Figura 2 Cuba: indicadores macroeconómicos seleccionados (2014=1)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Anuarios Estadísticos de Cuba (varios
años). Oficina Nacional
de Estadística e Información (ONEI).
La Habana.
En una economía como la cubana —altamente dependiente de las divisas y con rigideces estructurales en la producción 5—, la aplicación sostenida de políticas fiscales expansivas, sin una fuente clara de financiamiento externo o un aumento productivo correspondiente, tiende a alimentar procesos inflacionarios y severas depreciaciones monetarias. Las autoridades han proyectado un déficit fiscal superior al 10% del PIB para 2025, una cifra insostenible en el actual contexto.
Aunque la economía ya atravesaba un período de bajo dinamismo, la situación actual se caracteriza por una inestabilidad persistente y un deterioro continuo. Este escenario ha tenido efectos negativos sobre los principales indicadores sociales, los cuales ya reflejaban signos de desgaste al cabo de décadas de restricciones. En los últimos años, sin embargo, el declive se ha profundizado de manera alarmante y se visibilizan sus impactos y ramificaciones en las estructuras sociales.6
Las cifras anteriores muestran una contracción significativa y prolongada de prácticamente todos los indicadores económicos relevantes, con una alta sincronización entre ellos. Esta dinámica apunta a causas de fondo más estructurales que coyunturales, que trascienden los efectos inmediatos de los shocks —ya sean internos o externos— sufridos en los últimos años.
Los fallos del sistema económico
Como economía centralmente planificada, Cuba arrastra una serie de deficiencias estructurales que se han afianzado con el tiempo y que las distintas rondas de reformas —por lo general limitadas, graduales y poco coherentes—, no han logrado corregir de manera significativa. A pesar de que algunos de estos se identificaron como aspectos a modificar en el programa de transformaciones que lanzó Raúl Castro, poco se avanzó.
Entre los problemas más persistentes se encuentran la escasa profundidad de los mercados o su inexistencia en segmentos clave como los insumos, el mercado cambiario o de capitales. Al mismo tiempo, se mantiene un esquema de planificación centralizada de tipo asignativo-administrativo, acompañado de elementos típicos como la falta de competencia entre empresas estatales, la fijación de precios desalineada de los costos reales, y la existencia de restricciones financieras blandas que perpetúan la ineficiencia.7 En Cuba, la visión retrógrada imperante no concibe al mercado como mecanismo de coordinación dentro una planificación moderna más general. Son sustitutos, no complementos.
Una economía dinámica requiere mecanismos funcionales de entrada y salida de empresas, los cuales permiten que los recursos se reasignen hacia usos más productivos. La entrada promueve competencia, innovación y eficiencia; la salida elimina estructuras obsoletas y libera factores de producción para sectores con mayor valor agregado. Este ciclo es fundamental para mantener la productividad agregada y la capacidad de adaptación de cualquier sistema económico.
En el caso cubano, este mecanismo apenas opera. Aunque no existen datos sistemáticos para medir estos procesos, es razonable asumir que la entrada y salida de empresas se manifiestan de forma más activa en el sector privado, que opera bajo reglas mucho más flexibles y expuesto a mayores riesgos. Sin embargo, su potencial ha sido restringido por regulaciones que limitan los sectores autorizados, imponen techos al crecimiento empresarial y dificultan el acceso a insumos productivos, incluyendo tierra, financiamiento e infraestructura.
A estas limitaciones se suman los incentivos perversos derivados de un entorno dominado por la propiedad estatal-burocrática. La desconexión entre los ingresos de los trabajadores o directivos (salarios, bonificaciones) y los resultados reales de las empresas debilita cualquier lógica de eficiencia o mejora continua.
Las empresas estatales, por norma, operan con lentitud, carecen de señales adecuadas de mercado —como precios reales o competencia efectiva— y muestran poca capacidad de ajuste. Los planificadores, por su parte, también carecen de herramientas efectivas para corregir desbalances, en parte debido a la fragmentación institucional y a la existencia de estructuras paralelas, como el sistema empresarial militar, que opera bajo reglas distintas al resto del aparato civil.
Un rasgo distintivo del modelo cubano es la "aversión estructural" a las exportaciones. Este fenómeno, identificado en modelos similares, obedece tanto al monopolio estatal sobre el comercio exterior como al diseño mismo del sistema productivo.
La exportación es gestionada, por regla general, por entidades de Comercio Exterior (ECE), no por las empresas productoras, lo cual debilita los incentivos para responder a la demanda internacional. El precio que finalmente percibe el productor está usualmente desconectado del precio real de exportación, lo que aísla a las empresas del mercado global.
