El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.
La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.
El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.
WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).
India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.
Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.
Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.
Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.
¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración(sic), sin especificar.
El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el rankinggeoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).
La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.
La pandemia trastornó los ritmos de vida en Cuba y agravó la debilidad de una economía con síntomas de agotamiento desde el año precedente.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
El 2020 quedó como uno de los más amargos de la economía cubana en varias décadas. Pero, en buena ley, el año, con sus balances, sorpresas y aflicciones, apenas es una convención fiscal. Ni las amarguras terminaron el 31 de diciembre, ni concluyó en esa fecha la Estrategia económica desenfundada en julio para enfrentar la crisis desatada por la pandemia de covid-19.
El primero de enero, eso sí, comenzó el Ordenamiento monetario, otro acontecimiento que hará historia. Pero la tasa de cambio nueva y única del peso cubano se hizo noticia, con pelos y señales, 21 días antes y la inflación, signo distintivo del inicio de esta reforma, enseñó las uñas en los mercados desde noviembre.
Para burlar los límites del año como convención, el peso cubano convertible (CUC), tras ser declarado en extinción, perdura en escena durante seis meses más, aunque sea en un solo sentido, y el cielo de la unificación monetaria y cambiaria con sus nuevos salarios, quedó empañado por la presencia expansiva del comercio en dólares y las colas infinitas en tiendas, panaderías y mercados agropecuarios.
En apretado resumen, cabe recordar que la pandemia de covid-19 combinada con las sanciones del bloqueo económico de Estados Unidos y otros conflictos agotó en extremo a la economía cubana en 2020. El PIB decreció un 11 por ciento. Aunque el gobierno espera crecimientos en el 2021, persisten síntomas de debilidad.
Después de caer abruptamente en 2020, el turismo programa un alza en el año que comienza, pero se mantendría con la mitad de visitantes de sus mejores momentos. Ante la severa contracción del comercio en todos sus espacios, ganó fuerzas la alternativa en moneda libremente convertible, con el 11,3 por ciento de la circulación mercantil y se expandió el comercio electrónico.
Las presiones inflacionarias crean un entorno difícil para el ordenamiento monetario, en marcha desde el primero de enero. La Estrategia de recuperación económica, anunciada en julio debe cobrar impulso con transformaciones cada vez más profundas en el modelo económico cubano.
Coronavirus, turismo y PIB
Cuba recibió en 2020 solo 1,1 millón de visitantes, menos de la cuarta parte de los turistas con que vivía en años anteriores uno de los principales sectores de esta economía.
Con el Sars-Cov-2 se expandieron de manera fulminante desde el Lejano Oriente, por todo el mundo, la Covid-19, una contracción brutal de la economía y los debates de economistas y políticos sobre el origen de la crisis económica. Mientras unos la achacaban de manera directa a la pandemia, otros aludían a debilidades estructurales del sistema visibles desde años anteriores.
Lo cierto es que actividades económicas tan importantes como el comercio y los viajes se vieron obligadas a parar, ante la evidencia de que favorecían la transmisión de una enfermedad en extremo contagiosa y letal. La pandemia se había convertido en realidad apenas unas semanas después de ser noticia como nuevo coronavirus en China.
A Cuba llegó a cuestas de tres turistas italianos el 11 de marzo. Golpeó de inmediato a un sector fundamental de la economía desde hace tres décadas, el turismo. Como único modo de evitar la transmisión desde el exterior, el gobierno cerró los aeropuertos el 24 de marzo y los hoteles se vaciaron justo cuando solían estar llenos.
Otras numerosas instituciones públicas –escuelas y centros de trabajo económicamente prescindibles– también cerraron y se suspendieron los viajes interprovinciales. El rigor de las medidas aumentó de día en día.
En el 2020, Cuba recibió solo a 1,1 millón de turistas, apenas la cuarta parte de los visitantes que se había estabilizado en años anteriores, cuando variaciones de solo un dígito eran motivo de fiesta o de tormento. Expertos como José Luis Rodriguez , estiman los ingresos del sector entre 950 y mil millones de dólares, casi dos tercios menos que en 2019.
Los intentos de recuperar los viajes se han visto frustrados. El primero de julio, el país abrió aeropuertos de cayos turísticos y después en ciudades claves, pero el rebrote de la epidemia, desde noviembre con mayor fuerza, forzó protocolos sanitarios de mayor severidad y limitaciones para viajar.
Detrás del turismo se derrumbaron numerosas actividades y producciones encadenadas a la industria hotelera. El país prácticamente se paralizó entre abril y junio, con una contracción del producto interno bruto (PIB) en ese trimestre del 24,8 por ciento.
El PIB cayó un 11 por ciento en el 2020, pero el ministro de Economía, Alejandro Gil, informó que puede crecer entre un 6 y un 7 por ciento este año.
A pesar de los intentos por encontrar un mejor equilibrio entre las acciones sanitarias frente al coronavirus y las medidas para dar vitalidad a la economía, el 2020 cerró con un 11 por ciento de retroceso del PIB, el peor resultado desde la crisis recesiva de los años 90.
