OPINIÓN
JUNIO 2020
El
presidente estadounidense ha impuesto la «Ley del Embudo», ancho para los ricos
y poderosos, y estrecho para los pobres y desprotegidos, ha dejado al país
desprotegido frente a la pandemia de coronavirus y amenaza con un fuerte
retroceso democrático.
La vida de Donald Trump se ha caracterizado por una
búsqueda persistente de la fortuna, el poder y su beneficio personal, sin
importarle un bledo las consecuencias nefastas de sus acciones. Es el perfecto
ejemplo de la «ley del embudo»: ancho para los ricos y poderosos y estrecho
para los pobres y desprotegidos, lo cual es una severa violación de la equidad.
Este ensayo aporta abundante evidencia de las inequidades de Trump y sus
partidarios republicanos y de cómo estas han agravado las desigualdades
socioeconómicas de los estadounidenses, fragmentados por ingreso, poder,
ideología, raza, género, edades, ciudadanía y estados. Se divide en siete
secciones: 1) la política económica del embudo, focalizada en la reforma
tributaria de 2017; 2) la tardía, caótica y aciaga política del presidente
sobre la pandemia; 3) su concentración inconstitucional de tener poder total
frente a los estados; 4) el paquete de rescate económico y la lucha de los
demócratas por hacerlo más equitativo; 5) los beneficios que Trump, sus aliados
y las corporaciones han extraído del covid-19; 6) el triaje que da preferencia
a los blancos ricos mientras que sacrifica a los pobres, ancianos, hispanos y
afroamericanos; y 7) la reacción de los estadounidenses a las políticas
trumpistas sobre covid-19 y sus potenciales efectos en la reelección.
1)
La política económica del embudo. Fiel
a su propósito de vida, a través de todo su gobierno, las políticas de Trump
han favorecido a los ricos. El mejor ejemplo es la reforma tributaria de 2017,
que benefició al 1% más opulento, los que ganan anualmente cinco millones de
dólares o más, el cual concentró 83% de todo el recorte impositivo. La excusa
fue que esa enorme rebaja se invertiría en la economía y eso financiaría el
déficit subsecuente, algo que no ocurrió, porque los favorecidos se tragaron
las ganancias o aumentaron los dividendos a sus accionistas. Por una parte, la
reforma duplicó la deducción individual a todos los contribuyentes, pero
también impuso duros límites a otras deducciones, tales como el impuesto
inmobiliario, los tributos estatales y municipales, y los pagos hipotecarios,
así que para la mayoría de la clase media estas limitaciones causaron una
pérdida superior a la duplicación de la deducción individual. En 2025, 53% de
todos los contribuyentes pagarán más impuestos que en 2017.
Como
si esto fuese poco, en mayo de 2020 Trump y los republicanos maquinaban una
segunda reforma tributaria que recortaría más impuestos a los ricos,
incluyendo: una reducción o eliminación del impuesto a las ganancias; el
descuento al impuesto de todas las inversiones presentes y futuras hechas por
las corporaciones; la suspensión del impuesto a la nómina que pagan los
empleadores (para financiar parte de las pensiones, el desempleo y la salud de
los trabajadores); una expansión de la deducción por los gastos corporativos en
comidas y entretenimiento y la imposición de límites a la responsabilidad legal
por daños y perjuicios de las empresas. También se hace permanente la reforma
de 2017 que por ley debe expirar en 2025. Por el contrario, como analizaremos
después, los republicanos se han opuesto al auxilio federal tanto a decenas de
millones de desempleados como a los estados que tienen la carga de enfrentar la
pandemia.
