April 19, 2018
Cuba probable. La transición socialista y el nuevo gobierno.
por Rafael Hernández
En la noche del 19 de abril de 2018, se anunció una lluvia de estrellas. Para los astrónomos, que estudian el cielo, este fenómeno no encierra ningún misterio, pues se trata del rastro dejado por la estela del cometa Halley en nuestro sistema solar. Aunque resulta absolutamente predecible, cuando esta lluvia alcance su clímax, será única, distinta a cualquiera anterior, e irrepetible como evento cósmico. Es decir, imposible de anticipar en todas sus luces y variaciones. Este acontecimiento comparte algunos rasgos con los cambios que ya vienen desarrollándose en Cuba en 2017-2018.
De entrada, ciertas preguntas y predicciones sobre las elecciones y el nuevo gobierno cubano parecen flotar en una especie de ingravidez propia del espacio exterior.
¿Podrá estar listo “un nuevo presidente que no se apellide Castro” ante una situación tan peligrosa? ¿Qué podrá hacer frente a esa “tormenta perfecta de desafíos –empezando por los vientos huracanados de Trump”? (Whitefield y Gámez, 2017) ¿Quién es “ese burócrata del Partido” [Miguel Díaz-Canel] del que nadie sabe nada? (Erikson, 2017) ¿Cuáles serán “los valores e intereses del equipo que apunta a tomar las riendas del Estado cubano”? (López-Levy, 2018) ¿Qué podrá pasar con este candidato a presidente “sin apoyo dentro del PCC ni entre los militares”? (Suchlicki, 2017) ¿Qué podrá decidir este nuevo presidente que seguro tendrá a “Raúl y al resto del clan Castro encima de él”? (Hare, 2017) ¿Es “concebible que un futuro conflicto entre el partido y el Ejército pudiera producir un terremoto político, que en teoría generaría una transición política hacia la democracia”? (Corrales y Loxton, 2018).
Su capacidad de pronóstico rebasa a la de los astrónomos: esta “sucesión autoritaria”, que priva de “legitimidad interna y externa al nuevo mandatario”, lo condenaría a ser un simple engranaje de la “inmutabilidad política”, o sea, a paralizar las reformas y dejar todo como está.
Sin espacio para discutir estas tesis casi astrológicas, este artículo se limita a examinar la significación e implicaciones de un acontecimiento previsible –el cambio de gobierno--, como parte de un proceso político –la transición-- que ni empieza ni termina el 19 de abril de 2018, y cuyas consecuencias rebasan a los oráculos ideológicos de los dos lados. Se dirige a examinarlo desde la estructura y composición reales del sistema político y sus instituciones de poder principales, las existentes como legado de una etapa que culmina.
Algunos comentaristas parecen olvidar que los políticos actúan dentro de circunstancias que no eligen ni controlan absolutamente. Esta premisa elemental de ciencia política, ¿se cumple en “un sistema autoritario”, unipartidista, expuesto a una nueva relación people to people con EEUU y a la hostilidad de su gobierno, en medio de un “relevo generacional” de la clase política, que requiere preservar la estabilidad como requisito fundamental? Para no deslizarse por la pendiente de una incógnita Cuba posible, se requieren evidencias y datos, que permitan acercarse a una más tangible Cuba probable.
Desde ese contexto, se podría discutir con más claridad las cuestiones relevantes para el futuro inmediato de la política nacional y el desarrollo del modelo socialista cubano.
¿Qué Asamblea Nacional del Poder Popular ?
El perfil demográfico de esta ANPP muestra una representación más que proporcional (según el Censo) de mujeres (53,22 %), negros y mestizos (40,66%) y graduados universitarios (86%). Más de la mitad está compuesta por nuevos diputados; un poco menos de la tercera parte está siendo reelegida por segunda vez; una quinta parte ha estado en la Asamblea al menos desde 2008. Entre esos diputados, 98% son militantes del PCC o la UJC.
La presencia de diputados que realmente viven y trabajan en los municipios, considerando todos los trabajadores estatales (dirigentes y militares incluidos), los órganos del PP (consejos de administración y municipales), cooperativistas agrícolas y “trabajadores por cuenta propia”, conforman una gran mayoría de 62,6 %.
