2016-01-11
Informe
Cuba es un país de trabajadores asalariados y la flexibilización del régimen de propiedad que ha tenido lugar como parte de la “actualización” no ha modificado esa circunstancia. La visión de una Cuba que pudiera transformarse en una nación de prósperos emprendedores privados es una quimera. La gran mayoría de la gente en edad laboral del país trabaja con la aspiración de poder recibir un salario –estatal o privado– que les permita cubrir sus necesidades. No hay nada misterioso ni complejo en el asunto.
Lo anterior significa que el empleo y los salarios deberían ser considerados como las variables fundamentales para asegurar el bienestar de la población, ahora y en el futuro. Obviamente, la consecución del bienestar también incluye el despliegue de programas sociales concebidos desde una óptica de derechos humanos constitucionalmente reconocidos, legalmente exigidos y sustentados en mecanismos de redistribución del ingreso nacional generado por los trabajadores, como por ejemplo, el acceso universal y gratuito a la educación y la salud pública.(1) Sin embargo, la experiencia demuestra que el bienestar del cubano promedio no depende solamente de esos programas y que se requiere de otras acciones de política económica que se encuentran fuera del ámbito de la redistribución.
En particular, es necesario mejorar la distribución primaria del ingreso nacional, incrementando la parte de este que se distribuye como salario. Los mecanismos de redistribución –por la vía del gasto social–pudieran suplementar el proceso mediante una repartición secundaria del ingreso por la vía de componentes de la política fiscal, como son los impuestos y el gasto social, pero la distribución primaria, fundamentalmente en lo referente al salario, es crucial. Si se instaurase en Cuba un modelo económico capaz de crear y de mantener “trabajo decente”(2), aquel que es productivo y que va acompañado de un ingreso digno, las demás piezas del rompecabezas económico, social y político de Cuba caerían más fácilmente en su lugar.
I. Precisando las preguntas y afinando las respuestas
Cada vez que se habla de mejorar los salarios en Cuba aparece el inevitable contra-argumento de que no existen condiciones para ello porque primero habría que alcanzar niveles suficientemente elevados de productividad, que asegurasen un crecimiento “saludable” (no inflacionario) de los salarios.(3)
Aquí hay, al menos, dos problemas. Primero, existe una amplia literatura económica que enfatiza exactamente la relación inversa, es decir, la función de los mejores salarios como causa de una mayor productividad, y que incluye el conocido postulado hecho hace 125 años por Alfred Marshall, conocido como el “padre de la economía moderna”, acerca de que “cualquier cambio en la distribución de riqueza que le dé más a los asalariados y menos a los capitalistas es probable que resulte, manteniéndose igual los demás factores, en un incremento de la producción material”. Desde esa fecha, una larga lista de reconocidos economistas han compilado y analizado los datos que validan el planteamiento de Marshall, un listado que incluye nombres de economistas contemporáneos como Robert Reich, Harry Holzer, David Levine, y Janet Yellen, esta última, incidentalmente, es la actual presidenta del Banco Central (Reserva Federal) de los Estados Unidos.(4)
El segundo problema no es de orden teórico sino práctico. En el caso particular de Cuba el problema no consiste en “poner al día” salarios que se han retrasado en relación con la inflación, algo que ha sucedido pero que no representa el problema básico que debe ser resuelto. En realidad el principal problema radica en la existencia de un nivel salarial promedio que se encuentra totalmente desconectado, no simplemente “retrasado”, respecto a la función esencial del salario: ser la expresión del “producto necesario”, aquella parte del valor producido por el trabajador para cubrir sus necesidades.
Obviamente, en el caso de Cuba hay una parte del “producto necesario” que no requiere ser retribuido directamente al trabajador pues lo recibe en forma de bienes y servicios públicos gratuitos, pero aun asumiendo ese “descuento”, el salario promedio se encuentra muy por debajo del “producto necesario” equivalente al resto de las necesidades.(5)
La noción de que todo incremento de salarios en Cuba sería inherentemente inflacionario cuando el crecimiento promedio del salario promedio por trabajador fuese mayor que el aumento de la productividad media nacional (“la regla del MEP”)(6), se ha convertido en un argumento ampliamente aceptado en Cuba, pero que en rigor es falso cuando se intenta absolutizar. No todo incremento de salarios mayor que el incremento de la productividad es inflacionario y la razón de esto es que normalmente la parte de valor que se paga en salarios no representa la cantidad máxima de valor que pudiera distribuirse como salarios y, por tanto, existe un grado de flexibilidad para aumentar salarios que no debería ser ignorado.
Las empresas que operan sobre la base de trabajo asalariado –sean capitalistas o socialistas–normalmente no funcionan como entidades “maximizadoras” de salarios sino como entidades “maximizadoras” de rentabilidad, es decir, como entidades “minimizadoras” de costos laborables. Pagar mayores salarios en esas condiciones no implicaría crear una demanda adicional que no estuviese respaldada con una oferta, sino que equivaldría a un cambio en la composición de un monto dado de la demanda, es decir, una mayor demanda originada en salarios y una menor demanda originada en otras formas de ingreso nacional (por ejemplo en las ganancias).
En el caso particular de Cuba, el control centralizado de los salarios de los trabajadores del sector estatal tiene un aspecto positivo en tanto la aplicación de “la regla del MEP” permite definir una meta intermedia efectiva para el control de la inflación, tal y como ha apuntado anteriormente en Cuba Posible el economista Pavel Vidal.(7) Sin embargo, el control centralizado sobre una parte sustancial de los salarios del país también implica la posibilidad de una distorsión en gran escala de la distribución primaria de ingresos, pues incrementa las probabilidades de infravaloración salarial debido a la capacidad de poder designar –por decreto– como ganancia empresarial una parte del valor creado que, en rigor, debería haberse distribuido como salario.
En ese sentido, pudiera ser cuestionable la racionalidad de que las empresas puedan destinar parte del 50 por ciento de las utilidades en forma de incentivos salariales –un importante componente de la actual reforma de la empresa estatal– pues cabría hacer la pregunta siguiente: ¿en qué medida lo que se asume como utilidad es, en realidad, un monto de valor que no fue retribuido como salario básico en el marco de la distribución primaria del ingreso?