Añádase
que la ejecución tributaria ha mermado drásticamente. Para comenzar, Trump
afirma que está exceptuado del cumplimiento de la ley tributaria; así, se ha
negado a revelar sus declaraciones del impuesto a la renta, como era
tradicional entre sus predecesores; varios tribunales federales han sentenciado
que debe hacerlo y este pleito debe decidirse en la Corte Suprema. En 2018, el
departamento de recaudación tributaria anunció que no inspeccionaría a los
multimillonarios debido a una reducción de su presupuesto en 3.000 millones de
dólares por parte del gobierno federal, y la consiguiente pérdida de decenas de
miles de empleados, por lo que esa agencia cuenta con menos auditores que hace
67 años. Las grandes empresas y los que ganan más de 10 millones de dólares al
año eran antes auditados anualmente, ahora tienen dos veces más probabilidades
de escapar al escrutinio: el 0,5% de los más ricos representa 20% del ingreso
que es ocultado a los recaudadores, equivalente a 50.000 millones de dólares
anuales. Por el contrario, los recaudadores aumentaron las auditorías a la
clase media, usando ordenadores y detonadores que detectan posibles incumplimientos.
Un tercio de todas las auditorías se concentra en el «crédito tributario» a los
pobres, los cuales deben probar que son elegibles. La inequidad trumpista es
doble: mientras que él y los ricos han recibido una fortuna y raramente son
objeto de auditorías, los grupos de ingreso medio y bajo pagan más impuestos y
son inspeccionados más que antes.
La
fortuna concedida a los ricos aumentó el déficit fiscal, que pasó el billón de dólares de
dólares en 2018 y se amplió aún más en 2020 con los paquetes de rescate
económico, como se verá después. Para compensarlo, Trump comprimió la parte
estrecha del embudo proponiendo un recorte de dos billones de dólares a
programas para los pobres y la clase media: cupones de alimentos a los
necesitados (aduciendo que son un incentivo para no trabajar), almuerzos
gratuitos a niños en las escuelas, préstamos a estudiantes universitarios,
asistencia social sanitaria a los pobres, pensiones de seguridad social a
grupos medios y el programa de incapacidad. También estableció un máximo a las
pensiones de seguridad social: cuando ese máximo se excede, hay que pagar
impuestos de entre 50% y 85% de los beneficios, lo cual perjudica al grupo de
ingreso medio con varios hijos.
2)
El embudo bajo el covid-19. A petición del
Consejo Nacional de Seguridad (CNS), en septiembre de 2019, economistas de la
Casa Blanca publicaron un estudio que pronosticaba que la pandemia podría ser
capaz de matar a 500.000 estadounidenses y destruir la economía; advirtieron
que no debería comparase con la influenza común. Con su mezcla habitual de
arrogancia e ignorancia, Trump no solo desdeñó ese estudio, sino que aseguró
que el covid-19 era similar a la gripe, la cual incluso causaba más muertes;
además, pospuso dos meses las medidas contra la pandemia, predijo que se
evaporaría de forma milagrosa cuando llegara el verano y culpó a las fake
news (medios de comunicación críticos) y a los demócratas de exagerar
el peligro para perjudicarlo. Los primeros en establecer restricciones
obligatorias fueron los gobernadores de estados severamente afectados por el
virus, como Nueva York, una estrategia que ha logrado reducir los nuevos casos.
Para justificar sus errores, Trump declaró que no era responsable de la
política contra la pandemia y que esta era competencia de los estados.
Desde
enero, Trump había sido informado del peligro del virus por varios consejeros
de salud, los cuales propusieron acciones rápidas, pero él estaba ensimismado
en el impeachment y el acuerdo comercial con China que lo
ayudaría en su reelección (la subida de aranceles al país asiático y la guerra
comercial fueron su obra y el tratado ahora está en un limbo). Por otra parte,
los consejeros económicos pronosticaron un daño severo a la economía, otra
fortaleza para su reelección.
