Aquí Yves. Debo confesar que suelo ignorar las noticias y las promesas políticas sobre la interminable guerra contra las drogas de Estados Unidos. Parece ser una forma predilecta de desviar fondos a operaciones turbias en el extranjero mientras se hace alarde en casa. Sin embargo, nuestra actual y atroz fase, en la que la utilizamos como pretexto para un cambio de régimen en Venezuela y transmitimos asesinatos extrajudiciales, demuestra que las diferencias de grado son diferencias de naturaleza.
Y la historia que sigue demuestra que esta campaña para atribuir la adicción en EE. UU. a villanos externos está plagada de giros inesperados, contradicciones y episodios turbios. Pero en realidad hay motivos para actuar, aunque lo que EE. UU. esté haciendo no sea precisamente eso:
El gráfico original de World Population Review es interactivo, por lo que puede desplazarse sobre cada país para ver su total por cada 100.000 habitantes .
Un segundo punto que vale la pena añadir (el autor parece darlo por sentado) es que atacar el suministro extranjero no reducirá el consumo interno de drogas. Como señaló el exembajador Chas Freeman, los dos casos exitosos de erradicación de la drogadicción a gran escala, ambos relacionados con los opiáceos (en China durante las Guerras del Opio y en Estados Unidos después de la Guerra Civil), implicaron la detención de los adictos y su desintoxicación forzada, además de la lucha contra las redes de suministro internas. Por supuesto, esto es imposible en nuestro mundo neoliberal actual. Tendríamos que alojarlos y alimentarlos hasta que se rehabilitaran. Y con empleos mucho más especializados que hace tan solo un par de generaciones, y con la comprensible recelo de los empleadores hacia los exadictos, ¿cómo podrían encontrar trabajo? Esto no significa que problemas como este no tengan solución, pero requeriría un nivel de servicios sociales que Estados Unidos simplemente no ofrece a ninguna escala.
Por Greg Grandin. Publicado originalmente en TomDispatch.
Hoy, Donald Trump preside su propia organización, Murder Incorporated, más que un gobierno, un escuadrón de la muerte.
Muchos restaron importancia a su proclamación, al inicio de su segundo mandato, de que el Golfo de México se llamaría en adelante Golfo de América, considerándola una demostración de poder insensata, aunque inofensiva. Sin embargo, ahora ha provocado una masacre en el adyacente Mar Caribe. El Pentágono ha destruido hasta el momento 18 lanchas rápidas allí y en el Océano Pacífico. No se han presentado pruebas ni cargos que sugieran que esas embarcaciones traficaban drogas, como se afirma. La Casa Blanca simplemente ha continuado publicando videos de vigilancia aérea (vídeos snuff, en realidad) de una embarcación objetivo. Un destello de luz y desaparece, junto con las personas que transportaba, ya sean narcotraficantes, pescadores o migrantes. Hasta donde sabemos, al menos 64 personas ya han muerto en ataques similares.
El ritmo de ataques se está acelerando. A principios de septiembre, Estados Unidos atacaba un barco cada ocho o diez días. A principios de octubre, uno cada dos días. Durante un tiempo, a partir de mediados de octubre, los ataques fueron diarios, incluyendo cuatro solo el 27 de octubre. Al parecer, la sed de sangre es insaciable.
Y la zona de riesgo se ha ido expandiendo desde las aguas caribeñas frente a Venezuela hasta las costas colombianas y peruanas en el océano Pacífico.
Muchos motivos podrían explicar la compulsión de Trump por asesinar. Quizás disfruta de la emoción y la adrenalina del poder que conlleva dar órdenes de ejecución, o tal vez él (y el secretario de Estado Marco Rubio) esperan provocar una guerra con Venezuela. Quizás considera los ataques como distracciones útiles de la delincuencia y la corrupción que definen su presidencia. El asesinato a sangre fría de latinoamericanos también resulta atractivo para las bases vengativas de Trump, instigadas por activistas culturales como el vicepresidente JD Vance para culpar a la élite de la crisis de los opioides, que afecta desproporcionadamente a la base rural blanca del Partido Republicano, a una supuesta “traición”.
Los asesinatos, que Trump insiste en que forman parte de una guerra más amplia contra los cárteles y traficantes de la droga, son horribles. Ponen de manifiesto la crueldad insensible de Vance. El vicepresidente ha bromeado sobre asesinar pescadores y ha afirmado que le da igual si los asesinatos son legales. En cuanto a Trump, ha restado importancia a la necesidad de autorización del Congreso para destruir lanchas rápidas o atacar Venezuela, diciendo : «Creo que simplemente vamos a matar gente. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos. Van a estar, pues, muertos».