Ninguno de esos síntomas ha desaparecido de la historia clínica cubana al comenzar el 2021, aunque el gobierno confía en que el PIB crezca este año entre un 6 y un 7 por ciento. Son pronósticos en línea con las expectativas internacionales de recuperación y los avances de cuatro modelos de vacunas cubanas contra la Covid-19.
Las primeras operaciones de inmunización podrían comenzar exactamente un año después de cerrar el país puertos y aeropuertos.
Lo cierto es que la habitual temporada alta apunta a escapar este año también con los hoteles prácticamente cerrados. El gobierno pronostica duplicar hasta 2,2 millones la recepción de turistas en 2020, todavía lejos de los cerca de 5 millones de visitantes que había estabilizado antes de la era Covid.
Síntomas anteriores de la crisis
Realmente, la pandemia fue una suerte de mazazo en un organismo económico debilitado antes de aparecer el Sars-Cov-2. Las sanciones que Estados Unidos había adoptado en la segunda mitad de 2019 atacaron áreas económicas vitales: la energía, el turismo y las finanzas.
La administración de Donald Trump (2017- 2021) acosó a navieras de cualquier bandera que trasladaran petróleo venezolano a Cuba y había recrudecido las limitaciones de viajes y remesas a su vecina antillana.
Las colas en las gasolineras en 2019 testificaron una baja del PIB de 0,2 por ciento ese año, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), luego de caer 1,7 por ciento y 2,2 por ciento en el tercer y cuarto trimestres, “bastante poco para la agresión que nos impusieron”, según juzgó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, cuando presentó estos datos al parlamento un año después.
La Administración Trump amplió el régimen de bloqueo de EEUU a Cuba a extremos sin antecedentes, con costos para el país de 5.570 millones de dólares de abril de 2019 a marzo de 2020, superiores en más de 1.100 millones a los del año anterior.
Los costos del bloqueo, que se venían intensificando desde mediados de 2017, escalaron a 5.570 millones de dólares en los doce meses transcurridos hasta marzo de 2020, un 28 por ciento superiores a los del año precedente (4.343,6 millones de dólares), de acuerdo con el informe oficial publicado por Cuba en octubre.
Ni siquiera las tiendas en pesos cubanos convertibles (CUC), que habían resistido otros malos momentos en la economía, escaparon en 2020 al desplome de la oferta.
Como alternativa, el gobierno amplió en julio el comercio en moneda libremente convertible (MLC). Agregó productos de aseo, alimentos y otros bienes, a equipos de consumo duradero como refrigeradores, televisores, aires acondicionados, motos eléctricas y piezas de repuesto de autos que había introducido en octubre del 2019. Es una reedición del recurso para obtener dólares con urgencia que Cuba adoptó por primera vez en medio del Período Especial, en los años 90.
Con esta medida, el gobierno decidió enfrentar la importación irregular de estos artículos por personas naturales, que lo hacían a precios multiplicados ante la desnudez evidente del comercio minorista. A la vez, obtiene divisas para reabastecer este mercado y cubrir otras urgencias del país.
A pesar de las polémicas sociales que genera este comercio, las autoridades lo mantienen abierto y expanden en este 2021, en clara señal de que la iliquidez en moneda dura no amaina.
Defensor de esta alternativa, Gil insistió ante los diputados en diciembre que “de no haber tomado esa medida la situación habría sido más compleja”. Los flujos de ingresos del país se contrajeron en 2020 de manera aguda y generalizada. De acuerdo con el informe anual presentado al cierre del año, el país consiguió solo el 55 por ciento de las divisas que había planificado, con el 60 por ciento de las importaciones.
Otro reporte, de The Economist Intelligence Unit, estima que la balanza de pagos de Cuba podría haberse reducido a 561 millones de dólares en el 2020, de 1.661 millones que consiguió un año antes.
La hora del comercio online
El gobierno amplió en el 2020 el comercio en dólares, creado en 2019 como alternativa ante la contracción de ingresos cubanos en moneda dura. Foto: Jorge Luis Baños/IPS
Las tiendas en CUC tuvieron que cerrar este año, primero, para evitar aglomeraciones públicas y atajar la expansión del coronavirus y segundo, por la contracción de los suministros.
El comercio online, muy poco desarrollado en Cuba, ganó fuerza como alternativa a la pandemia desde abril, alentado tanto por grupos empresariales del Estado como por las formas no estatales activas en el comercio y la gastronomía. La falta de experiencia generó cuellos de botellas y crisis literales en estos servicios, que absorbieron la atención de los medios de prensa durante el primer brote de la Covid-19.
Una de las opciones online más promocionadas, la plataforma Tuenvío.cu, de la Corporación Cimex, admitió atascos por el crecimiento exponencial de la clientela.
