Foto: Yuting Gao / Pexels.
Por Jesús Arboleya Actualizado Jul 22, 2020
LA HABANA. El gobierno cubano acaba de anunciar la puesta en marcha de una amplia gama de medidas, relativas al funcionamiento económico del país. Aunque falta por conocerse detalles de su alcance e instrumentación, ha sido informado que se trata de decisiones aprobadas previamente en los dos últimos congresos del Partido Comunista de Cuba (2011 y 2016), por todos los órganos de dirección del país y consultadas con el pueblo en diversos momentos.
No se puede decir entonces que fueron concebidas para enfrentar las consecuencias económicas de la Covid-19, pero resulta evidente que la pandemia catalizó la toma de decisiones y ayudó a superar la resistencia de los sectores que hasta ahora ralentizaron su aplicación, por lo que también pudiera reflejar una nueva correlación en el cuerpo político del país, respecto a estos asuntos.
De hecho, uno de los retos del gobierno será sobreponerse a la desconfianza generada por esta etapa de inmovilismo y convencer a la opinión pública, nacional y extranjera, que está dispuesto a avanzar a la mayor celeridad posible en la aplicación de las reformas. El propio presidente, Miguel Díaz-Canel, enfatizó que del éxito de esta gestión dependía el sostenimiento del apoyo popular y lo relacionó con sus consecuencias para el nivel de vida de la población.
Aunque son medidas que tienen un carácter endógeno, encaminadas a estimular la producción nacional, organizar el mercado interno y mejorar el balance del comercio exterior, su impacto en la emigración se explica por la estrecha relación de estas personas con la sociedad cubana. Lo que advierte, una vez más, de la importancia de tenerla en cuenta cuando se diseñan políticas nacionales.
Decisiones como la creación de las pequeñas y medianas empresas, la promoción de la inversión externa en sectores encaminados a la producción de alimentos, la ampliación del mercado en divisas convertibles y la eliminación del gravamen impuesto al dólar desde 2004, pueden resultar incentivos para una mayor participación de los emigrados en la economía nacional. Lo mismo resulta de la anunciada extensión de actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, así como la posibilidad de inversiones mixtas, donde intervengan todas las formas de propiedad. A lo que se suma, la aprobación de negocios de importación y exportación por parte de entidades no estatales, a través de las empresas de comercio exterior del Estado.
Lo esencial es que, si se satisfacen las expectativas generadas por los anuncios del gobierno, se desarrolla una política de estímulo a la participación de los emigrados en la economía y se establecen los marcos legales adecuados para la misma, el país se encamina a una dinámica económica diferente, que debe facilitar el avance de políticas más inclusivas hacia la emigración en otros aspectos.
Desde el punto de vista económico, es una dinámica que puede traer no solo beneficios para Cuba, sino también para los emigrados, en un momento muy complicado para la economía en todas partes. Aunque el bloqueo limita el potencial de las inversiones en Cuba, la participación de los emigrados en la economía cubana ha resistido todos los embates y se ha mantenido en el tiempo, incluso a través de canales que no han contado con la autorización de ninguno de los gobiernos.
Un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, nada descartable a partir de lo que ocurra en las próximas elecciones norteamericanas, combinado con el aliento y mejores garantías para estas inversiones por la parte cubana, puede disparar este interés con más intensidad a lo ocurrido durante la administración de Barack Obama, ya que entonces el gobierno cubano hizo muy poco por estimularlas.
Entre los nichos posibles para los emigrados en un contexto de esta naturaleza, especialistas cubanos han mencionado la ampliación de negocios que ya existen, como es el caso de la comercialización de diversos insumos, la internet y la telefonía, así como los servicios de restaurantes y hospedaje. A ello podría agregarse la inversión en negocios de alta tecnología y en la modernización de otras producciones, como la agricultura y la construcción, donde pueden aportar diversos niveles de capital, conocimiento empresarial y mercados. A la vez, los inversionistas emigrados pueden nutrirse del alto grado de calificación de la fuerza de trabajo existente en el país, a precios más competitivos.
Más allá de las ganancias posibles, invertir en Cuba tiene atractivos especiales para los emigrados. Uno bastante obvio es contribuir al bienestar de sus familias, pero también en muchos casos están presentes factores culturales y la motivación de reinsertarse a la vida nacional. Se puede argumentar que no siempre este interés está exento de intenciones políticas indeseadas, pero igual ocurre con todo el proceso de estímulo a la inversión privada, incluso a escala nacional, y en ello estriba el desafío político que enfrenta el gobierno a la hora de implementar esta política.
De hecho, la implementación ha sido el argumento de aquellos que se han opuesto a la apertura. El problema es que, en las actuales condiciones, está demostrado que una economía completamente estatizada ya no resulta funcional a los intereses del país. La inversión privada constituye una necesidad, no una opción descartable, por lo que hay que asumirla y aprender a lidiar con ella, aunque implique violentar la zona de confort de los que abogan por el mantenimiento del modelo económico vigente.
La solución de esta problemática determinará el futuro de Cuba y los emigrados forman parte inevitable del proceso. Si es para bien o para mal, dependerá de la inteligencia de las políticas que se implementen. Parafraseando una vieja máxima de los consultores espirituales: “el destino está en nuestras manos”. Esta capacidad para decidir sin injerencias externas es un lujo de los cubanos, vale la pena aprovecharlo.
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