De hecho, las estadísticas oficiales muestran una “compresión” relativa de la masa salarial en años recientes en Cuba, pues de haber representado el 37 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2009, el peso relativo de los salarios se redujo al 32 por ciento del PIB en 2014, es decir, un nivel de contracción que no puede explicarse por la disminución del empleo total, que se redujo solamente en un 2 por ciento durante el mismo período.(8)
Se trata entonces de un claro problema de distribución económica, un asunto que no debe ser analizado desde una óptica “técnica” o “gerencial” (relación entre indicadores del plan empresarial) sino desde una perspectiva de economía política (relaciones sociales).
La inflación casi nunca es el resultado del incremento de la porción que les pudiese corresponder a los trabajadores en el reparto del “pastel económico” en forma de mayores salarios. Como norma, la inflación, que es tremendamente perjudicial para los trabajadores, pues erosiona el salario nominal, tiene otras causas que no tienen relación con el salario como pudiera ser el caso de los déficits presupuestarios, las incoherencias en la política cambiaria, y el crecimiento de la demanda debido a la existencia de políticas de crédito fácil, por citar algunos factores posibles.
La correlación fundamental que debería ser tomada en cuenta en la política económica del país en materia de salarios no es tanto la relación esperada entre productividad y salario medio, que es pertinente para cierto tipo de análisis (por ejemplo, para asegurar el carácter no inflacionario de posibles aumentos del salario nominal), sino la relación actual entre el salario mínimo y el “producto necesario”. Lo que debería hacerse es corregir el punto de partida y no solamente tratar de armonizar tendencias entre dos variables económicas (salarios y productividad).
Por esa razón, la habitual pregunta acerca de dónde provendrían los recursos para poder hacer una redistribución compatible con un mayor bienestar humano es una interrogante importante, pero no es la única relevante. En realidad, la pregunta preliminar debería ser qué patrón de distribución primaria del ingreso sería el más apropiado para que el crecimiento económico no deje a nadie detrás. En esencia, en Cuba existe un problema de distorsión en la distribución primaria del valor creado por los trabajadores y ese no es un problema que puede ser resuelto mediante la redistribución por la vía presupuestaria. Distribución y redistribución son dos esferas relacionadas pero distintas del proceso económico y de la política económica.
Por otra parte, el argumento de que primero hay que producir para después distribuir no es incorrecto, pero es incompleto. Habría que responder primero con cuáles criterios se decidiría la repartición de los recursos productivos del país y cuál sería el marco regulatorio, principalmente en el ámbito laboral, que pudiese tener un efecto favorable en la generación de valor y en la distribución primaria de ese valor, principalmente en favor del trabajador pobre, es decir, aquella franja de los trabajadores cubanos que aun teniendo empleo a tiempo completo no alcanzan niveles de ingreso adecuados para poder cubrir con sus salarios un nivel de vida familiar satisfactorio.(9)
La elucidación del problema de la pobreza en Cuba, que aunque no se mide oficialmente parece ser significativa, no debe ser explicada como resultado del desempleo, que tiene niveles oficiales bajos, sino como consecuencia de un mercado laboral disfuncional con una alta presencia de trabajadores pobres, incluso en el caso de trabajadores con alta calificación y que realizan un trabajo socialmente relevante.(10)
En cualquier caso, considero que son erróneos e inapropiados una serie de argumentos que hoy se manejan públicamente sobre empleo y salarios, que contribuyen a presentar el incremento del salario como una causa de problemas en Cuba, cuando en realidad el incremento salarial pudiera ser una fuente de soluciones.
II. ¿Son correctos los supuestos de la “actualización” respecto a la relación entre crecimiento económico y empleo?
La “actualización” se ha orientado por el principio de preservar la protección social. El hecho de que hayan existido insuficiencias y contradicciones ciertamente ha complicado la aplicación de tal principio, pero no lo ha anulado. No obstante, parecen existir problemas de diseño y de implementación que complican la aplicación del principio. En mi opinión, gran parte del problema radica en la adopción de falsos paradigmas, o sea, de cosas que se dan por ciertas y que no lo son.
En ese sentido, considero conveniente examinar lo que parece haber sido la manera en que la “actualización” ha concebido, hasta ahora, la relación entre crecimiento económico y empleo. Una rápida revisión de los planteamientos oficiales concernientes a la “actualización” haría evidente la disparidad que existe entre el énfasis que se le concede al crecimiento económico y la inversión, a diferencia del papel relativamente menor, o cuando menos impreciso, que se le confiere a la creación de empleo y al aprovechamiento de la fuerza laboral.
Crecimiento e inversión son identificados oficialmente como propulsores del cambio en la lógica de la “actualización” y son objetivos claramente cuantificados de la política económica: se aspira a crecer anualmente al 7 por ciento con una tasa de inversión de al menos 20 por ciento.(11) Como contraste, en la lógica de la “actualización” el empleo parece operar más bien como un efecto residual del crecimiento, como una de las cosas que se espera que suceda una vez que se produzca un alto crecimiento económico. El problema es que tal visión del empleo como resultado, y no como causa del crecimiento, puede tener efectos negativos en el diseño de las políticas económicas y sociales del país.
El proceso de planificación en Cuba estima de manera gruesa la estructura del empleo por tipo de propiedad y formas organizativas de la economía nacional, incluyendo el pronóstico del número de empleados del sector no estatal, pero de ello no puede inferirse directamente que la distribución de la fuerza laboral esté siendo considerada en el contexto de la planificación como un factor causal del crecimiento y del desarrollo nacional. (12)
La “actualización” no ha adoptado –al menos públicamente– metas cuantificables y diferenciables para los diferentes sectores de propiedad en relación con la estructura del empleo, su nivel de calificación, su impacto en la productividad, y los montos estimados de los ingresos por el trabajo. Es decir, que esos parámetros no son presentados explícitamente como componentes detallados del plan de la economía nacional. Se trata de una insuficiencia que es muy visible respecto a las previsiones para el sector no estatal, especialmente en su modalidad de actividad privada nacional. Por ejemplo, los planes públicos de la “actualización” no permiten responder preguntas como las siguientes: ¿Cuántos puestos de trabajo del sector privado deben ser ocupados por graduados universitarios en los próximos cinco años?; ¿Cuál es el impacto previsto del crecimiento del empleo no-estatal sobre la productividad media del país?; o ¿Cuál es el ingreso promedio por trabajador que se desea alcanzar en el sector privado?
Lo anterior pudiera estar expresando que la “actualización” parecería haber asumido implícitamente dos supuestos: primero, que el crecimiento económico nacional (incremento del Producto Interno Bruto, PIB) causará por sí mismo el incremento del empleo; y en segundo lugar, que el crecimiento económico irá acompañado de un cambio de estructura económica que provocará cambios favorables en la estructura de la fuerza laboral, como por ejemplo, un incremento de los empleos de mayor calificación que tienen mayor complejidad y que resultan en ingresos más elevados para el trabajador.