Estas ECE funcionan como monopolios dentro de cada sector, subordinadas a ministerios u organismos estatales. La desconexión entre los precios externos e internos se ve agravada por la ausencia de un sistema cambiario transparente y unificado, lo que impide establecer equivalencias claras entre ingresos en divisas y su contravalor en moneda nacional. Los precios —tanto para el comercio exterior como interno—, se determinan de forma centralizada. Esto desnaturaliza su función como señales de escasez y valor.
Semejante diseño institucional ha contribuido al escaso dinamismo exportador y a una elevada dependencia de las importaciones, generando un desequilibrio estructural crónico en el sector externo. Este déficit solo puede ser compensado temporalmente mediante endeudamiento externo o condiciones comerciales especiales —como precios preferenciales o facilidades de pago— que, si bien alivian presiones de corto plazo, tienden a debilitar la competitividad en el largo. En lugar de incentivar eficiencia, estas condiciones refuerzan la desconexión del aparato productivo con las exigencias de los mercados internacionales.
Finalmente, es necesario reconocer que las dificultades para integrarse al mercado mundial también están mediadas por factores externos, como el régimen de sanciones impuesto por los Estados Unidos. Diversos estudios documentan los efectos adversos de estas medidas sobre el comercio exterior cubano y su patrón de inserción internacional.8
Sin embargo, limitar el análisis de la crisis al impacto de las sanciones omite los problemas internos de funcionamiento que explican buena parte de la inercia productiva, las restricciones al crecimiento del sector privado y la débil capacidad exportadora del país.
Los choques recientes
Como se ha argumentado anteriormente, la crisis económica actual en Cuba es el resultado de un entramado complejo de profundos factores estructurales. Sin embargo, su gravedad y velocidad de deterioro no pueden entenderse sin considerar el efecto acumulado de varios choques externos negativos ocurridos durante la última década. Estos eventos, si bien distintos en su naturaleza, han interactuado de forma sinérgica con las debilidades del modelo económico, amplificando sus efectos y configurando lo que puede describirse como una tormenta perfecta.
Uno de los choques más significativos ha sido la crisis económica en Venezuela, cuya recesión prolongada redujo drásticamente su capacidad de exportar petróleo y de sostener la cooperación bilateral con Cuba. La disolución de la empresa mixta que operaba la refinería de Cienfuegos (CUPET–PDVSA), la caída de los envíos de combustible —con algunas recuperaciones puntuales— y la menor demanda de servicios médicos generaron un aumento sustancial en el gasto en divisas para importar energía. Esto elevó los costos de producción, redujo la disponibilidad energética y obligó a ajustes forzados en la oferta interna.
En segundo lugar, la pérdida de mercados clave para los servicios médicos, debido al cierre de contratos con Brasil (noviembre de 2018), Ecuador y Bolivia (ambos en noviembre de 2019), significó una reducción importante en los ingresos por exportación de servicios profesionales, una de las principales fuentes de divisas del país.
A estos se sumaron las nuevas sanciones impuestas durante la primera administración de Donald Trump, que reforzaron el marco sancionador previo y ampliaron su alcance.
Entre las medidas más relevantes se encuentran el cierre parcial de la embajada estadounidense en La Habana, la suspensión de vuelos regulares a provincias del interior, la eliminación de los viajes individuales de estadounidenses bajo la categoría People-to-People, la revocación de la licencia de Western Union y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton. Estas acciones afectaron múltiples canales: reducción de viajeros procedentes de los Estados Unidos, caída de las remesas, mayores costos de transacción financiera y un efecto disuasorio sobre la inversión extranjera.
La pandemia de COVID-19 representó otro choque externo severo, aunque de carácter global. El cierre de fronteras y la contracción generalizada de la actividad económica mundial provocaron una abrupta caída de más del 90% en los arribos de turistas internacionales.
Además, se elevaron los costos del comercio internacional y disminuyeron las remesas por la pérdida de ingresos de los migrantes en el exterior. También se vieron afectadas las cadenas de suministro, con consecuencias para la disponibilidad de bienes esenciales.
El impacto acumulado de estos choques —distribuidos entre 2016 y 2022— es difícil de cuantificar con precisión, pero estudios preliminares sugieren que las pérdidas ascienden a varios miles de millones de dólares. Estas pérdidas incluyen:
· Reducción de exportaciones (por pérdida de mercados para servicios médicos, medicamentos genéricos, productos derivados del petróleo y turismo).
· Mayores importaciones, especialmente de combustibles.
· Menores transferencias personales, por caída en las remesas.
· Incremento de los costos financieros y logísticos del comercio exterior.
A estos choques exógenos debe añadirse el impacto de eventos extremos recientes, entre ellos catástrofes naturales como los huracanes Matthew (2016), Irma (2017), Ida (2021), Ian (2022) y Rafael, Oscar y Helene (2024), así como accidentes tecnológicos de gran magnitud como el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, la explosión del Hotel Saratoga o los colapsos repetidos del Sistema Electroenergético Nacional (cuatro apagones totales entre octubre de 2024 y marzo de 2025).