A pesar de sus irregularidades y las torturas cotidianas por el desabastecimiento, el comercio online se popularizó. Si los clientes del sistema para pagos electrónicos más popular del país, Transfermóvil, de la Empresa de Telecomunicaciones S.A. (ETECSA), habían escalado hasta medio millón en 2019, en el 2020 se triplicaron hasta 1,5 millones, con 180 millones de operaciones.
La expansión de estos servicios generó presiones lógicas sobre la banca. Las aglomeraciones contra las que se luchaba en las tiendas reaparecieron ante sucursales bancarias. Las personas acudían a abrir cuentas y a sacar o renovar tarjetas magnéticas.
Ante la escasez de oferta de las tiendas virtuales y del comercio en general, las colas persistieron como una de las grietas más preocupantes en el muro de contención ante la pandemia.
Dilema inflacionario
Los agricultores y ganaderos tuvieron uno de sus peores años en 2020.
La circulación mercantil perdió sostén de manera abrupta, tanto por la caída de las importaciones como por el descenso abrupto de un gran número de producciones nacionales, como los alimentos.
Los agricultores y ganaderos tuvieron uno de sus peores años en 2020, con desplomes del 39,6 por ciento en las cosechas de viandas y del 64 por ciento en las hortalizas. Mientras, los molinos entregaron un 47 por ciento menos de arroz y de frijoles, arrasados por una plaga. Solo se cosecharon 9.400 toneladas, apenas un 13 por ciento de la demanda.
La leche entregada a la industria bajó un 38,2 por ciento y la producción de huevos, producción habitualmente resistente, perdió un 24 por ciento.
Una parte grande de las producciones industriales también experimentó descensos fuertes.
La congestión de tantas producciones y actividades de la economía anticipa en el informe de liquidación del Presupuesto del Estado una fuerte baja de la circulación mercantil en el año, tras caer un 4,9 por ciento en 2019.
El escenario monetario se enrareció, al unirse la disminución de la circulación mercantil, con el incremento de gastos del gobierno para hacer frente a la pandemia –más de 1.300 millones de pesos a un destino que no estaba previsto-, afectaciones en los aranceles de aduana y una reforma de salarios a fines del 2019, cuyos efectos se vieron en el 2020.
De acuerdo con un informe preliminar de la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al Parlamento, el déficit presupuestario escaló al 20 por ciento del PIB en 2020, en torno a 20.734 millones de pesos. Ambos datos, contracción de la circulación mercantil y enorme déficit fiscal, generan una fuerte presión inflacionaria, como antecedente particularmente inoportuno para la reforma monetaria y cambiaria en marcha este año.
“El tratamiento de la deuda pública será uno de los temas más complejos que deberá enfrentar el gobierno a partir del 2021, tomando en cuenta –además– la emisión de liquidez que supone la Tarea Ordenamiento para compensar el efecto inflacionario de la devaluación”, opina el economista José Luis Rodríguez, ex ministro cubano de economía y planificación.
Estrategia de recuperación económica
Con la Estrategia de recuperación económica en marcha desde julio, el gobierno se propone igualar condiciones para actores estatales y no estatales de la economía.
Para reflotar la economía en un contexto agravado por la pandemia, las pérdidas vitales del turismo y las sanciones del bloqueo estadounidense, el gobierno cubano presentó en julio una nueva Estrategia económica. Con este paquete de medidas, se propuso acelerar medidas concebidas desde años previos en programas como los Lineamientos de la Economía que habían acordado dos congresos del Partido desde el 2011.
Entre las transformaciones más complejas y que mayor impacto pueden tener sobre el modelo económico cubano se encuentra la eliminación de la asignación centralizada de recursos en la planificación y administración pública. A la par, las autoridades se inclinan hacia mecanismos indirectos para regular el mercado y otorgan a las empresas estatales y a los gobiernos territoriales mayor autonomía para tomar decisiones.
Mientras los pasos hacia una descentralización se visibilizan más en el presente año, otra cambios se aplicaron apenas se hizo pública la Estrategia, como la ampliación de la franja del comercio minorista en moneda libremente convertible. En el 2020 el comercio en dólares ascendió al 11,3 por ciento de la circulación mercantil, recurso polémico al enredar el escenario para el ordenamiento monetario en ciernes.
Para evitar barreras en la afluencia de moneda dura, el Banco Central de Cuba eliminó el 20 de julio el conflictivo gravamen que mantenía sobre el dólar.
Entre sus pasos con mayor repercusión inmediata, la Estrategia ha buscado un igualamiento de la escena económica para actores estatales y no estatales, entre los que se agrupan cooperativas, trabajadores por cuenta propia y empresas privadas –estas últimas actúan de facto mientras aguardan por el reconocimiento de personalidad jurídica prometido por las autoridades.
En el propósito de igualar condiciones, Mercabal, el mercado mayorista que aprovisionaba ya a las cooperativas no agropecuarias, abrió sus puertas en julio a los trabajadores por cuenta propia de la gastronomía, aunque con las limitaciones de abastecimiento propias de la crisis económica. Del suministro a los productores agropecuarios privados se ocupa el Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (GELMA).