El problema con ambos supuestos es que existe una amplia literatura económica que sustenta que se trata de dos falsos paradigmas. Resulta oportuno aclarar que aunque se trata de supuestos reflejados en teorías económicas reconocidas, estos supuestos son hoy impugnados, pues se enfrentan al inconveniente de que la realidad económica de un mundo globalizado los contradice abiertamente.(13)
El análisis de los patrones actuales de crecimiento revela que en muchos países del mundo –y Cuba no es la excepción– el alto crecimiento económico no se convierte automáticamente en un incremento del empleo ni en una mejoría de la calidad del empleo ni del salario. El funcionamiento de los mercados globales ha provocado un fenómeno al que los economistas denominan “reducción de las elasticidades del empleo respecto al producto”, es decir, un proceso mediante el cual se reduce cada vez más el por ciento en que incrementa el empleo en relación con cada crecimiento del 1 por ciento en el PIB. En términos más simples: el crecimiento económico es cada vez menos apto para resolver problemas de empleo y salarios. Se trata de un crecimiento que no “hala” al empleo.(14)
Para poder proporcionar empleo, sobre todo de calidad y con salarios dignos, se necesita de algo más que el crecimiento económico. Aquí valdría decir que a los efectos de la creación de “trabajo decente”, el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente. La clave radica en adoptar políticas activas de creación de empleo en el contexto de las estrategias de desarrollo nacional.
Cuba es una economía abierta y, por tanto, se encuentra inexorablemente sujeta al funcionamiento de los mercados globales, algo que tiende a limitar el margen de maniobra nacional respecto a las posibilidades del crecimiento económico para generar “trabajo decente”. Solamente por citar tres factores que influyen en el proceso: a) las presiones competitivas que fuerzan a los productores (sobre todo a los exportadores) a adoptar tecnologías y procedimientos ahorradores de fuerza de trabajo que permitan reducir el costo laboral por unidad de producto; b) las reducciones de impuestos que se conceden a los inversionistas extranjeros y que limitan las capacidades presupuestarias del gobierno para emprender proyectos que generan empleos; y c) la adopción de patrones de consumo –con frecuencia culturalmente incitados– que demandan productos y servicios importados que desplazan producciones hechas con mano de obra local.
En principio, Cuba debería encontrarse en una posición relativamente ventajosa para conectar empleo y crecimiento económico, ya que el país ha estado registrando en años recientes un estancamiento de su población económicamente activa, es decir, que la nación no experimenta las presiones demográficas que dificultan la creación de empleo neto que se observa en la mayoría de los países subdesarrollados.(15) Tampoco opera en Cuba una reducción de la demanda del empleo como consecuencia de un salto en la productividad, pues en realidad el país ha mostrado una dinámica muy mediocre de la productividad desde el año 2008.(16) Sin embargo, la dinámica de los empleos y de los salarios en Cuba es una de las áreas donde menos avances se han registrado en los marcos de la “actualización”.
III. Vivir del trabajo en Cuba: ¿el sector privado al rescate?
Los datos oficiales “macros” sobre el empleo revelan aspectos que son importantes para poder entender con claridad el tipo de reto económico al que se enfrenta Cuba en lo inmediato. Son datos que lamentablemente no son muy visibles en la narrativa de la “actualización”. En ese sentido, cinco datos de la realidad deben tenerse muy en cuenta:
a) Durante el trienio 2011-2014, enmarcado plenamente en “la actualización”, la economía cubana ha crecido, pero el empleo total del país se ha reducido.
b) El sector estatal ha funcionado como un mecanismo “expulsor” de empleados durante el trienio, a un ritmo promedio de 94,000 desempleados estatales netos por año.
c) Desde 2011, el sector privado ha sido el área más dinámica de creación de empleo en Cuba, acumulando algo más del 90 por ciento del total de los nuevos puestos de trabajo establecidos en el país.
d) Dentro del sector privado, el subgrupo formado por los campesinos privados, los usufructuarios de tierras y las cooperativas de créditos y servicios aportaron el 58 por ciento del nuevo empleo neto privado, mientras que el restante 42 por ciento correspondió al sector del trabajo por cuenta propia.
e) Las cooperativas generaron muy poco empleo neto durante la etapa 2011-2014.
Lo anterior es lo que nos dicen las estadísticas oficiales de Cuba y son esos datos los que deberían constituir la base inicial de cualquier discusión sobre el tema.(17) No estoy diciendo que se trate de tendencias que vayan a mantenerse, pues las cosas pudieran cambiar. Simplemente afirmo que son los datos oficiales que existen hoy sobre la realidad del empleo.
En cuanto a los ingresos derivados del empleo, aunque la información es muy incompleta, quizás bastaría apuntar que en el sector estatal –que todavía es el principal empleador del país con un 72,3 por ciento del total de empleados– el salario medio mensual creció en más de un 25 por ciento entre 2012 y 2014, pero se reconoce consensualmente que su nivel actual (584 pesos) todavía se encuentra muy lejos de ser un salario adecuado.(18) La información parcial más actualizada coloca el salario promedio mensual por trabajador en 696 pesos al finalizar el primer semestre de 2015.(19) Es decir, que además de haberse reducido el empleo total del país, la remuneración promedio en los marcos del principal agente empleador del país es muy baja en relación con la función esencial del salario de ofrecerle al trabajador la posibilidad de que pueda vivir de su trabajo.
El trabajo genera crecimiento pero a veces –y solo a veces– el crecimiento genera proporcionalmente empleo. El empleo no debe ser visto de manera residual. El empleo, especialmente el “trabajo decente”, no sucede como algo “natural” ni de manera espontánea. Ese tipo de empleo se “construye” y las políticas públicas son necesarias para que ello ocurra.
El criterio fundamental para la asignación de recursos en la “actualización” debería ser la optimización de la utilización de la fuerza laboral en el conjunto de toda la economía, sin distinción de formas de propiedad o de organización, para poder asegurar un nivel adecuado de creación del ingreso nacional que deberá ser repartido, tanto mediante una distribución primaria del ingreso (sobre todo de salarios), como a través de una redistribución suplementaria basada en mecanismos presupuestarios.