Pero, como ocurre con tantas cosas relacionadas con Trump, es importante recordar que no podría hacer lo que hace si no fuera por las políticas e instituciones instauradas por demasiados de sus predecesores. Sus atrocidades tienen un largo historial. De hecho, Donald Trump no está tanto intensificando la guerra contra las drogas como intensificando su propia escalada.
Lo que sigue es una breve historia de cómo llegamos a un momento en que un presidente podía ordenar el asesinato en serie de civiles, compartir públicamente videos de los crímenes y descubrir que la respuesta de demasiados periodistas, políticos ( Rand Paul fue una excepción) y abogados fue poco más que un encogimiento de hombros, cuando no, en algunos casos, un estímulo .
Breve historia de la guerra más larga
Richard Nixon (1969-1974) fue nuestro primer presidente en la guerra contra las drogas.
El 17 de junio de 1971, en plena guerra de Vietnam, anunció una “nueva ofensiva total” contra las drogas. Nixon no utilizó la expresión “guerra contra las drogas”. Sin embargo, en menos de 48 horas, numerosos periódicos de todo el país ya la habían empleado, lo que sugiere que el personal de la Casa Blanca había filtrado esta expresión militarizada a sus periodistas.
La petición de Nixon de lanzar una ofensiva antidrogas fue una respuesta directa a un artículo explosivo publicado un mes antes en el New York Times, titulado “Epidemia de adicción a la heroína entre los soldados estadounidenses en Vietnam”. Decenas de miles de soldados estadounidenses eran adictos, y algunas unidades informaron que más del 50% de sus hombres consumían heroína.
En las ruedas de prensa, a Nixon se le preguntaba ahora no solo cuándo y cómo planeaba poner fin a la guerra de Vietnam, sino también si los militares consumidores de drogas serían enviados a rehabilitación o castigados. ¿Qué iba a hacer con los soldados que regresaban de Vietnam con adicción a la heroína?, preguntó un periodista.
Lo que hizo fue lanzar lo que hoy podríamos considerar como el segundo acto de Vietnam, una expansión global de las operaciones militares, centrada esta vez no en los comunistas, sino en la marihuana y la heroína.
En 1973, poco después de que el último soldado estadounidense abandonara Vietnam del Sur, Nixon creó la Agencia Antidrogas (DEA). Su primera gran operación en México guardaba un parecido inquietante con la de Vietnam. A partir de 1975, agentes estadounidenses se adentraron en el norte de México, uniéndose a la policía y las fuerzas militares locales para llevar a cabo redadas militares y fumigaciones aéreas. Un informe la describió como una campaña de terror caracterizada por asesinatos extrajudiciales y torturas contra productores rurales de marihuana y opio, en su mayoría campesinos pobres. La campaña trató a todos los aldeanos como si fueran el “enemigo interno”. Bajo la fachada de la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas de seguridad mexicanas, con información de inteligencia proporcionada por la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), reprimieron con saña a los activistas campesinos y estudiantiles. Como escribió la historiadora Adela Cedillo , en lugar de limitar la producción de drogas, esta campaña condujo a su concentración en unas pocas organizaciones paramilitares jerárquicamente estructuradas que, a finales de la década de 1970, pasaron a conocerse como “cárteles”.
Así pues, el primer frente de batalla totalmente militarizado en la guerra contra las drogas contribuyó a crear los cárteles contra los que lucha ahora la actual versión de la guerra contra las drogas.
Gerald Ford (1974-1977) respondió a la presión del Congreso —en particular del congresista demócrata neoyorquino Charles Rangel— comprometiéndose con una estrategia centrada en la oferta, atacando la producción de drogas en su origen (en lugar de intentar reducir la demanda interna). Si bien los países del sudeste asiático, junto con Afganistán, Pakistán e Irán, habían sido importantes proveedores de heroína para Estados Unidos, México, tradicionalmente productor de marihuana, había comenzado a cultivar amapola para satisfacer la demanda de los veteranos de Vietnam adictos a la heroína. Para 1975, México suministraba más del 85% de la heroína que ingresaba a Estados Unidos. «La situación en México no es buena», le comunicó un asesor de la Casa Blanca a Ford antes de reunirse con Rangel.
Ford incrementó las operaciones de la DEA en Latinoamérica.