Según fuentes oficiales, el conjunto de los trabajadores no estatales (incluyendo cooperativistas agrícolas, artistas y otros que reciben ingresos no provenientes de un salario) asciende a 29 % de la fuerza laboral (ONEI, 2016). Sin embargo, su presencia en la ANPP no llega al 7 %. En el caso de los “trabajadores por cuenta propia” (con licencias para ejercer una lista de empleos del sector privado), apenas alcanza 0,5 % de la ANPP, lo que expresa una extrema subrepresentación. A pesar de la política declarada de incentivar a las cooperativas como modalidad de trabajo no estatal, en tanto forma de organización y propiedad social sobre medios no fundamentales de producción, la representación de las cooperativas no agrícolas es nula.
En el sector de la cultura, la presencia de artistas y escritores sin cargos de dirección en el momento de la elección es muy escasa. Aunque hay más científicos en esta ANPP, los únicos diputados que pueden haber realizado estudios en el campo de las ciencias sociales son unos pocos docentes universitarios. Ninguno de los centros de investigación (los llamados think tanks) de las universidades, el sector de la ciencias sociales, la cultura, las relaciones exteriores, etc. ocupa ningún escaño.
¿Qué significa esta Asamblea en el reflejo del contexto político específico del próximo gobierno en términos de representación/renovación/continuidad?
Si se comparara –como veremos más adelante-- con otras instituciones de poder político --el Consejo de Ministros y el CC del PCC--, esta Asamblea los rebasa en participación de mujeres, negros y mestizos, y graduados universitarios.
Ahora bien, la estructura de mayorías y minorías descrita arriba no solo permite medir su representatividad y diversidad, sino estimar su potencial dinámica, en caso de que la ANPP se convirtiera en una institución determinante en el funcionamiento del sistema político cubano, en los términos previstos por la Constitución vigente. Para cumplirlos bastaría que se dedicara a debatir y promulgar sistemáticamente las leyes, ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno, incluida la eventual revocación de decretos-leyes y de miembros de los consejos de Estado y Ministros, a discutir y acordar el sistema monetario, los lineamientos de la política interna y exterior, extendiera a más de tres días los dos períodos ordinarios de sesiones al año (cuya frecuencia establece la Constitución, pero no su duración), a convocar sesiones extraordinaria cuando lo solicitara la tercera parte de los diputados, así como revisar y proponer enmiendas al orden constitucional (Constitución, Art. 75 y 78).
Cultura y constitución del liderazgo institucional: el legado político de Raúl Castro.
Algunos estudiosos han reseñado el papel de Raúl Castro como arquitecto de la seguridad y defensa de Cuba en más de medio siglo (Klepak, 2012); otros como el autor del “ciclo pragmático más profundo de reformas económicas” (Mesa Lago, 2012). Algunos más han llegado a imaginarlo como una especie de Deng Xiao Ping tropical, cuyo proyecto de liberalización bien inspirado hacia una economía de mercado se ha atascado, de modo “completamente decepcionante” (Feinberg, 2017).
En el breve espacio de este texto, me concentraré en dos aspectos de su legado. El primero es el significado de su liderazgo en la introducción de concepciones y prácticas dirigidas a naturalizar las reformas, convertir la consulta con los ciudadanos en una práctica regular y promover que las instituciones establecidas funcionen de manera democrática plena. El segundo es la regeneración de la dirigencia y su nueva matriz, lo que algunos identifican como el “relevo generacional” y otros como “la transición a un gobierno post-Castro”.
Hacia un socialismo democrático.
En los debates del VII Congreso del PCC (2016), se reportó el intercambio entre un veterano dirigente del Partido y un delegado más joven en torno a la conveniencia de incorporar en los documentos la idea de “nuestra democracia socialista” (Granma, 2016). Aunque la posición del veterano prevaleció en el debate –“el concepto de democracia junto al de socialismo refleja una corriente vergonzante del socialismo”--, los documentos oficiales finales sobre el nuevo socialismo hicieron explícitas no solo las cualidades de próspero y sustentable, sino la de democrático.
Los millones de cubanos que debatieron o conocieron los documentos de los congresos VI (2011) y VII, y de la Conferencia (2012) del PCC pueden dar fe de que estos reflejan un socialismo diferente al que se defendió en Cuba hasta entonces. Quien los revise bien difícilmente podría entenderlos como el camino hacia un “modelo neopatrimonial chino-vietnamita” (Bye, 2017) o socialdemócrata. En ese nuevo socialismo en construcción, basado no solo en fórmulas económicas, las nuevas ideas y estilos políticos tienen la marca de origen de Raúl Castro. Entender sus discursos y decisiones permitirían formarse una idea precisa.