Modestamente considero que sobre este particular se necesita una mayor reflexión en Cuba. En materia de asignación de la fuerza laboral –que es, sin discusión, el principal recurso productivo de Cuba– la modalidad de planificación que utiliza “la actualización” parece considerar que el sector no estatal debe funcionar como un receptáculo de la fuerza de trabajo expulsada del sector estatal o que no puede ser absorbida por este, sin que se proyecte razonablemente la manera en que esa fuerza laboral puede operar de manera óptima en el sector no estatal, para poder contribuir así al crecimiento económico y al desarrollo nacional.
Para decirlo claramente, cuando el sector estatal no se encuentra en condiciones de proveer “trabajo decente” a una porción significativa de la población económicamente activa del país, por las razones que fuesen, entonces el Estado debería ocuparse de asegurar que otras formas de organización económica (autoempleo, empresa privada nacional, empresa privada extranjera, empresas sociales, cooperativas, y formas de economía asociativa y solidaria) dispongan de las condiciones favorables que les permita generar “trabajo decente” sobre la base de creación de valor y de una adecuada distribución primaria del ingreso.
El acento de la política económica debe colocarse a nivel del empleo nacional y de la distribución primaria de ingresos asociada al empleo. El desarrollo del país y el bienestar de la gente son el resultado del trabajo y de la manera en que se le retribuye a la gente por trabajar. Las demás consideraciones –particularmente las elucubraciones ideológicas– deberían pasar a un segundo plano.
No es razonable asumir –porque no hay evidencias que lo sustenten– que un deprimido nivel de consumo familiar que no puede resolverse mediante una adecuada distribución primaria del ingreso nacional pudiera ser solucionado por la vía de la redistribución. Para eso no hay recursos presupuestarios a la vista, al menos en el caso de Cuba. La redistribución debería enfocarse en asegurar la provisión de bienes públicos (por ejemplo: salud, educación, niveles mínimos de bienestar, y seguridad ciudadana), pero no debería ocuparse de proveer aquella parte del “producto necesario” que, descontando la parte que se garantiza por la vía de los bienes públicos, debe recibir directamente el trabajador como compensación por el trabajo realizado. Esa es una función de la distribución primaria del ingreso.
Es aquí, en este serio problema de la distribución primaria del ingreso, más que en las limitaciones presupuestarias para apoyar la redistribución, donde se encuentra la causa fundamental del bajo nivel del consumo familiar en Cuba, de las dinámicas de pobreza del país, y del gran escollo que enfrenta el crecimiento económico nacional a largo plazo, debido a la carencia de una adecuada demanda interna de consumo que pudiese funcionar como estímulo para la producción nacional.
IV. ¿Debe ser el salario mínimo una variable de ajuste?
La cuestión salarial ha ocupado una atención central del gobierno cubano en el contexto de la “actualización” y existen franjas del tema en las que se han producido cambios significativos, como por ejemplo, mejoras salariales en algunas actividades como la salud pública.(20) No obstante, el diseño de políticas respecto al salario es un asunto que se beneficiaría de una discusión a fondo, incluyendo una revisión de ciertos supuestos. El salario es un tema complejo que atraviesa muchas otras dimensiones del modelo económico y social. No nos proponemos abordar aquí el problema de manera amplia sino enfocarlo en una de sus aristas fundamentales: el salario mínimo.(21)
Este es un punto directamente relacionado con el acápite anterior pues el salario mínimo, llevado a un plano esencial y expresado de manera simple, debería representar aproximadamente el “producto necesario”, es decir, el resultado del “trabajo necesario” que se requiere para proveer el sostén básico de los trabajadores y sus familias.
Desde una perspectiva teórica, y en términos muy escuetos, una actividad económica debe ser capaz de engendrar siempre el “producto necesario” y debe ser capaz de distribuirlo directamente al trabajador, que es a quien le pertenece. Solamente podría existir después el “producto excedente”, en forma de ganancia, utilidades, aporte por el rendimiento de la inversión estatal, o como quiera llamársele.(22) En el plano real ello pudiera no ocurrir, y de hecho tal discordancia suele suceder con frecuencia, pero entonces habría que calificar el fenómeno de manera clara: cuando se produce valor y no se distribuye al trabajador el equivalente del “producto necesario” estamos frente a una transgresión de la lógica económica, basada en el ejercicio de una asimetría de poder en la que el perdedor es el trabajador.
Antes de abordar específicamente la cuestión del salario mínimo en Cuba conviene revisar, de manera general, algunos aspectos sobre el salario en el contexto de la “actualización”. Los “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” abordan directamente la cuestión del empleo y el salario y, de hecho, existe una sección que contiene 6 puntos específicos sobre el tema (puntos del 167 a 172).(23) Dos de esos puntos abordan el salario desde una óptica esencial: la función del empleo y del salario como medio de vida. El punto 167 alega que la incorporación al empleo es una forma de contribuir a la satisfacción de las necesidades, en tanto el punto 170 establece que “los ingresos salariales deben tener un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias”.
Sin embargo, en esa sección del documento predomina una perspectiva instrumental respecto al empleo y al salario, en sus siguientes variantes: como respuesta a nuevas formas organizativas (punto 168); como reducción de costos, estímulo a la “necesidad de trabajar”, y mecanismo de austeridad presupuestaria (punto 169); como principio de distribución de ingresos de acuerdo con los resultados del trabajo (punto 170); como premio a la eficiencia y a las actividades de alto impacto económico y social (punto 171); y como un problema de capacitación laboral (punto 172).
Para no dejar dudas, considero que el enfoque instrumental es muy importante pero cuando este se asume de manera desmedida, se corre el riesgo de perder de vista la perspectiva esencial respecto al empleo y al salario. Más allá de posibles excepciones y de disquisiciones genéricas, la gran mayoría de la gente trabaja para recibir un salario que les permita cubrir sus necesidades: tan simple como eso.
Probablemente sea el predominio de tal enfoque instrumental lo que explica la desatención que se le presta a la cuestión del salario mínimo en los marcos de la “actualización”. Para empezar, el salario mínimo en Cuba, de 225 pesos, refleja cualquier cosa menos un nivel de ingresos que permitiría satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias.(24)
Aunque no he encontrado estudios recientes que cuantifiquen monetariamente el nivel de gastos de consumo básico en Cuba, el economista Raúl González Sandoval estimó en 2011 que el nivel de ingresos que marcaba el umbral de pobreza en Cuba era de 841.40 pesos mensuales por persona, es decir, que el salario mínimo en Cuba representaba apenas la cuarta parte del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas.(25) Más grave aún, ese nivel de necesidades básicas ni siquiera es cubierto por el salario medio nacional, que en 2011 era de 460 pesos (aproximadamente el doble del salario mínimo).