Si bien estos eventos explican parte del deterioro reciente, sería un error reducir el empeoramiento del entorno externo únicamente al endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Los datos y los hechos muestran que la economía cubana ha estado expuesta a múltiples choques sucesivos. Sus consecuencias han sido mucho más devastadoras debido a las debilidades estructurales acumuladas.
El modelo de ¿desarrollo?
La debacle económica de principios de los años 90 marcó el colapso de un modelo de desarrollo cimentado sobre relaciones externas muy favorables — especialmente con la Unión Soviética y el bloque socialista europeo—, que desaparecieron en un corto período. Cabe señalar que el endurecimiento del entorno internacional comenzó antes del colapso formal del socialismo en Europa del Este y la URSS. Entre 1986 y 1989, el crecimiento del PIB cubano fue prácticamente nulo, anticipando las restricciones que vendrían.
Ante la crisis del llamado Período Especial, el gobierno cubano promovió una serie de reformas parciales que, sin constituir una transformación estructural del modelo económico, sí dieron lugar a una nueva matriz de crecimiento. Esta se apoyó en la generación de ingresos en divisas a partir de cuatro pilares: el turismo internacional, las remesas, la industria biofarmacéutica y, posteriormente, la exportación de servicios médicos.
A ello se sumaron nichos de inversión extranjera directa (IED) en sectores como el ron, el tabaco y el níquel. Sin embargo, otros sectores estratégicos — como la agroindustria azucarera— iniciaron un prolongado declive del que no han logrado recuperarse.
A pesar de su contribución a los ingresos externos, este modelo presentó limitaciones estructurales desde el inicio. Muchas de estas actividades —como la medicina exportada o el vínculo con Venezuela— dependían de relaciones externas preferenciales, no del acceso competitivo a los mercados internacionales.
Además, la capacidad de encadenamiento doméstico de estos sectores fue siempre limitada. Por ejemplo, ni los servicios médicos, ni la minería, ni la biofarmacéutica generaron efectos multiplicadores relevantes sobre el tejido productivo nacional.
Internamente, el modelo se sustentó en grandes empresas estatales operando como cuasi monopolios en un entorno de precios altamente distorsionados. La inversión extranjera fue canalizada casi exclusivamente hacia empresas estatales o empresas mixtas, sin incentivos claros a la eficiencia ni apertura significativa a la competencia.
Por su parte, el sector privado fue restringido por límites regulatorios que redujeron su alcance sectorial, su capacidad de acumulación y su conexión con las cadenas de valor nacionales e internacionales. Esto impidió que los flujos de divisas generados externamente (turismo, remesas, exportaciones) se tradujeran en una estrategia de desarrollo nacional basada en la sustitución de importaciones o en una expansión sólida del aparato productivo. Las oportunidades en industrias de bienes de consumo simples y producción agropecuaria fueron, en gran medida, desaprovechadas.
Como resultado, la economía cubana quedó atrapada en un modelo de crecimiento con bajo contenido tecnológico, escasa generación de valor agregado doméstico y una alta elasticidad-ingreso de las importaciones, es decir, un patrón en el que los incrementos del PIB se traducen en mayor demanda de bienes importados, en lugar de dinamizar la producción nacional.
Desde mediados de la segunda década del siglo XXI, las debilidades de este modelo comenzaron a manifestarse de forma cada vez más evidente. La prolongada crisis venezolana, así como los cambios de signo político en gobiernos de América Latina, redujeron o eliminaron muchos de los acuerdos especiales que sostenían la exportación de servicios médicos y medicamentos.
Al mismo tiempo, las remesas comenzaron a debilitarse por razones tanto estructurales como políticas: la hostilidad de sectores de la diáspora, restricciones impuestas por los Estados Unidos y los cambios generacionales en los vínculos con la isla.
El turismo internacional, por su parte, atraviesa un proceso de estancamiento que se explica por factores de largo plazo (la baja calidad de los servicios, la falta de conectividad, la obsolescencia de la infraestructura) y por decisiones de política cuestionables.9
Durante más de una década, el país ha invertido considerablemente en la construcción de hoteles de lujo —muchos en La Habana—, sin que exista una demanda real para estos segmentos. Esto ha derivado en tasas de ocupación muy bajas, baja rentabilidad y una presión creciente sobre recursos financieros escasos. A ello se suma la limitada articulación del turismo con proveedores nacionales, lo cual reduce su capacidad de derrame sobre otros sectores.
La confluencia de estas tendencias —caída de las exportaciones, debilitamiento de las remesas, retroceso del turismo, escasa atracción de inversión extranjera, y un aparato productivo anquilosado—, ha provocado una severa contracción de los ingresos en divisas en un momento en que el país enfrenta también un creciente endeudamiento externo y un deterioro en su perfil de riesgo.
