La Habana, 21 may (ACN) A partir del próximo día 25 de mayo, comienza en la capital la lectura de metros contadores correspondiente al mes en curso, a través de una nueva aplicación móvil nacional.
El novedoso método inicia su aplicación por los municipios de Boyeros, Arroyo Naranjo y 10 de Octubre, informa la Empresa Eléctrica de La Habana en su perfil en Facebook.
La oportunidad de escanear el código de barras y procesar el resumen de las operaciones realizadas, entre otras bondades del nuevo sistema, facilitará una eficiente gestión en cuanto a veracidad de los datos registrados, lo que contribuirá a elevar la calidad de los servicios, señalan.
La aplicación lleva por nombre Lectura CEE, es para el sistema operativo Android y fue desarrollada por Senly Martín Gerónimo, ingeniero eléctrico e instructor del Sistema de Gestión Comercial (SIGECO) en la Empresa Eléctrica de la provincia Sancti Spíritus, lugar por donde comenzó a implementarse la iniciativa hasta extenderse poco a poco hacia otros territorios del país, ahonda Juventud Técnica.
De acuerdo con Martín Gerónimo, es solo para uso de la Unión Eléctrica (UNE), pues trabaja con sus bases de datos, de las cuales se obtienen las informaciones de los clientes para procesar su lectura y reflejar cualquier anomalía en el servicio.
Explica que al introducir la lectura del metro contador en el celular, la aplicación muestra la energía consumida en kilowatt-hora (kWh) en el periodo (un mes), así como el importe a cobrar en pesos cubanos por dicho consumo.
Después de leídos todos los clientes, se procede a descargar esta información en las computadoras de las Oficinas Comerciales de la UNE para supervisarlas y luego facturarlas, señaló el ingeniero.
Martín Gerónimo aseguró que no hay margen de error, y que su empleo, en las provincias donde se ha implementado, ha sido positivo, así como la aceptación por parte de los lectores.
En relación con su funcionamiento, el ingeniero destacó que el proceso se hace por rutas o recorridos diseñados por la Oficina Comercial; la ruta es seleccionada en la aplicación del sistema de facturación de la oficina por una persona, creando un fichero en formato XML con toda la información.
Una vez que dicha información está cargada en el dispositivo, se selecciona el folio del cliente y se introduce la lectura.
Antes de este novedoso método, para realizar las lecturas de metros contadores de energía eléctrica se empleaban los ordenadores de bolsillos Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital (PDA); y la adquisición de estos en el mercado mundial se ha hecho difícil y con el desarrollo de Lectura CEE se agregan otras prestaciones que no poseen estos.
Cada vez que el lector toma una lectura, se copian en la base de datos las coordenadas de latitud y longitud de la posición geográfica del cliente, lográndose la geolocalización de todos los consumidores, esto es muy útil, pues el personal se rota y puede que algún lector desconozca el recorrido, dijo.
Otra opción que no tenía la PDA, es que permite buscar el servicio en la base de datos del celular, mediante la lectura del código de barras; esto lo hace mediante la cámara del celular, que es capaz de leerlo en la carátula del metro contador, responde al número de cada uno y este está asociado al servicio que se va a leer, añadió el ingeniero.
De igual modo mencionó, como otro valor agregado, la posibilidad de que los lectores pueden obtener fotos del servicio, permitiéndoles tener evidencias como base de futuras investigaciones; y se logran disminuir los costos de los procesos comerciales de la empresa eléctrica y eliminar la importación de los PDA.
Los PDA YHT2013 cuestan en el mercado internacional 507 USD y los celulares más caros que hemos comprado en ETECSA son de 175 CUC, eso significa un ahorro de 332 USD, más el de hacer la aplicación y no tener que pagarle a un tercero 300 CUP por celular que use la aplicación, ejemplificó Martín Gerónimo.
El déficit de piezas de repuesto para el mantenimiento de los metros contadores con puerto infrarrojo en La Habana y la dificultad de adquisición de nuevos equipos en la actualidad, hace que se decida utilizar el celular con su aplicación para la lectura del consumo eléctrico.
La Habana, 21 may (ACN) Cuba y Venezuela pasaron revista a sus convenios bilaterales en materia de comercio y turismo para fortalecer ambos sectores, según un reporte enviado hoy por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mitcoex), citado por Cubaminrex.
De acuerdo con la nota de prensa, en el marco del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, la víspera, el ministro de esa cartera, Félix Plasencia, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la isla en la nación suramericana, Dagoberto Rodríguez.
Durante el encuentro en las instalaciones de Mitcoex en Caracas, capital venezolana, se revisaron los avances de las relaciones comerciales e inversiones, propuestas en la Rueda de Negocios virtual, con el fin de seguir impulsando el comercio entre ambas naciones hermanas.
Plasencia, anunció al concluir la reunión que se debatieron, además, temas relacionados con el futuro de esos sectores a nivel nacional y regional en un mundo post COVID-19 y al respecto se acordó mantener un turismo guiado entre ambos territorios a través de zonas libres de la pandemia.
El convenio de cooperación Cuba-Venezuela fue suscrito el 30 de octubre de 2000 por los comandantes, Hugo Chávez y Fidel Castro, con el objetivo de fortalecer acuerdos comunes en materia de salud, educación, deporte y otros servicios, así como otras esferas económicas.
Venezuela constituye el principal socio comercial de la mayor de las Antillas y desde el año 2003 miles de profesionales cubanos de sectores como la educación, la medicina y el deporte han ofrecido su ayuda solidaria en ese país sudamericano.
Latinoamérica ha reiniciado su proceso de endeudamiento con el FMI, que supondrá un breve alivio pero tendrá sus conocidos costos sociales, económicos y políticos.
21 MAYO, 2020
El objetivo de este documento es analizar el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) como agente financiero internacional durante la crisis económica y sanitaria iniciada por la pandemia.
La emergencia planetaria supone para los países latinoamericanos una imprevista y urgente necesidad de liquidez externa, no solo para afrontar los gastos derivados de la emergencia sanitaria y económica sino, también, para enfrentar la fuga masiva de capitales que viene ocurriendo en la región. Esta salida de capitales añade presión sobre las reservas internacionales y los tipos de cambio con efectos perjudiciales sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar de la población.
Ante la fuga de capitales privados, la reducción de la calificación de los bonos soberanos y la retracción de los mercados voluntarios de deuda, los países están recurriendo a la contratación de nueva deuda externa pública con organismos multilaterales, entre los que destaca el Fondo Monetario Internacional.
Durante la crisis mundial de 2008, la deuda pública de Latinoamérica alcanzaba el 40% del PIB. Para el año 2019, antes de la emergencia sanitaria, la deuda pública interna y externa latinoamericana era, en promedio, del 62% del PIB[1], con el siguiente detalle por país.