El gobierno también flexibilizó las normas de comercio exterior, para permitir las exportaciones e importaciones de agentes no estatales (a través de una treintena de empresas especializadas del Estado. Hasta mediados de enero, durante los primeros cuatro meses de abierta esa opción, productores privados y cooperativas habían firmado 863 contratos: 42 para exportar y 821 para importar equipamiento o materias primas.
Otra medida prevista en la Estrategia de recuperación, la flexibilización de las listas y regulaciones del trabajo por cuenta propia, llegó finalmente en febrero del presente año.
Entre los pasos anunciados en ese camino, queda pendiente la apertura definitiva a las cooperativas no agropecuarias –aceptadas hasta ahora de manera experimental- y la hora de las empresas privadas, que llegarían bajo la sombrilla de una reforma que abra las puertas a las pequeñas y medianas empresas, las Pymes. Como condición, el gobierno había argumentado la necesidad de un ordenamiento monetario que estableciera una sola moneda y, sobre todo, una tasa de cambio única porque las condiciones cambiarias existentes hasta el cierre del 2020 ponían en franca desventaja a las entidades del Estado frente a las formas privadas.
Con la Estrategia en marcha, el gobierno introdujo bonificaciones tributarias y otros incentivos fiscales para estimular las producciones y servicios de actores estatales y no estatales con destino a las exportaciones y la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Pero probablemente las novedades más difíciles y de mayor impacto tengan que ver con el sistema bancario y el despliegue de alternativas de financiamiento, incluido un mercado de deuda pública mediante Letras del Tesoro e innovaciones en las políticas de créditos pensadas para formas no estatales y gobiernos locales. La creación de una banca de fomento agropecuario fue anunciada y está enlazada a otro de los objetivos priorizados por la Estrategia: la producción de alimentos.
Los pasos emprendidos en 2020 para reanimar la agricultura han descentralizado las actividades de acopio y el mercado mayorista, demasiado controlados antes por empresas del Estado. Pero tropiezan ahora con normas de precios que el gobierno ha puesto para viandas, hortalizas y frutas en este 2021, como freno ante presiones inflacionarias multiplicadas por la sequía de la circulación mercantil y los ajustes del ordenamiento monetario.
El fin demorado del 2020
La reforma monetaria que comenzó con el nuevo año -incluye desaparición del peso convertible, unificación de tasas de cambio, y reformas de salarios, precios y subsidios- puede ser una medida que acelere otras transformaciones del modelo económico cubano.
Tres elementos pueden hacer diferente la evolución de la economía cubana en el actual año. Aunque comenzaron a sonar antes de concluir el 2020, sus efectos deben confirmarse solo bien entrado el 2021: la recuperación de sectores clave como el turismo, si finalmente la vacunación contra la Covid-19 alivia las presiones sobre los viajes y otras actividades; las expectativas de que el gobierno de JoeBiden atenúe el cariz agresivo del bloqueo económico de EEUU a Cuba; y el ordenamiento monetario, quizás el programa de transformaciones económicas más complejo emprendido por Cuba desde 1959.
El escenario, de cualquier manera, resulta difícil en extremo, después del grave debilitamiento del año 2020, con la suma de un déficit fiscal muy elevado, la caída de exportaciones e importaciones, la contracción severa de la circulación mercantil y la acumulación de peligrosas presiones inflacionarias. Pero la coyuntura apunta a ser también la oportunidad para el giro transformador más profundo en el modelo económico del socialismo cubano. (2021).
La corriente principal en economía pugna a favor del “mercado” y en contra del “Estado”, lo que forma parte de un discurso ideológico que enaltece uno de los términos y denigra el otro. Siempre sostuvimos que ambas categorías constituyen relaciones sociales y, por ende, en cada caso siempre existen beneficiarios y perjudicados. El “mercado” supone vendedores y compradores. Aquellos pretenden el máximo precio en la relación de intercambio y, éstos, el menor precio posible. La relación de intercambio es contradictoria, por lo tanto, dejar actuar al “mercado” supone definir a favor del mejor posicionado en la relación bilateral. Ocurre lo mismo con la “intervención estatal”. Durante el gobierno Macri (2015-2019), se actualizaron las tarifas a valores exorbitantes, favoreciendo la demanda de ingresos de las empresas que gestionan los servicios públicos privatizados. Cuando el Estado define actualizaciones de jubilados y jubiladas y por debajo de la inflación, favorece el ajuste público demandado por el poder.