La
administración trumpista estaba fragmentada respecto a la política a seguir, y
esto era agravado por la caótica conducta de Trump, quien sigue sus instintos
en lugar del consejo científico. Como es su costumbre, el presidente intentó
distraer a la opinión pública de su fracaso acusando a China de fabricar el
virus en un laboratorio (algo rechazado por la comunidad científica) y a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de demorar el aviso y la acción contra
el covid-19, aunque eso es precisamente lo que hizo él. A inicios de marzo,
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, advirtió que los cierres devastarían la
economía; fueron el colapso de la bolsa de valores, la caída de su fortuna y el
peligro de perder la reelección los que hicieron reaccionar al presidente y
aconsejar (no obligar) al distanciamiento social hasta el 15 de abril.
El
dilema entre el dinero y la muerte fue planteado crudamente por el principal
asesor económico, Larry Kudlow: «la cura no puede ser peor que la enfermedad»,
un lema que de inmediato adoptó Trump. Un profesor de leyes de extrema
derecha justificó de manera cruel que el virus solo mataría «a los débiles y
los viejos, lo cual no afectaría a la economía». Un congresista republicano
ratificó: «en la disyuntiva entre la pérdida de nuestro medio de vida y la
pérdida de vidas, siempre tenemos que escoger la última». Pero las 100.000
muertes proyectadas, que podrían elevarse a dos millones, y la advertencia de
expertos respecto a que levantar las restricciones tempranamente agudizaría la
crisis y el descalabro económico, a par de que haría más difícil controlar el
virus, forzaron a Trump a posponer las medidas hasta fines de abril. Sin
embargo, el agravamiento de la crisis económica lo llevó, el 10 de abril, a
plantearse la reapertura, alegando que solo habría 60.000 muertes en vez de
100.000 (ocultó que la disminución se debía a las restricciones impuestas por
los estados); de hecho, los decesos ya superaron la barrera de los 100.000. Las
secretarías de Salud y Seguridad Interna advirtieron que terminar las
restricciones después de 30 días podría provocar una segunda ola de contagios y
muertes peor que en la primera ola, así como una recesión más fuerte.
3)
El presidente declara tener poder total. Trump
asumió los poderes que otorga la Ley de Defensa de la Producción cuando hay una
emergencia nacional, pero ha fracasado en: a) diseñar un plan efectivo para
enfrentar la crisis e iniciar la apertura minimizando las muertes; b) crear un
comando unificado federal para coordinar todas las medidas; c) usar desde el
principio la reserva federal de medicinas y equipo para combatir la pandemia,
porque «esa reserva es nuestra» y el problema debe ser resuelto por los
estados, lo cual provocó competencia entre ellos y una escalada de precios.
Además, a) mintió al asegurar que los exámenes de diagnóstico estaban
disponibles para todos los que lo solicitaran; b) demoró la compra de
suministros adicionales y el mandato a las empresas privadas que los
fabricasen, hasta que la pandemia alcanzó niveles alarmantes; c) acusó a varios
gobernadores (especialmente al de New York) de exagerar las necesidades; y d)
finalmente comenzó a enviar los ventiladores y máscaras a cuentagotas.
El
13 de abril, al anunciar su intención de reapertura económica, Trump declaró
con soberbia: «el presidente de los EEUU tiene autoridad total […] y los gobernadores
lo saben”.Esta afirmación era una obvia contradicción con su declaración
anterior afirmando que él no era responsable de frenar el covid-19 sino los
propios estados. Al ser interrogado sobre las bases de su afirmación, Trump
mencionó «numerosos preceptos legales» sin citar uno. La Constitución dispone
que los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad para responder a
una crisis de salud y decidir cuándo terminar las restricciones.
El
gobernador de New York Andrew Cuomo tildó de ilegal la declaración de Trump
porque violaba la X enmienda constitucional y señaló que, por tanto, resistiría
una orden presidencial de reabrir el estado. Seguidamente, diez gobernadores
(nueve de ellos demócratas) que habían establecido medidas restrictivas acordaron
decidir cuándo y cómo ellos (no el presidente) levantarían las restricciones.
Irritado frente a la resistencia, Trump la tachó de «motín».