El 2009 hubo también una caída del 2% del PIB regional de América Latina, pero se revirtió gracias al impulso económico del aumento de los precios de las materias primas en el mercado internacional.
Actualmente, a la recesión generada por los efectos de la pandemia, se suma una crisis de deuda y todo ello se complejiza si se toma en cuenta la baja de los precios del petróleo.
Según Naciones Unidas, para enfrentar la compleja crisis actual se deberán habilitar recursos por valor del 10% del PIB mundial, es decir, debería disponerse de USD 8,59 billones[2]. Para países en desarrollo deberían destinarse, según UNCTAD, entre USD 2 y 3 billones en los próximos dos años[3].
El FMI, importante prestamista de los países de la región, cuenta en total con USD 1 billón para todos sus créditos en todo el mundo. De este billón ya se han asignado USD 220.000 millones, quedando USD 780.000 millones como saldo disponible para poder apoyar la emergencia del Covid-19 en el mundo. Comparado con el requerimiento estimado del 10% del PIB mundial, la disponibilidad de este fondo es muy limitada.
Si tomamos en cuenta que en marzo pasado el FMI y el Banco Mundial anunciaron nuevos créditos por un valor de USD 50.000 millones y USD 160.000 millones, respectivamente, para la emergencia mundial del Covid-19, vemos que todavía estamos lejos de lo mínimamente necesario.
El principal programa del FMI para facilitar el crédito en esta etapa de la pandemia es el Rapid Financing Instrument (RFI), que cuenta con USD 60.000 millones, y el FMI ya aprobó desde el 31 de marzo 2020 los siguientes créditos:
Todos estos créditos (excepto los de Haití, Dominica y Granada) han sido otorgados por el FMI bajo la modalidad de RFI (Instrumento Financiero Rápido) que tiene un plazo corto (5 años), una tasa de interés del 1,5% y alcanzan, en la mayor parte de los casos, a montos equivalentes al 100% de la cuota de cada país[4]. Antes de que se otorgaran estos desembolsos, lo habitual era que los países pudieran conseguir créditos equivalentes sólo al 50% de sus cuotas.
Fuera de estos créditos otorgados con el motivo de la pandemia, hay que mencionar que Honduras también recibió recursos, pero no con la modalidad de RFI. En cambio, recibió DEG 104.92 millones (equivalentes a USD 143 millones de dólares) que ya estaban aprobados y disponibles bajo un Acuerdo Stand-by (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (SBA/CFA) aprobado en julio de 2019 por un total de DEG 224.82 millones (USD 312 millones).
Todavía el FMI no ha atendido, en el marco de los apoyos específicos por la pandemia, las demandas de países que están en condiciones de solicitar créditos destinados a lo que se denomina en esa entidad como “economías sólidas” (es el caso de Perú que solicita USD 18.000 millones y Colombia USD 11.000 millones).
En el caso de Argentina[5], está solicitando financiamiento en DEG[6], porque implicaría un importante ingreso de fondos frescos, pero Estados Unidos y Alemania presentaron oposición a esta posibilidad.
Por su parte, Chile acaba de solicitar un crédito de USD 22.800 millones.
En conclusión, los países latinoamericanos han iniciado un nuevo proceso de endeudamiento con el FMI, que seguramente supondrá alivio en el corto plazo para afrontar un frente externo muy adverso, pero que ciertamente tiene su contrapartida en los condicionamientos de políticas macroeconómicas y sus conocidas consecuencias.
[4] Los créditos de Haití, Dominica y Grenada fueron otorgados bajo la modalidad de RCF Rapid Credit Facility que no requieren de un programa de acuerdos con el FMI.
[5] En el año 2019 Argentina rechazó los últimos 5.400 millones de dólares restante de un préstamo de más de 57 mil millones que contrató la administración Macri con el FMI en 2018. Tras las negociaciones que arrancó con Alberto Fernández, el organismo declaró que la deuda externa argentina, con privados y con organismos, era insostenible.
[6] La red LATINDADD, explica el DEG como “un activo de reserva utilizado por el FMI como unidad de cuenta basado en una cesta de cinco monedas (el dólar de EE. UU., el euro, el renminbi chino RMB, el yen japonés y la libra esterlina) para complementar las reservas basadas en oro y dólares. En la crisis financiera del 2008-2009 los DEGs tuvieron un papel relevante para aportar liquidez al sistema financiero mundial. Este activo de reserva se asigna a los miembros del FMI de acuerdo a la cuota de acciones que cada uno tiene, basado principalmente en el PIB de cada país, una vez emitido a un país, éste puede cambiar el DEG por una moneda de libre uso. Una emisión de DEGs en el contexto de urgencia del Covid-19 otorgaría liquidez automática e inmediata a los países, sin suscribir un programa con el FMI, por tanto, sin condicionalidades, y con una tasa de interés cercana a cero y no son reembolsables, es decir no hay un repago del capital. Como su asignación es de acuerdo al PIB de cada país, los países ricos que no necesitan estos recursos, pueden aprobar la reasignación de sus DEGs a países en desarrollo.” http://www.latindadd.org/2020/05/04/la-deuda-del-coronavirus/?fbclid=IwAR0MYlqJ5gYuWD69DjvwQfu1VnpRehcFGuTwDlOG9K_i1BSq9tJQj_CFYJQ
Nueva serie de tensiones plantearon dudas sobre el acuerdo comercial que alcanzaron previamente este año las dos mayores economías del mundo.
Foto: Reuters.
Reuters.- Wall Street cerró a la baja esta tarde, un día después de tocar un máximo de dos meses, debido a una nueva serie de tensiones entre Estados Unidos y China que plantearon dudas sobre el acuerdo comercial que alcanzaron previamente este año las dos mayores economías del mundo.
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos reaccionaría con fuerza si China impone leyes de seguridad nacional en Hong Kong como respuesta a las protestas en favor de la democracia del año pasado, que frecuentemente se volvieron violentas.
Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó el manejo de la epidemia de coronavirus por parte de Pekín, mientras que un funcionario chino dijo que el país no retrocederá ante la escalada de las tensiones.
“Parece que China va a ser utilizada como saco de boxeo en las próximas elecciones“, dijo Bob Shea, presidente ejecutivo y jefe de inversiones de TrimTabs Asset Management en Nueva York.
“La Casa Blanca ha decidido que es más efectivo atacar a China que salvar lo que iba a ser un diluido acuerdo comercial Fase 1. No ganas puntos por eso”, agregó.
El S&P 500 ha trepado más de un 30% desde sus mínimos de marzo, pero sigue cerca de un 13% bajo su récord máximo del 19 de febrero. Casi la mitad de las acciones del S&P 500 han caído un 20% o más desde el 19 de febrero, subrayando lo desigual que ha sido la recuperación.