Ciertamente se han producido modificaciones en algunas de esas cifras en los últimos años. Así, el salario promedio ascendió hasta un nivel de 584 pesos mensuales en 2014 (696 hacia la primera mitad de 2015) y el umbral de pobreza –cuyo nivel oficial no es de conocimiento público– debe haber variado, probablemente hacia “el alza”, mientras que el salario mínimo se ha mantenido en el mismo nivel de 225 pesos mensuales. No es propósito de este ensayo ofrecer una actualización estadística detallada sobre la escala relativa de esas tres variables, una tarea que sin dudas es importante realizar.(26) A los efectos de este breve ensayo nos ha parecido suficiente adoptar dos hipótesis que consideramos plausibles: la primera, que el salario medio en Cuba continuó siendo en 2015 absolutamente insuficiente para cubrir la “renta básica” (la que se calcula después de descontar las necesidades que ya hubiesen sido cubiertas por los bienes públicos como la salud y la educación). La segunda, que el salario mínimo representa una fracción mínima del “producto necesario”.
Esas dos desconexiones son esenciales para poder apreciar, desde una perspectiva adecuada, la insistencia que se hace, en el contexto de la “actualización”, respecto a la necesidad de vincular el salario a los resultados del trabajo. Tal relación es, sin dudas, importante, pero es secundaria respecto a la función esencial del salario. Pretender que el salario funcione como estímulo al trabajo cuando el “trabajo decente” no puede ser asegurado y cuando el nivel salarial se encuentra tan alejado de poder cubrir las necesidades básicas es, cuando menos, una noción problemática.
El hecho de que en un contexto de tantos cambios recientes no se haya planteado oficialmente en Cuba (al menos públicamente) un incremento del salario mínimo pudiera tener al menos dos lecturas hipotéticas. Primero, pudiera estar reflejando un estado de resignación respecto a un modelo económico que no es capaz de garantizar que el trabajador reciba el “producto necesario” que le corresponde, mediante el funcionamiento de la distribución primaria del ingreso; y en segundo lugar, pudiera indicar que el salario parece funcionar como una variable de ajuste, hasta el punto de despojar al salario mínimo de cualquier racionalidad, como resultado de un intento de compensar la disfuncionalidad del sistema económico “comprimiendo” la distribución primaria del ingreso en detrimento del trabajador. Repito que se trata de una lectura hipotética, pues no hay datos disponibles para afirmar con certeza la intencionalidad de una u otra cosa. Sin embargo, el resultado final está a la vista y es fácilmente comprobable: la existencia de un salario mínimo incompatible con cualquier coherencia económica.
V. La “actualización” debería adoptar un modelo explícito de crecimiento inclusivo.
En materia de empleo y salarios la “actualización” no ha logrado resolver tres disfuncionalidades del mercado laboral cubano que tienen vastas implicaciones para el resto del sistema de la economía nacional:
1. Las transferencias de empleos del sector estatal a sectores bajo otras formas de propiedad y de gestión económica no garantizan la utilización óptima de la fuerza laboral disponible, particularmente en lo relativo al aprovechamiento de su calificación.
2. En general, el salario en Cuba no representa una “remuneración justa que permita una existencia digna”(27). Ello no equivale a decir que la gente en Cuba no pueda tener una existencia digna, sino que la evidencia indica claramente que, en general, ello no sería el resultado del salario.
3. La infravaloración salarial en gran escala crea condiciones e incentivos que pudieran incidir en la adopción de patrones de crecimiento económico de baja complejidad tecnológica y organizativa, que son incompatibles con el desarrollo. Dicho más claramente: tiende a distorsionar el mercado laboral nacional y a entronizar una supuesta ventaja competitiva basada en trabajadores baratos, como lamentablemente ocurre en casi todo el Tercer Mundo.
Intentar crecer de modo selectivo en actividades consideradas eficientes y redituables –como a veces se escucha proponer hoy– para luego redistribuir “hacia abajo” una parte del valor creado en los segmentos exitosos de la economía supondría asumir, erróneamente, que la “actualización” del modelo económico debe entrañar inevitablemente, como daño colateral, la generación de una franja de trabajadores recibiendo salarios paupérrimos. El corolario, también equivocado, es que la situación de los “perdedores” debe ser gestionada social y políticamente mediante políticas sociales financiadas por la redistribución.
Superar esa visión exige un cambio radical de la conceptualización del desarrollo en las condiciones actuales de Cuba, empezando por valorizar adecuadamente el papel de los trabajadores, del empleo y de los salarios en el contenido concreto y no solamente en la parte declarativa de la estrategia de desarrollo. En ese sentido, resulta crucial repensar la “actualización” para que la política social deje de ser concebida como un remedio a los estragos sociales derivados de un enfoque “economicista” del desarrollo, que se encuentra entrampado en una visión idealizada del crecimiento económico: el falso paradigma de que el crecimiento automáticamente genera “trabajo decente”.
Quienes se encuentran en la base de la pirámide social en Cuba no deberían ser esencialmente considerados como “beneficiarios” de políticas redistributivas, aunque pudieran recibirlas, porque en realidad debería considerárseles fundamentalmente como componentes dinámicos de la política económica, específicamente como creadores activos del ingreso nacional y obviamente ello requiere adoptar el nivel y la calidad del empleo como un criterio fundamental de la política económica.
Se trata, en alto grado, de optar por la distribución primaria del ingreso y no por la redistribución como el mecanismo esencial para asegurar el bienestar familiar, obviamente complementado por los bienes públicos que como la salud y la educación se materializan mediante la redistribución. En la medida en que el salario logre asegurar que la gente pueda vivir de su trabajo, menos presión se le pondrá a la redistribución para que esta tenga que ejercer funciones que en rigor no le corresponden, creándose así mejores condiciones para que el presupuesto social pueda concentrarse en la provisión de bienes públicos (educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, etc.)
En ese sentido, hay dos medidas de corto plazo que de ser adoptadas quizás pudieran contribuir paulatinamente a establecer un nuevo marco de referencia para la “actualización”.
Las dos medidas puntuales serían:
1. Incremento del salario mínimo para hacerlo corresponder obligatoriamente (mediante una ley) con una renta básica nacional oficial, que obviamente habría que determinar primero, y que tal renta –actualizada periódicamente– fuese de conocimiento público.