Ante
esta fuerte oposición y careciendo de apoyo legal, Trump dio marcha atrás el 16
de abril, concediendo que los estados decidirían cuándo y cómo hacer la
reapertura; solo dio unas guías vagas y no obligatorias sobre los pasos a
tomar. Pero los gobernadores han reclamado que es necesario hacer test masivos
antes de reabrir sus estados para lo cual requieren la ayuda federal. No solo
Trump ha rehusado hacer esto, sino que ha exhortado a sus fanáticos seguidores
a que hagan demostraciones demandando la apertura, propiciando así el contagio
y ahondado aún más la división en el país. Ya han ocurrido agresiones,
perpetradas por los que protestan, de personas que usan máscaras o de policías
que piden a los descubiertos que se las pongan. Todos esto a pesar de que las
encuestas muestran que entre 70% y 90% del país apoya las restricciones,
incluso si estas requieren suspender temporalmente ciertas libertades y causan
daño económico.
El
4 de mayo, 27 estados reabrieron sus economías siguiendo la exhortación pública
de Trump de «¡liberad los estados!». Varios gobernadores republicanos han
obedecido al presidente a pesar de que las circunstancias de sus estados son
adversas. En el segundo estado más populoso, Texas, con 30 millones, el
teniente gobernador Dan Patrick exhortó
a los ancianos a arriesgar su salud en favor de la economía: «regresemos al
trabajo […] aquellos con 70 o más años nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos al
país». El gobernador de Georgia Brian Kemp, decidió reabrir, aunque las
infecciones y muertes por el virus están en ascenso. El gobernador de Florida
está abriendo la parte norte del estado a pesar de que sólo 2% de la población
se ha sometido a exámenes de diagnóstico; estadísticas de los examinadores
mostraron que las muertes por el virus son más numeras de lo que indican los
datos oficiales y el gobernador las prohibió. Además, los visitantes de los
estados norteños que residen temporalmente en Florida durante el invierno y
mueren del covid-19 son reportados como fallecidos en sus estados de origen.
Una
proyección en parte basada en data del Centro de Control de Enfermedades y
Prevención indicó que, al final de mayo, de los 30.000 casos diarios actuales,
la apertura provocaría un aumento a 200.000 mientras que las muertes
ascenderían de un total de 60.000 a 134.000, pero los expertos dicen que estas
cifras son muy optimistas porque no cuentan todos los casos y muertes reales,
por lo que se multiplicarán diez veces. El miembro más prominente del equipo
nacional para luchar contra el covid-19, Anthony Fauci, ha declarado que antes
de reabrir, los estados deben mostrar un declive de los casos confirmados
durante dos semanas, hacer exámenes masivos de diagnóstico, poseer suficientes
ventiladores y unidades hospitalarias de cuidados intensivos, y poder trazar
los contactos de los que se te contagian. Pero, de los 27 estados que han
reabierto, solo 19 cumplen esos criterios y el resto todavía sufren un ascenso
en las infecciones diarias; solo el estado de Nueva York experimenta una
disminución de los casos y el gobernador está siendo muy cauteloso en la
reapertura.
Para
fines de mayo, Estados Unidos se acercaba a los dos millones de casos
confirmados, el mayor número del mundo, mientras que el número de muertos ya
supera a todos los fallecidos en las guerras de Vietnam, el Golfo Pérsico,
Afganistán e Iraq. En medio del agravamiento de la crisis sanitaria, el
presidente cambió abruptamente de opinión. Primero declaró la victoria contra
la pandemia y dijo que iba a cambiar el equipo técnico de lucha contra el covid-19.
Al día siguiente, debido a la reacción negativa a dicho anuncio, adujo que
había descubierto lo popular que era su equipo, así que decidió mantenerlo,
pero alterando su objetivo: ya no se centraría en la pandemia sino en la
reapertura económica. Lo que no cambió fue su designio de priorizar la
reelección sobre las muertes masivas. Para no dejar dudas, el referido equipo
había desarrollado un plan detallado de las precauciones que era conveniente
tomar en el proceso de reapertura y la Casa Blanca lo rechazó alegando que era
demasiado restrictivo y podría causar daño a la economía.