El Nasdaq está cerca de un 5% bajo su máximo récord de febrero, impulsado en las últimas semanas por las alzas de las acciones de Microsoft, Amazon.com y otros pesos pesados tecnológicos que muchos inversores esperan que salgan más fortalecidos de la crisis que sus rivales más pequeños.
Los papeles de Amazon cayeron un 2,05% esta tarde, luego de tocar un récord intradiario durante la sesión.
El Promedio Industrial Dow Jones perdió 101.78 puntos, o un 0.41%, a 24,474.12 unidades. El S&P 500 cedió 23.10 puntos, o un 0,78%, a 2,948.51 unidades, y el Nasdaq Composite bajó 90.895 puntos, o un 0.97%, a 9,284.88 unidades.
La mayoría de los 11 sectores del S&P cerraron con pérdidas. Los índices de energía, servicios básicos , materiales, productos de primera necesidad y tecnología cayeron un 1% o más.
Primera modificación: 20/05/2020 - 21:44Última modificación: 20/05/2020 - 21:42
Vista general de una calle vacía cerca del Capitolio de La Habana, el 19 de mayo de 2020, debido a la pandemia de coronavirus COVID-19. YAMIL LAGE AFP
La Habana (AFP)
Cuba pidió suspender hasta el año 2022 el pago de su deuda con el Club de París y así evitar mayores presiones a su economía, que sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus, dijeron varias fuentes diplomáticas a la AFP.
En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas propone "una moratoria para 2019, 2020 y 2021, y volver a pagar en el 2022", relató una fuente diplomática, cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes.
Según esta fuente, la propuesta cubana apunta a que en 2021 se realice un análisis de la situación económica para ver si el país se ha recuperado lo suficiente de la crisis para pagar nuevamente.
El acuerdo con el Club de París es crucial para la isla: en 2015 negoció con este organismo la reestructuración de su deuda con 14 países, que aceptaron condonar 8.500 de los 11.100 millones adeudados.
El saldo restante se convirtió en proyectos de inversión o se escalonó su pago hasta 2033.
Esto había normalizado sus relaciones financieras con esos países, luego de la condonación casi total de la deuda por parte de China en 2011 (6.000 millones de dólares), México en 2013 (500 millones) y Rusia en 2014 (35.000 millones).
Pero la pandemia provocó una alerta económica en la isla, sacudiendo sus principales fuentes de ingresos, incluidos el turismo y las remesas de los cubanos residentes en el extranjero a sus familias.
Afectada por los retrasos en la reforma de su sistema económico de corte soviético y por la intensificación del embargo que le aplica Estados Unidos, Cuba ya había pedido a inicios de este año una primera moratoria para la deuda de 2019, y se había comprometido a pagar a más tardar a finales de mayo de 2020.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) pronosticó una caída del PIB cubano del 3,7% en 2020, pero muchos expertos creen que la caída será aún más fuerte ya que el país ya estaba en dificultades financieras con el aumento de sanciones norteamericanas.
LA HABANA. En intercambio con el equipo de Progreso Semanal, el profesor y académico cubano Julio Carranza ofrece algunas opiniones sobre el actual escenario económico en Cuba, relacionadas con la necesidad de acelerar la implementación de las reformas económicas pendientes en el país.
El momento actual que vive Cuba requiere cambios imprescindibles. Y existen muchas opiniones al respecto. ¿Cuáles señalaría usted?
En primer lugar debo decir que en mi opinión el proceso de cambios necesarios de la economía cubana se ha ido retrasando. En lo que a mi y otros compañeros se refiere venimos planteando esta necesidad desde el año 1995 en que se publica nuestro libro “Cuba: la Reestructuración de la Economía, una propuesta para el debate”, entonces la situación era diferente pero considero (otros quizás no) que en esencia el tipo de transformaciones son las mismas que planteábamos allí, al trazo grueso me refiero, obviamente con las actualizaciones y los cálculos necesarios que se derivan de los detalles de la situación actual.
No es hasta hace algunos años que, con la evolución del panorama cubano y los diferentes acontecimientos nacionales e internacionales, se alcanzó un consenso más claro al respecto, expresado en importantes documentos oficiales, como la Conceptualización del modelo económico cubano, que da un amplio marco para la realización de ese proceso, y luego la nueva Constitución, que reafirma esos espacios.
Algunas importantes transformaciones se han realizado desde entonces, pero aún se está lejos de alcanzar la profundidad y la integralidad necesaria.
Sobre las diferentes propuestas existentes, comparto con otros compañeros el criterio de que el país debe marchar hacia una economía socialista descentralizada, eficiente, diversa e incluyente. En ningún caso hacia una restauración capitalista.
El proceso que argumentamos y que proponemos desde la publicación del libro mencionado supone la diversificación de las formas de gestión y de propiedad, incluyendo la propiedad estatal (o pública), la propiedad cooperativa y la propiedad privada para pequeñas y medianas empresas, todas integradas en un sistema con instituciones fortalecidas y legalmente reconocidas. Otra característica es la prevalencia del liderazgo de las empresas estatales (públicas), las cuales deberán alcanzar un importante nivel de descentralización y actuar en un mercado regulado que le plantee fuertes restricciones financieras. Pero la existencia de otras formas de propiedad es esencial para permitir una mayor eficiencia a aquellas (estatales), que a su vez es un factor imprescindible en el establecimiento de un liderazgo armonioso sobre el resto de los agentes económicos del sistema.
Dicho proceso supone también otra serie de medidas para que la economía funcione adecuadamente como un sistema dinámico. Entre ellas se incluyen la reforma monetaria/cambiaria y de la empresa estatal —ambas cuestiones son esenciales—, el establecimiento legal de las PYMES, el ajuste del gasto presupuestario, la creación de mercados de medios de producción (mayoristas), la mayor activación del crédito, el ajuste de la política inversionista nacional y extranjera, la descentralización del comercio exterior, el ajuste de la política fiscal y el establecimiento de un marco regulatorio para articular todo lo demás. Todas estas medidas han sido detalladas en textos anteriores, así como las han analizado otros colegas. En resumen, estas deben dar lugar al crecimiento de la eficiencia económica, pero también de la eficiencia social, basada en el crecimiento de la productividad del trabajo y del empleo digno, factor esencial de la inclusión social.
Aquí quiero destacar algo, las transformaciones o se abordan de manera integral, cuidando la secuencialidad y la simultaneidad entre las diferentes medidas o no funcionarán bien. Esa es una cuestión esencial, no quiere decir todo al mismo tiempo, pero todo en una secuencia adecuada y bien pensada.
