcionarse una fuente de ocupación estable y conveniente. Los excedentes obtenidos por estas cooperativas, una vez provistos fondos y reservas comunes, se distribuyen entre los trabajadores (que no olvidemos también son asociados y propietarios), en proporción al trabajo aportado, previa deducción de los “anticipos” recibidos por los mismos (mal llamados salarios), lo que materializa su participación equitativa en los excedentes de la empresa.

Por último, la identidad cooperativa también viene determinada por los llamados principios cooperativos, forma en que la ACI ha definido las reglas que rigen el funcionamiento interno y externo de estas formas asociativas. Estos siete principios son el de "asociación voluntaria y abierta"; el "control democrático por los asociados"; la "participación económica de los asociados"; la “autonomía e independencia”; la "educación, capacitación e información"; la "cooperación entre cooperativas";  y la "preocupación por la comunidad".

Pese a los esfuerzos de la ACI por clarificar la esencia cooperativa, la óptica jurídica de la institución no siempre ha logrado captar su complejidad. En consecuencia, no pocas veces se ha encuadrado a la cooperativa dentro de formas jurídicas asociativas que no alcanzan a tipificar su dimensión empresarial o, por el contrario, se le ha regulado asumiendo posturas excesivamente patrimonialistas o mercantilistas, limitándose así el desarrollo de sus potencialidades sociales.

A propósito, cuando se estudia la forma en que se ha legislado sobre esta materia, se identifican tres grupos de países: el primero, integrado por aquellos que han optado por capítulos específicos dentro de alguna legislación de alcance más amplio; el segundo grupo, donde los ordenamientos jurídicos tienen leyes concretas para tipos específicos de cooperativas; y el tercero, mayoritario, de países que han optado por una Ley de Cooperativas.

Sobre este particular, es criterio de quien suscribe que lo más acertado es seguir a la mayoría, pues al regular la institución a partir de una ley especial, se contribuye a homogenizar la concepción sobre ella; a consolidar la necesaria unidad del movimiento cooperativo; y a armonizar sus relaciones con el universo de entes públicos y privados con que debe interactuar.

Pero, el debate jurídico sobre la cooperativa no queda en su naturaleza, ni en la forma de legislar sobre ella; sino que además trasciende al papel que le corresponde desempeñar en el régimen institucional de cada sociedad, en especial en sus relaciones con el Estado. Se contraponen en este sentido varios modelos para determinar la responsabilidad social que les corresponde, así como los mecanismos a utilizar para materializarla y para controlarla desde el poder. Esta polémica, muchas veces terminado sumergiendo a la cooperativa en la estéril dicotomía entre lo público y lo privado, para la que el tercer sector o sector de la economía social, se ha convertido en una alternativa interesante.

En Cuba, las primeras menciones legislativas a la cooperativa se encuentran en las normas coloniales, manteniendo desde entonces su presencia en el ordenamiento jurídico patrio, incluso, desde 1940 con rango constitucional. Sin embargo, el tracto histórico de la regulación jurídica de la institución, más de una vez ha estado marcado por el reduccionismo y las distorsiones.

De hecho, el texto constitucional socialista de 1976, reconoció el derecho a asociarse en cooperativas solo a los agricultores pequeños; desvirtuó la naturaleza jurídica de la institución concibiéndola como forma de propiedad agraria; limitó sus fines a la producción agropecuaria o, con este propósito, a la obtención de créditos y servicios estatales; y le configuró un ambiente institucional con altos niveles de dependencia e intervencionismo desde la Administración Pública. Tal panorama, condicionó el funcionamiento de los tres tipos de producción cooperada en los campos cubanos: las Cooperativas de Créditos y Servicios, las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2011 orientaron, como parte del proceso de actualización del modelo económico nacional, la expansión de las cooperativas hacia otras esferas de la economía diferentes a la agropecuaria. Para ello, se empleó inicialmente un paquete legislativo con carácter experimental, que configuró el marco regulatorio provisional para las llamadas Cooperativas No Agropecuarias.

Al iniciarse este experimento, se identificaban como limitaciones jurídicas para las cooperativas en Cuba, las ya apuntadas debilidades en su regulación constitucional; la ausencia de una concepción homogénea sobre su naturaleza jurídica, directamente ligada a la no existencia de una legislación general unificadora y armonizadora del sector; la permanencia de un modelo absorbente en las relaciones con el Estado; y la generalizada falta de cultura jurídico-cooperativa, que ha derivado en que el legislador, el aplicador de la norma y la sociedad en general, arrastren hacia estas formas asociativas, esquemas de la empresa estatal o de las empresas capitalistas.

Tales limitaciones influyeron en que, durante este proceso “experimental” de expansión de las cooperativas hacia otras esferas de la economía nacional, se presentaran importantes dificultades que distanciaron las CNA cubanas de la identidad cooperativa universalmente reconocida. Téngase en cuenta que, para aquel entonces, no pocos emprendedores, sin vocación cooperativista, usaron esta “brecha legal”, para dar forma a sus proyectos empresariales privados. Otros, en cambio, fueron “inducidos” a la condición de emprendedores-cooperativistas, sin nunca haberlo pretendido ser más que trabajadores estatales asalariados.