Jimmy Carter (1977-1981) apoyó la despenalización del cannabis para uso personal y, en sus discursos y declaraciones, hizo hincapié en el tratamiento en lugar del castigo. Sin embargo, en el extranjero, la DEA continuó expandiendo sus operaciones (pronto contaría con 25 oficinas en 16 países de América Latina y el Caribe).
Ronald Reagan (1981-1989) gobernó en una época en la que la política de drogas tomaría un rumbo surrealista, reforzando los vínculos entre la política de derecha y las drogas ilícitas.
Pero retrocedamos un poco. La convergencia entre la política de derecha y las drogas comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial cuando, según el historiador Alfred McCoy, la inteligencia estadounidense en Italia empezó a depender del creciente «sindicato internacional del narcotráfico» del jefe criminal Lucky Luciano, que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Caribe y desde Estambul hasta La Habana, para llevar a cabo operaciones anticomunistas encubiertas. Luego, en 1959, tras la Revolución cubana que acabó con el lucrativo narcotráfico en la isla, los traficantes se trasladaron a otros lugares de Latinoamérica o a Estados Unidos, donde también se unieron a la causa anticomunista.
La CIA utilizó entonces a esos exiliados mafiosos en operaciones destinadas a desestabilizar el gobierno cubano de Fidel Castro y debilitar el movimiento pacifista interno. Al mismo tiempo, la CIA operaba su propia aerolínea, Air America, en el sudeste asiático, la cual traficaba opio y heroína para financiar la guerra secreta de la agencia en Laos. Y el FBI, tristemente célebre por utilizar el pretexto de la lucha contra el narcotráfico para « exponer, desarticular, desviar, desacreditar o neutralizar » a disidentes políticos, incluidos los Panteras Negras. Colaboraron, por ejemplo, con la policía local de Buffalo, Nueva York, para incriminar falsamente al activista afroamericano Martin Sostre, quien regentaba una librería convertida en el centro de la política radical negra de la ciudad, acusándolo falsamente de vender heroína.
La creación de la DEA por parte de Nixon consolidó estas alianzas, ya que sus agentes colaboraron estrechamente tanto con el FBI en Estados Unidos como con la CIA en Latinoamérica. Cuando, tras la derrota en la guerra de Vietnam, el Congreso intentó limitar el poder de la CIA, sus agentes utilizaron la extensa red internacional de la DEA para continuar sus operaciones encubiertas.
Para cuando Reagan asumió la presidencia, la producción de cocaína en la región andina de Latinoamérica estaba en pleno auge, con una dinámica particularmente curiosa: la CIA colaboraba con gobiernos represivos de derecha involucrados en la producción de coca, mientras que la DEA trabajaba con esos mismos gobiernos para reprimirla. Esta dinámica quedó perfectamente evidenciada ya en 1971 en Bolivia, cuando la CIA ayudó a derrocar a un gobierno de tendencia izquierdista en el primero de una serie de lo que se conoció como " golpes de estado de la cocaína ". Los " coroneles de la cocaína " bolivianos aceptaron entonces todo el dinero que Washington estaba dispuesto a ofrecer para financiar su versión de la guerra contra las drogas, al tiempo que facilitaban la producción de cocaína para la exportación . El presidente Carter suspendió la financiación para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia en 1980. Reagan la restableció en 1983.
El ascenso del dictador chileno, el general Augusto Pinochet, siguió la misma dinámica. Pinochet justificó en parte su golpe de Estado de 1973, facilitado por la CIA, contra el presidente socialista Salvador Allende, como un frente en la guerra contra las drogas de Nixon . En estrecha colaboración con la DEA , el general torturó y asesinó a narcotraficantes y activistas políticos como parte de la ola de represión posterior al golpe. Mientras tanto, los aliados de Pinochet comenzaron a traficar drogas con impunidad , y su familia amasó millones exportando cocaína a Europa (con la ayuda de agentes de sus tristemente célebres fuerzas de seguridad).
Una vez en el cargo, Reagan intensificó la guerra contra las drogas, al igual que lo hizo con la Guerra Fría, y el vínculo entre la cocaína y la política de derecha se estrechó. El cartel de Medellín donó millones de dólares a la campaña de Reagan contra el gobierno sandinista de izquierda de Nicaragua. Los lazos eran turbios y conspirativos, parte de lo que McCoy denominó el "mundo clandestino", por lo que es fácil perderse en la madriguera del Estado profundo al intentar rastrearlos, pero se pueden encontrar detalles en los reportajes de Gary Webb , Robert Parry , Leslie Cockburn , Bill Moyers , John Kerry y el programa 60 Minutes de CBS , entre otros .