Pongo un ejemplo: En las condiciones actuales, al no tener de dónde obtener parte de sus insumos sistemática y legalmente, el sector no estatal que se ha establecido asiste con frecuencia a vías ilegales o alegales, que son las que le quedan a falta de los necesarios mercados mayoristas de productos, herramientas, maquinarias, etc. Esto da lugar a desvíos de recursos, con frecuencia desde las empresas estatales, entrando toda clase de agentes económicos en dinámicas de corruptelas que afectan fuertemente la economía y también la conducta ética de muchas personas, con todas las implicaciones que eso tiene. Una reforma integral puede en gran medida impedir todo esto y organizar el conjunto de la economía y la sociedad en una dinámica positiva y productiva. Habrá problemas y contradicciones que atender siempre, pero cuando el sistema funciona estas se pueden controlar y superar adecuadamente.
Estoy cada vez más convencido de que el camino es el avance integral en la reforma. Las recientes declaraciones del Presidente de la República en reunión del Consejo de Ministros parecen ser una importante señal en la dirección correcta.
Comencé señalando el atraso de la reforma económica. Ahora el problema se complica porque la situación es muy tensa y todos los pronósticos advierten sobre notables contracciones de la economía como consecuencia de la actual crisis mundial provocada por la pandemia de Coronavirus y la criminal política de bloqueo reforzada cada vez más por la actual administración de Trump, lo cual tiene impactos fuertes debido al carácter abierto de la economía cubana. Esto no quiere decir que el bloqueo tenga la capacidad de paralizar la economía ni su proceso de transformación, pero no se pueden olvidar sus consecuencias y condicionantes.
O sea, hay que manejar la crisis y a la vez hacer avanzar adecuadamente las transformaciones pendientes, complejo proceso pero posible, en mi opinión es la alternativa necesaria.
El avance debe ser sistémico y coherente, lo cual, como apunte anteriormente, no quiere decir todo a la vez, hay que definir etapas. De nada vale avanzar en un sector sin la coherencia del otro. Por ejemplo, la reforma de la empresa estatal no sería efectiva si se aborda como un ente aislado, sin que se den pasos de avance con las PYMES no estatales, y viceversa. Sin un marco institucional adecuado no podría avanzar efectiva y legalmente ninguna empresa de ningún tipo.
También hay otros aspectos importantes sobre los cuales es necesario actuar. El gobierno ha trabajado en ello, como la definición de los sectores estratégicos para concentrar la inversión en las actuales circunstancias. En este sentido el impacto de la pandemia implica muchos cambios. En el caso del turismo, los estudios indican que a corto plazo ya no tendrá las potencialidades de antes por la afectación de los mercados. Este sector ha tenido una alta tasa de inversión durante los últimos años, cuyo efecto queda temporalmente anulado debido a la crisis, mientras la producción de alimentos es cada vez más importante. Es imprescindible poner a funcionar al máximo posible las capacidades instaladas que tiene el país en sectores que tengan condiciones para operar en las actuales condiciones, e invertir en ellos. Desde esa perspectiva, el sector agropecuario (incluida la agricultura y la industria) es el más importante ahora.
Esto no quiere decir que el turismo no mantenga su importancia estratégica para el futuro, pues las condiciones naturales y culturales del país son muy favorables para esta actividad y la infraestructura ya establecida es muy notable, pero no tendrá impacto positivo inmediato para manejar y superar la crisis. El centro de gravedad de la economía, si vale la expresión, deberá desplazarse temporalmente a otros sectores.
En mi opinión, es hora de abordar todo esto rigurosamente.
Se habla de la importancia del sector privado en la economía cubana, tanto en el presente como en el futuro, en dependencia de las condiciones de desarrollo que se le permita. ¿Cuál es su criterio? Específicamente en el ámbito social, ¿qué impactos podría tener la ampliación del llamado cuentapropismo en Cuba?
Como señalé antes, es necesario un sistema económico único, más diverso y dinámico donde las diferentes formas de propiedad y gestión formen parte orgánica de él, bajo el liderazgo del sector estatal, donde este esté descentralizado y con formas de planificación más flexibles y estratégicas, a la vez que un mercado regulado desde el estado pero con regulaciones económicamente fundamentadas al cual asisten todos los agentes económicos, estatales y no estatales.
El sector no estatal (cooperativo y privado) no tendría el liderazgo de la economía, pero su existencia legalmente reconocida en pequeñas y medianas empresas dinámicas es imprescindible para que todo el sistema funcione bien. Primero porque genera gran cantidad de empleo que el sector estatal no puede retener si pretende ser eficiente; segundo, porque garantiza determinadas producciones y servicios que pueden contribuir notablemente al crecimiento de la economía y que, como ha demostrado la evidencia histórica, el sector estatal no las puede realizar con eficiencia; y tercero, porque permite movilizar capitales internos (ahorros) y externos (remesas), que de otra forma estarían inactivos o no llegarían al país.
Ya los llamados trabajadores por cuenta propia dan cuenta de casi la tercera parte del empleo. Además, el sector no estatal es el más importante productor de alimentos, actividad absolutamente esencial para el desarrollo y la seguridad nacional. A todo esto habría que añadir que el sector no estatal ha estimulado la creatividad y la iniciativa, sobre todo de las generaciones más jóvenes, actualmente muy impactadas por la migración y por lo general con altos niveles de calificación y aprendizaje tecnológico.
Julio Carranza.
Es en ese sentido que considero muy importante el sector no estatal de la economía. Creo que es un error hablar de la parte socialista de la economía y la parte privada. La economía es una sola, es un sistema. En el caso de Cuba defendemos y argumentamos el carácter socialista de ese sistema, al cual se integrarían dinámicamente todos los sectores, estatal y no estatal, con las proporciones y regulaciones necesarias pero todos interactuando dinámicamente.
A la pregunta de si puede haber sectores sociales afectados por esta dinámica, la respuesta es sí. Cualquier política económica es acompañada por efectos de ese tipo. De hecho, como consecuencia de las difíciles condiciones que ha enfrentado la economía cubana desde los noventa, en combinación con algunas de las medidas que se tomaron para enfrentarla, los índices de desigualdad en Cuba han aumentado con el paso de los años. Aunque hace un buen tiempo no se publica el índice Gini —indicador que mide la desigualdad—, las observaciones especializadas muestran este hecho.
Este es un tema muy importante. En un sistema socialista es irrenunciable el principio de que nadie debe quedar desprotegido; es el papel de las políticas sociales dispuestas a atender a esos sectores vulnerables y compensar adecuadamente los efectos negativos de las políticas económicas. Pero estas deben ser más focalizadas y eficientes, no con subsidios generalizados a toda la población como ha sucedido hasta el momento. Eso no excluye —por el contrario, refuerza— el carácter universal y gratuito de determinados servicios sociales, como la educación, la salud, la seguridad pública, etc. Son conquistas irrenunciables. El abordaje conjunto de las políticas sociales y determinados subsidios estatales sería parte importante del sistema socioeconómico, pero con una correspondiente fundamentación económica y social que se apoye en una política fiscal adecuada y progresiva. Vistas así, son perfectamente viables y sostenibles por el estado.
