En este artículo: Bob Menendez, Campaña Anticubana, Congreso de los Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, Marco Rubio, Relaciones Cuba Estados Unidos
12 marzo 2019
Planta de llenado, en la Ronera San José Havana Club Internacional S.A en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, Cuba, 17 de marzo de 2017.
ACN FOTO/ Marcelino VÁZQUEZ HERNÁNDEZ/sdl
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Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron este martes ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos el reconocimiento de marcas comerciales cubanas supuestamente vinculadas con propiedades nacionalizadas después del triunfo de la Revolución en enero de 1959.
Con el título “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos”, la legislación busca aumentar el cerco económico contra Cuba.
Ambos legisladores presentaron a comienzos de enero un proyecto similar con el objetivo de restablecer el programa de robo de cerebros dirigido a los médicos cubanos que cumplen misión en el exterior.
La medida, que no ha sido aprobada, exige a la actual administración republicana que restituya el polémico Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, establecido por el gobierno de George W. Bush y derogado al final del mandato de Barack Obama.
Entretanto, la ley presentada este martes busca prohibir a los tribunales de Estados Unidos “reconocer, hacer cumplir o validar de cualquier otra forma” los derechos por parte de un individuo sobre una marca registrada que se utilizó en relación con una empresa o activos que fueron nacionalizados por Cuba, a menos que “el propietario original de la marca lo haya consentido expresamente”.
Un proyecto de ley complementario fue presentado en la Cámara de Representantes por los Debbie Wasserman-Schultz (Demócrata de la Florida) y John Rutherford (Republicano por la Florida).
Un comunicado de la oficina de prensa de Marco Rubio menciona en específico el caso de la empresa Bacardí, que mantiene una batalla legal contra Cubapor los derechos de la marca Havana Club y cuyos abogados ayudaron a redactar la polémica Ley Helms-Burton, que este martes cumple 23 años.
.@SenatorMenendez & I introduced the #NoStolenTrademarksHonoredInAmericaAct. This bipartisan, bicameral bill prohibits U.S. courts from recognizing trademarks that were used in connection w/ a business or assets that were confiscated by the Cuban regimerubio.senate.gov/public/index.c…
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Los orígenes de la marca Havana Club no tienen nada que ver con la historia de Bacardí. Su surgimiento se remonta a finales del silgo XIX cuando José Arechavala abrió la destilería “La Vizcaya” en Cárdenas, Matanzas.
En 1993, Pernod Ricard S. A. y Corporación Cuba Ron S. A. lanzaron la empresa conjunta encargada de la producción, de la mercadotecnia y de la comercialización del Havana Club en todo el mundo, con gran éxito de ventas.
Utilizando artimañas legales, Bacardí inscribió en Estados Unidos el derecho de uso de Havana Club en Estados Unidos, que estaba registrado desde 1974, mediante la comercialización fraudulenta de un ron producido fuera de Cuba y bajo el supuesto argumento de que habían comprado los derechos a los herederos de Arrechavala.
La Oficina de Patentes y Marcas norteamericana reconoció a comienzos del año 2016 a Cubaexport como legítimo representante internacional del famoso ron Havana Club, desestimando la demanda presentada por Bacardí. Sin embargo, la empresa trasnacional no se ha dado por vencida y sigue haciendo lobby en los pasillos de Washignton.
El enfrentamiento entre La Habana y Bacardí se remonta al triunfo de la Revolución, cuando sus destilerías y almacenes fueron nacionalizados en beneficios de la mayoría de los cubanos.
Los dueños siguieron con el negocio en Bermudas, México y Puerto Rico, hasta convertirse en líderes mundiales del negocio de las bebidas espirituosas.
Pero Bacardí nunca abandonó sus intenciones de recuperar el “imperio” cubano, sin importar el método o el precio.
Abogados de la compañía ronera y lobbistas en su plantilla como Otto Reich y Róger Noriega se sumaron en los años 90 del equipo pasado al equipo de redacción de la Ley Helms-Burton, que buscaba asfixiar la economía cubana, derrocar la Revolución e instalar un gobierno tutelado por Washignton que devuelva todas las propiedades nacionalizadas a sus antiguos dueños, en detrimento de la mayoría de los cubanos.
La ley “Ninguna marca robada reconocida en Estados Unidos” prohibiría a la asociación Cuba Ron/Pernod Ricard usar los derechos relacionados con Havana Club, señala Rubio en su comunicado.
El senador por la Florida es uno de los artífices del cambio de política anunciado por Trump en junio del 2017 en la ciudad de Miami, que implicó un fortalecimiento de la política de bloqueo y nuevas restricciones a los viajes entre los dos países.
Junto al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, el congresista Mario Díaz-Balart y el funcionario de Seguridad Nacional Mauricio Claver-Carone, conforman un reducido grupo de asesores que ha secuestrado la política hacia América Latina en general y Cuba en específico, cuyo objetivo es fortalecer la política de bloqueo y retroceder los avances logrados durante los últimos dos años de mandato de Barack Obama.
Las acciones anticubanas van encontra de los intereses de su propio electorado. Una nueva encuesta de la Universidad de la Florida confirma que la mayoría de los cubanoamericanos en Florida apoya los nexos con su país de origen.
De acuerdo con el estudio, el primero de su tipo realizado desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2017, el 63 por ciento de los cubanos que viven en Miami-Dade expresaron su respaldo al establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.
El estudio realizado del 14 de noviembre al 1 de diciembre pasado entre mil una personas indicó que el 68 por ciento de los interrogados favorece la expansión o el mantenimiento de las relaciones comerciales con Cuba por parte de las empresas estadounidenses.
Asimismo, el 70 por ciento está de acuerdo con la venta de productos alimenticios al país caribeño por parte de compañías estadounidenses, una actividad que aún mantiene muchas restricciones impuestas por Washington como el hecho de que Cuba debe pagar por las mercancías agrícolas en efectivo y por adelantado.
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