La política pública no es autónoma de beneficiarios y perjudicados. Por eso es que debemos discutir la orientación hacia el “mercado” o hacia el “estado” desde el punto de vista de quienes se benefician y quienes se perjudican. Por las dudas insistiremos en que aludimos al “mercado” y al “estado” en el capitalismo, por lo que no resulta difícil deducir que se trata de orientaciones en favor de la lógica del capital, que privilegia la ganancia y la acumulación. No solo se trata de lo que ocurre en el país, sino que es un tema generalizado a escala mundial, incluso en la capacidad de acción de los propios Estados nacionales. Un informe de la ONU de comienzos del 2021 señala:
“El gasto en medidas de estímulo por habitante en los países desarrollados ha sido casi 580 veces mayor que en los países menos desarrollados, a pesar de que los ingresos medios per cápita de los países desarrollados sea solo 30 veces mayor que en los países menos desarrollados.” A continuación, agrega: “Además, la financiación de estas medidas de estímulo ha implicado el mayor préstamo que se ha solicitado en tiempos de paz, lo que ha aumentado la deuda global un 15 %. Este aumento masivo de la deuda supondrá una carga excesiva para las generaciones futuras…” [1]
Son dos cuestiones de gran interés. La primera, es que más allá del discurso relativo a la no intervención estatal, los principales países del capitalismo mundial tienen una capacidad de intervención muy superior a los países menos desarrollados e intervinieron para “salvaguardar” los intereses del capital. La otra cuestión alude al endeudamiento y la “carga fiscal” en los próximos años, lo que supone perspectivas de ajuste fiscal en perjuicio del gasto social. Es más, en el mismo informe se dice:
“…el devastador impacto socioeconómico causado por la pandemia de la COVID-19 será tangible durante muchos años, a menos que se lleven a cabo inversiones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la resiliencia climática”.
La cita interesa para pensar y discutir quien define esas inversiones, sus destinos y los beneficiarios, algo muy discutible si vemos el deterioro resultante sobre la mayoría social empobrecida en las últimas décadas de liberalización económica, la que está asociada a la ortodoxia de la corriente principal en el pensamiento económico. Vale insistir en que el Estado con su política define el volumen del gasto y su orientación, pero también el sentido de las inversiones y, por ende, a quien beneficiar, e incluso, en desmedro de quien. Una cuestión especial a discutir deviene del apoyo de la política monetaria y fiscal de los principales países capitalistas, las que actúan en defensa del mercado financiero y la especulación. Al respecto, en el FMI se sostiene que:
“a pesar de la persistente incertidumbre en torno a las perspectivas económicas, parece que los inversionistas mantienen su confianza en las perspectivas de crecimiento para 2021, defendiendo que el mantenimiento de las políticas de apoyo compensará cualquier posible desengaño a corto plazo. La desconexión entre los mercados financieros y la economía, de la cual tanto se ha hablado, persiste. A pesar del reciente incremento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos, los participantes en el mercado se remiten a las expectativas de tasas muy reducidas en los próximos años y las revisiones al alza de las previsiones de beneficios después de que se anunciasen las vacunas para justificar el repunte de los mercados”.[2]
Parece increíble, pero es real, en el marco de las incertidumbres sanitarias y económicas y sus impactos regresivos en pobreza, desempleo y caída de los ingresos populares, los inversionistas especulativos confían en que las políticas públicas sostendrán sus expectativas de ganancias. Es que la concreta intervención estatal de este tiempo sostiene y promueve la dinámica actual del capitalismo en el aliento al capital ficticio y su lógica especulativa.
El Estado siempre interviene y lo que interesa es discutir a favor de quien, por lo que debe poner en debate el carácter del Estado. En ese sentido venimos insistiendo en construir fuerza política ampliamente sustentada para desarrollar un “estado de transición”, desde la sociedad actual a otra donde el beneficio sea para la mayoría hoy perjudicada. Eso es el anticapitalismo, ya que la lógica ahora imperante, más allá de cualquier discurso en a favor del orden capitalista. No alcanza con discursos. Lo que hace falta es modificar la correlación de fuerzas en lo político, cultural y social para avanzar en un consenso social para la transición del capitalismo a una sociedad en beneficio de las mayorías empobrecidas. Esa transición debe partir por una tendencia a la des-mercantilización y a la satisfacción de los derechos sociales, de alimentación, educación, salud, entre muchos que hacen a la vida cotidiana en nuestro tiempo.
No se trata del Estado contra el Mercado, sino de otro Estado para otras relaciones sociales, incluso mercantiles, sustentadas en la solidaridad y la cooperación para la satisfacción de los derechos sociales y en un marco de respeto al orden natural.
Los gestores creen llegado el momento de ser selectivos tras el rally bursátil y ante algunos planes faraónicos de inversión que quizá queden incompletos
La energía renovable es el futuro y ya ha comenzado la acelerada cuenta atrás hacia un mundo neutro en emisiones de carbono. La UE se ha comprometido a lograrlo en 2050. El crecimiento exponencial que registrará la energía renovable está servido, en un mundo que además necesitará más electricidad, la que demandará el desarrollo de fenómenos tecnológicos como el big data o el coche eléctrico. La inversión en energía renovable está, por tanto, en plena ebullición.