2. Promover un enfoque de “empleo equivalente” en el sector no estatal de la economía, es decir, asegurar legalmente que cualquier categoría ocupacional del sector estatal –salvo excepciones muy justificadas– pueda ser ejercida en igualdad de condiciones jurídicas en el sector no estatal, por ejemplo, que un ingeniero mecánico que pierda su empleo estatal pueda ejercer en el sector no estatal la actividad económica para la cual está calificado y que no tenga que reinsertarse en el sector privado como “limpiador y comprobador de bujías”.
Ello debería ir acompañado de una extensión sustancial de la actividad no estatal, particularmente de la empresa privada nacional porque, en la práctica, es el único tipo de propiedad que ha estado creando empleo neto en Cuba en los últimos años, 218 mil nuevos empleos netos entre 2011 y 2014. Haría falta, entonces, una modificación importante del marco jurídico que hoy restringe la posibilidad de crear puestos de trabajo productivos en el sector privado que puedan pagar un salario adecuado. Ese enfoque restrictivo que hoy predomina parece basarse en un juicio de valor a priori acerca de la pertinencia ideológica –también política y social– de la propiedad privada. En cambio, el enfoque que sugiero parte de una consideración pragmática basada en lo que ya está ocurriendo en la realidad, y prioriza el proceso de “trabajo decente” y la creación de empleos. Asume que en Cuba no será posible alcanzar un nivel de bienestar material y social que sea sostenible si no se garantiza trabajo bien remunerado a la mayoría de los trabajadores, pues el trabajo es la principal fuente de valor que permitirá asegurar consumo e inversión en el país. El carácter no inflacionario del incremento de los salarios no se resuelve “comprimiendo” el salario, sino logrando que el trabajo produzca la cantidad de valor que debe respaldar materialmente el salario y que también genere el valor que se requiere para la acumulación.
Desde una perspectiva socialista, la respuesta a la expansión de un sector privado que ha demostrado capacidad para crear empleo en medio de una crisis nacional –particularmente la crisis de empleo del sector estatal que ha eliminado 282 mil empleos entre 2011 y 2014– no debe consistir en menospreciar la contribución positiva que hace el sector privado nacional creando oportunidades de empleo y generando ingresos (incluyendo salarios) a más de un millón de trabajadores. Una respuesta socialista no debería consistir en la obstrucción del proceso de creación de valor en el país sino en asegurar que el proceso responda a los intereses de los trabajadores. Es decir, debería ser una respuesta de tipo político que consistiese, esencialmente, en empoderar a los trabajadores –en cualquier forma de propiedad que les de empleo– para que puedan controlar y fiscalizar el proceso de trabajo y la utilización de sus resultados. Es una respuesta política que abarca tanto el ámbito empresarial (por ejemplo, la regulación de los contratos laborales) como la esfera de la política pública en su sentido más amplio (por ejemplo, el poder de los sindicatos, la estrategia económica, la política fiscal y la política social).
El nuevo marco de referencia en el que las dos medidas sugeridas (incremento del salario mínimo y “empleo equivalente”) deben ser aplicadas se refiere a la adopción de un modelo explícito de crecimiento inclusivo, que en el caso particular de Cuba debería definirse como una propuesta de política pública relativa al fomento de un tipo de crecimiento económico, que contempla la participación activa de personas de diferentes grupos sociales y que involucra a todos los sectores de la economía, tanto para contribuir a la generación del crecimiento como para participar en los beneficios derivados del crecimiento.(28)
Es una definición que, aunque considera el crecimiento inclusivo como un “resultado” (crecimiento económico acompañado de reducción de la desigualdad o del mantenimiento de niveles altos de igualdad), coloca sin embargo el acento en el crecimiento inclusivo como un “proceso”, es decir, subrayando la participación de la gente en la dinámica del crecimiento, especialmente tomando en cuenta la posible contribución de los trabajadores al crecimiento.
Se trata de un enfoque que concibe la inclusión social no solamente en el plano de la protección social, sino que enfatiza la manera en que la inclusión social contribuye positivamente a la generación del crecimiento, y que toma muy en cuenta las dimensiones no económicas del crecimiento, especialmente la dimensión política. Es un marco de referencia que parte de considerar que los distintos patrones de inclusión social que puedan darse en relación con el crecimiento económico, reflejan procesos de participación política y la importancia de la rendición de cuentas de las instituciones públicas y privadas que promueven el crecimiento. Este es un punto importante porque postula que el trabajador en vez de ser meramente el objeto de la regulación estatal (por ejemplo, para garantizar trabajadores “disciplinados” y “organizados”), en realidad lo que debe priorizarse es que el trabajador sea el sujeto que democráticamente controle y fiscalice la actividad económica, incluida la estatal.(29)
No hacemos aquí sugerencias específicas acerca de cómo debería implementarse este nuevo enfoque, pues se trata de un proceso político (no académico) en el que deben intervenir actores diversos. Lo único que sugerimos aquí es la posibilidad de que se reflexione sobre un nuevo marco conceptual de crecimiento inclusivo que, quizás, ofrecería una oportunidad para someter a escrutinio riguroso la validez práctica del supuesto, asumido por muchos casi con veneración, de que el crecimiento económico per sees la clave de las respuestas a los problemas económicos del país.
Desde la aprobación de los “Lineamientos”, la economía cubana ha crecido a un ritmo promedio del 2,7 por ciento anual pero el desempleo neto estatal ha acumulado casi 300 mil personas, el sector privado ha absorbido el desempleo pero en condiciones en que no puede asegurar una valorización efectiva de la calificación laboral de los trabajadores, y el salario promedio de 696 pesos mensuales se mantiene por debajo de las necesidades de consumo de la gente. Esa es la terca realidad que se observa.
Por supuesto que la solución de la crisis cubana necesita el alineamiento de factores muy diversos, incluyendo el crecimiento y la inversión, pero también necesita “trabajo decente”, salarios racionales y equidad. El reto verdadero es poder entender correctamente las relaciones que se dan entre esos factores, algo que no es necesariamente invariable.
Hay algo que rechina en el argumento de que el crecimiento, en sí mismo, es la solución de los problemas económicos de la nación. Obviamente siempre pudiera intentarse una “huida hacia adelante” aduciendo que se necesita más tiempo y más crecimiento. Pero ello equivaldría a pensar que Cuba es tan especial que el crecimiento y el empleo van a funcionar de manera distinta a como ocurre en el resto del mundo. ¿Es esa complacencia mental un lujo que puede darse la gente del país?
