Venezuela ha decidido emprender un megaproyecto en el llamado Arco Minero del Orinoco que le permitirá percibir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. ¿Será el fin del rentismo petrolero?
El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, ofreció en entrevista a RT los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos de la nación surameriacana, que en la actualidad ha visto su economía afectada por la caída sostenida de los precios del petróleo, su principal fuente de divisas.
Aunque el país atraviesa una coyuntura económica nada desdeñable, el ministro sostiene que el proyecto ya había sido concebido por Hugo Chávez, como parte del desarrollo estratégico del país, junto a la Faja Petrolífera del Orinoco (con la mayor reserva mundial de crudo del mundo), y el Cinturón Gasífero ubicado en el caribe venezolano.
Las críticas a la iniciativa no han faltado. Desde grupos ecologistas, hasta la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han querido truncar el proyecto incluso antes de que se haga realidad. Lo que sí está claro para Mirabal es que será la oportunidad inédita para Venezuela de "asumir el control de una actividad que ya existe en el estado Bolívar" porque el país "necesita ejercer el control sobre sus recursos naturales", pero con una visión definida como ecosocialista.
El proyecto estima generar unos 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos en el estado Bolívar, especialmente por la explotación de recursos como el oro y el cobre. En esa jurisdicición, de acuerdo a las estimaciones preliminares, podrían estar las segundas reservas mundiales auríferas del mundo.
¿Cuáles son los puntos clave del proyecto que podría significar la diversificación de la economía venezolana y una alternativa para mantener la elevada inversión social del gobierno?
Empresas mixtas
A diferencia del modelo aplicado en Venezuela antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, que sólo entregaba concesiones de explotación a capitales extranjeros a cambio de regalías mínimas, la figura ideada para el Arco Minero del Orinoco es la de empresas mixtas con capital accionario mayoritario para el Estado.
"Existe un esquema de participación del 55% como mínimo para el Estado venezolano, dándole un espacio de participación del sector privado hasta 45%", detalló Mirabal, quien adelantó que las empresas podrán ser de capital nacional o extranjero, siempre que cumplan con tres requisitos: capacidad de inversión, experticia en el área y respeto a la soberanía nacional.
A la fecha, más de 100 empresas de 37 países, como Inglaterra, Canadá, Rusia, Suráfrica, Estado Unidos de América, China, Australia, han manifestado su interés en invertir en la zona, que ocupa 111.843,70 kilómetros al norte del estado más extenso de Venezuela. La superficie equivale a tres veces el territorio de Dinamarca.
Explotación de áreas impactadas
"No se abrirán nuevos espacios para la minería", recalcó el funcionario. La explotación de los ingentes recursos que posee la zona se hará únicamente en las áreas que ya han sido tocadas por la actividad minera artesanal, de pequeña escala o ilegal.
En el estado Bolívar, que está entre los menos poblados del país, se estima que trabajan más de 50.000 mineros. La mayoría de ellos explota recursos en minas ilegales o de manera artesanal, con métodos altamente contaminantes que implican el uso de tóxicos como el mercurio que contaminan los cauces fluviales. A principios de agosto, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la utilización de esa sustancia en la minería.
La preocupación de algunos grupos ecologistas es que plan del Estado afecte las zonas vírgenes de la selva guayanesa. Mirabal no sólo descartó esa posibilidad sino que afirmó que una de las condiciones fundamentales para la explotación de las zonas es que las empresas que se establezcan tengan un proyecto de remediación ambiental.
Compensación ecológica
"Si no hay manera de compensar el daño ecológico, entonces no se explota", insistió el ministro. Además de la prohibición del uso del mercurio, el Estado exigirá que los nuevos proyectos incluyan inversión en tecnología -como plantas de destrucción de cianuro y plantas de tratamiento de aguas- que ayuden a sanear los ríos y áreas afectadas.
Los costos de la remediación ecológica serán cubiertos con las utilidades que arrojen las minas. Por eso, cada proyecto debe evaluar no sólo su factibilidad técnica sino económica. Cada planta de tratamiento de cianuro cuesta alrededor de 90 millones de dólares y se necesitan dos para convertir el ácido sulfúrico en un yeso inerte.
"Son 180 millones adicionales que no estaban en los proyectos anteriores, pero los vamos a poner y punto. Si no, no hay proyecto", enfatizó Mirabal, quien explicó que lo primero que habrá que hacer es remover la capa sedimentaria de las zonas previamente afectadas por la minería ilegal, extraer sus riquezas y, con los recursos que se generen, reponer la topografía.
Poder popular
El Estado prevé impulsar un programa pedagógico con los mineros de la zona, no sólo para evitar el uso del sustancias contaminantes sino para que las comunidades indígenas, que también viven de la explotación del suelo, conozcan los beneficios económicos, tecnológicos y sociales del proyecto. Para ello, se tiene previsto un plan de información que será divulgado en las lengua de las distintas étnias venezolanas.
El objetivo, en el corto plazo, es establecer un registro para contabilizar, legalizar y capacitar a los mineros del estado Bolívar en técnicas adecuadas, con el propósito de que la actividad económica sea sustentable y ecológica. Un punto clave en ese procedimiento es que la fiscalización permitirá verificar el pago de impuestos y regalías para el país. En la actualidad, la explotación minera ilegal no reporta ningún beneficio económico para Venezuela.
Facilitar el acceso de los pequeños mineros a las plantas libres de mercurio no sólo pretende reducir la contaminación de las cuentas, sino ofrecerles herramientas para que no exploten el recurso en minas ilegales, generalmente dominadas por mafias violentas que promueven el contrabando.
Adicionalmente, el Ejecutivo emitió una resolución que obliga a que 60% de los recursos provenientes de la actividad minera retornen a los venezolanos en forma de inversión social.
Mejora financiera
El desarrollo del Arco Minero del Orinoco significa, además, la mejora de la posición del Estado para tener acceso a las fuentes de financiamiento de la banca internacional y empresas asociadas.
La caída de los precios del petróleo y la arremetida de las calificadoras contra Venezuela han debilitado limitado la capacidad del país en el endeudamiento externo. Como consecuencia, el Estado debe cancelar hasta 25% de interés anual por encima de lo que pagan los bonos del tesoro de EE.UU. Por eso, la opción de la explotación minera se perfila como una alternativa que podría oxigenar la economía.
Según las estimaciones del Ministerio de Petróleo, las reservas potenciales de minerales en Venezuela podrían generar más de dos trillones de dólares. Aunque no todos los recursos disponibles pueden ser explotados, el Arco Minero es una carta indiscutible para que el país exija un financiamiento en condiciones más ventajosas que las actuales.
Creado el Jueves, 25 Agosto 2016 19:03 | Dai Liem Lafá Armenteros| Foto Omara García Mederos| ACN