4)
La lucha por un paquete de rescate equitativo. El
Congreso aprobó un paquete de rescate económico por un valor de 2,3
billones de dólares (casi tres veces el monto del paquete de 2009 para
enfrentar a la Gran Recesión); inicialmente priorizaba a las grandes
corporaciones y fueron los demócratas en ambas cámaras los que consiguieron
fondos para los desempleados, las pequeñas empresas, los hospitales, los
trabajadores de la salud, la asistencia alimentaria y el ingreso de emergencia
que cobrarán millones de estadounidenses. También reclamaron que hubiese una
supervisión en la distribución de los fondos a fin de evitar que se usen para
aumentar la paga a los ejecutivos o la recompra de acciones como ocurrió con el
paquete de 2009. La senadora Demócrata Elizabeth Warren clamó: «No estamos
aquí para crear un fondo que ayude a Donald Trump y su familia o al
Departamento del Tesoro para darle dinero a sus amigos». El Republicano Líder
del Senado Mitch McConnell, acusó a la oposición de entrar en juegos políticos
y Trump alentó el rechazo a las propuestas demócratas y tomar una decisión
rápida. El pago de 600 dólares por semana a
los desempleados, adicional a los beneficios financiados por los estados, fue
rechazado por republicanos como el multimillonario senador de Florida Rick
Scott, quien alegó que eso sería un desincentivo para regresar al trabajo. Pero
la urgencia de aprobar el paquete y una retirada temporal de las negociaciones
de los demócratas consiguió concesiones aunque eso no evitó que la mayor ayuda
se otorgue a las grandes corporaciones. Los más necesitados no han recibido
ayuda ya sea porque no se dirige a ellos o no saben que existe o cómo llenar
las solicitudes; en la eventual recuperación económica ellos serán los últimos
que se beneficiarán.
5)
Beneficiándose de la pandemia. El ex presidente Barack
Obama ha calificado la actuación de Trump en el covid-19 como «absolutamente caótica,
un desastre, porque lo que se ha buscado es en qué puede beneficiarme y al
diablo con todo lo demás». Hay numerosos ejemplos del embudo. Trump ha
publicitado una medicina contra el paludismo (hidroxicloroquina) como
preventiva o curativa del covid-19, aunque un estudio reciente de 368 pacientes
en hospitales de veteranos de guerras probó que la droga estaba asociada con
muertes por complicaciones cardiacas y la oficina federal para el control de
medicinas advirtió del riesgo mortal de usarla. Más de 40.000 profesionales de
la salud recetaron la medicina respondiendo a un 90% de la población que la
solicitó y las ventas crecieron 46 veces, todo lo cual provocó una escasez
mundial de la droga que dejó desamparados a millones de enfermos de malaria,
lupus y artritis reumática.
Se
reportó que el presidente había invertido en las acciones de la empresa
farmacéutica que produce la medicina. El director del equipo biomédico de la
secretaría de salud, Rick Bright, denunció que había sido despedido por
criticar la promoción por Trump de la hidroxicloroquina y oponerse a presiones
políticas para otorgar contratos lucrativos a compañías conectadas con amigos
de Jared Kushner, el yerno y asesor clave del presidente. Kushner organizó un
equipo para conseguir máscaras, ventiladores, etc. a fin de enviarlos a aliados
poderosos y familiares de Trump, interfiriendo con la agencia federal para
enfrentar desastres que debería adquirirlos para mandarlos a los estados y
hospitales más necesitados.