Unos días antes de asumir el gobierno de manera inesperada, Raúl había declarado que “la especial confianza que otorga el pueblo al líder fundador de una Revolución, no se transmite, como si se tratara de una herencia, a quienes ocupen en el futuro los principales cargos de dirección del país” (Castro, 2006)[1], anticipando que el consenso instantáneo de que gozaba el fundador ya no sería una premisa, y en lo adelante habría que fomentarlo. Su contribución a la renovación del ideario socialista empezó por naturalizar la discrepancia, y considerarla parte orgánica de un nuevo consenso. Basta advertir cuántas expresiones de disentimiento identificadas como “contra” a fines de los 80 e inicios de los 90 se ubican hoy “dentro” del discurso socialista en el conjunto de la sociedad --aunque algunos todavía se resistan a verlo así.
A pesar de que algunos dirigentes han repetido que los cambios se limitan a modernizar el modelo económico, dejando intacta “la parte política”, los discursos de Raúl han propuesto un socialismo basado en nuevas mentalidades y prácticas, incluyendo la política económica. Estas incluyen la necesidad de “dialogar con los ciudadanos”, consultarles las principales políticas, emplazar a la burocracia resistente al cambio, la ineptitud del sistema de medios de difusión, los estilos anquilosados de educación política y trabajo ideológico –lo que él ha llamado “la vieja mentalidad”.
Su desempeño desde los años 60 a cargo de la defensa y la seguridad no anunciaba que “nuestro peor enemigo no es el imperialismo” ni sus aliados en la isla, sino “nuestros propios errores”, las “visiones estrechas y excluyentes”. Su imagen de militar tampoco anticipaba al defensor de un sistema descentralizado, la toma de decisiones colegiada, el derecho a discrepar “del que no se debe privar a nadie”, “el debate sin ataduras a dogmas y esquemas inviables”, la erradicación del “secretismo informativo en todo lo que define el curso político y económico de la nación”, de la “barrera psicológica formada por el inmovilismo, la indiferencia,” que impide “transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo”, la mala copia de “otras experiencias socialistas”, y al mismo tiempo la necesidad de “no ignorar incluso las positivas de los capitalistas.”
En su énfasis sobre la democracia, ha afirmado que para seguir teniendo un partido único, tiene que ser “el Partido de la Nación Cubana,” “el más democrático,” “dar el ejemplo en sus propias filas,” ser capaz de “promover la mayor democracia en nuestra sociedad”, lo que “contribuirá a superar actitudes simuladoras y oportunistas surgidas al amparo de la falsa unanimidad y el formalismo.” Se trata de “acostumbrarnos a decirnos las verdades de frente, discrepar y discutir, incluso ante lo que digan los jefes” y “desterrar la mentira y el engaño en la conducta de los cuadros, de cualquier nivel.”
Los documentos políticos del gobierno tampoco son intocables. “El programa de la revolución se debe actualizar cada cinco años para que responda siempre a los verdaderos intereses del pueblo”. No debe leerse como “una obra totalmente terminada ni con un prisma estático o dogmático”, sino “una guía para continuar avanzando en las reformas del sistema”, incluyendo la conceptualización sobre el socialismo mismo. “Así se asegurará también el permanente perfeccionamiento y profundización de la democracia socialista.”
Muchas de esas ideas y políticas no han llegado aún a legislarse. La agenda de proyectos de ley anunciados, pero pendientes, abarca la estructura y poderes de los municipios, las pequeñas y medianas empresas, el sistema electoral, las empresas del sector público, la política de comunicación, otro código de familia. Se requiere además actualizar una legislación envejecida sobre asociaciones, cultos religiosos, y otros temas. La VIII Legislatura acordó designar una comisión para estudiar una nueva reforma constitucional, que debería impulsar, debatir y aprobar una Asamblea Nacional cuya actividad legislativa llegara a rebasar la de los consejos de Estado y de Ministros.
La nueva dirigencia política: ¿una matriz?
El rejuvenecimiento del liderazgo está en el núcleo duro del legado de Raúl. Él mismo ha puesto sobre la mesa una norma sin precedentes (“limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales principales”), que debe esperar por una reforma constitucional para hacerse firme. Si en lugar de declararlos una mayoría de “octogenarios” (Bye, 2017), se mira detenidamente a la dirección del gobierno y el Partido del periodo de Raúl, se verá que ese “traspaso intergeneracional del poder” (López-Levy, 2018) ya había empezado y avanzado desde hace años.