El modelo ha demostrado ser incapaz de generar mecanismos internos de ajuste y la economía ha llegado a este punto con reservas mínimas de capital físico, organizativo y político para enfrentar la magnitud de la crisis.
Así, lo que enfrentamos no es simplemente una recesión prolongada o una acumulación de dificultades coyunturales, sino el agotamiento de un modelo de desarrollo que nunca logró consolidarse plenamente.
Las condiciones externas más adversas han acelerado este desgaste, pero la raíz del problema está en la falta de reformas estructurales coherentes y sostenidas que permitieran una transición hacia una economía más diversificada, productiva y resiliente.
Reflexiones finales
Cuba parece funcionar desde hace años con un “modo de emergencia permanente” en el que las decisiones económicas no responden a estrategias de desarrollo, sino a la lógica de contención y supervivencia. Esto ha limitado la capacidad del Estado y del sector productivo de adaptarse a los cambios internos y externos, y ha deteriorado progresivamente las condiciones de vida.
La discusión anterior ha puesto de relieve que la crisis económica que afecta a Cuba desde al menos 2019 tiene múltiples causas. No se trata de un fenómeno aislado, ni de un simple efecto de las sanciones externas. Por el contrario, la crisis actual es el resultado de la confluencia de factores estructurales —propios del modelo de economía centralmente planificada—, con una serie de choques negativos externos, ocurridos de manera sucesiva durante los últimos años.
A lo anterior se suma una respuesta institucional limitada, marcada por el conservadurismo en materia de reformas y una debilidad estatal que reduce la capacidad de diagnóstico, ejecución y corrección de políticas públicas. Algunas decisiones recientes, como el fallido “Ordenamiento” monetario de 2021, no solo no resolvieron los problemas que buscaban atender, sino profundizaron los desequilibrios macroeconómicos y agudizaron las tensiones sociales.
Sin embargo, los efectos de esta crisis no se expresan únicamente en las estadísticas económicas. Uno de sus rostros más dramáticos ha sido el éxodo masivo de población, que constituye el mayor flujo migratorio desde mediados del siglo XX.
Si bien los deterioros económicos constityen el principal motor, no son el único factor que explica la decisión de emigrar. En los últimos años se han consolidado condiciones que han facilitado y estimulado la salida del país.10
En primer lugar, se ha ampliado el acceso a nacionalidades extranjeras, especialmente la española, mediante leyes como la Ley de Memoria Histórica (2007) y la más reciente Ley de Memoria Democrática (2022), que han permitido a decenas de miles de cubanos obtener ciudadanía europea.
En segundo, muchos países de América Latina —como Ecuador, Guyana y Nicaragua—,han establecido regímenes de libre visado o trámites simplificados de ingreso para ciudadanos cubanos. Esto ha creado corredores migratorios que luego se extienden hacia Estados Unidos.
Por otro lado, a nivel interno, el Decreto-Ley 302 de 2013 flexibilizó las regulaciones migratoria, eliminando la necesidad de un permiso de salida oficial y ampliando el período de estancia en el exterior sin perder la residencia legal. El cambio amplió significativamente la movilidad internacional de los cubanos y facilitó estrategias migratorias más flexibles y familiares.
Finalmente, el contexto sociopolítico también ha cambiado. Las nuevas generaciones de cubanos muestran una relación distinta con el proyecto revolucionario: menos identificadas con sus símbolos, narrativas y promesas, y más conectadas con referentes globales, expectativas de autonomía personal y demandas de libertad de movilidad y opciones de vida. Este desplazamiento cultural e identitario reduce los costos subjetivos de emigrar, al tiempo que erosiona la legitimidad simbólica del sistema actual.
En conjunto, el panorama que enfrenta Cuba no es simplemente el de una crisis cíclica. Se trata del agotamiento de un modelo económico, político y social que no ha sido capaz de renovarse frente a un entorno cambiante ni de ofrecer horizontes de prosperidad o participación a amplios sectores de la sociedad.
La migración masiva, en este contexto, es al mismo tiempo una válvula de escape y una señal de ruptura: evidencia tanto el fracaso del sistema para retener el talento y la energía de su población como la emergencia de un nuevo tipo de ciudadanía más móvil, desconectada y exigente.
Cualquier salida sostenible a esta crisis exigirá algo más que medidas paliativas. Requerirá una revisión profunda del modelo vigente, basada en la apertura económica real, el fortalecimiento institucional, y una reconexión entre el país y sus ciudadanos —dentro y fuera de la Isla. De lo contrario, la fuga de capital humano y la erosión del tejido social continuarán debilitando aún más las posibilidades de recuperación.
Citas