Trump
también ha procurado un acuerdo entre los grandes productores de petróleo en el
mundo para revertir la caída en su precio inducida por la pandemia; este
acuerdo no beneficia a los consumidores ni a los exportadores estadounidenses,
sino a la industria petrolera, el 90% de cuyas contribuciones políticas va a
Trump y al Partido Republicano. Varias grandes corporaciones han tomado
préstamos destinados a pequeños negocios, entre ellas la cadena de hoteles de
lujo Ashford Inc. que recibió 40 millones de dólares, mientras que la mayoría
de pequeños empresarios que han solicitado los préstamos no los han recibido
(esta inequidad agotó el fondo en solo 13 días y hubo que aprobar otro
adicional).
Una
de las compañías de seguro de salud mayores del país ha reportado un
crecimiento de sus ganancias en el medio de la crisis, debido a la posposición
de cirugías selectivas. La industria de los cruceros continuó enviando barcos
después de recibir la advertencia de no zarpar y conocer de contagios y muertes
en sus barcos, los cuales mantuvieron en secreto. Estos ejemplos de robo,
corrupción y avaricia cunden entre gente amoral que acapara papel higiénico y
otros productos, mientras que el mercado sube los precios de forma exorbitante
(algunos hasta 1.662%) a los ventiladores, las máscaras y los desinfectantes.
6)
La inequidad del triaje. El triaje se utiliza
en situaciones de graves desastres o enfermedades, para maximizar recursos
insuficientes dando prioridad a los pacientes según su grado de necesidad,
comparado con la probabilidad de beneficiarse o sobrevivir. Teóricamente, la
decisión de quién tiene acceso a exámenes de diagnóstico de covid-19,
ventiladores y unidades de cuidados intensivos debe ser objetiva y ética, nunca
influenciada por riqueza, raza, poder, género, edad o conexiones, pero
precisamente estas son las razones en el mundo trumpista que desdeña a los
pobres, las mujeres, los ancianos y los inmigrantes. Políticos, empresarios,
atletas y celebridades han tenido acceso inmediato al diagnóstico de covid-19:
Trump, Pence y miembros del staff de la Casa Blanca reciben la prueba diariamente,
así como congresistas a través de la oficina médica financiada por impuestos
que los atiende exclusivamente, igualmente los alcaldes de Miami y del Condado
de Dade, junto con sus esposas; todo esto a costa de personas infectadas que
necesitan desesperadamente dicho examen.
Los
hispanos y los afroamericanos enfrentan el doble de la probabilidad de los
blancos de sucumbir al virus. En Nueva York, los hispanos representan el 34% de
los muertos versus 29% de su población, mientras que las cifras de los afroamericanos
son 28% y 22% respectivamente; similar desproporción se ha documentado en la
capital y en el estado de Maryland. Las razones son obvias: sufren una mayor
incidencia de pobreza, disparidades económicas (ingreso menor al promedio,
hacinamiento en la vivienda y déficit alimentario), una mayor proporción de
ellos trabaja en ocupaciones de alto riesgo y tienen menor acceso a la atención
de salud.
Mientras
que los hospitales privados tienen grandes reservas y contactos políticos para
obtener equipos de forma rápida, los hospitales que atienden a los más
necesitados carecen de lo más indispensable. Se reporta que el virus afecta más
a los hombres que a las mujeres, pero la mayoría de los trabajadores de salud
son enfermeras y estas se encuentran más expuestas. Otra consecuencia ominosa
de la crisis es el incremento de la desnutrición entre los pobres por la
escasez de los bancos de alimentos frente a la demanda creciente, mientras que
los granjeros destruyen sus cosechas por falta de transporte y demanda. Una
encuesta encontró que una quinta parte de las madres se queja que sus hijos no
tienen alimentos suficientes, tres veces más que en 2008 en la cima de la Gran
Recesión, pero los republicanos se oponen acérrimamente a expandir el programa
para que los pobres reciban alimentos gratis.