Según un estudio de hace cuatro años (Hernández, 2014), la edad del Consejo de Ministros y el Comité Central del PCC era de 58 años. Esta coincidía con la titulada “generación escondida”, llamada así por comentaristas de la política cubana como el ex–policía y politólogo aficionado Mario Conde (Padura, 2013, p. 24).[2] Curiosamente, esta “generación escondida” había empezado a reemplazar en los hechos a la clase política “histórica”, y lo estaba haciendo mucho antes de lo vaticinado.
El CC del PCC elegido en el VI Congreso (2011) había reducido su edad promedio a 57 –y seguiría bajando hasta 54 en 2016. Ya en 2014, el 80 % de los 15 presidentes de asambleas provinciales del Poder popular tenía menos de 50. Y ninguno de los 167 secretarios municipales del PCC, salvo uno, pasaba de lo que en Cuba se suele llamar “la media rueda” (50 años) (Hernandez, loc.cit.).
En cuanto a la dirigencia a nivel nacional, las edades en el Consejo de Ministros de Raúl iban de 50 a 87, pero ya más de la mitad de estos estaba por debajo de la línea de 60 años. O sea, que la supuesta “generación escondida” ha sido parte del gobierno en los últimos diez años, y debe seguir en el Comité Central del PCC por lo menos hasta el próximo congreso en 2021.
¿Quiénes son esos más altos dirigentes cubanos? El Buró Político del PCC salido del VII Congreso (17 miembros) ha sido el primero donde los cargos por perfil profesional (9) –defensa, economía, diplomacia, salud pública, ciencia y técnica—rebasan al número de dirigentes políticos de carrera (8). Entre esos cuadros políticos, 5 han dirigido en las provincias, y 3 ingresaron al BP bajo el mando de Raúl. Este patrón que encamina a dirigentes provinciales del PCC y el Poder Popular hacia el más alto nivel nacional también resulta parte de su legado.
En cuanto a los ministerios y organismos centrales, la mayoría (2/3) de las principales áreas de origen de sus máximos dirigentes son la economía estatal, la dirigencia partidaria y las fuerzas armadas --22% del Consejo cada una. En cuanto al perfil profesional, la especialidad de mayor frecuencia –incluido el primer vicepresidente-- es ingeniería (9). Entre economistas e ingenieros se concentra el 44 % del gabinete.
El estilo de liderazgo de esta mayoría del gabinete de Raúl --cuyo primer vice ha sido un ingeniero electrónico durante cinco años-- se orienta hacia un modelo sistémico, basado en control de indicadores, chequeo de flujo, y una lógica que prioriza la eficiencia. En esta razón ingeniera, diferente a la del puesto de mando militar, o al espíritu guerrillero predominante en etapas anteriores, radican sus mayores potencialidades --y también el sesgo tecnocrático presente en algunas de sus formulaciones.
En cuanto a diversidad de género y color de la piel, la tabla anterior muestra que la tercera parte del Consejo de Ministros han sido mujeres –representación superior a gabinetes anteriores, aunque todavía insuficiente. En el Buró Político, donde también son minoría, las mujeres han pasado de cero o una, a 4 (25 %). Los no blancos ese alto mando del PCC representan 35 %.
Por demás, la política de rejuvenecimiento en curso ha llevado a que la edad promedio de los dirigentes máximos del PCC en cada una de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud haya descendido a 52 (2018) --cinco años más joven que la del vicepresidente Díaz-Canel. Según datos oficiales recientes, la edad promedio de la nueva ANPP se redujo en cinco años respecto a la de la VIII Legislatura (Granma, 2018) --es decir, de 54 a 49.
La cuestión de “los militares”.
Algunos de los observadores mencionados al principio de este artículo dan por sentado que el área política más incierta y problemática en la transición al nuevo gobierno es la marcada por las “nuevas relaciones” entre “los militares” y los “civiles”. Esta incógnita parte de asumir que el de Raúl es “un gobierno de militares”, para preguntarse luego si un presidente civil va a estar en desventaja ante ese “estamento” de poder dentro del sistema cubano.
Un poco de perspectiva histórica permitiría apreciar el significado real de esta cuestión.