En ese llamado al desarrollo de la mediana y pequeña empresa, ¿qué papel podrían desempeñar las cooperativas no agropecuarias? ¿Qué medidas se necesitarían, o qué obstáculos deberían eliminarse para que ese rol fuera posible?
Las formas cooperativas tanto agropecuarias como no agropecuarias deben ser parte importante de las nuevas formas de gestión y propiedad, ya se tiene una amplia experiencia sobre esto, lo cual permite identificar lo que funciona y lo que no funciona.
Parte de lo que afecta a las cooperativas es lo mismo que afecta a los otros agentes económicos, por ejemplo la falta de un mercado de medios de producción y de un sistema de créditos más dinámicos, además de una política fiscal más económicamente fundamentada y en condiciones de funcionar bien. En el caso específico de las cooperativas agropecuarias ha sido negativo el alto nivel de interferencia por parte de las estructuras de gobierno que actúan en el sector agropecuario, incluyendo la falta de eficiencia de los mecanismos de acopio, el manejo de los precios, etc. Estas lecciones también hay que tomarlas en cuenta para las cooperativas no agropecuarias.
Sobre el importante tema de la agricultura quiero subrayar que desde la década del noventa se han tomado decisiones que modificaron las formas de propiedad y gestión en ese sector estratégico. De una producción agropecuaria que en su mayoría era estatal, solo queda un 18 por ciento de las tierras cultivadas gestionadas directamente por el estado. El resto funciona bajo formas no estatales (diferentes tipos de cooperativas, usufructuarios, campesinos individuales, etc.). Sin embargo, el subsistema de producción agropecuaria, caracterizado por fuertes formas de intervención y control de las estructuras gubernamentales, incluyendo las actividades de comercialización y de asignación de recursos ejercidos monopólica e ineficientemente por Acopio, continúa siendo el mismo de antes de estos cambios. Esto es causa de disfuncionalidades en la producción agropecuaria y agroindustrial, fundamentalmente de alimentos, que se expresa en los insuficientes resultados actuales, es un problema de la mayor urgencia que en mi opinión es necesario resolver. Es parte de la integralidad del cambio.
El día cero, referido al proceso de unificación Monetaria y cambiaria en Cuba, está anunciado hace un buen tiempo. Se han tomado algunas medidas que indican que este proceso ya ha comenzado, pero los pasos definitivos aún no llegan. ¿Considera usted que es este un buen momento para llevarlo a cabo? ¿Por qué?
Las autoridades del gobierno, en sus más altos niveles, han reconocido en varias ocasiones la necesidad de la reforma monetaria y cambiaria y su voluntad para implementarla. Sin embargo, es aún una cuestión pendiente. Esta reforma, por un lado, es necesaria y urgente, y por otro es extraordinariamente compleja.
Es necesaria y urgente porque la existencia de la diversidad de tasas de cambio entre las diferentes monedas circulantes y la sobre valuación del peso cubano (CUP) en el sector estatal dan lugar a fuertes distorsiones en la medición de la economía. Se habla de la necesidad de una “mentalidad exportadora y de sustitución de importaciones”, pero las condiciones de la economía bajo el actual sistema monetario y cambiario conducen a todo lo contrario. Apelar a esa mentalidad es bueno, pero no cambiar las condiciones que la impiden es predicar en el desierto. Es, también, compleja. En sí misma supone un cambio importante en las proporciones y los tipos de recursos en manos de diferentes agentes económicos, incluyendo a las empresas, a los trabajadores y a la población en general. De hecho, habría empresas que podrían quebrar debido a la modificación de la tasa de cambio, porque en estos momentos se manejan con la sobrevaluación de la moneda nacional (CUP).
El punto esencial y más complejo de la reforma monetaria y cambiaria es precisamente la tasa de cambio. Esta es también un precio dentro del sistema económico, pero de tanta importancia que impacta en casi todos los demás. La actual diferencia entre las diversas tasas existentes es tal que su reforma implicaría la necesidad de una reforma general de precios, un tema que necesita ser abordado con los criterios adecuados, incluyendo el debate sobre el mercado, pero no solo sobre el mercado.
Un punto que cabe destacar es que la segunda moneda nacional establecida hace algunos años ya —el peso convertible (CUC)— pretendía sustituir la circulación directa de dólares. Esto suponía mantener determinada equivalencia entre los nuevo CUC y el dólar, además de una determinada oferta para esa moneda. Sin embargo, por diferentes razones, el carácter del CUC se ha ido desnaturalizando y ya no juega la misma función que en sus inicios, pues no tiene los mismos respaldos con los que fue concebido.
He aquí una razón de más para la unificación monetaria. Pero, en mi opinión, esto no excluye que se permita el uso directo de divisas en espacios específicos (zonas francas) que permita a los diferentes agentes económicos y a la población en general que disponga de esta moneda (remesas incluidas), acudir a estos lugares para realizar las llamadas “importaciones en frontera”. Hay que tener en cuenta que hoy millones de dólares salen del país en manos de importadores informales (no ilegales), que traen mercancías al país, las mismas que perfectamente podrían ser importadas por el estado (medios de producción incluidos) y ser vendidas en las zonas francas a precios adecuados, dejando una ganancia comercial razonable en las arcas del estado. Esto no quiere decir que se prohiban las importaciones particulares, pero el estado podría tomar el control de esa actividad en mejores condiciones y conveniencias.
Aunque algo de eso se ha hecho con las tiendas especiales en divisas que se han abierto, aún el mecanismo es inestable, ineficiente y lento.
Antes me refería a la necesidad de la integralidad en la transformación. El tema monetario y cambiario, que es parte de eso, tiene que ser abordado a pesar de su tremenda complejidad, pues se requiere simultanear la urgencia de la crisis con lo estratégico de la transformación. Esto no quiere decir que la devaluación o las devaluaciones secuenciales se implementen de manera inmediata, pero de lo que no hay dudas es que debe ser abordada lo antes posible y en correspondencia con el resto de las transformaciones.
Muchas decisiones se fueron postergando y ahora hay que asumirlas todas. Por etapas, con todas sus complejidades, pero se puede, hay que poder, puesto que no quedan muchas opciones. Entiendo que hay equipos de especialistas de alto nivel trabajando con el gobierno específicamente en la reforma monetaria y cambiaria, pero, insisto, esta no tendría sentido como una medida aislada, sino que es parte de una reforma integral.