En el inicio de 2021 han aparecido, sin embargo, algunas llamadas a la cautela. Después de los repuntes bursátiles, han llegado las correcciones: el índice S&P Global Clean Energy Index, que trepó el 138% en 2020, retrocede este año el 16%. Y los expertos consideran que, ante el festín renovable, es momento de separar la paja del trigo, ante la perspectiva de que puede que no lleguen a desarrollarse todos los megavatios previstos y de que no todos los planes faraónicos de inversión que están presentando las compañías lleguen a buen puerto.
El futuro de la energía verde es en todo caso incontestable y ha disparado el interés inversor. “España es un mercado de renovables puntero. Sus niveles de rentabilidad son mayores para el inversor en renovables que en otros países de Europa”, añade Diego Aguinaga, director de banca corporativa y de inversión de BNP Paribas. El mercado español prevé una oleada de salidas a Bolsa de renovables para los próximos meses y se suceden de forma incesante las compras de plantas solares y eólicas.
La liquidez en busca de inversión sostenible es gigantesca pero, como apuntan desde Goldman Sachs, “puede que sea momento para ser más selectivos. En los últimos dos años, comprar compañías de energía renovable había sido suficiente para batir al mercado”. En Julius Baer también han adoptado una visión más prudente sobre las renovables, que creen incluso que podrían sufrir una bofetada de realidad con la creciente competencia que vive el sector. Y desde Trea AM aseguran que “la reciente corrección apunta a que las valoraciones habían llegado a niveles excesivamente optimistas”. Es más, advierten que “en España hay más oferta en busca de permisos de interconexión que la que contempla el Plan Nacional de Energía y Clima. Muchos de esos megavatios no se desarrollarán”.
El futuro de la energía verde es incontestable. Las energéticas diversificadas y con sólido balance y posición de caja parten como ganadoras
La subasta de eólica marina realizada en el Reino Unido en febrero ha sido una llamada de atención. Las petroleras BP y Total se hicieron con el 60% a un precio muy superior a lo previsible. “Las petroleras están un tanto desesperadas. Están haciendo ofertas muy agresivas en las subastas, que supone llevar la rentabilidad del proyecto a la baja”, señala Aránzazu Bueno, analista de energía de Bankinter. En su opinión, las compañías mejor posicionadas para capitalizar el crecimiento de la energía renovable de manera rentable serán aquellas con diversificación geográfica y más integradas, con su propia red de clientes a los que vender electricidad en contratos a largo plazo. Una posición en la que cree destaca Iberdrola.
Goldman Sachs, sin desmerecer a Iberdrola, tiene entre sus favoritas de la transición energética a RWE, EDP o Enel. El banco estadounidense cree que, en la búsqueda de los ganadores del boom renovable, tendrán ventaja las compañías con diversificación tecnológica (actividad offshore, onshore y solar) capaz de hacer frente a la competencia de las petroleras en su transformación verde; con diversificación geográfica, que permita rebajar exposición a subastas cada vez más competitivas para obtener potencia, y con un sólido balance y posición de caja. Habrá que ser selectivos, aunque lo renovable es el negocio del futuro. Goldman, de hecho, calcula que la demanda de electricidad en Europa crecerá hasta 2050 un 200%. Todo un revulsivo para una industria en la que apenas ha subido el consumo en la última década.
La transición energética recibirá también un fuerte impulso con el fondo europeo Next Generation. Será clave para el desarrollo de tecnologías prometedoras pero ahora poco rentables, como el almacenamiento de energía y la producción de hidrógeno, “muy importantes para poder aprovechar la energía sobrante en las horas de máxima producción renovable en las que no haya suficiente demanda eléctrica”, explica Alberto Martín, responsable de energía y recursos naturales de KPMG en España.
De hecho, más allá de las renovables, la transición energética movilizará recursos no solo en activos solares o eólicos, sino en el área de redes o baterías. Los fondos de inversión pueden ser una buena baza para apostar por la transición energética con una visión más global, señala Bueno, quien cita al fondo RobecoSAM Smart Energy y al BGF Sustainable Energy.
Mural que recuerda la necesidad de llevar mascarilla en Los Ángeles.AL SEIB / LOS ANGELES TIMES VIA GETTY IMAG
Orinar en público es ilegal en Estados Unidos. Supongo que a pocos lectores les sorprenderá saberlo; supongo también que muchos de esos lectores se preguntarán por qué siento la necesidad de plantear este tema de mal gusto. Pero sean pacientes conmigo: la cosa tiene su moraleja, y es una moraleja con consecuencias preocupantes para el futuro de nuestro país. Aunque las demos por supuestas, estas restricciones, a veces, pueden resultar incómodas, como podrá atestiguar cualquiera que ande de un lado para otro después de tomarse demasiadas tazas de café. Pero se trata de una incomodidad trivial, y los argumentos para imponer esas normas son convincentes, tanto en lo que respecta a la protección de la salud como para no ofender a los demás ciudadanos. Y que yo sepa, no hay activistas políticos airados, y mucho menos manifestantes armados, que exijan el derecho a hacer sus necesidades donde les plazca.