Cuando se mira la foto del primer CC del PCC, fundado en octubre de 1965, se puede observar que 70 de sus cien miembros visten de verde olivo. Para quien ignore la historia de la revolución, ese uniforme puede producir la ilusión óptica de que todos esos militares tienen un mismo código genético político. A diferencia de Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Juan Domingo Perón o Gamal Abdel Nasser, los que integraron el liderazgo revolucionario, combatieron en la Sierra (los frentes guerrilleros) y en el Llano (las organizaciones clandestinas), y ocuparon las principales responsabilidades al frente del nuevo estado, incluidas tareas en las fuerzas armadas y la seguridad, no se educaron en colegios militares ni pasaron de generales a líderes políticos. Caracterizar a Fidel Castro como militar resulta simplista; lo mismo que reducir la contribución del Che Guevara al socialismo cubano a su rol como guerrillero.
La mayoría del liderazgo que ha integrado la llamada “generación histórica” responde a estas características. Las FAR representaron, desde los años 60 y siguientes, una puerta giratoria con las instituciones de la revolución, el Estado y el PCC. Prácticamente todos los ministerios –educación, construcción, industria azucarera, transporte, comunicaciones, pesca, agricultura, etc.-- fueron dirigidos entonces por oficiales de las FAR –algunos retirados, otros en activo--. Entre los años 70 y 90, miembros del secretariado del Partido --a cargo de las relaciones internacionales o el sector ideológico--, presidentes de la Asamblea Nacional, fiscales generales o directivos de la Academia de Ciencias tuvieron (o mantuvieron) grados militares. Algunos autores han identificado con el concepto del “soldado cívico” a esta condición híbrida de la dirigencia cubana (Domínguez, 1978).
Naturalmente, hace tiempo que las FAR se profesionalizaron. Y aunque el liderazgo de los ministerios de la defensa y la seguridad sigue estando en manos de oficiales “históricos”, ya profesionalizados, ninguno de los actuales jefes de los tres ejércitos bajó de la Sierra ni combatió en el Llano, sino se formaron en academias militares y en las guerras africanas.
La presencia de cuadros militares en tareas de la economía nacional, y de las FAR como institución dedicada a asegurar no solo “los cañones”, sino “los frijoles”, tuvo un nuevo giro desde la crisis del Periodo especial. Pero adjudicarle al “legado normativo de Raúl Castro el control militar de la economía” y considerar que “el régimen en Cuba seguirá acorralado por la familia Castro y el Ejército” (Corrales y Loxton, 2018) resulta una tesis difícil de demostrar con números y hechos.
Ante todo, ¿en qué medida el gobierno de Raúl como presidente incorporó realmente a una cantidad apreciable de oficiales retirados o en activo? Ya el último Buró Político (BP) elegido bajo la dirección de Fidel en 1997, incluía a 7 militares, sin contar al Segundo secretario del PCC, Raúl. En el elegido por el VII Congreso (2016) quedaban solo 4, y ninguno incorporado bajo el gobierno de Raúl.
Los ministros provenientes de las instituciones armadas en ese gobierno, aparte de él mismo, y los encargados del MINFAR y el MININT, se reducen a dos vices, un secretario, y dos ministerios económicos –Industria y Transporte. Ramiro Valdés, aunque viste de uniforme, dejó de desempeñar tareas relacionadas con la seguridad hace más de treinta años (1961-1968 y 1979-1985), y se ha ocupado de otros sectores (construcción, electrónica, comunicaciones), como sigue hasta ahora. Sin contarlo a él y a Raúl, los militares en activo o retirados serían apenas 19 % del CM –contra una mayoría de 44 % de ingenieros y economista. En cuanto a los puestos principales a cargo de la economía nacional, la cuenta es clara: 4 de los 6 vices del gabinete, y 13 de los 15 ministerios económicos han sido dirigidos por civiles –no identificables con el “soldado cívico” ni la “generación histórica“.
Analizar el espacio real –a veces sobreestimado-- que las empresas de las FAR ocupan en la proyección del desarrollo económico cubano actual rebasaría la extensión de este artículo y su foco principal. En todo caso, sí convendría considerar que el reconocimiento a la capacidad empresarial de las instituciones militares en su participación dentro del actual sector público cubano implicaría verlas como parte integral del nuevo modelo socialista. Aunque algunos economistas no parecen compartirlo del todo, la propia evaluación sobre la eficacia y la eficiencia empresariales en el socialismo exige una perspectiva no meramente corporativa o tecnocrática, que incluya entre los índices de eficiencia la aplicación de prácticas sustentables, nivel de retribución y participación de los trabajadores, probidad en el manejo de los recursos, protección ambiental e interacción comunitaria. La capacidad de todas las corporaciones estatales para comunicarse y cooperar con actores sociales diversos, trabajadores y ciudadanos en general --lo que suele llamarse responsabilidad social empresarial— tendría que servir como vara de medir la gestión de “la empresa socialista” tanto de las militares como de las civiles.