Una idea final, en las actuales circunstancias internacionales cualquier alternativa socialista es difícil, pero a la vez no sólo necesaria sino posible. La actual pandemia le deja al mundo muchas interrogantes y también muchas lecciones, una de ellas es la incapacidad del capitalismo como sistema global, sobretodo en su versión neoliberal, de proteger efectivamente los intereses de las grandes mayorías de la humanidad a la vez que la sustentabilidad del planeta, hace tiempo que en este sentido las evidencias sobran y ahora se refuerzan dramáticamente en todas partes con los efectos de la pandemia del COVID-19.
Pero claro, en sentido general, la existencia de estas evidencias no quiere decir que el mundo necesariamente marchará de inmediato por una ruta alternativa, puesto que los límites siempre son políticos. Pero al hablar de una alternativa socialista es necesario debatir acerca de qué estamos entendiendo por eso, y sobre todo en las condiciones específicas de cada país.
Cuba vive situaciones complejas, pero tal como entiendo el socialismo, la economía socialista, no es la supresión del mercado. Tampoco la supresión total de la propiedad privada sobre los medios de producción. Se trata, en mi opinión, de la supresión de la hegemonía del capital, de la subordinación del interés privado al interés público y de la subordinación del mercado a la sociedad.
El estado y sus instituciones deben ser la garantía de todo esto en una dinámica de adecuada inclusión y representación. Un estado socialista y democrático en el sentido más profundo de ese concepto. En particular, la transformación de la economía requiere análisis técnicos y estadísticos muy rigurosos y especializados, pero estos no deben estar distanciados de consideraciones y objetivos sociales y políticos claros. De lo contrario caeríamos en “tecnicismos fríos”, que en nada contribuirían al proyecto de nación que comparto.
Aunque ha atravesado por dificultades enormes, ha obtenido logros extraordinarios y también ha cometido costosos errores, algunos sin justificación, la Revolución Cubana como proceso histórico es esencialmente un proyecto de nación que supone la plena independencia, la soberanía, la autodeterminación y la seguridad nacional del país, así como el desarrollo económico y social, la justa distribución de la riqueza, la inclusión y la democracia.
Ambas dimensiones forman parte del mismo proceso y se condicionan mutuamente. Sin soberanía y autodeterminación no habría un futuro para la nación donde quepan los intereses legítimos de los cubanos. ¿Es difícil alcanzar estos objetivos en los tiempos que corren? Sí, pero, ¿es imposible? No.
Nota: Julio Carranza es Doctor en Ciencias Económicas y profesor cubano.
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Varias personas, muchas con mascarilla, cruzan la calle cerca de la Plaza de Toros de Valencia. REUTERS/Nacho Doce
El hecho de que muchos países hayan conseguido reducir el crecimiento de la tasa de mortalidad causada por el coronavirus, mitigando así el impacto de la COVID-19, ha generado un optimismo que explica que muchos de ellos estén ya iniciando el proceso para intentar recuperar alguna forma de normalidad y reactivar la actividad económica, saliendo así de la mayor crisis económica que estos países hayan sufrido en los últimos cien años.
Ello ha originado un debate sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo dicha recuperación. Este artículo intentará resumir varias alternativas, hoy presentes a los dos lados del Atlántico Norte. Pero para evaluarlas hay que ser conscientes de que, en general, y desde el punto de vista científico, hay bastante consenso entre los expertos en salud pública sobre los criterios básicos que deberían regir esta recuperación. Unos de los más conocidos a nivel internacional son los criterios de la Johns Hopkins University, cuyo Center for Health Security ha señalado que para iniciar tal proceso hay que cumplir cuatro condiciones. La primera es que el país tiene que haber experimentado un descenso de la mortalidad debida al coronavirus durante, al menos, 14 días. Otra condición es que el país tenga suficiente capacidad para realizar pruebas de diagnóstico que le permitan cubrir, al menos, a todas las personas con síntomas de tener la COVID-19 (y también realizarlas a los contactos que estas personas hayan tenido) así como a las personas que trabajan en todos los servicios definidos como "esenciales". Una tercera condición es que el país tenga un sistema sanitario con capacidad suficiente para poder atender a todos los pacientes, y cuyo personal sanitario tenga todo el equipo de protección necesario que le permita atenderlos con el mínimo riesgo de contagio. Y, por último, la cuarta condición es que los servicios de salud pública del país tengan capacidad suficiente para llevar a cabo campañas de detección de nuevos casos de infección, así como controlar y diagnosticar a sus contactos para su confinamiento y aislamiento (ver "Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors", The Johns Hopkins University Center for Health Security, 17.04.20). La aplicación de estos cuatro principios, junto con las medidas de confinamiento selectivo, así como el uso generalizado de mascarillas y guantes, permiten el control y resolución de la pandemia. La experiencia así lo ha mostrado. Casos como el de Corea del Sur muestran claramente que la pandemia puede abordarse con éxito. Ello requiere un compromiso firme por parte del país y sus autoridades, dentro de una cultura cívica de solidaridad y compromiso con el bien común.
Estas condiciones no se están respetando en la gran mayoría de países que se están desconfinando
Ahora bien, el éxito que las campañas de confinamiento han tenido en muchos países para reducir el número de contagios, de enfermos y de muertes por coronavirus ha generado un optimismo que, sin que se den las condiciones previamente detalladas, ha animado a que se inicie en muchos de ellos un proceso de desconfinamiento y de paulatina recuperación económica. Es comprensible que este proceso esté ocurriendo, pues las medidas de contención de la pandemia y, muy en particular, el confinamiento de la mayoría de la población (que en un momento determinado fue de tres cuartas partes de toda la población que vive en las economías avanzadas), han representado y continúan representando un enorme sacrificio con el que la población, con razón, desea y ansía terminar. Es más, a favor del desconfinamiento existe el hecho de que el confinamiento también tiene costes para la salud de la población, entre ellos, causar un aumento de mortalidad por enfermedades distintas a la COVID-19, al no poder ser atendidas estas enfermedades por la saturación de los centros sanitarios desbordados de enfermos por coronavirus. Y no hay que olvidar tampoco que la propia crisis económica está deteriorando la salud y calidad de vida de grandes sectores de la mayoría de la población.
Pero, por muy comprensibles que sean los argumentos favorables a un pronto desconfinamiento, ello no quiere decir que sea aconsejable, ya que tal recuperación (dependiendo de cómo se haga) podría incluso empeorar la situación y agravar todavía más la crisis económica. Y la principal causa de que ello sea así es que la actividad productiva continúa basándose en la actividad humana, dependiendo su ejecución de la salud y la vida de sus agentes, lo cual hace que la viabilidad del sistema económico dependa de que se respeten los principios científicos y las condiciones indicadas al inicio del artículo. A no ser que los trabajadores estén vivos y sanos, el sistema económico se paraliza. Un desconfinamiento rápido puede conducir incluso a una mayor parálisis como consecuencia del crecimiento de la enfermedad entre los trabajadores, tal y como está ocurriendo, por ejemplo, en algunos Estados de EEUU, donde la pandemia está teniendo unos efectos devastadores.