¿No sería más sensato considerar la posibilidad de invertir el orden de ciertos factores?, por ejemplo, asumir que el “trabajo decente” y los mejores salarios pueden ser las causas del crecimiento, y considerar que para que haya “trabajo decente” se requiere que el proceso de trabajo sea capaz de asegurar que el trabajador convierta de manera adecuada su trabajo en valor, con independencia del régimen de propiedad que le haya dado empleo. ¿No es plausible asumir que si la gente pudiese trabajar debidamente y se le retribuyese como corresponde –no importa cuál fuese el tipo de propiedad–, la economía debería funcionar mejor? Mi respuesta a esta pregunta es positiva. De manera concisa pudiera resumirse en que la reforma económica en Cuba debería consistir esencialmente en la adopción de un modelo de “trabajo decente” garantizado.
Notas al pie:
1. El ingreso nacional lo genera el trabajo. No lo crea ni el Estado ni el capital.
2. El concepto de “trabajo decente”, noción clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa poder contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. Ver OIT. “Trabajo decente”. http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
3. Es un tema que no se limita a discusiones entre expertos sino que ha sido abordado por dirigentes del gobierno cubano como Marino Murillo, Ministro de Economía, ver Ismael Francisco y Susana Tesoro, “Marino Murillo: creció la economía cubana 4,7 por ciento en el primer Semestre”, Cubadebate, 15 de julio de 2015, http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/07/15/marino-murillo-crecio-la-economia-cubana-47-por-ciento-en-el-primersemestre/#.Vm_0y00QVaQ y por funcionarios sindicales como Abel Rivero Ochoa, Jefe del Departamento de Organización del Trabajo y los Salarios y Empleo de la CTC, en “Menos plantilla para más salario”, Trabajadores, 27 de abril de 2014, http://www.trabajadores.cu/20140427/menos-plantilla-para-mas-salario/ . El tema ha sido igualmente objeto de interés de la prensa nacional. Ver, por ejemplo, Caridad Carro Bello y Delia Reyes Garcia, “Evitar el circulo vicioso”, Bohemia, 26 de mayo de 2015, http://www.bohemia.cu/2015/05/27/encuba/productividad-salario-ll.html, y Lisset Izquierdo Ferrer, “Salario o productividad, como la gallina y el huevo”, Granma, 25 de septiembre de 2014,http://www.granma.cu/opinion/2014-09-25/salario-o-productividad-como-la-gallina-y-el-huevo
4. Ver, Justin Wolfers y Jan Zilinsky. “Economists: Pay workers a living wage to increase productivity”. Petersen Institute for International Economics. 13 de enero de 2015. http://www.sott.net/article/291554-Economists-Pay-workers-a-living-wage-to-increase-productivity
5. Resulta imprescindible hacer una aclaración desde el principio: el “producto necesario” no se limita a la representación en valor de los gastos de subsistencia básicos del trabajador. Debe incorporar también otras dimensiones relacionadas con poder tener una vida digna.
6. Pavel Vidal ha denominado este principio implícito de política económica como “la regla del MEP”, en alusión al Ministerio de Economía y Planificación. Ver Pavel Vidal. “La reforma y el salario real”. Cuba Posible. 10 de enero de 2015. http://cubaposible.net/articulos/la-reforma-y-el-salario-real-2015-01-10-00-00-00
7. Íbidem.
8. El monto de salarios es medido aquí por el indicador “Remuneración de trabajadores” que equivale a los sueldos y salarios devengados por los trabajadores, las dietas y gastos en viaje de trabajo, y la contribución a la seguridad social. Ver Tabla 5.18 - Relaciones entre los principales agregados de Cuentas Nacionales. Precios corrientes. Anuario Estadístico de Cuba 2014. http://www.one.cu/aec2014/05%20Cuentas%20Nacionales.pdf. El número de empleados es medido aquí por el indicador “Ocupados por clase de actividad económica”. Ver Tabla 7.3 del Anuario Estadístico de Cuba 2014. http://www.one.cu/aec2014/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf
9. He apuntado en textos anteriores publicados en Cuba Posible que uno de los grandes problemas del debate económico en Cuba es la “sequia” estadística respecto a importantes datos de la realidad, como es el caso de los niveles de pobreza. Sin embargo, eso lo que hace es complicar el análisis pero no logra desaparecer una situación de pobreza relativamente extendida que ha sido documentada –no a partir de datos “macro” sino de análisis parciales–, por científicos sociales cubanos. Mayra Espina abordó directamente el asunto en una entrevista publicada en Cuba Posible titulada “Cuba debe mejorar su política social”, 23 de marzo de 2015. Algunos textos importantes para comprender el problema de la pobreza actual en Cuba son la compilación de Maria del Carmen Zabala “Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores” y los textos de Ana Vera “Guajiros del siglo XXI” y de Pablo Rodríguez Ruiz “Los marginales de las alturas del Mirador. Un estudio de caso”.
10. Aquí lo de disfuncional se refiere a un juicio de valor hecho desde una óptica socialista. Claramente, la existencia de trabajadores pobres puede ser funcional desde una perspectiva de gerencia capitalista (salarios bajos para incrementar las ganancias).
11. Liu Xuxia y Yasef Ananda, “Entrevista con Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de Cuba: Las relaciones Cuba-China no sólo son relaciones paradigmáticas, son relaciones ejemplares”, Pueblo en Línea. 4 Sep. 2015 , http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0904/c31619-8945826-3.html
12. Por ejemplo, la tabla 7.2 de la sección “Empleo y salarios” del Anuario Estadístico de Cuba ofrece información agregada (a nivel nacional) sobre la distribución del empleo (por sexo y total) en tres categorías y dos sub-categorías: a) “total de ocupados”; b) “cooperativistas” (ofreciendo la cifra total para esa categoría y datos para la sub-categoría “no agropecuarios”); y c) “privado” (ofreciendo la cifra total para esa categoría y datos para la sub-categoría “trabajadores por cuenta propia”). http://www.one.cu/aec2013/esp/07_tabla_cuadro.htm
13. Lo ocurrido en muchos países del Tercer Mundo en el contexto de la globalización en términos de crecimiento y empleo, contradice los postulados del patrón clásico presente en las obras de economistas como Lewis, Kuznets y Kaldor, quienes asumieron que el crecimiento económico conduciría a una absorción del excedente de empleo de las economías subdesarrolladas y que luego de un período inicial de incremento de la desigualdad, la situación se revertiría (la famosa curva “U” invertida de Kuznets). La evidencia empírica reciente muestra que esto no ocurre actualmente en muchos países desarrollados. Para el caso de la India, por poner un ejemplo sobre el cual se han hecho muchos estudios sobre el tema, se observa que el sector formal de la economía ha incrementado su peso relativo en el ingreso nacional pero sin absorber más trabajadores y con una clara tendencia hacia el incremento de la desigualdad en la distribución de ingresos. Ver en la nota siguiente la referencia a los trabajos de Jayati Gosh sobre el tema.