Las cifras y comentarios anteriores no se dirigen a disminuir el papel de los militares en un gobierno encabezado por un General Presidente (que seguirá siendo el Secretario general del Partido), sino a analizarlo en sus atributos políticos. Se trata de colocar ese rol en perspectiva, a las instituciones armadas como segmentos de un Estado y de estructuras de poder más complejas, cuyas políticas dependen hoy menos de habilidades militares clásicas, como el mando único, el principio de verticalidad y obediencia, la concentración de decisiones en el estado mayor, el avance mediante campañas, la concentración de fuerzas en dirección al golpe principal, o la conquista de objetivos estratégicos pagando incluso costos muy altos si así se determina. O para el caso que nos ocupa, de habilidades gerenciales adquiridas, tangentes en cierta medida con las anteriores.
Dada la sociedad cubana actual, su contexto histórico, y los desafíos del desarrollo, esas políticas (económicas incluidas) se relacionan menos con técnicas de gerencia y habilidades de gestión, y más con capacidad para aplicar el conocimiento a la innovación, transparencia informativa, descentralización no limitada a desconcentrar las decisiones, evaluación informada de los problemas, transformación del sector estatal hacia una mayor autonomía y horizontalidad de sus instituciones, valoración de impactos sociales y políticos en sectores sociales en desventaja, extensión del sector no estatal y papel de los nuevos sujetos económicos, funcionamiento eficaz de la ley y participación ciudadana real.
En estas y otras capacidades se probará realmente el nuevo gobierno.
Consideraciones finales: ¿cuáles preguntas?
A lo largo de casi 59 años, desde que “las guerrillas bajaron de la Sierra”, la capacidad del orden político cubano de reproducirse mediante el cambio es la clave de su estabilidad. Entre el socialismo de los 60, el de 1970-90, y el que sufrió los embates de la crisis llamada Periodo especial, ocurrieron cambios de fondo, que produjeron más de un reordenamiento del sistema institucional, modificaron los contenidos ideológicos del comunismo cubano, integraron a generaciones que no estuvieron en la Sierra (o el Llano), y se constituyeron sobre una sociedad multigeneracional y cada vez más diferenciada en su estructura socioeconómica.
A partir de los 90, esas críticas y discrepancias, perceptibles alto y claro en una esfera pública cada vez más autónoma, obtuvieron carta de naturalización “dentro” del sistema, también a oídos de líderes viejos y nuevos.
A pesar de cambios palpables, sin embargo, varios años después de haberle transferido el mando a Raúl, algunos expertos afirmaban que Fidel seguía gobernando, pues “eso decía todo el mundo en Cuba”. Aunque las políticas y el estilo de liderazgo de Raúl resultan bien diferentes, aún algunos declaran hoy que “el modelo carismático de Fidel” siguió vigente en la presidencia de Raúl.
Esa misma inercia mental que impregna las visiones sobre la política cubana determina que el nuevo gobierno sea considerado por algunos, aun antes de tomar posesión, como impedido genéticamente de actuar por sí mismo. La ineptitud para apreciar los cambios políticos reales refleja también un lastre ideológico que no deja ver lo que no responda a un paradigma prefijado. Paradójicamente, este lastre funciona igual en ambos extremos del espectro ideológico --ciegamente en contra o en pro. En efecto, cuando se dice que “no habrá cambio político mientras no exista un sistema multipartido y elecciones presidenciales directas”, los dos extremos coinciden en afirmar la “inmutabilidad” política –de un lado, como maligna; del otro, como virtuosa.