Esta es la realidad de la que deben ser conscientes las autoridades que tienen que tomar las medidas sobre el desconfinamiento. Naturalmente que el deseo común es terminar con esta situación anómala. De ahí que la diferencia entre las distintas alternativas no sea tanto sobre desconfinamiento sí o no, sino sobre qué tipo de desconfinamiento, es decir, en qué condiciones debe realizarse, a fin de que se puedan minimizar los daños que dicho desconfinamiento podría causar a la población, incluida la laboral, lo que afectaría y retrasaría la recuperación económica.
Las distintas estrategias de recuperación económica existentes hoy a los dos lados del Atlántico Norte
Una estrategia de recuperación económica es la promovida por el gobierno federal estadounidense presidido por Donald Trump, y consiste en el masivo desconfinamiento de la mayoría de la población, a fin de recuperar la economía lo más pronto posible (y a ser posible, antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, en las que el presidente Trump se presenta para conseguir su relección). Esta alternativa es consciente de que ello implicará un riesgo muy elevado de contagio y muertes por coronavirus. En esta estrategia, la vuelta a la normalidad pasa a ser el objetivo urgente e inmediato para la recuperación. Y el elevado número de fallecidos se justifica por la necesidad de salvar la economía del país, salvación que en ocasiones se presenta en términos belicistas y patrióticos. Tal y como ha señalado el presidente Trump, "hay que salvar la patria en una guerra en la que los muertos son el precio para ganar y conseguir la victoria". Salvar la patria equivale a volver a la normalidad del período prepandemia. Esta posición trumpiana está bastante extendida en amplios sectores conservadores y liberales del mundo occidental, incluyendo España.
Esta estrategia ha sido muy criticada por la gran mayoría de la comunidad científica, incluyendo el comité de expertos que asesora a la Casa Blanca en el tema de la pandemia. Las tensiones entre el Sr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, (y otros miembros del comité científico), por un lado, y el propio presidente, por el otro, son bien conocidas. La elevada popularidad de este experto (la figura más reconocida hoy en EEUU) lo ha protegido de los intentos de la administración por apartarlo del cargo o del comité de expertos. La razón de este rechazo por parte de la comunidad científica es que la pandemia no se resolvería y podría agravarse todavía más, cronificándose y matando a un elevado número de ciudadanos que se considera inaceptable, pues la pandemia podría prolongarse durante un período muy largo, de hasta cinco o más años.
La esperada vacuna contra el virus no será una realidad próximamente
El argumento utilizado por los que se muestran favorables a la vuelta rápida a la "normalidad" para negar la posibilidad de que aumente la mortalidad de una manera muy marcada es que se espera que en el corto plazo de algunos meses ya haya disponible una vacuna para prevenir y curar la enfermedad de la COVID-19. Pero existe un gran escepticismo en amplios sectores de la comunidad científica de que esta vacuna pueda desarrollarse, producirse y distribuirse en los próximos meses. Ni que decir tiene que la industria farmacéutica es la mayor promotora de esta tesis, industria que es muy próxima al presidente Trump, cuyas propuestas favorables hacia ella son bien conocidas en aquel país. Aceptando la tesis del descubrimiento y amplio uso de la vacuna en un "futuro próximo", la administración Trump está intentando recuperar la economía inmediatamente, consciente del elevado coste en mortalidad que significará el abandono de los principios científicos enunciados anteriormente, con la suspensión masiva del confinamiento y del distanciamiento social, entre otras medidas salubristas. En esta visión trumpiana, la "recuperación de la normalidad" significa dar prioridad a las grandes inversiones de dinero público para favorecer la recuperación de los elevados niveles de beneficios de las grandes empresas y grupos económicos próximos a la administración Trump (sin condicionar tal ayuda pública masiva al mantenimiento del empleo).
La alternativa progresista a esta estrategia extremista
Frente a la alternativa trumpiana, hay una alternativa progresista que las encuestas muestran a los dos lados del Atlántico Norte que es la más popular, y que consiste en desconfinar gradualmente a la población, de manera que la reapertura esté relacionada con el cumplimiento y la mejora en cada una de las condiciones enumeradas al principio del artículo, de manera que cuanto más se cumpla cada condición, mayor sea el grado de apertura. Ello requiere que, como primer paso, se invierta masivamente en los sectores "esenciales" necesarios para el mantenimiento y la sostenibilidad de toda la sociedad y, por lo tanto, de la economía. Entre ellos merecen especial atención los servicios sanitarios y de salud pública, así como los servicios sociales y los de atención personal (conocidos también como la economía de los cuidados), incluyendo los servicios del cuarto pilar del Estado del Bienestar (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros), que son todos ellos necesarios para garantizar la supervivencia, el mantenimiento, la seguridad y el cuidado de la ciudadanía (tanto como trabajadores como consumidores), sin la cual la actividad económica no puede existir. Se propone así un New Deal Social que incluya una gran inversión en estos servicios y transferencias del Estado, inversión que, insisto, debería reforzar los servicios de supervivencia, mantenimiento y continuidad de la sociedad, incluida su economía, y que además sería una de las fuentes más importantes para crear empleo. Esta inversión garantizaría una recuperación que minimice la mortalidad y morbilidad (enfermedad), creando además un empleo necesario para facilitar tanto la seguridad y salud de la población como el estímulo para la recuperación económica. Por ejemplo, el desarrollo del 4º pilar del bienestar facilitaría la integración de la mujer en el mercado de trabajo, tal y como ha ocurrido en aquellos países donde existe dicho pilar (como es el caso de los países escandinavos, que tienen el mayor porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo), ya que permite compaginar el proyecto personal a nivel laboral con la responsabilidad familiar (facilitada también por una revolución cultural, corresponsabilizando al hombre en tales tareas familiares). Estas políticas públicas están adquiriendo una gran urgencia hoy como consecuencia del confinamiento de las familias, con el cierre de las escuelas, incluidas las infantiles. El número de puestos de trabajo creados en el desarrollo de estos servicios sociales básicos sería muy grande. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en estos sectores sociales del Estado del Bienestar (hoy, uno de cada diez) que tiene Suecia (uno de cada cinco), España crearía unos 3,5 millones de puestos de trabajo. De ahí la urgencia de que el Estado cree empleo. La muy necesaria renta mínima garantizada que asegure un ingreso mínimo vital debe ser complementada con la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluyendo el 4º pilar del bienestar) que garanticen su vida, salud y bienestar social. El derecho al ingreso mínimo vital debería estar acompañado con el derecho de acceso a los servicios vitales universales.