7)
El impacto de las políticas de Trump en su reelección. Con
su habitual altanería, Trump se vanaglorió: «El pueblo americano cree que he
manejado muy bien el virus, vean las encuestas». La aprobación del presidente,
como ha sido usual en crisis nacionales previas, aumentó de un 44% a un 52%,
pero aun así, es menor que el apoyo del 85% al 90% que gozaron tres presidentes
previos en crisis similares, como la del 11 de septiembre de 2001. Más aún, a
mediados de abril la aprobación a Trump descendió a 46%. Esto se debió sobre
todo a dos razones: el incremento del desempleo a 15% de la fuerza laboral (a
fines de mayo llegó al 25%) y la advertencia de la directora del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de que esta crisis será
peor que la de 2008-2009. La segunda razón son las comparecencias televisivas
diarias del presidente en las que critica a gobernadores y alcaldes que
disienten con él, alimenta la polarización del país en lugar de procurar la
unidad frente al peligro común, se autoelogia pavonándose de sus altos ratings
televisivos en medio de la mortalidad creciente, comete errores factuales, se
contradice constantemente e incurre en disparates que revelan su vasta
ignorancia, como cuando sugirió que la posibilidad de tomar o de inyectarse
desinfectantes que irían a los pulmones y matarían al virus.
Cuatro
encuestas en la primera quincena de abril (antes de que los candidatos
presidenciales Bernie Sanders y Elizabeth Warren apoyasen a Joseph Biden y le
pasaran sus votos) mostraban que Biden triunfaría por 11 puntos sobre Trump.
Las encuestas también indican que los candidatos republicanos al senado están a
la zaga de sus contrincantes demócratas y que pueden perder las dos cámaras.
Antes, los republicanos apoyaban de forma servil a Trump porque de lo contrario
podrían perder las elecciones, ahora están preocupados que el descenso
presidencial en el apoyo popular sea una rémora para mantener sus bancas.
Una
pregunta clave es si habrá una recuperación económica lo suficientemente rápida
y fuerte para ayudar al mandatario. Un creciente número de economistas cree
que, aún si hubiese una reapertura pronta y no sobreviniera una segunda ola del
virus, la recuperación sería lenta y oscilante; el jefe del Banco de la Reserva
Federal Jerome Powell sostiene que muchos empleos nunca se recuperarán y la
oficina presupuestal del congreso proyectó que podría tomar años la
recuperación plena, asumiendo que el crecimiento retornase en 2020. Además, la
conducta cautelosa de los consumidores precedió a las restricciones impuestas
por los estados y municipios, lo cual se manifestó en el aumento del desempleo,
clausura de restaurantes y cines, así como autodistanciamiento. Esto significa
que la exhortación de Trump y los estados a la reapertura no va dar los
resultados rápidos que ellos esperan. Información preliminar indica que no ha
ocurrido un incremento substancial del consumo y la afluencia a restaurantes y
tiendas. Si siguiese esta tendencia, se demoraría la recuperación y sería
adverso a la reelección presidencial. En el peor escenario, que una reapertura
demasiado temprana provocase un rebrote del virus, las consecuencias para la
salud, la economía y para Trump serían nefastas.
Si
a pesar de este pronóstico negativo el presidente fuese reelegido, Paul Krugman vaticina,
basado en una analogía con el dictador húngaro Viktor Orbán, que en su segundo
periodo Trump se convertirá en un autócrata. Castigaría a todo el que se le
opusiera, restringiría la libertad de prensa, purgaría a todos los funcionarios
públicos que no lo apoyaran, aumentaría la división del país para su propio
beneficio, trataría de imponer su voluntad sobre los estados, y todo ello con
el apoyo de los obedientes republicanos, sectas religiosas ultraderechistas,
racistas y misóginas, grupos de predominio blanco y neonazis. Y habría un
recrudecimiento de la ley del embudo aupada por una autocracia que no se sabe
cuándo terminaría. El propio Trump ha augurado que bajo las reglas normales,
tendría que dejar la Presidencia en 2024, pero que quizás busque un tercer
periodo.