Las preguntas cubanas de fondo sobre el nuevo gobierno se colocan más allá de esta ecuación binaria. ¿Puede una Asamblea Nacional con un 98 % de militantes del PCC y la UJC interpelar a los ministros, cuestionar su gestión y removerlos cuando haga falta –según norma la Constitución cubana actual y ocurre en otros sistemas socialistas (como Vietnam)? ¿Es la diversidad y el debate de ideas dentro del Partido, las instituciones representativas del Poder popular, las organizaciones e instituciones del sistema, un síntoma de división y debilidad política –o todo lo contrario? ¿Se necesita “un partido de acero” o uno que demuestre “sentido del momento histórico”, “cambie todo lo que deba ser cambiado”, capaz de liderar “con inteligencia y realismo”? (F. Castro, 2000).
La IX Legislatura, que acompañará al nuevo gobierno, y cuya edad promedio es 8 años menor que la del nuevo presidente, podría empezar a ejercer esas atribuciones constitucionales, aunque fuera de modo paulatino, a lo largo de su naciente mandato. Solo eso ya marcaría una renovación de fondo en el funcionamiento del sistema político, y en la dirección del discurso de Raúl Castro durante su presidencia.
El legado de Raúl es importante porque abarca ideas sobre un socialismo sustentable, próspero y democrático, legitimadas por el sello de la “generación histórica”. También lo es porque incluye políticas ya acordadas y anunciadas, en algunos casos, hace dos años o más. Se trata de acabar de aplicarlas, para lo cual el apoyo que el nuevo gobierno reciba de Raúl al frente del PCC resulta crucial.
Sería contradictorio suponer que este pusiera cortapisas a su propio legado, incluido el relevo de un presidente capaz de desempeñarse con efectividad y obtener su propio reconocimiento. Se trata de su transición, la concebida por él para asegurar la continuidad renovada del socialismo cubano. Suponer lo opuesto, sería tan contradictorio como que Fidel, al pasarle el mando, se hubiera dedicado a no dejarlo tomar sus propias decisiones o a no apoyarlas.
Los retos del nuevo gobierno son conocidos. El primero de una larga lista, en términos de los trabajadores, es restablecer el poder adquisitivo del salario en un mercado de oferta y demanda, privado y estatal, con precios muy por encima del salario promedio. Pero también dispone de fortalezas, que pueden aprovecharse a fondo.
El nuevo presidente dirigirá una sociedad cuya fuerza laboral tiene casi 30 % de graduados universitarios, más que representados en la ANPP, el CC y el Buró Político del PCC; una clase política ampliamente renovada en cada una de sus instituciones; y liderazgos provinciales jóvenes, donde hay figuras capaces, con autoridad política y moral, y apoyo popular. Incorporarlos al nuevo gobierno aplicaría la lección de Raúl sobre la prueba local de los dirigentes políticos, ilustrada en el caso de Díaz-Canel. Entre esos que dirigen el Poder popular y el Partido en las provincias, se incluyen mujeres, que podrían elevarse al nuevo Consejo de Ministros --donde ahora solo son 30 %-- ya que representan la mayoría absoluta de los profesionales del país.
¿Cuál es la composición del Consejo de Estado que eligió la Asamblea? Pero sobre todo, del Consejo de Ministros que el presidente le propondrá en el periodo de sesiones de julio próximo.¿Cuáles los orígenes y experiencia de sus miembros? ¿En qué medida se distinguirá del gobierno de Raúl? Aunque algunos expertos y reporteros no reconozcan sus nombres, es probable que la mayoría del nuevo gobierno esté formada por figuras políticas y técnicos menores de 57 (la edad de Díaz-Canel), pero no outsiders del sistema. O sea, educados y criados en las mismas instituciones, promovidos según sus reglas de mérito, y expuestos a los debates y problemas de los últimos 10-20 años –no egresados de otras escuelas o familias políticas. Su selección podría estar más guiada por la representación de sectores, instituciones y tendencias dentro de ese socialismo cubano actual –en lugar de un gabinete compartido casi totalmente por figuras del partido, contribuyentes y seguidores del candidato vencedor, como ocurriría después de las elecciones (democráticas, claro) en otros lares.
Algunos observadores han imaginado una regla que supuestamente predetermina al vicepresidente como próximo presidente (Rojas, 2018). Sin embargo, vaticinar que el vice en 2018 será el presidente dentro de cinco años carece de fundamento. De cualquier manera, tratándose del “número dos” del gobierno, y su eventual reemplazo, no carece de importancia. El elegido, Salvador Valdés Mesa, es un veterano dirigente sindical y ex-ministro del Trabajo, negro, miembro del Buró Político del PCC –como Díaz-Canel--, que pronto cumplirá 73 años.