De esta forma, entre las dificultades reconocidas oficialmente en el “experimento” de las CNA estuvieron la apropiación indebida; la corrupción; cooperativas que materializaron su gestión contratando fuerza de trabajo asalariada y comprando servicios a terceros; marcadas diferencias (32 veces superior) entre los anticipos percibidos por los directivos con respecto a los que realizaban labores directas en la producción; utilización de créditos bancarios con fines diferentes a aquellos para los que fueron otorgados; incremento de los precios; etc.

Ante esta realidad, la dirección del país, para atajar las desviaciones existentes, optó durante varios años por no autorizar nuevas cooperativas, sino que apostó por consolidar las ya existentes, reforzando las medidas de control administrativo e implementando cambios legislativos. Sin embargo, a diferencia de lo que podía esperarse, estas nuevas regulaciones no llegaron mediante una Ley General de Cooperativas que unificara el sector y estableciera sus bases en coherencia con la identidad cooperativa.

En este contexto, fue aprobada la Constitución cubana de 10 de abril de 2019, cuyo artículo 22, inciso d), reconoce la propiedad "privada" como "la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras…". Llegó así el fundamento constitucional para autorizar la creación de empresas privadas bajo formas jurídicas de naturaleza lucrativa, lo cual se ha concretado mediante el Decreto-Ley No. 46/2021 "Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas". De esta forma, desaparecieron las barreras o vacíos legales que en su día provocaron que se encubrieran las empresas lucrativas bajo el manto de las CNA.

Esto último, unido a las deformaciones jurídicas sufridas durante décadas en el país por las cooperativas, podría explicar que, en los últimos dos años, de los 8 623 nuevos sujetos no estatales aprobados para operar, creados tanto por personas naturales como por Estado, solo sean cooperativas menos del 2%.

Pese a esta realidad, que contrasta con el carácter socialista de la Carta Magna cubana, el ya citado artículo 22, en su inciso b), reconoce a la "propiedad cooperativa", como "la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo". La letra de este precepto posee algunos aspectos que significan una evolución respecto a la vieja Constitución de 1976, así como otros elementos que generan incertidumbre y varias ausencias que contribuyen a provocar inercia, a saber:

Evolución: Desaparece la perspectiva agrarista. Ahora las cooperativas, sin importar el sector de la economía donde se desarrollen, tendrán protección constitucional. Además, se reconoce la pertinencia de unos "principios" que deben marcar el funcionamiento de estas instituciones, en tanto forman parte de un movimiento universal que las supera y las fortalece.

Incertidumbre: Sin embargo, cabe preguntarse a qué "principios del cooperativismo" se refiere el constituyente, pues en la legislación cubana nunca se han mencionado los enarbolados por la Alianza Cooperativa Internacional, y tampoco se ha utilizado un criterio uniforme para definirlos. Por tanto, diversas podrán ser las interpretaciones de la Constitución que realice el legislador.

Inercia: Persiste la reducción de su naturaleza jurídica a "forma de propiedad", descuidándose el vínculo asociativo que implica, la finalidad de servicio que le corresponde, los valores que le resultan consustanciales y el ambiente institucional, de equilibrio entre autonomía y responsabilidad social, en que se debe articular. Además, la formulación enfática respecto al "trabajo colectivo de sus socios propietarios" como sustento para las cooperativas, se ha convertido en una limitación legal para constituir otros tipos de cooperativas diferentes a las de trabajo, como pudieran ser las de consumo o las de crédito. Estas últimas, hasta hoy inexistentes en Cuba, se inspiran en necesidades populares que no resultan ajenas a la sociedad cubana actual.

Ante este panorama, en el que resulta decisivo el papel del legislador ordinario para interpretar y encausar la norma constitucional, entró en vigor el Decreto-Ley No. 47/2021 "De las Cooperativas No Agropecuarias". Sin embargo, persiste la deuda de una Ley General de Cooperativas que contribuya a la articulación de un movimiento cooperativo nacional que supere la estéril división entre las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias. Además, dicha Ley debe contribuir a ordenar estructuras superiores propias del movimiento, como las cooperativas de segundo grado. En la misma dirección, la Ley podría diseñar un Instituto Nacional de Cooperativas, con el encargo de promover y homogenizar políticas públicas de fomento cooperativo.

¿Cuál será el futuro de las cooperativas en Cuba? ¿Serán capaces de resistir la competencia que les suponen las mipymes? ¿Sobrevivirán como alternativa creíble para los cubanos que deseen crear sus propias empresas?

Sin otra pretensión que la de animar al debate, resaltaría desde el optimismo que las cooperativas que existen hoy en el país, han tenido la opción legal de "convertirse" o de desaparecer. Sin embargo, sus asociados permanecen aferrados al modelo cooperativo por convicción. Por tanto, es válido pensar que hoy "están los que son", los mismos que desde el sentido de pertenencia y desde la ética cooperativista pueden no solo consolidarlas, sino además pivotear un movimiento articulado, capaz de conquistar el espacio que merecen en las políticas del Gobierno y en el Cronograma Legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.