Y eso me lleva a mi verdadero tema: la exigencia de llevar mascarilla en una pandemia. Llevar mascarilla en público, como aguantarse el pis unos minutos, es ligeramente incómodo, pero no supone una gran carga. Y el argumento a favor de imponer esa leve carga en una pandemia es abrumador. Las variantes del coronavirus que causan covid-19 se esparcen en gran medida a través de las gotículas transportadas por el aire, y llevar mascarilla reduce drásticamente la expansión de las variantes.
De modo que no llevar mascarilla es un acto de peligrosidad temeraria, no tanto para uno mismo —aunque las mascarillas parecen proporcionar cierta protección a quien las lleva— como para los demás. Cubrirnos el rostro mientras dure la pandemia parecería un simple acto de buena ciudadanía, por no hablar de decencia humana básica. Pero Texas y Misisipi acaban de derogar la obligatoriedad de la mascarilla en todo el Estado.
El presidente Biden ha criticado estas medidas, y ha acusado a los líderes republicanos de estos Estados de tener un “pensamiento neandertal”. Pero probablemente esté siendo injusto… con los neandertales. No sabemos mucho de nuestros parientes homínidos extintos, pero no hay razón para creer que su escena política, si es que la tenían, estuviera dominada por la mezcla de desprecio y mezquindad que ahora rige en el conservadurismo estadounidense.
Empecemos con las realidades objetivas. Hemos avanzado mucho contra la pandemia en los dos últimos meses. Pero el peligro no está ni mucho menos superado. Sigue habiendo muchos más estadounidenses hospitalizados por covid-19 que, pongamos por caso, el pasado junio, cuando muchos Estados se apresuraban en la desescalada y Mike Pence, entonces vicepresidente, nos aseguraba que no habría segunda ola. Unos 400.000 fallecimientos después, sabemos cómo salió aquello.
Es cierto que ahora vemos luz al final del túnel: el desarrollo de vacunas ha sido milagrosamente rápido, y el ritmo de vacunación se está acelerando. Pero estas buenas noticias deberían hacernos estar más dispuestos, no menos, a soportar los inconvenientes ahora: en este momento hablamos solo de unos meses más de vigilancia, no de un esfuerzo sin final a la vista. Y mantener bajo el número de infecciones en los próximos meses ayudará también a descartar una pesadilla epidemiológica en potencia, en la que evolucionan nuevas variantes resistentes a las vacunas antes de que hayamos podido controlar las existentes.
¿Qué motiva entonces la prisa por eliminar la mascarilla? No es la economía. Como ya he dicho, los costes de llevar mascarilla son insignificantes. Y las nociones básicas de economía nos dicen que las personas deberían tener incentivos para tener en cuenta los costes que les imponen a otras; si exponer potencialmente a aquellos con quienes te reúnes a contagiarse de una enfermedad mortal no es una “externalidad”, no sé qué puede considerarse como tal. Además, un resurgimiento de la pandemia perjudicará más al crecimiento y a la creación de empleo, en Texas y en cualquier otra parte, que casi cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir.
Naturalmente, sabemos lo que esto es en realidad: política. Negarse a llevar mascarilla se ha convertido en una insignia de identidad política, una declaración a rostro descubierto de que la persona en cuestión rechaza valores progresistas como la responsabilidad cívica o la fe en la ciencia. (Antes esos no eran valores progresistas, pero sí lo son en el Estados Unidos de 2021).
Esta versión médica de la política identitaria parece arrasar con todo, incluida la creencia en los derechos sagrados de los propietarios de bienes inmuebles. Cuando los organizadores del Congreso sobre Acción Política Conservadora pidieron a los asistentes que usaran mascarilla —no como cuestión política, sino para cumplir las normas del hotel en el que se celebraba el encuentro— fueron recibidos con abucheos y gritos de “¡Libertad!”. ¿Grita la gente exigiendo sus derechos cuando ven establecimientos con carteles que declaran “No servimos a clientes sin zapatos o sin camisa”?
Pero podría decirse que no debería sorprendernos. A los conservadores no parece importarles nada, excepto la política identitaria, a menudo expresada en las cuestiones más nimias. Los demócratas parecen a punto de aprobar un enorme paquete de ayudas que materializa muchas de las prioridades políticas progresistas. Pero la respuesta republicana ha sido de una intensidad notablemente baja, y los medios de comunicación de derechas están obsesionados con la supuesta trama (falsa) para convertir al Sr. Patata en un juguete de género neutro.
Por desgracia, la política identitaria puede hacer mucho daño cuando impide afrontar problemas reales. No sé cuántas personas morirán innecesariamente porque el gobernador de Texas ha decidido que menospreciar la ciencia y acabar con la obligatoriedad de llevar mascarilla es una buena forma de humillar a los progresistas. Pero la cifra no se quedará en cero.