En cuanto a la composición de la actual dirección del PCC, este Comité Central deberá permanecer hasta 2021. Sin embargo, los miembros del Secretariado y los del Buró Político pueden renovarse cada vez que el CC del PCC lo acuerde (Estatutos, art. 47). Durante el mandato de Raúl como Primer Secretario del PCC, por ejemplo, se produjeron altas y bajas en ambos órganos, que no coincidieron siempre con los congresos partidarios. Así que no existe regla que determine la permanencia inamovible de ningún miembro, incluidos los actuales “históricos”, en el BP.
Por último, está el tema de “los militares” y su papel en un gobierno presidido por “un civil”. Ante todo, es útil aclarar que las trincheras ideológicas o burocráticas resistentes a los cambios y su implementación no están uniformadas. Confundir el “núcleo duro de la ideología” y la renuencia a las reformas con “los militares” revela poca familiaridad con la dinámica cubana de los últimos diez años.
Tampoco está en la idiosincrasia de esas instituciones militares disponer de feudos de acumulación privada, colocar o descolocar presidentes y gobiernos locales, participar de redes de negocios o contubernio con el crimen organizado, y sacarlas tropas a la calle con vehículos blindados a reprimir manifestaciones –como ocurre en otros países de la región y del mundo gobernados por “civiles”.
Suponer que tienen intereses corporativos propios al punto de desencadenar pugnas “inter-elites” en torno al poder político, que puedan poner en peligro la unidad del gobierno en un momento complejo, exponer la estabilidad del país y la seguridad nacional, ofreciendo un flanco a la intervención directa o encubierta de los EEUU, resulta incongruente con la preservación del sistema, con su formación profesional y cultura institucional, e incluso con sus roles asignados en áreas del sector estatal.
Como muchos cubanos saben, el nuevo presidente ha sido alguna vez profesor universitario, aprecia el valor del conocimiento para construir políticas públicas ilustradas, sabe cómo comunicarse eficazmente con la gente de la calle, así como con intelectuales, periodistas y funcionarios del Partido. Su reto mayor no radica en entenderse con los militares, sino en lograr que el sesgo tecnocrático y la lógica eficientista de los ingenieros y economistas que constituyen la mayoría del actual gobierno no marquen la proyección del nuevo. Esta es una oportunidad quizás única para renovar el estilo político gubernamental, dejar atrás definitivamente el del puesto de mando y la guerrilla, y hacer uso extensivo de todas las tecnologías de la información y de la comunicación, para algo tan vital como compenetrarse con la gente y sus problemas; dejar atrás imágenes de los dirigentes como instructores políticos o tecnócratas, y ejercer un rol más cercano al de pedagogos capaces de escuchar y dialogar, conseguir la participación de los trabajadores en la solución de los problemas, clave para articular un nuevo consenso.
En el fondo, el desafío que se le presenta a este nuevo gobierno es el de una transformación cultural en el estilo de hacer política en Cuba.
La Habana, 17 de abril, 2018.
Rafael Hernández es politólogo y dirige la revista cubana de ciencias sociales Temas.
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Referencias.
“El bienestar de los cubanos, clave del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030” (Yudy Castro Morales y Sergio Alejandro Gómez, Comisión 2, VII Congreso PCC), Granma, 17 de abril 2016.
Fidel Castro, “Discurso en la Plaza de la Revolución”, 1 de mayo de 2000. http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2000/esp/f010500e.html
Raúl Castro Ruz, “Discurso en el acto por el aniversario 45 de la fundación del Ejército Occidental, San José de las Lajas, 14 de junio de 2006.”
Jorge Domínguez, Cuba: Order and Revolution, Harvard University Press, 1978, capitulo 9 ("The Civic Soldier.")
Rafael Hernández, “Demografía política e institucionalidad”, Revista Espacio Laical, # 2, agosto, 2014.
Interamerican Dialogue, “What Will a Change in Leadership Mean for Cuba?”, December 11, 2017 (Dan Eriksson, Jaime Suchlicki, Paul Hare, et al).
Hal Klepak, Raúl Castro and Cuba: A Military Story, New York, Palgrave Macmillan, 2012.
Arturo López-Levy, “Cuatro claves del cambio presidencial en Cuba”, eldiario.es, 19 de marzo, 2018.
Carmelo Mesa Lago, Cuba en la era de Raúl. Castro. Reformas económico-sociales y sus efectos, Madrid, Colibrí, 2012.
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Foto: Kaloian.