George H.W. Bush (1989-1993) empleó una táctica muy similar a la de Trump para justificar ante el público la necesidad de intensificar la guerra contra las drogas. Ordenó a la DEA que se dirigiera a la zona más pobre de Washington D.C. para tenderle una trampa a Keith Jackson, un traficante afroamericano de poca monta, pagándole para que viajara a la Casa Blanca y vendiera a un agente encubierto tres onzas de crack. Posteriormente, Bush mostró la droga en televisión nacional para ilustrar la facilidad con la que se podían comprar narcóticos. Jackson, un estudiante de último año de secundaria, pasó ocho años en prisión para que Bush pudiera hacer un espectáculo televisivo.
El presidente incrementó entonces la financiación de la guerra contra las drogas, expandiendo las operaciones militares y de inteligencia en los Andes y el Caribe. Fueron los años de Miami Vice, cuando los esfuerzos por reprimir el contrabando de cocaína hacia Florida solo lograron desviar las rutas de transporte por tierra a través de Centroamérica y México. La contribución más emblemática de Bush a la guerra contra las drogas fue la Operación Causa Justa , en la que, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín a finales de 1989, envió 30.000 marines a Panamá para arrestar al autócrata Manuel Noriega por cargos de narcotráfico. Noriega había sido un activo de la CIA cuando Bush era director de dicha agencia. Pero con el fin de la Guerra Fría, ya no era útil.
Bill Clinton (1993-2001) intensificó las políticas de mano dura contra las drogas de su predecesor republicano. Mantuvo las penas mínimas obligatorias y aumentó el número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas.
En su último año de mandato, Clinton presentó el Plan Colombia, que destinaba miles de millones de dólares adicionales a la lucha contra el narcotráfico, pero con un giro: la privatización. Washington otorgó contratos a empresas privadas para realizar operaciones de campo. DynCorp proporcionó pilotos, aviones y productos químicos para la erradicación aérea de drogas (con terribles consecuencias ambientales) y colaboró estrechamente con el ejército colombiano. Oakley Networks, una empresa emergente de ciberseguridad ahora parte de Raytheon, también recibió fondos del Plan Colombia para proporcionar software de vigilancia en internet a la Policía Nacional de Colombia, que utilizó la tecnología para espiar a activistas de derechos humanos.
El Plan Colombia provocó la muerte de cientos de miles de civiles y una devastación ecológica generalizada. ¿El resultado? Las estimaciones varían, pero se cree que actualmente se dedica aproximadamente el doble de tierra colombiana al cultivo de coca que al inicio del Plan Colombia en el año 2000, y la producción de cocaína se ha duplicado.
George W. Bush (2001-2009) intensificó nuevamente la guerra contra las drogas, aumentando la financiación para la interdicción tanto a nivel nacional como internacional. También instó al presidente de México, Felipe Calderón, a lanzar su propia ofensiva militar brutal contra los cárteles de la droga. Para cuando Calderón dejó el cargo, las fuerzas de seguridad y los cárteles, en conjunto, habían asesinado o desaparecido a decenas de miles de mexicanos .
En términos conceptuales, Bush vinculó la Guerra Global contra el Terrorismo posterior al 11-S con la Guerra Global contra las Drogas. "El tráfico de drogas financia el mundo del terror", afirmó .
Barack Obama (2009-2017) , al igual que el presidente Carter, priorizó el tratamiento sobre el encarcelamiento. Sin embargo, no tomó medidas para poner fin a la guerra contra las drogas, continuando con la financiación del Plan Colombia y ampliando el Plan Mérida, que su predecesor había implementado para combatir a los cárteles en Centroamérica y México.
En febrero de 2009, los expresidentes de Brasil, México y Colombia —Fernando Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria— publicaron un informe titulado « Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma », en el que abogaban por el fin de la guerra contra las drogas y proponían, en su lugar, la despenalización y el tratamiento del consumo de drogas como un problema de salud pública. Los autores eran políticos del establishment, y Obama podría haber aprovechado este innovador informe para contribuir a la creación de un nuevo consenso en materia de salud pública con respecto al consumo de drogas. Sin embargo, la Casa Blanca prácticamente ignoró el informe.
Donald Trump (2017-2021) incrementó aún más la ya elevada financiación para operaciones antidrogas militarizadas en la frontera y en el extranjero, y abogó por la pena de muerte para los narcotraficantes. También planteó la idea de lanzar misiles contra México para destruir los laboratorios de droga, pero de forma discreta para que nadie supiera que éramos nosotros.