Detrás de algunas de nuestras limitaciones y escaseces, muchísimas veces se enmascaran las acciones inescrupulosas de especuladores y oportunistas que esconden y acaparan las mercancías, para luego medrar con ellas a costa del bolsillo del pueblo
Lo más común resultó la desinformación al pueblo, el hecho de no tener el listado de precios, el engaño a los consumidores, las alteraciones del valor de las mercancías, la mala aplicación de las normas de consumo y los precios abusivos y/o especulativos. Foto:Ricardo López Hevia
Santa Clara.–Detrás de algunas de nuestras limitaciones y escaseces, muchísimas veces se enmascaran las acciones inescrupulosas de especuladores y oportunistas que esconden y acaparan las mercancías, para luego medrar con ellas a costa del bolsillo del pueblo.
Así lo demuestran las más de 5 500 inspecciones desarrolladas durante los dos primeros meses del año por el cuerpo de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión de Villa Clara (DIS), las que ponen en evidencia el actuar inescrupuloso de algunas personas, además del descontrol y la desidia de determinadas administraciones, las que se hacen de la «vista gorda» ante los negligentes, en una manifestación de complicidad.
Si no, ¿cómo entender que en una tienda de Artex de Camajuaní, estuvieran retenidas 500 cajetillas de cigarros Popular de 21 pesos y H. Upman de 24,50 pesos, mientras los clientes carecían del producto?; ¿o que en Caibarién, una cooperativa de créditos y servicios aplicara un precio abusivo al ají pimiento, al venderlo a 25 pesos la libra, cuando lo estipulado es a seis pesos?
Como esos, sobran los ejemplos de transgresiones de ese tipo, según relata Irail Trujillo, director de la DIS en el territorio, quien reconoce cómo todavía las medidas aplicadas ante los violadores resultan pálidas y no se corresponden con la gravedad de los hechos, ni con el papel educativo que deben tener.
Menciona que de las 656 respuestas recibidas de los organismos a partir de las medidas disciplinarias adoptadas con los infractores, solo 38 han sido separaciones, seis demociones del cargo, 295 amonestaciones y 317 se clasifican como leves, o incluso, en varios casos se acordó no sancionar.
Significativa, en estos dos meses, ha sido la participación ciudadana en este enfrentamiento, de lo cual dan fe las 191 quejas y/o denuncias de la población, de las que 151 fueron declaradas con razón.
Gracias a esa colaboración, en las verificaciones realizadas a los mercados agropecuarios estatales, puntos de venta, unidades del comercio, la gastronomía y los servicios, panaderías, farmacias, tiendas de las cadenas TRD, Cimex y Caracol, instalaciones del turismo y trabajadores por cuenta propia, entre otras, fueron aplicadas 5 413 contravenciones personales.
Lo más común, según Irail Trujillo, resultó la desinformación al pueblo, el hecho de no tener el listado de precios, el engaño a los consumidores, las alteraciones del valor de las mercancías, la mala aplicación de las normas de consumo y los precios abusivos y/o especulativos, entre otras violaciones, con destaque, en este último acápite, para los trabajadores por cuenta propia en las actividades de carretilleros y transportistas, además de los ilegales y determinadas formas productivas.
En el enfrentamiento a los transgresores que afectan el bienestar del pueblo, en ese lapso de dos meses, el importe total de las multas asciende a 3 127 045 pesos, y fueron retiradas cuatro autorizaciones comerciales a entidades estatales, 99 licencias para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y se efectuaron 19 decomisos.
Comentario HHC: Combatir la ilegalidad, todos lo apoyamos. Pero es evidente que reprimir la inflación, es un camino temporal y cortoplacista de parcial efecto, que además no se podrá evitar que se manifieste a través del mercado negro, que es nuestra "bolsa de valores". Pero hay solución para esto.
El incremento de la oferta, léase producción de bienes y servicios, es la fórmula ganadora, la que satisface las necesidades y hace bajar los precios. Es lo que debemos estimular por todos los medios.
En la actual coyuntura de ordenamiento, muchas empresas agrícolas se les ha afectado sus utilidades, por incrementos de los precios de sus diferentes partidas de costos, como combustible, agua, salarios etc, lo que llevaría a recalcular tres cosas: 1- el nuevo punto de equilibrio de dichas empresas en materia de ingresos con los nuevos costos. 2- El nivel de producción ( físico) que se deberían alcanzar como mínimo, a los precios establecidos, en las actuales condiciones para alcanzar dicho ingreso, para empezar. 3- Evaluar la factibilidad en las actuales condiciones ( todos los factores productivos y de mercado) de lograrlo, y qué medidas correctoras habría que implementar en caso de que no se lograra, ya sea por la vía de gestión de mas ingresos, como de reducción de costos y gastos, y si además son posibles de implementar desde el punto de vista práctico y legislativo.
Esto es lo mas elemental que se debe analizar. Habría que evaluar escenarios para tomar las mejores decisiones y solo entonces podrían determinarse los precios, y qué es y que no, especulación. Cada empresa debe confeccionar "su traje a la medida".
Lo otro es voluntarismo puro y duro que lejos de beneficiar a la economía, la perjudica.--
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