14. Pueden consultarse al respecto varios textos de la destacada economista india Jayati Gosh quien ha estudiado en detalle el tema. Algunos de sus trabajos recientes son los siguientes: “The impact of macroeconomic change on employment in the retail sector in India: Policy implication for growth, sectoral change and employment”, Employment Working Paper No. 16, 2008. International Labour Office (ILO). Geneva. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_105103.pdf ; and C. P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh. “Recent Employment Trends in India and China: An unfortunate convergence?” Paper presented at ICSSR-IHD-CASS Seminar on Labour markets in India and China: Experiences and emerging perspectives 28-30 March 2007, New Delhi. http://www.macroscan.net/pdfs/india_china.pdf
15. En 2009 la población económicamente activa de Cuba era de 5158500 personas mientras que en 2013 era de 5086000 millones. Ver Tabla 7.1 “Población económicamente activa”, Anuario Estadístico Nacional 2013. http://www.one.cu/aec2013/esp/07_tabla_cuadro.htm
16. Desde 2008 hasta 2013, la productividad ha crecido 13,6%. Calculado por Pavel Vidal a partir de información de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba. Ver, Pavel Vidal., op. cit.
17. Todos los datos relativos al empleo han sido tomados del capítulo 7 “Empleos y salarios”, Anuario Estadístico de Cuba. Edición 2015. Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Cuba. http://www.one.cu/aec2014.htm. El número de empleados estatales (no aparece explícitamente informado en la tabla) se ha calculado restando de la categoría “Total de ocupados”, los subtotales de las categorías “Cooperativistas” y “Privado”.
18. Ver “Panorama económico y social. Cuba 2014”, Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). http://www.one.cu/panorama2014.htm
19. Ver, “Consejo de Ministros: Cierra el 2015 con crecimientos en la economía de 4% y en el salario medio del sector empresarial”. Cubadebate. 21 de diciembre de 2015. http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/12/21/consejo-de-ministros-cierra-el-2015-con-crecimientos-en-la-economia-de-4-y-en-el-salario-medio-del-sector-empresarial/#.Vnl6_U0QVaQ
20. Para una discusión más amplia sobre el tema salarial en el contexto de la actualización pueden consultarse los siguientes textos: Lázaro González Rodríguez, “¿Hacia dónde va la política salarial en Cuba?”, 31 de agosto de 2014. https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gonzalezr_310814.pdf; y Lázaro González Rodríguez y Yasiel Pérez Romero, “Bases para una reforma general de los salarios en Cuba”, 30 de septiembre de 2013, https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gonzalezr_300913.pdf. Una explicación oficial detallada sobre la política salarial en Cuba puede consultarse en el artículo de Vivian Bustamante Molina, publicado en la edición del periódico Trabajadores el 26 de enero de 2015, con entrevistas a tres funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de Cuba (MTSS) y a un funcionario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC): Edith González (asesora del Viceministro del MTSS), Guillermo Sarmiento (Director de Organización del Trabajo del MTSS), Rafael Guevara Chacón, jefe del Departamento de empleo y salario de la CTC, y Juan Mario Pérez Hernández, jefe del Departamento de organización y salario del MTSS. http://www.trabajadores.cu/20150126/entrevista-online-formas-y-sistemas-de-pago-en-cuba/
21. El salario mínimo, además de intentar reflejar una retribución equivalente a la “renta básica” también desempeña generalmente un importante papel en la determinación de los niveles salariales del país, pues normalmente funciona como el “piso” de los sistemas salariales y como punto de referencia para los cálculos de esos sistemas. Para el caso de Cuba hay expertos que proponen adoptar una “escala de complejidad” con diferentes grupos salariales, que se expresan como un múltiplo del salario mínimo. Ver Lázaro González Rodríguez y Yasiel Pérez Romero, “Bases para una reforma general de los salarios en Cuba”, 30 de septiembre de 2013, https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gonzalezr_300913.pdf
22. Este es un punto central de la teoría marxista.
23. Partido Comunista de Cuba. “Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución”. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Aprobado el 18 de abril de 2011.
http://www.juventudrebelde.cu/file/pdf/suplementos/lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
24. El actual nivel de 225 pesos mensuales fue establecido hace diez años, en 2005.
25. Raúl A. Sandoval Gonzalez, “La pobreza en Cuba”, www.progreso-semanal.com, 28 March 2012.
26. A diferencia de la penuria actual de datos, el cálculo de la “renta básica” (o su equivalente) era, hasta hace una década, un ejercicio normal por parte de especialistas cubanos trabajando en la academia y en organismos oficiales, y los cálculos se publicaban y se discutían regularmente. Por ejemplo, se dispone de una bien elaborada metodología desarrollada por Rita María Castiñeiras García, “Conceptos y Metodología para la construcción de la Canasta Básica en Cuba”,
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/castineiras_300906.pdf. Existe además una amplia literatura disponible sobre la manera en que se abordó el tema durante las últimas tres décadas en Cuba, destacándose autoras como Viviana Togores, Lía Añé Aguiloche, Angela Ferriol, Anicia García, Betsy Anaya, Mayra Espina, y María del Carmen Zabala, entre otros autores.
27. Según postula la OIT.
28. Arjan de Haan y Sukhadeo Thorat. “Inclusive Growth: More than Safety Nets”. SIG WORKING PAPER 2013/. January 2013. International Development Research Centre (IDRC). Canada. http://www.idrc.ca/EN/Documents/SIG_WP13-1_InclGrowth.pdf
29. No estoy diciendo que la disciplina y la organización laboral no sean importantes. De hecho, son condiciones fundamentales para el desarrollo económico. Lo que afirmo es que, desde una óptica socialista, el énfasis regulatorio estatal respecto a los trabajadores (con independencia del tipo de propiedad donde trabajan) debe consistir en asegurar el ejercicio del poder de los trabajadores en términos de control democrático sobre el trabajo y sus resultados.