Durante su primer mandato, Trump ofreció un anticipo, ahora olvidado (al menos en Estados Unidos), de la matanza de civiles en embarcaciones. El 11 de mayo de 2017, agentes de la DEA y sus homólogos hondureños que navegaban por el río Patuca abrieron fuego contra una lancha con 16 pasajeros a bordo. Desde un helicóptero, un agente de la DEA ordenó a un soldado hondureño que disparara contra la lancha. Murieron cuatro personas, entre ellas un niño y dos mujeres embarazadas, y otras tres resultaron gravemente heridas. En el incidente participaron 10 agentes estadounidenses, ninguno de los cuales sufrió consecuencias por la masacre.
Joe Biden (2021-2025) apoyó la desescalada en principio y, de hecho, redujo la financiación para la fumigación aérea contra el narcotráfico en Colombia. También concedió indultos generales a miles de personas condenadas por delitos federales relacionados con la marihuana. Sin embargo, al igual que sus predecesores, continuó financiando a la DEA y las operaciones militares en Latinoamérica.
Donald Trump (2025-?) ha abierto un nuevo frente en la guerra contra los cárteles de la droga mexicanos en Nueva Inglaterra. La DEA, en colaboración con el ICE y el FBI, afirma que en agosto realizó 171 arrestos de alto nivel de supuestos miembros del cártel de Sinaloa en Massachusetts y Nuevo Hampshire. Sin embargo, el equipo de investigación "Spotlight" del Boston Globe informa que la mayoría de los detenidos se dedicaban a la venta de drogas a pequeña escala o eran simplemente adictos, sin ninguna relación con el cártel de Sinaloa.
Trump insiste en que la “guerra contra las drogas” no es una metáfora, sino una guerra real, y como tal posee poderes extraordinarios en tiempos de guerra, incluida la autoridad para bombardear México y atacar Venezuela.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿quién puede discutirlo? ¿O pensar que una guerra así podría terminar de otra manera que no fuera mal, o, en realidad, que alguna vez podría terminar?
Copyright 2025 Greg Grandin
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a abrir una consultoría financiera en Wall Street? 
Con la capacidad que las autoridades de Cuba le asignan a ese medio digital para influir y distorsionar el mercado cambiario cubano, el director de El Toque podría especular de lo lindo en la Bolsa de Nueva York, moviendo millones de dólares que le reportarían ganancias diarias cientos de veces más jugosas que el pago que recibe hoy desde Estados Unidos.
Aunque estrechamente interconectadas, conviene separarlas para hilar un análisis sensato.
Lo económico:
La manipulación de estos mercados en cualquier país requiere de intervenciones demasiado costosas de agentes económicos poderosos—un banco central o un conglomerado financiero global—para conseguir reacciones de las tasas en los mercados, reacciones, además, que suelen durar poco tiempo. 
Soros miraría con envidia a José Jasán de resultar creíbles las capacidades atribuidas a El Toque. 
y el cierre del acceso a los mercados crediticios internacionales por la puñetera y sibilina inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. 
Lo técnico:
Requeriría de un capital tecnológico y profesional equivalente al de una empresa financiera, para medir diariamente los flujos de precios en un entorno comercial minorista y mayorista fragmentado en extremo por las causas enumeradas anteriormente y por la simultánea circulación de varias monedas y la heterogeneidad de actores estatales, privados y cooperativos. 
Es la opacidad del mercado a la que se han referido los expertos desde hace más de diez años.
Lo periodístico:
Esta demanda de información crece en relación simétrica con la incertidumbre económica, pero las autoridades han seguido aferradas a tasas oficiales que andan por un lado mientras el mercado real—mal llamado informal—anda por otro. 
La promesa de crear un mercado cambiario “funcional y transparente”, que reitera el BCC en estos días, está en pie oficialmente desde hace más de tres años. 
Lo político:
Quiere el director de El Toque que creamos a estas alturas de la historia que el gobierno de EEUU—sea desde el Departamento de Estado o de la National Endowment for Democracy (NED)—va a ceder voluntariamente cientos de miles de dólares sin interés político. 
Obviamente, al cartel de “medio independiente” no le conviene la evidencia de filiación económica y política. José Jasán acepta que coopera con las iniciativas subversivas de la Embajada de EEUU en Cuba, pero según se colige de la defensa que hace de sus maniobras, lo hace santamente, sin compromiso político alguno. 
Lo ético:
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