Hoy existe un gran consenso popular, expresado en el aplauso a las 8 de la tarde hacia los trabajadores de los sectores sanitarios y sociales, sobre la urgente necesidad de cubrir el enorme déficit de personal y recursos en estos servicios. Esta inversión en el New Deal Social es una de las condiciones más importantes para los programas de recuperación económica a fin de resolver, por un lado, la pandemia y, por el otro, prevenir su reaparición, toda vez que se garantiza el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (objetivo principal de cualquier política pública), así como la seguridad y el mantenimiento del quehacer económico. La pandemia y la enorme crisis que ha creado es la mejor prueba de la importancia de priorizar esta inversión social, siendo el centro de la recuperación.
La necesaria reorientación del sector industrial para orientarlo hacia el bien común
La recuperación económica tiene que incluir también una gran inversión pública para la recuperación del sector industrial, que debería utilizarse para reformarlo a fin de dar mayor prioridad a la producción orientada al bien común en lugar de estar centrado exclusivamente (como ha sido hasta ahora) en responder a la demanda del consumo individual, determinado por la capacidad adquisitiva de las personas, orientándose así hacia los sectores con mayor capacidad monetaria. Hay que producir respiradores que salven vidas, por ejemplo, en lugar de producir tantos automóviles, y hay que producir mascarillas en lugar de vestidos de lujo. Y hay que enfatizar las energías renovables en lugar de las contaminantes. El New Deal Verde tiene que complementar el New Deal Social. Y para asegurarse de que esta nueva orientación se cumple, el Estado tendría que utilizar la inversión pública, pasando a ser parte de la dirección de algunas empresas, conforme a la cantidad de apoyo financiero que haya aportado. No puede reproducirse lo que ocurrió con la salvación de la banca, que terminó con una enorme pérdida de 60.000 millones de euros públicos, sin haber sido utilizada aquella inversión para una modernización del sector bancario, a fin de que desarrollara una vocación de servicio al bien común, escasamente presente en este sector económico.
En realidad, una gran diferencia entre las dos alternativas -la trumpiana y la progresista- es que la primera, defensora del statu quo (al coste que fuere), ha percibido al Estado como un servidor de la economía, interviniendo solo cuando tiene que corregir los fallos del mercado. En la alternativa progresista, por el contrario, es la economía la que está al servicio de la sociedad y del bien común, con una activa intervención del Estado para garantizar que sea así. En este sentido, el Estado tiene que intervenir activamente en el proceso de reconversión económica. Un ejemplo, entre muchos otros, es el desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial, que constantemente es presentada como un riesgo (según algunos) o una oportunidad (según otros) para la desaparición del trabajo humano. Que sea lo uno o lo otro depende del contexto político que dirija tal proceso y los objetivos deseados. El mérito o demérito de las nuevas tecnologías depende, pues, de quién las controla. Dejarlas en las manos del mercado, como proponen los conservadores y liberales (y cuya máxima expresión es el trumpismo), es optimizar el poder y beneficios de las empresas y grupos económicos que las controlan. Pero la experiencia también muestra cómo en países donde el Estado ha tenido un mayor protagonismo (como los países escandinavos) estas nuevas tecnologías han servido para redefinir las condiciones del trabajo y permitir una mayor satisfacción y creatividad del mundo trabajador, facilitando una considerable reducción del tiempo de trabajo (ver "Robots won’t make us redundant", de Lars Klingbeil y Henning Meyer, Social Europe, 14.05.2020).
¿Cómo se pagará esta reconversión? La necesaria reforma de la política fiscal
Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta no es económica sino política. La pregunta debe reformularse para decir: ¿tiene la sociedad española recursos para financiar esta recuperación? Y la respuesta, apoyada por los datos existentes, creíbles y claros, es afirmativa. España tiene los recursos para pagar su New Deal Social (complementado con el New Deal Verde). El excesivo poder e influencia de las fuerzas conservadoras en la vida política y mediática de España explica la infrafinanciación de sus sectores esenciales, incluyendo, por ejemplo, la sanidad y los servicios de salud pública. España es uno de los países de la UE-15 que gasta menos en su Estado del Bienestar. En sanidad, por ejemplo, invierte solo un 6,4% del PIB, cuando la media en la Unión Europea es del 7,1% y en la UE-15 del 7,2%. Si tal gasto fuera el de la UE-15, tendríamos casi 10.000 millones de euros más para la sanidad.
Las enormes desigualdades de renta y de propiedad que existen en este país, unas de las más altas hoy en el mundo desarrollado, muestran que el problema no es la falta de recursos sino la redistribución de esos recursos, lo cual ocurre por cierto también en la Unión Europea (UE), cuya falta de solidaridad en respuesta a la pandemia está mostrando, una vez más, una carencia de sensibilidad social que podría significar su desaparición como consecuencia de la falta de apoyo popular. La Europa democrática, que fue el sueño y punto de referencia que nos motivó a la resistencia antifascista durante la dictadura, se está convirtiendo en una pesadilla. Que hoy, en medio de la mayor crisis económica que este continente haya experimentado, todavía se insista en la UE en las medidas neoliberales que hicieron tanto daño a las clases populares de este continente es un sinsentido. Hoy están claramente desfasadas, pues hay casi un consenso internacional en que la principal condición para salir de la crisis es precisamente una enorme inversión pública, y debe ser el Estado (desde sus diferentes niveles) el que invierta cantidades nunca vistas antes para esta recuperación.
De ahí que, además de políticas fiscales redistributivas, el crecimiento de la deuda pública sea necesario y urgente, pues sin ella no hay posibilidad de recuperación económica. Incluso el mayor ideólogo neoliberal, conocido por su insistencia en reducir el déficit público durante la Gran Recesión, el Sr. Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, no solo tolera, sino que es favorable a un gran aumento del déficit ("tanto como sea necesario para recuperar la actividad económica"). Y un tanto igual el presidente del Federal Reserve Board, Jerome H. Powell (institución equivalente al Banco Central Europeo y máximo promotor del neoliberalismo en EEUU), que ha pedido al Congreso de EEUU que continúe invirtiendo dinero público hasta que la economía se recupere, sin límite en su déficit. El tema a debate, pues, no es inversión pública sí o no, sino dónde, cuándo y cómo se hace tal inversión, y para el beneficio de quién: o se hace para salvar los intereses particulares del establishment financiero y económico, o para salvar la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de la población, poniendo el bien común por encima de todo lo demás. Ahí es donde está el debate. Y de su resolución depende la vida de todos, incluida la del lector de este artículo.
* Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).
Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales
