“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario (...).” Lenin, 1902. ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento.
“La Habana es el pueblo de las anomalías y las excepciones de las reglas generales de la economía política (…). Bien se considere el aspecto de su prosperidad comercial ya se mire al de sus productos rurales, ya se examine el de sus atenciones interiores, y la manera de cubrirlas, siempre hallaremos que en la Isla de Cuba las cosas pasan de un modo muy diverso del de otros pueblos.” Ramón de la Sagra, 1837.
INTRODUCCIÓN
La Economía se ha convertido en el tema central de discusión en la Cuba del 2011. La dirección del Partido Comunista ha impulsado el debate masivo al sostener la necesidad de “actualizar el modelo económico cubano”, haciéndolo funcional a las exigencias actuales del desarrollo económico y social a través de la alternativa socialista. Académicos y especialistas de las más diversas áreas – además de la población en general – se incorporan al complejo ejercicio de moldear una propuesta que avance en el azaroso trayecto de una edificación socialista desde bases subdesarrolladas.
Sin embargo, la mayoría de las propuestas, intervenciones y disertaciones que se han generado sobre este tema se erigen sobre la base de una noción intuitiva e implícita en torno al concepto de modelo económico, que no define con precisión cuáles son sus elementos más esenciales. La ausencia de un esclarecimiento teórico de partida ha conducido a colocar en un mismo nivel de análisis elementos con importancias relativas muy disímiles. Como consecuencia se asiste a una discusión demasiado amplia, que corre el riesgo de subestimar aspectos determinantes del modelo e incluso del sistema socioeconómico, al mezclarlos con elementos específicos a dilucidar simplemente en el campo de los desequilibrios coyunturales.
Por otra parte, el pretendido aislamiento de lo económico en el análisis indivisible de las relaciones sociales, si bien busca afianzar en la práctica política un criterio de racionalidad hasta hoy subordinado o inexistente, al mismo tiempo imposibilita una indagación más rigurosa de la realidad y se arriesga al sesgo del pragmatismo economicista. La mayoría de las aproximaciones desde la academia – específicamente desde las ciencias sociales – aunque combaten esta secesión, tampoco consiguen superar los enfoques parcelados, dada su lamentablemente demarcación disciplinaria expresada claramente en los sistemas de formación establecidos. Como resultado de esta circunstancia, cualquier par de ideas lanzadas al ruedo del debate cubano actual estará sesgado por el adiestramiento disciplinario de su autor, por su experiencia vital y por su esfuerzo personal en transgredir los compartimentos que le son afines. El trabajo que a continuación se desarrolla, aunque no consigue superar estas barreras, se intenta desde la clara consciencia de la totalidad como aproximación científica aspirada.
Sin embargo, la mayoría de las propuestas, intervenciones y disertaciones que se han generado sobre este tema se erigen sobre la base de una noción intuitiva e implícita en torno al concepto de modelo económico, que no define con precisión cuáles son sus elementos más esenciales. La ausencia de un esclarecimiento teórico de partida ha conducido a colocar en un mismo nivel de análisis elementos con importancias relativas muy disímiles. Como consecuencia se asiste a una discusión demasiado amplia, que corre el riesgo de subestimar aspectos determinantes del modelo e incluso del sistema socioeconómico, al mezclarlos con elementos específicos a dilucidar simplemente en el campo de los desequilibrios coyunturales.
Por otra parte, el pretendido aislamiento de lo económico en el análisis indivisible de las relaciones sociales, si bien busca afianzar en la práctica política un criterio de racionalidad hasta hoy subordinado o inexistente, al mismo tiempo imposibilita una indagación más rigurosa de la realidad y se arriesga al sesgo del pragmatismo economicista. La mayoría de las aproximaciones desde la academia – específicamente desde las ciencias sociales – aunque combaten esta secesión, tampoco consiguen superar los enfoques parcelados, dada su lamentablemente demarcación disciplinaria expresada claramente en los sistemas de formación establecidos. Como resultado de esta circunstancia, cualquier par de ideas lanzadas al ruedo del debate cubano actual estará sesgado por el adiestramiento disciplinario de su autor, por su experiencia vital y por su esfuerzo personal en transgredir los compartimentos que le son afines. El trabajo que a continuación se desarrolla, aunque no consigue superar estas barreras, se intenta desde la clara consciencia de la totalidad como aproximación científica aspirada.
MODELO DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO: ESCLARECIENDO CONCEPTOS.
El Modelo como componente de la política económica
El primer paso en el esclarecimiento de la discusión acerca del modelo para una economía es la especificación de su rol como componente de la política económica. Según el economista y Premio Nobel holandés Jan Tinbergen, autor de los primeros análisis sistemáticos sobre este tema durante la década del cincuenta, las acciones que lleva a cabo un gobierno con la intención de influir sobre el proceso económico es lo que se conoce como política económica.
Los problemas que suele enfrentar la política económica pueden atribuirse a tres clases de causas. En un primer grupo aparecen los aspectos coyunturales, asociados a fenómenos que alteran temporalmente los equilibrios macroeconómicos por razones que pueden atribuirse a coyunturas internas o externas.
Por otra parte, cierto tipo de estrangulamientos que en ocasiones surgen disfrazados de infortunios temporales, hallan causa verdadera en una disfuncionalidad de la estructura económica para dar respuesta sostenida a las circunstancias imperantes. Los aspectos estructurales conforman un segundo grupo de palancas a dinamizar en pos de superar deformaciones o desbalances ubicados en un plano de mayor esencialidad. Aquí se pueden mencionar fenómenos que demandan para su enfrentamiento: a) una modificación del patrón de inserción en la economía internacional, entiéndase la orientación geográfica o la composición técnica del comercio; b) una redefinición del patrón de especialización productiva, o sea, el tamaño relativo y rol de sectores y ramas, la distribución intra-ramal, el desplazamiento hacia actividades horizontales de mayor o menor valor agregado, y el papel asignado a cada territorio en la división social del trabajo; c) una transformación en las relaciones de propiedad sobre las fuerzas productivas como el elemento explicativo primario de los procesos económicos. El riguroso esclarecimiento entre la coyunturalidad o la estructuralidad de las causas de los problemas económicos es sumamente importante, de lo contrario se pueden adoptar costosas decisiones.
Por último, el tercer conjunto de elementos que van a ser determinados por la política económica, son los asociados al modo en que se organizan y relacionan los actores económicos en el país. Este grupo, que satisface la pregunta de cuál es el orden económico óptimo para conseguir los objetivos definidos, se refiere a los aspectos institucionales y organizativos identificables como “el modelo”.
Es preciso acotar que en la vasta literatura económica universal el vocablo modelo ha sido empleado para denotar una amplia gama de contenidos cuyos puntos de contacto no traspasan el umbral de la relatividad. Términos como modelo económico, modelo de gestión económica, modelo de acumulación, modelo de desarrollo o modelo de funcionamiento económico, suelen utilizarse indistintamente a pesar de la definitoria añadidura que acompaña al vocablo. En rigor todos ellos son consignatarios de significados diferentes.
En primer lugar, el lenguaje de la macroeconomía contemporánea entiende por modelo económico a la forma según la cual se analizan – por lo general cuantitativamente – las relaciones entre los diferentes agentes de la economía en su conjunto. En él se apela a la formulación matemática como forma de expresión más común, y se parte de las ecuaciones de equilibrio de las cuentas nacionales así como de las regularidades enunciadas por la teoría macroeconómica convencional.
Otra definición, la de modelo de gestión, parecería asociarse más al modo en que se gestionan las actividades productivas que, en el caso de economías con amplia participación del Estado como la cubana, intenta aludir a las formas de gestionar las empresas estatales.
El término modelo de acumulación,se identifica con la elección de las fuentes del crecimiento de mediano y largo plazo, la promoción de determinada estructura económica, así como los patrones de consumo a fomentar. Mientras el modelo de desarrollo, aunque a veces se le atribuye la misma interpretación anterior, debe asumirse como un enfoque más abarcador que indaga en otras dimensiones de las relaciones humanas más allá de las entendidas como puramente económicas.
Por su parte, la noción de modelo a la que se hará referencia a lo largo del presente trabajo representa una construcción teórica que nos permite caracterizar los rasgos más generales del funcionamiento de la economía en su conjunto. A estos efectos el concepto más adecuado es el de modelo de funcionamiento económico, comprendiéndolo como la expresión sintética de los principios fundamentales de organización y movimiento de la economía nacional enmarcados en un determinado sistema socio-económico. Por lo tanto, un cambio en el modelo estaría asociado a transformaciones sustantivas en los elementos del orden económico prevalecientes en un momento dado, que modifica su forma de funcionamiento pero sin llegar a subvertir sus principios sistémicos más esenciales. A estos cambios se le suele llamar también reforma económica.
En resumen, la efectividad de la Política Económica depende en primer lugar de la correcta identificación de las causas de los fenómenos económicos, al someterlos a la siguiente secuencia de interrogantes: ¿constituye un rasgo inherente al sistema socioeconómico que se promueve?, ¿es consustancial al modelo de funcionamiento implantado?, ¿es consecuencia de limitaciones estructurales latentes?, ¿o es un simple resultado de una coyuntura desfavorable?
Los problemas que suele enfrentar la política económica pueden atribuirse a tres clases de causas. En un primer grupo aparecen los aspectos coyunturales, asociados a fenómenos que alteran temporalmente los equilibrios macroeconómicos por razones que pueden atribuirse a coyunturas internas o externas.
Por otra parte, cierto tipo de estrangulamientos que en ocasiones surgen disfrazados de infortunios temporales, hallan causa verdadera en una disfuncionalidad de la estructura económica para dar respuesta sostenida a las circunstancias imperantes. Los aspectos estructurales conforman un segundo grupo de palancas a dinamizar en pos de superar deformaciones o desbalances ubicados en un plano de mayor esencialidad. Aquí se pueden mencionar fenómenos que demandan para su enfrentamiento: a) una modificación del patrón de inserción en la economía internacional, entiéndase la orientación geográfica o la composición técnica del comercio; b) una redefinición del patrón de especialización productiva, o sea, el tamaño relativo y rol de sectores y ramas, la distribución intra-ramal, el desplazamiento hacia actividades horizontales de mayor o menor valor agregado, y el papel asignado a cada territorio en la división social del trabajo; c) una transformación en las relaciones de propiedad sobre las fuerzas productivas como el elemento explicativo primario de los procesos económicos. El riguroso esclarecimiento entre la coyunturalidad o la estructuralidad de las causas de los problemas económicos es sumamente importante, de lo contrario se pueden adoptar costosas decisiones.
Por último, el tercer conjunto de elementos que van a ser determinados por la política económica, son los asociados al modo en que se organizan y relacionan los actores económicos en el país. Este grupo, que satisface la pregunta de cuál es el orden económico óptimo para conseguir los objetivos definidos, se refiere a los aspectos institucionales y organizativos identificables como “el modelo”.
Es preciso acotar que en la vasta literatura económica universal el vocablo modelo ha sido empleado para denotar una amplia gama de contenidos cuyos puntos de contacto no traspasan el umbral de la relatividad. Términos como modelo económico, modelo de gestión económica, modelo de acumulación, modelo de desarrollo o modelo de funcionamiento económico, suelen utilizarse indistintamente a pesar de la definitoria añadidura que acompaña al vocablo. En rigor todos ellos son consignatarios de significados diferentes.
En primer lugar, el lenguaje de la macroeconomía contemporánea entiende por modelo económico a la forma según la cual se analizan – por lo general cuantitativamente – las relaciones entre los diferentes agentes de la economía en su conjunto. En él se apela a la formulación matemática como forma de expresión más común, y se parte de las ecuaciones de equilibrio de las cuentas nacionales así como de las regularidades enunciadas por la teoría macroeconómica convencional.
Otra definición, la de modelo de gestión, parecería asociarse más al modo en que se gestionan las actividades productivas que, en el caso de economías con amplia participación del Estado como la cubana, intenta aludir a las formas de gestionar las empresas estatales.
El término modelo de acumulación,se identifica con la elección de las fuentes del crecimiento de mediano y largo plazo, la promoción de determinada estructura económica, así como los patrones de consumo a fomentar. Mientras el modelo de desarrollo, aunque a veces se le atribuye la misma interpretación anterior, debe asumirse como un enfoque más abarcador que indaga en otras dimensiones de las relaciones humanas más allá de las entendidas como puramente económicas.
Por su parte, la noción de modelo a la que se hará referencia a lo largo del presente trabajo representa una construcción teórica que nos permite caracterizar los rasgos más generales del funcionamiento de la economía en su conjunto. A estos efectos el concepto más adecuado es el de modelo de funcionamiento económico, comprendiéndolo como la expresión sintética de los principios fundamentales de organización y movimiento de la economía nacional enmarcados en un determinado sistema socio-económico. Por lo tanto, un cambio en el modelo estaría asociado a transformaciones sustantivas en los elementos del orden económico prevalecientes en un momento dado, que modifica su forma de funcionamiento pero sin llegar a subvertir sus principios sistémicos más esenciales. A estos cambios se le suele llamar también reforma económica.
En resumen, la efectividad de la Política Económica depende en primer lugar de la correcta identificación de las causas de los fenómenos económicos, al someterlos a la siguiente secuencia de interrogantes: ¿constituye un rasgo inherente al sistema socioeconómico que se promueve?, ¿es consustancial al modelo de funcionamiento implantado?, ¿es consecuencia de limitaciones estructurales latentes?, ¿o es un simple resultado de una coyuntura desfavorable?
La discusión sobre el Modelo en las economías socialistas
La aplicación a economías socialistas del concepto de modelo toma auge en Polonia y otros países, a partir de las discusiones sobre el funcionamiento de la economía entre los decenios del 50-60. Durante muchos años posteriores a la década de 1930, la ortodoxia soviética había descalificado el empleo de este término al negar cualquier discusión acerca de alternativas socialistas de funcionamiento. Sobre los presupuestos del autodenominado socialismo real se atribuía al modelo soviético un carácter exclusivo, al identificarlo como “el modelo socialista” e instrumentarlo hasta mediados de los sesenta en casi todos los países bajo su esfera de influencia. En aquellos años, a juicio del economista polaco Wlodzimierz Brus, faltaban las condiciones para comprender la diferencia entre los conceptos relaciones sociales de producción y tipo de mecanismo de funcionamiento de la economía. Es claro que el carácter de las relaciones fundamentales que se establecen determina ciertos principios básicos con expresión en el modelo. No obstante, esto no significa que sobre esa base no se puedan aplicar variadas fórmulas atemperadas a cada contexto.
El planteamiento de esta temática no debe reducirse a señalar las hipertrofias del centralismo, las amenazas de la autogestión o el desenlace de los modelos de reforma este-europeos, sino que debe asumirse como una confrontación permanente de los principios vigentes de funcionamiento de la economía con sus necesidades y posibilidades objetivas de desarrollo. Ningún modelo específico es bueno o malo por sí mismo. Su optimalidad se fundamenta bajo condiciones determinadas y en un tiempo histórico concreto. El mejor modelo es el que ofrece las condiciones óptimas para lograr un tránsito hacia un estadio superior de la sociedad en función de sus condiciones de partida.
El planteamiento de esta temática no debe reducirse a señalar las hipertrofias del centralismo, las amenazas de la autogestión o el desenlace de los modelos de reforma este-europeos, sino que debe asumirse como una confrontación permanente de los principios vigentes de funcionamiento de la economía con sus necesidades y posibilidades objetivas de desarrollo. Ningún modelo específico es bueno o malo por sí mismo. Su optimalidad se fundamenta bajo condiciones determinadas y en un tiempo histórico concreto. El mejor modelo es el que ofrece las condiciones óptimas para lograr un tránsito hacia un estadio superior de la sociedad en función de sus condiciones de partida.
Los Ejes Articuladores del Modelo de Funcionamiento
La discusión sobre las posibles alternativas de modelo de funcionamiento de la economía socialista constituye – quizás – el problema científico más importante de la Economía Política. Esta polémica ha sido interpretada de forma erróneamente simplificadora como la elección entre dos únicas alternativas excluyentes: el modelo centralizado y el modelo descentralizado. El empleo de este enfoque no es adecuado excepto para referenciar de manera sintética dos modelos extremos de tránsito socialista.
Es factible identificar un conjunto de variables interdependientes con potencialidades para marcar matices y diferencias determinantes que ampliarán sustancialmente la gama de modelos posibles. De esta forma, se pueden caracterizar los principios generales de la economía en un momento dado y ofrecer un esquema simplificado de su funcionamiento, a través de – al menos – los siguientes seis ejes de análisis:
Es factible identificar un conjunto de variables interdependientes con potencialidades para marcar matices y diferencias determinantes que ampliarán sustancialmente la gama de modelos posibles. De esta forma, se pueden caracterizar los principios generales de la economía en un momento dado y ofrecer un esquema simplificado de su funcionamiento, a través de – al menos – los siguientes seis ejes de análisis:
1) Peso de las diferentes Formas de Propiedad;
2) Formas de Gestión de la Propiedad Social;
3) Organización Económica del Estado;
4) Características y Estructura de los Mercados Agregados;
5) Mecanismos de Regulación de la Producción; y
6) Peso de las diferentes Fuentes de Distribución de la Riqueza.
2) Formas de Gestión de la Propiedad Social;
3) Organización Económica del Estado;
4) Características y Estructura de los Mercados Agregados;
5) Mecanismos de Regulación de la Producción; y
6) Peso de las diferentes Fuentes de Distribución de la Riqueza.
La construcción de un determinado modelo de funcionamiento económico requiere la elección de ciertos postulados o principios teóricos para cada una de estas variables, sugiriendo la forma más conveniente que deben adoptar en función del contexto y del tipo de mecanismo que se pretende construir.
Probablemente estos mismos elementos – en su mayoría – podrían ser empleados también para la diferenciación al interior de modelos capitalistas, aunque algunos como el peso de las formas de propiedad, los mecanismos de regulación y las fuentes de distribución de la riqueza se rijan por principios evidentemente opuestos en ambos sistemas. Por lo tanto, las relaciones sociales de reproducción que se impulsen fijarán los límites para cada uno de estos ejes de funcionamiento, lo cual otorga especial relevancia a la reflexión profunda sobre cada principio adoptado. Pretender transformaciones en el modelo cubano sin el riguroso esclarecimiento de los límites sistémicos puede destapar un proceso de transición irreversible que comprometa la construcción socialista.
Probablemente estos mismos elementos – en su mayoría – podrían ser empleados también para la diferenciación al interior de modelos capitalistas, aunque algunos como el peso de las formas de propiedad, los mecanismos de regulación y las fuentes de distribución de la riqueza se rijan por principios evidentemente opuestos en ambos sistemas. Por lo tanto, las relaciones sociales de reproducción que se impulsen fijarán los límites para cada uno de estos ejes de funcionamiento, lo cual otorga especial relevancia a la reflexión profunda sobre cada principio adoptado. Pretender transformaciones en el modelo cubano sin el riguroso esclarecimiento de los límites sistémicos puede destapar un proceso de transición irreversible que comprometa la construcción socialista.
EL MODELO CUBANO. ANÁLISIS A TRAVÉS DE SUS EJES ARTICULADORES
En Cuba, el enfoque de política económica que ha predominado en los últimos años ha estado orientado a atenuar las consecuencias sociales de los desequilibrios – o sea de los síntomas – y a sortear los desequilibrios mismos, más que a la transformación de sus causas esenciales. El modelo, por su parte, ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de 50 años aunque en sentido general conservaba hasta hoy muchos de los principios fundamentales adoptados desde 1968. La “actualización” en marcha supone potenciales cambios sustantivos, que abren las puertas al replanteamiento del camino cubano al socialismo.
Siguiendo la lógica conceptual que aporta la delimitación de cada uno de los ejes estructuradores definidos anteriormente, a continuación se ofrece un análisis más profundo de los rasgos del modelo cubano actual, así como de sus principales limitaciones y retos inmanentes.
Siguiendo la lógica conceptual que aporta la delimitación de cada uno de los ejes estructuradores definidos anteriormente, a continuación se ofrece un análisis más profundo de los rasgos del modelo cubano actual, así como de sus principales limitaciones y retos inmanentes.
Peso de las diferentes Formas de Propiedad
La propiedad es quizás el principal aspecto que marca las diferencias sistémicas. La construcción paulatina y consciente de la nueva sociedad requiere un proceso que implica la coexistencia de diferentes formas de propiedad. Más allá del postulado de la supremacía de las formas más sociales como garante de la conservación del sistema, existen determinados grados de libertad en el peso relativo que cada una desempeña durante la coexistencia. La abolición casi total de la propiedad privada sobre los medios de producción, o su incorporación de manera plena como un componente estratégico en el funcionamiento de la economía socialista, constituyen las nociones extremas que han protagonizado los debates históricos.
Ahora bien, ¿cuáles son las formas de propiedad posibles? Aunque no exenta de discusión, está bastante difundida la idea de que se puede desdoblar el ejercicio de la propiedad sobre los medios de producción en un par de planos fundamentales: a) la apropiación sobre los excedentes productivos y b) el control efectivo sobre las decisiones dentro de la empresa.
Atendiendo a quién es el sujeto jurídico de la apropiación se pueden clasificar en cuatro las formas de propiedad. En primer lugar está aquel patrimonio que pertenece a la sociedad en su conjunto, independientemente de cuál sea la vía para que la sociedad haga efectivo ese poder patrimonial. En este caso se encuentran todas las denominadas empresas estatales cuyo dueño legal – como sujeto formal de apropiación de los excedentes – es el agregado social, el cual puede estar representado por un círculo mayor o menor de individuos según fórmulas más o menos participativas.
En segundo lugar se hallan aquellas figuras productivas que denominamos formas colectivas, cuya propiedad es ejercida por un grupo de individuos generalmente en igualdad de condiciones, que al combinar la condición de trabajadores y propietarios, unos miembros no se apropian del trabajo de otros. En este grupo se incluyen las llamadas cooperativas.
En una tercera clasificación, que pudiera designarse propiedad privada individual, aparecen aquellas formas de producción mercantil simple con un origen precapitalista, en las cuales un mismo individuo o núcleo familiar es el dueño de los medios de producción y a la vez de su fuerza de trabajo. En este caso clasifican aquellos trabajadores que se apropian directamente de todo el valor de su trabajo a la vez que no contratan trabajo ajeno.
Justamente la expropiación de un determinado plusvalor generado por el trabajo de otro constituye el elemento esencial que caracteriza la cuarta y última forma de propiedad: la propiedad privada capitalista. Técnicamente siempre que un individuo – o grupo – poseedor de los medios de producción contrate fuerza de trabajo ajena y se apropie de parte del valor creado, se puede afirmar que existen relaciones de explotación y que estamos en presencia de propiedad privada capitalista, por pequeña que sea la propiedad y por leve que sea la expropiación.
El modelo económico socialista cubano, desde la primera mitad de la década del 1960, evolucionó hacia un estrechamiento de la heterogeneidad socioeconómica con la supresión abrupta de la presencia de capital privado en la economía, así como de la pequeña producción mercantil. Según se publica en los Anuarios de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ampliación cuantitativa del sector estatal se extendió a lo largo de tres décadas llegando a su punto culminante en 1989 cuando empleaba cerca del 95% del total de trabajadores de la nación, aunque sectores clave como la banca, el comercio exterior y el comercio mayorista ya eran completamente propiedad estatal desde 1963.
Según ha sido declarado por las propias autoridades, una mayor participación en la economía de las formas menos sociales de propiedad es sin duda uno de los principios por los que apuesta el nuevo modelo. Ya desde los noventa, como resultado de las transformaciones del período, se presentaron en franca coexistencia las diferentes formas de propiedad privada con la predominante estatal, y en menor medida con la cooperativa. Durante esta etapa la fuerza de trabajo empleada en entidades estatales y mixtas se redujo acercándose en 2009 a un 84% del total. En este mismo año el sector privado empleaba poco menos del 12%, mientras solo un 4.6% era absorbido por el sector cooperativo.
Adicionalmente es preciso señalar que el sector privado nacional ha tomado auge incluso más allá de lo que puede capturar el Sistema Nacional de Estadísticas. Las cifras indicativas del empleo en este sector pudieran presentar un sesgo relevante, en tanto consideran solamente aquellos trabajadores por cuenta propia oficializados y regulados por el Ministerio de Trabajo y por otros organismos de la Administración Central del Estado. Según el propio Anuario que publica la ONE en 2009, casi un 25% de la población en edad laboral – que significa 1 682 200 personas – no estaba empleada ni buscando empleo. Si a esto le restamos la matrícula universitaria para ese curso que asciende a 606 863 estudiantes, obtenemos que al menos 1 070 000 personas con edad de trabajar no tenían vínculo laboral, no se hallaban buscando empleo y tampoco estaban matriculados en la educación superior en el año 2009.
Teniendo en cuenta que hasta ese momento el mercado laboral por cuenta propia presentaba fuertes barreras institucionales a la entrada, y que la contratación de fuerza de trabajo por privados nacionales estaba proscrita – excepto para sectores muy específicos como en la producción del tabaco, entre otros – existen razones para suponer que una parte no despreciable de ese millón de personas estuviera empleado en el sector privado en condiciones no observables, ya sea como trabajador individual, asalariado o pequeño propietario.
Por lo tanto, el principal mérito indiscutible de la reformulación de la propiedad en el nuevo modelo radica en el esfuerzo por atemperar las regulaciones vigentes a las condiciones objetivas de la reproducción. La expansión que experimenta el empleo privado constituye no más que un adecuado diagnóstico de la realidad social corriente. De lo que se trata no es de avanzar hacia lo privado porque es supuestamente más eficiente, sino de ajustar el modelo a las circunstancias reales de las fuerzas productivas, en este particular momento del tránsito cubano al socialismo.
El ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba, luego de su expansión en los años noventas, estuvo legalmente restringido a la modalidad de propiedad privada individual. Sin embargo, la tendencia natural de prosperar desde esta forma mercantil simple, en ausencia de un marco regulatorio que incentive las vías cooperativas como mecanismo de expansión, es desarrollarse a partir de incrementar la cantidad de fuerza de trabajo contratada sistemáticamente, y de la expropiación de una parte del valor producido por ella. Con esto se convierten, técnicamente, en propiedad privada capitalista. La reciente autorización a la contratación de fuerza de trabajo y, con ello, el reconocimiento oficial explícito de la existencia de parcelas de propiedad privada capitalista – al menos a escala de la microempresa – constituye una de las transformaciones conceptuales más trascendentes en los últimos 50 años. Esta nueva realidad, que presenta inconsistencias con la Carta Magna urgidas de corregirse, demanda altas dosis de cautela en su implementación así como una más profunda dilucidación teórica.
Ante la inminente proliferación de agentes económicos cuya función de optimización no es otra que la maximización de beneficios, y en torno a los cuales se genera un complejo entramado de relaciones predominantemente mercantiles que se reproducen de manera exponencial, se impone un rediseño del Estado como actor regulador y garante de los objetivos sistémicos de la reproducción. El asunto de la necesaria regulación sobre la acumulación potencial de riquezas en manos de determinados sectores, debe afrontarse no solo empleando los instrumentos del sistema tributario, sino a través de la promoción de determinados consumos – servicios de ocio, bienes duraderos, etc. – que permitan extraer y redistribuir parte de lo acumulado y tratando de que no representen en sí mismos concentración de medios de producción.
También parecería lógico que el objetivo de evitar la concentración de capital, resultante natural de la expansión del sector privado, se intente conducir a través de fórmulas cooperativas utilizando incentivos fiscales y de otro tipo. Sin embargo, esta idea de promover formas de propiedad colectiva en actividades no agrícolas, por inédita para los cubanos, parece requerir un tiempo mayor de maduración hasta definir sus derroteros de aplicación. Téngase en cuenta que en Cuba prácticamente no ha existido una tradición de cooperativismo, y dada la experiencia de las últimas cinco décadas no se vislumbra como una solución clara en el imaginario popular.
Finalmente, como consecuencia de una mayor presencia de formas no estatales y dadas las condiciones de partida, se puede esperar, por un lado, un mayor aprovechamiento de capacidades productivas, un mejor contexto para la generación de iniciativas y por tanto un crecimiento económico en condiciones de mayor eficiencia; mientras por otro, se produciría un avance relativo de una clase social de naturaleza intrínsecamente antisitémica, y se incrementan las relaciones de intercambio mercantil marcadas por el interés material, lo cual tiende a impactar negativamente sobre las relaciones socialistas de reproducción, incluso aunque no las comprometa en lo inmediato.
La apuesta por un rol más protagónico del sector privado buscando dinamizar a corto plazo el desempeño económico, entraña profundos riesgos de restauración capitalista en un horizonte temporal mediano. Sin embargo, la persistencia de un modelo con una centralización hiperbolizada que ignora las condiciones objetivas de la reproducción, también entraña un considerable riesgo de reversión sistémica, quizás más peligroso por resultar menos evidente.
Ahora bien, ¿cuáles son las formas de propiedad posibles? Aunque no exenta de discusión, está bastante difundida la idea de que se puede desdoblar el ejercicio de la propiedad sobre los medios de producción en un par de planos fundamentales: a) la apropiación sobre los excedentes productivos y b) el control efectivo sobre las decisiones dentro de la empresa.
Atendiendo a quién es el sujeto jurídico de la apropiación se pueden clasificar en cuatro las formas de propiedad. En primer lugar está aquel patrimonio que pertenece a la sociedad en su conjunto, independientemente de cuál sea la vía para que la sociedad haga efectivo ese poder patrimonial. En este caso se encuentran todas las denominadas empresas estatales cuyo dueño legal – como sujeto formal de apropiación de los excedentes – es el agregado social, el cual puede estar representado por un círculo mayor o menor de individuos según fórmulas más o menos participativas.
En segundo lugar se hallan aquellas figuras productivas que denominamos formas colectivas, cuya propiedad es ejercida por un grupo de individuos generalmente en igualdad de condiciones, que al combinar la condición de trabajadores y propietarios, unos miembros no se apropian del trabajo de otros. En este grupo se incluyen las llamadas cooperativas.
En una tercera clasificación, que pudiera designarse propiedad privada individual, aparecen aquellas formas de producción mercantil simple con un origen precapitalista, en las cuales un mismo individuo o núcleo familiar es el dueño de los medios de producción y a la vez de su fuerza de trabajo. En este caso clasifican aquellos trabajadores que se apropian directamente de todo el valor de su trabajo a la vez que no contratan trabajo ajeno.
Justamente la expropiación de un determinado plusvalor generado por el trabajo de otro constituye el elemento esencial que caracteriza la cuarta y última forma de propiedad: la propiedad privada capitalista. Técnicamente siempre que un individuo – o grupo – poseedor de los medios de producción contrate fuerza de trabajo ajena y se apropie de parte del valor creado, se puede afirmar que existen relaciones de explotación y que estamos en presencia de propiedad privada capitalista, por pequeña que sea la propiedad y por leve que sea la expropiación.
El modelo económico socialista cubano, desde la primera mitad de la década del 1960, evolucionó hacia un estrechamiento de la heterogeneidad socioeconómica con la supresión abrupta de la presencia de capital privado en la economía, así como de la pequeña producción mercantil. Según se publica en los Anuarios de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ampliación cuantitativa del sector estatal se extendió a lo largo de tres décadas llegando a su punto culminante en 1989 cuando empleaba cerca del 95% del total de trabajadores de la nación, aunque sectores clave como la banca, el comercio exterior y el comercio mayorista ya eran completamente propiedad estatal desde 1963.
Según ha sido declarado por las propias autoridades, una mayor participación en la economía de las formas menos sociales de propiedad es sin duda uno de los principios por los que apuesta el nuevo modelo. Ya desde los noventa, como resultado de las transformaciones del período, se presentaron en franca coexistencia las diferentes formas de propiedad privada con la predominante estatal, y en menor medida con la cooperativa. Durante esta etapa la fuerza de trabajo empleada en entidades estatales y mixtas se redujo acercándose en 2009 a un 84% del total. En este mismo año el sector privado empleaba poco menos del 12%, mientras solo un 4.6% era absorbido por el sector cooperativo.
Adicionalmente es preciso señalar que el sector privado nacional ha tomado auge incluso más allá de lo que puede capturar el Sistema Nacional de Estadísticas. Las cifras indicativas del empleo en este sector pudieran presentar un sesgo relevante, en tanto consideran solamente aquellos trabajadores por cuenta propia oficializados y regulados por el Ministerio de Trabajo y por otros organismos de la Administración Central del Estado. Según el propio Anuario que publica la ONE en 2009, casi un 25% de la población en edad laboral – que significa 1 682 200 personas – no estaba empleada ni buscando empleo. Si a esto le restamos la matrícula universitaria para ese curso que asciende a 606 863 estudiantes, obtenemos que al menos 1 070 000 personas con edad de trabajar no tenían vínculo laboral, no se hallaban buscando empleo y tampoco estaban matriculados en la educación superior en el año 2009.
Teniendo en cuenta que hasta ese momento el mercado laboral por cuenta propia presentaba fuertes barreras institucionales a la entrada, y que la contratación de fuerza de trabajo por privados nacionales estaba proscrita – excepto para sectores muy específicos como en la producción del tabaco, entre otros – existen razones para suponer que una parte no despreciable de ese millón de personas estuviera empleado en el sector privado en condiciones no observables, ya sea como trabajador individual, asalariado o pequeño propietario.
Por lo tanto, el principal mérito indiscutible de la reformulación de la propiedad en el nuevo modelo radica en el esfuerzo por atemperar las regulaciones vigentes a las condiciones objetivas de la reproducción. La expansión que experimenta el empleo privado constituye no más que un adecuado diagnóstico de la realidad social corriente. De lo que se trata no es de avanzar hacia lo privado porque es supuestamente más eficiente, sino de ajustar el modelo a las circunstancias reales de las fuerzas productivas, en este particular momento del tránsito cubano al socialismo.
El ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba, luego de su expansión en los años noventas, estuvo legalmente restringido a la modalidad de propiedad privada individual. Sin embargo, la tendencia natural de prosperar desde esta forma mercantil simple, en ausencia de un marco regulatorio que incentive las vías cooperativas como mecanismo de expansión, es desarrollarse a partir de incrementar la cantidad de fuerza de trabajo contratada sistemáticamente, y de la expropiación de una parte del valor producido por ella. Con esto se convierten, técnicamente, en propiedad privada capitalista. La reciente autorización a la contratación de fuerza de trabajo y, con ello, el reconocimiento oficial explícito de la existencia de parcelas de propiedad privada capitalista – al menos a escala de la microempresa – constituye una de las transformaciones conceptuales más trascendentes en los últimos 50 años. Esta nueva realidad, que presenta inconsistencias con la Carta Magna urgidas de corregirse, demanda altas dosis de cautela en su implementación así como una más profunda dilucidación teórica.
Ante la inminente proliferación de agentes económicos cuya función de optimización no es otra que la maximización de beneficios, y en torno a los cuales se genera un complejo entramado de relaciones predominantemente mercantiles que se reproducen de manera exponencial, se impone un rediseño del Estado como actor regulador y garante de los objetivos sistémicos de la reproducción. El asunto de la necesaria regulación sobre la acumulación potencial de riquezas en manos de determinados sectores, debe afrontarse no solo empleando los instrumentos del sistema tributario, sino a través de la promoción de determinados consumos – servicios de ocio, bienes duraderos, etc. – que permitan extraer y redistribuir parte de lo acumulado y tratando de que no representen en sí mismos concentración de medios de producción.
También parecería lógico que el objetivo de evitar la concentración de capital, resultante natural de la expansión del sector privado, se intente conducir a través de fórmulas cooperativas utilizando incentivos fiscales y de otro tipo. Sin embargo, esta idea de promover formas de propiedad colectiva en actividades no agrícolas, por inédita para los cubanos, parece requerir un tiempo mayor de maduración hasta definir sus derroteros de aplicación. Téngase en cuenta que en Cuba prácticamente no ha existido una tradición de cooperativismo, y dada la experiencia de las últimas cinco décadas no se vislumbra como una solución clara en el imaginario popular.
Finalmente, como consecuencia de una mayor presencia de formas no estatales y dadas las condiciones de partida, se puede esperar, por un lado, un mayor aprovechamiento de capacidades productivas, un mejor contexto para la generación de iniciativas y por tanto un crecimiento económico en condiciones de mayor eficiencia; mientras por otro, se produciría un avance relativo de una clase social de naturaleza intrínsecamente antisitémica, y se incrementan las relaciones de intercambio mercantil marcadas por el interés material, lo cual tiende a impactar negativamente sobre las relaciones socialistas de reproducción, incluso aunque no las comprometa en lo inmediato.
La apuesta por un rol más protagónico del sector privado buscando dinamizar a corto plazo el desempeño económico, entraña profundos riesgos de restauración capitalista en un horizonte temporal mediano. Sin embargo, la persistencia de un modelo con una centralización hiperbolizada que ignora las condiciones objetivas de la reproducción, también entraña un considerable riesgo de reversión sistémica, quizás más peligroso por resultar menos evidente.
Formas de Gestión de la Propiedad Social
La mayor participación del sector privado o cooperativo desarrollado en el punto anterior puede impregnar aires superiores de eficiencia en el desempeño de la economía. Sin embargo, el éxito – incluso económico – del sistema socialista no descansa sino en el aprovechamiento efectivo de las potencialidades que posee el llamado “sector estatal”, abrumadoramente determinante en el desempeño económico nacional. Entonces, ¿qué hacer con las empresas “estatales” para que estas consigan un desempeño eficaz?
La posibilidad relativa de aislar los dos planos que componen la propiedad, permite al Estado propietario: a) decidir cuál es el encargo social de cada organización empresarial y por lo tanto cuál la función de optimización aplicable; b) elegir entre varios modelos alternativos para gestionar el conjunto de decisiones conducentes a la optimización de ese encargo social. Las decisiones en cuestión se refieren a: determinación sobre las variedades, calidades y cantidades de la producción; fijación de los precios; elección de proveedores y clientes; definición de las inversiones; facultades para realizar operaciones de comercio exterior; decisión sobre el capital de trabajo; aprobación de plantillas de cargo y estructura organizativa; contratación de fuerza de trabajo; determinación de los salarios; elección de los cargos directivos incluyendo al director; decisión sobre el destino de las utilidades; posibilidades de vender o comprar eventualmente parte de sus activos a otras empresas; etc.
La definición sobre a quién se le atribuyen las facultades para adoptar la mayoría de estas decisiones deriva en la configuración de al menos cinco modelos generales para la gestión de las empresas propiedad de la sociedad en su conjunto.
Al primero de ellos, principal herencia del modelo “único” de factura soviética, se le puede denominar gestión estatal centralizada. Es sencillo suponer que bajo esta forma la mayoría de las facultades arriba enumeradas deben ser sometidas a la consideración o decisión de los niveles correspondientes de la estructura gubernamental que rodea la empresa. Como consecuencia habitual de esta manera de manejar el sistema productivo – dada la elevada complejidad que encierra la adopción de decisiones óptimas – se generan brechas entre la demanda y la oferta a nivel microeconómico en ocasiones artificiales, expresadas en excedente o escasez relativa de rubros específicos. También bajo este modo de gestión las empresas y sus trabajadores tienden a desentenderse de sus resultados económicos, con lo cual se pierde el efecto de los sistemas de pagos por resultado, y la pretensión de elevar los niveles de productividad adquiere un carácter voluntarista.
Otro rasgo derivado lo constituyen los escasos niveles de tercerización resultantes, dados los fuertes incentivos a la autarquía que genera el modelo centralizado. El diseño verticalista de toma de decisiones, desde el Ministerio correspondiente hasta la entidad de base, tiende a minimizar los intentos de relaciones horizontales entre las empresas. Además, el sobre empleo de intervenciones dirigistas en la toma de estas decisiones verticales subvierte la confianza de las empresas en las reglas establecidas, y las conduce a la filosofía de que la única garantía de asegurar un servicio o una producción en el tiempo y calidad requeridos es generar la capacidad de hacerlo por sí mismas.
El modelo alternativo más evidente, el de gestión estatal descentralizada, debe evitar algunas de estas deformaciones pues se supone que un mayor número de las decisiones sean adoptadas por el equipo directivo de la empresa, aunque manteniendo otras en el nivel central, entre ellas el nombramiento de la propia dirección.
El debate histórico y la oscilación de la práctica en Cuba han girado básicamente en torno a estos dos modelos, aunque han predominado ampliamente los principios de la centralización. Recientemente, a raíz de las discusiones desatadas en el marco del VI Congreso del PCC, nuevamente se apuesta con claridad por la promoción de formas empresariales más descentralizadas. Ahora bien, el paso a un mecanismo de funcionamiento que incremente las atribuciones de las empresas debe atender la siguiente advertencia: no se puede transferir autoridad a las empresas sin diseñar a mediano plazo las formas – no de participación, sino – de control efectivo de los trabajadores sobre las decisiones de estas empresas. No se pueden transferir las facultades empresariales a los empresarios sino a la sabiduría y a los intereses del poder colectivo. De lo contrario se enfrentarían dos riesgos superlativos: a) continuar postergando la necesidad de avanzar en la realización de la propiedad social, manteniéndose el distanciamiento del trabajador respecto a los intereses – al menos – a nivel de colectivo laboral; b) potenciar aún más aquella clase de empresarios “socialistas” que emergió como resultado de la implementación de la política económica del 1er Congreso del PCC en 1975, sobre la cual el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro alertara en varios discursos durante el proceso de rectificación de errores de mediados de los años ochentas. Esta clase empresarial con poderes decisorios semi-absolutos, que se ha gestado también en experiencias foráneas anteriores como resultado de transformaciones descentralizadoras, constituyó el caldo de cultivo en la catálisis de la restauración capitalista en varios de los modelos ex-socialistas de Europa del Este.
Por otro lado, bajo las circunstancias del debate en marcha, también se exploran en Cuba nuevas alternativas para gestionar la propiedad social, en este caso a través del traspaso temporal a la gestión privada. De esta manera, buscando una mejor explotación de las capacidades productivas así como una mayor eficiencia, se realiza la entrega de tierras en usufructo a campesinos privados y se ofrecen en arrendamiento instalaciones pertenecientes a empresas estatales de servicios como las barberías peluquerías y cafeterías, entre otros ejemplos.
Es relevante señalar que en estos casos – supuestamente – no se privatiza la propiedad social, ya que no se enajenan irreversiblemente los medios de producción. Pareciera que este tipo de arreglo se convierte en una propiedad mixta, donde el Estado participa como copropietario, pues el privado puede poseer otros medios o instrumentos de trabajo, en fórmulas que naturalmente tienden a explotar fuerza laboral. Sin embargo, en la práctica, al desembarazarse el Estado completamente de la gestión y renunciar incluso a su participación en los dividendos, deja de ejercer sus funciones de propietario para permanecer únicamente como arrendador de los activos que continúan a su haber.
Esta receta puede resultar factible fundamentalmente para aquellas actividades que, aún perteneciendo a empresas estatales, se encuentren más próximas – por su escala y tipo de actividad – a los patrones de la producción mercantil simple. En entidades de mayor escala, se pudieran ensayar con personas naturales nacionales, fórmulas similares a los contratos de administración aplicados a extranjeros en empresas del turismo, donde sí el Estado participa de las utilidades.
Existen, por su parte, otras alternativas de gestión de la propiedad social no tan debatidas aún en el contexto cubano actual. Por ejemplo, si la autoridad descentralizada sobre las decisiones de la empresa – incluyendo la selección de los máximos directivos – recayera sobre el colectivo de trabajadores, estaríamos en presencia de una forma de gestión colectiva. Bajo este esquema el grupo de obreros actuarían como arrendatarios de los medios de producción propiedad de la sociedad. Estas entidades funcionarían bajo condiciones mercantiles pero pudiendo establecer el Estado – como propietario de última instancia – regulaciones sobre los aportes a realizar o sobre los compromisos productivos a satisfacer. Esta forma de gestión de la propiedad es indudablemente superior a la de gestión privada, pues garantiza al menos colocar el esfuerzo individual en el camino de la realización de los intereses de un colectivo, al tiempo que evita relaciones directas de explotación. Algunos autores la presentan como la vía para conseguir la tan anhelada socialización real de la propiedad, al entregar la gestión a sus productores directos. Sin embargo, en estos trabajadores la plena sensación de propietario no trasciende el universo de sus medios colectivos, lo cual no conduce automáticamente a una alineación con los más genuinos intereses sociales.
La forma superior de gestión de la propiedad social, virtualmente ausente como propuesta orgánica en el nuevo modelo, es la necesidad de establecer mecanismos sistemáticos y efectivos de control y conducción a nivel social sobre el desempeño de las empresas propiedad de la sociedad, así como sobre las decisiones económicas en su conjunto. En esta alternativa, que denominamos forma de gestión social, el patrimonio productivo social es gestionado por el Estado, pero se requiere de otra manera de concebir el Estado, lo cual evidentemente trasciende el universo estrecho de las relaciones económicas. Se deben institucionalizar las vías para la participación sistemática de los ciudadanos en los procesos de la nación, no solamente en forma de consulta popular para los eventos trascendentales o transformaciones más significativas como ha ocurrido en múltiples ocasiones en Cuba.
La relación dialéctica que encierra el concepto vanguardia-masa debe superar la implementación que ha tenido hasta el momento. La práctica según la cual el grupo considerado ideológicamente más avanzado se erige con la misión de generar las sucesivas correas de trasmisión de una voluntad de cambio organizada, debe ser superada por formas más directas de control sobre los procesos de la nación por parte de un número cada vez mayor de actores sociales.
Ensayar fórmulas de control de las actividades empresariales a través de los Órganos del Poder Popular en sus diferentes niveles pudiera ser un camino a explorar. Por ejemplo, al cierre de 2010 existían en Cuba más de tres mil entidades, entre empresas estatales y sociedades mercantiles 100% cubanas. Si estas, en lugar de formar parte de las estructuras organizativas de alrededor de una treintena de ministerios y organismos centrales, se organizaran en Grupos Empresariales de subordinación nacional, provincial y municipal, cuya gestión fuera controlada por las Asambleas del Poder Popular de los respectivos niveles, se estaría dando un paso serio en la construcción de formas superiores de gestionar socialmente los medios de producción que pertenecen a la sociedad en su conjunto. De esta manera, además, se podrían aislar de una vez las llamadas funciones estatales – que intransferiblemente deben desempeñar los ministerios – de las denominadas funciones empresariales, que podrían ser ejecutadas por los equipos de dirección de las entidades y supervisadas por los máximos órganos representativos del poder del Estado a los diferentes niveles.
Un grupo de investigadores cubanos, al pasar revista a los diferentes modelos empresariales experimentados en el país – todos enmarcados en modelos de gestión estatal más o menos centralizadas – plantean que ninguno logró establecerse de forma generalizada. En realidad, la aspiración de encontrar un modelo de gestión empresarial que satisfaga todas las necesidades de la reproducción sistémica en el tránsito socialista, pudiera considerarse poco menos que una utopía. Durante este período, mientras busca elevar los niveles de socialización real y consolidar las relaciones socialistas, la economía necesita de empresas que respondan por determinado encargo social incluso al costo de la irrentabilidad económica y, al mismo tiempo, necesita empresas que – siendo socialmente responsables – su meta fundamental sea la maximización de utilidades y la inserción competitiva en mercados domésticos e internacionales.
Teniendo esto en cuenta, parece perfectamente posible e incluso deseable la coexistencia de diferentes modelos de gestión, los cuales van a depender de las diferentes clases de organizaciones empresariales que se establezcan por su función de optimización. En Cuba, lo más cercano a este enfoque es la diferenciación existente entre “empresas” y “entidades presupuestadas”.
Si se analiza la evolución de las principales entidades clasificadas por formas de organización entre los años 2004 y 2010, se puede constatar una tendencia al crecimiento del sector presupuestado y a la vez un decrecimiento del sector empresarial. Como se observa en la Figura 2, las unidades presupuestadas se incrementaron en alrededor de 500 y pasaron a representar del 35% al 45% al final del período. Mientras tanto, las entidades clasificadas como empresas se reducen en 725, entre las que se incluyen las empresas tradicionales, las denominadas empresas en perfeccionamiento, las sociedades mercantiles y las asociaciones mixtas.
Lo anterior se explica debido a la expansión durante estos años de un conjunto de servicios sociales presupuestados en los marcos de la denominada Batalla de Ideas, sumado a distorsiones de política económica que llevaron a crear bajo el manto presupuestado entidades con fines productivos o de servicios de naturaleza claramente mercantil.
En el actual proceso de reforma se propone la reducción de la cantidad de unidades presupuestadas sin comprometer la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Además se anuncia que “no se crearán unidades presupuestadas para prestar servicios productivos ni para la producción de bienes” y que las empresas “no recibirán financiamientos presupuestarios para realizar producción de bienes y servicios”, por lo que su supervivencia depende de su rentabilidad financiera.
Sin embargo, contrario a lo aprobado en los Lineamientos del VI Congreso, la producción de bienes y servicios no debe excluirse por decreto de la cobija del presupuesto público. Una de las principales ventajas de la propiedad social es que permite producir determinados renglones considerados socialmente necesarios, aún cuando sus condiciones productivas no consigan rentabilidad económica. Teniendo esto en cuenta es perfectamente posible y deseable que determinadas producciones se continúen desarrollando amparadas en el presupuesto estatal. El aspecto clave en este tema es el establecimiento de reglas claras e inviolables para cada tipo de entidades.
La única norma inexcusable es que todas estén sometidas a mecanismos efectivos de control y conducción social que no deje en manos de unas pocas personas – ya sea el empresario o quien actúe en representación del Estado – las decisiones económicas que son de tanta trascendencia para la sociedad. Al respecto István Mészáros, analizando las experiencias pos-capitalistas de tipo soviético se pregunta: “¿Como podrían los individuos tener una vida plena si las condiciones generales de la reproducción metabólica social son dominadas por una `fuerza ajena´ que frustra sus diseños e invalida de la manera más autoritaria los objetivos y los valores que los propios individuos tratan de establecer?”. La paralizante influencia del poder abrumador del Estado sobre la economía tenían que fracasar – según el propio Mészáros – puesto que los miembros del Politburó se adjudicaron arbitrariamente el papel exclusivo y supremo de la toma de decisiones al llevar a cabo su variante de economía planificada.
El avance hacia el socialismo, en tanto sociedad que no emerge espontáneamente, requiere una planificación integral abarcadora que no puede ser ejercida más que desde una dirección centralizada. Sin embargo, la conducción centralizada no es sinónimo de ausencia de participación, así como la toma de decisiones de manera descentralizada tampoco implica incremento efectivo de la participación. El espacio para que se materialice el determinante papel que deben desempeñar la iniciativa, el espíritu emprendedor y la posición activa de los actores de la actividad económica en todos los niveles, debe ser concebido eficazmente, despojado de instrumentaciones formales o irrealizables por excesivamente románticas. En Cuba, el predominio durante cinco décadas de un modelo de gestión “estatal centralizado” que concibe la participación fundamentalmente como proceso de retroalimentación a través de la consulta popular, parece haber generado reflejos culturalmente enraizados en los mandos a todos los niveles. Solamente un movimiento enérgico, sistemático y coherente impulsado desde el mismo centro puede – con mucho tiempo y esfuerzo – intentar transformar esta realidad.
La posibilidad relativa de aislar los dos planos que componen la propiedad, permite al Estado propietario: a) decidir cuál es el encargo social de cada organización empresarial y por lo tanto cuál la función de optimización aplicable; b) elegir entre varios modelos alternativos para gestionar el conjunto de decisiones conducentes a la optimización de ese encargo social. Las decisiones en cuestión se refieren a: determinación sobre las variedades, calidades y cantidades de la producción; fijación de los precios; elección de proveedores y clientes; definición de las inversiones; facultades para realizar operaciones de comercio exterior; decisión sobre el capital de trabajo; aprobación de plantillas de cargo y estructura organizativa; contratación de fuerza de trabajo; determinación de los salarios; elección de los cargos directivos incluyendo al director; decisión sobre el destino de las utilidades; posibilidades de vender o comprar eventualmente parte de sus activos a otras empresas; etc.
La definición sobre a quién se le atribuyen las facultades para adoptar la mayoría de estas decisiones deriva en la configuración de al menos cinco modelos generales para la gestión de las empresas propiedad de la sociedad en su conjunto.
Al primero de ellos, principal herencia del modelo “único” de factura soviética, se le puede denominar gestión estatal centralizada. Es sencillo suponer que bajo esta forma la mayoría de las facultades arriba enumeradas deben ser sometidas a la consideración o decisión de los niveles correspondientes de la estructura gubernamental que rodea la empresa. Como consecuencia habitual de esta manera de manejar el sistema productivo – dada la elevada complejidad que encierra la adopción de decisiones óptimas – se generan brechas entre la demanda y la oferta a nivel microeconómico en ocasiones artificiales, expresadas en excedente o escasez relativa de rubros específicos. También bajo este modo de gestión las empresas y sus trabajadores tienden a desentenderse de sus resultados económicos, con lo cual se pierde el efecto de los sistemas de pagos por resultado, y la pretensión de elevar los niveles de productividad adquiere un carácter voluntarista.
Otro rasgo derivado lo constituyen los escasos niveles de tercerización resultantes, dados los fuertes incentivos a la autarquía que genera el modelo centralizado. El diseño verticalista de toma de decisiones, desde el Ministerio correspondiente hasta la entidad de base, tiende a minimizar los intentos de relaciones horizontales entre las empresas. Además, el sobre empleo de intervenciones dirigistas en la toma de estas decisiones verticales subvierte la confianza de las empresas en las reglas establecidas, y las conduce a la filosofía de que la única garantía de asegurar un servicio o una producción en el tiempo y calidad requeridos es generar la capacidad de hacerlo por sí mismas.
El modelo alternativo más evidente, el de gestión estatal descentralizada, debe evitar algunas de estas deformaciones pues se supone que un mayor número de las decisiones sean adoptadas por el equipo directivo de la empresa, aunque manteniendo otras en el nivel central, entre ellas el nombramiento de la propia dirección.
El debate histórico y la oscilación de la práctica en Cuba han girado básicamente en torno a estos dos modelos, aunque han predominado ampliamente los principios de la centralización. Recientemente, a raíz de las discusiones desatadas en el marco del VI Congreso del PCC, nuevamente se apuesta con claridad por la promoción de formas empresariales más descentralizadas. Ahora bien, el paso a un mecanismo de funcionamiento que incremente las atribuciones de las empresas debe atender la siguiente advertencia: no se puede transferir autoridad a las empresas sin diseñar a mediano plazo las formas – no de participación, sino – de control efectivo de los trabajadores sobre las decisiones de estas empresas. No se pueden transferir las facultades empresariales a los empresarios sino a la sabiduría y a los intereses del poder colectivo. De lo contrario se enfrentarían dos riesgos superlativos: a) continuar postergando la necesidad de avanzar en la realización de la propiedad social, manteniéndose el distanciamiento del trabajador respecto a los intereses – al menos – a nivel de colectivo laboral; b) potenciar aún más aquella clase de empresarios “socialistas” que emergió como resultado de la implementación de la política económica del 1er Congreso del PCC en 1975, sobre la cual el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro alertara en varios discursos durante el proceso de rectificación de errores de mediados de los años ochentas. Esta clase empresarial con poderes decisorios semi-absolutos, que se ha gestado también en experiencias foráneas anteriores como resultado de transformaciones descentralizadoras, constituyó el caldo de cultivo en la catálisis de la restauración capitalista en varios de los modelos ex-socialistas de Europa del Este.
Por otro lado, bajo las circunstancias del debate en marcha, también se exploran en Cuba nuevas alternativas para gestionar la propiedad social, en este caso a través del traspaso temporal a la gestión privada. De esta manera, buscando una mejor explotación de las capacidades productivas así como una mayor eficiencia, se realiza la entrega de tierras en usufructo a campesinos privados y se ofrecen en arrendamiento instalaciones pertenecientes a empresas estatales de servicios como las barberías peluquerías y cafeterías, entre otros ejemplos.
Es relevante señalar que en estos casos – supuestamente – no se privatiza la propiedad social, ya que no se enajenan irreversiblemente los medios de producción. Pareciera que este tipo de arreglo se convierte en una propiedad mixta, donde el Estado participa como copropietario, pues el privado puede poseer otros medios o instrumentos de trabajo, en fórmulas que naturalmente tienden a explotar fuerza laboral. Sin embargo, en la práctica, al desembarazarse el Estado completamente de la gestión y renunciar incluso a su participación en los dividendos, deja de ejercer sus funciones de propietario para permanecer únicamente como arrendador de los activos que continúan a su haber.
Esta receta puede resultar factible fundamentalmente para aquellas actividades que, aún perteneciendo a empresas estatales, se encuentren más próximas – por su escala y tipo de actividad – a los patrones de la producción mercantil simple. En entidades de mayor escala, se pudieran ensayar con personas naturales nacionales, fórmulas similares a los contratos de administración aplicados a extranjeros en empresas del turismo, donde sí el Estado participa de las utilidades.
Existen, por su parte, otras alternativas de gestión de la propiedad social no tan debatidas aún en el contexto cubano actual. Por ejemplo, si la autoridad descentralizada sobre las decisiones de la empresa – incluyendo la selección de los máximos directivos – recayera sobre el colectivo de trabajadores, estaríamos en presencia de una forma de gestión colectiva. Bajo este esquema el grupo de obreros actuarían como arrendatarios de los medios de producción propiedad de la sociedad. Estas entidades funcionarían bajo condiciones mercantiles pero pudiendo establecer el Estado – como propietario de última instancia – regulaciones sobre los aportes a realizar o sobre los compromisos productivos a satisfacer. Esta forma de gestión de la propiedad es indudablemente superior a la de gestión privada, pues garantiza al menos colocar el esfuerzo individual en el camino de la realización de los intereses de un colectivo, al tiempo que evita relaciones directas de explotación. Algunos autores la presentan como la vía para conseguir la tan anhelada socialización real de la propiedad, al entregar la gestión a sus productores directos. Sin embargo, en estos trabajadores la plena sensación de propietario no trasciende el universo de sus medios colectivos, lo cual no conduce automáticamente a una alineación con los más genuinos intereses sociales.
La forma superior de gestión de la propiedad social, virtualmente ausente como propuesta orgánica en el nuevo modelo, es la necesidad de establecer mecanismos sistemáticos y efectivos de control y conducción a nivel social sobre el desempeño de las empresas propiedad de la sociedad, así como sobre las decisiones económicas en su conjunto. En esta alternativa, que denominamos forma de gestión social, el patrimonio productivo social es gestionado por el Estado, pero se requiere de otra manera de concebir el Estado, lo cual evidentemente trasciende el universo estrecho de las relaciones económicas. Se deben institucionalizar las vías para la participación sistemática de los ciudadanos en los procesos de la nación, no solamente en forma de consulta popular para los eventos trascendentales o transformaciones más significativas como ha ocurrido en múltiples ocasiones en Cuba.
La relación dialéctica que encierra el concepto vanguardia-masa debe superar la implementación que ha tenido hasta el momento. La práctica según la cual el grupo considerado ideológicamente más avanzado se erige con la misión de generar las sucesivas correas de trasmisión de una voluntad de cambio organizada, debe ser superada por formas más directas de control sobre los procesos de la nación por parte de un número cada vez mayor de actores sociales.
Ensayar fórmulas de control de las actividades empresariales a través de los Órganos del Poder Popular en sus diferentes niveles pudiera ser un camino a explorar. Por ejemplo, al cierre de 2010 existían en Cuba más de tres mil entidades, entre empresas estatales y sociedades mercantiles 100% cubanas. Si estas, en lugar de formar parte de las estructuras organizativas de alrededor de una treintena de ministerios y organismos centrales, se organizaran en Grupos Empresariales de subordinación nacional, provincial y municipal, cuya gestión fuera controlada por las Asambleas del Poder Popular de los respectivos niveles, se estaría dando un paso serio en la construcción de formas superiores de gestionar socialmente los medios de producción que pertenecen a la sociedad en su conjunto. De esta manera, además, se podrían aislar de una vez las llamadas funciones estatales – que intransferiblemente deben desempeñar los ministerios – de las denominadas funciones empresariales, que podrían ser ejecutadas por los equipos de dirección de las entidades y supervisadas por los máximos órganos representativos del poder del Estado a los diferentes niveles.
Un grupo de investigadores cubanos, al pasar revista a los diferentes modelos empresariales experimentados en el país – todos enmarcados en modelos de gestión estatal más o menos centralizadas – plantean que ninguno logró establecerse de forma generalizada. En realidad, la aspiración de encontrar un modelo de gestión empresarial que satisfaga todas las necesidades de la reproducción sistémica en el tránsito socialista, pudiera considerarse poco menos que una utopía. Durante este período, mientras busca elevar los niveles de socialización real y consolidar las relaciones socialistas, la economía necesita de empresas que respondan por determinado encargo social incluso al costo de la irrentabilidad económica y, al mismo tiempo, necesita empresas que – siendo socialmente responsables – su meta fundamental sea la maximización de utilidades y la inserción competitiva en mercados domésticos e internacionales.
Teniendo esto en cuenta, parece perfectamente posible e incluso deseable la coexistencia de diferentes modelos de gestión, los cuales van a depender de las diferentes clases de organizaciones empresariales que se establezcan por su función de optimización. En Cuba, lo más cercano a este enfoque es la diferenciación existente entre “empresas” y “entidades presupuestadas”.
Si se analiza la evolución de las principales entidades clasificadas por formas de organización entre los años 2004 y 2010, se puede constatar una tendencia al crecimiento del sector presupuestado y a la vez un decrecimiento del sector empresarial. Como se observa en la Figura 2, las unidades presupuestadas se incrementaron en alrededor de 500 y pasaron a representar del 35% al 45% al final del período. Mientras tanto, las entidades clasificadas como empresas se reducen en 725, entre las que se incluyen las empresas tradicionales, las denominadas empresas en perfeccionamiento, las sociedades mercantiles y las asociaciones mixtas.
Lo anterior se explica debido a la expansión durante estos años de un conjunto de servicios sociales presupuestados en los marcos de la denominada Batalla de Ideas, sumado a distorsiones de política económica que llevaron a crear bajo el manto presupuestado entidades con fines productivos o de servicios de naturaleza claramente mercantil.
En el actual proceso de reforma se propone la reducción de la cantidad de unidades presupuestadas sin comprometer la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Además se anuncia que “no se crearán unidades presupuestadas para prestar servicios productivos ni para la producción de bienes” y que las empresas “no recibirán financiamientos presupuestarios para realizar producción de bienes y servicios”, por lo que su supervivencia depende de su rentabilidad financiera.
Sin embargo, contrario a lo aprobado en los Lineamientos del VI Congreso, la producción de bienes y servicios no debe excluirse por decreto de la cobija del presupuesto público. Una de las principales ventajas de la propiedad social es que permite producir determinados renglones considerados socialmente necesarios, aún cuando sus condiciones productivas no consigan rentabilidad económica. Teniendo esto en cuenta es perfectamente posible y deseable que determinadas producciones se continúen desarrollando amparadas en el presupuesto estatal. El aspecto clave en este tema es el establecimiento de reglas claras e inviolables para cada tipo de entidades.
La única norma inexcusable es que todas estén sometidas a mecanismos efectivos de control y conducción social que no deje en manos de unas pocas personas – ya sea el empresario o quien actúe en representación del Estado – las decisiones económicas que son de tanta trascendencia para la sociedad. Al respecto István Mészáros, analizando las experiencias pos-capitalistas de tipo soviético se pregunta: “¿Como podrían los individuos tener una vida plena si las condiciones generales de la reproducción metabólica social son dominadas por una `fuerza ajena´ que frustra sus diseños e invalida de la manera más autoritaria los objetivos y los valores que los propios individuos tratan de establecer?”. La paralizante influencia del poder abrumador del Estado sobre la economía tenían que fracasar – según el propio Mészáros – puesto que los miembros del Politburó se adjudicaron arbitrariamente el papel exclusivo y supremo de la toma de decisiones al llevar a cabo su variante de economía planificada.
El avance hacia el socialismo, en tanto sociedad que no emerge espontáneamente, requiere una planificación integral abarcadora que no puede ser ejercida más que desde una dirección centralizada. Sin embargo, la conducción centralizada no es sinónimo de ausencia de participación, así como la toma de decisiones de manera descentralizada tampoco implica incremento efectivo de la participación. El espacio para que se materialice el determinante papel que deben desempeñar la iniciativa, el espíritu emprendedor y la posición activa de los actores de la actividad económica en todos los niveles, debe ser concebido eficazmente, despojado de instrumentaciones formales o irrealizables por excesivamente románticas. En Cuba, el predominio durante cinco décadas de un modelo de gestión “estatal centralizado” que concibe la participación fundamentalmente como proceso de retroalimentación a través de la consulta popular, parece haber generado reflejos culturalmente enraizados en los mandos a todos los niveles. Solamente un movimiento enérgico, sistemático y coherente impulsado desde el mismo centro puede – con mucho tiempo y esfuerzo – intentar transformar esta realidad.
Organización Económica del Estado
En la literatura económica convencional, la identificación del Estado como actor se reconoce a través de la noción de sector público. Además de su implicación directa como propietario en la actividad productiva, otras de las vías con que cuenta para ejercer su poder sobre la economía son la recaudación tributaria y la ejecución de gastos en actividades de naturaleza pública.
Todo aparato estatal está compuesto no solo de un nivel central indivisible. Justamente la edificación sobre estructuras administrativas que responden por determinados fragmentos del territorio nacional constituye uno de sus rasgos esenciales. Como consecuencia de ello, sobre el conjunto de personas radicadas en un mismo espacio físico local, confluyen los efectos del ejercicio del poder desde al menos dos niveles diferentes del Estado: el central y el local. Lógicamente los fines de ambos pueden no corresponderse en un ciento porciento, dado que representan legítimamente intereses a diferentes niveles de la sociedad. La demarcación entre las atribuciones centrales y las locales en el ejercicio del poder del Estado, en este caso referido a sus funciones económicas, constituye otro de los elementos distintivos del modelo de funcionamiento de la economía. Este aspecto está relacionado con lo que Tinbergen denomina grado de centralización de la administración.
Por lo tanto, la facultad para establecer la recaudación y utilización de los fondos públicos, así como para el ejercicio del control social sobre las empresas nacionalizadas, constituyen algunas de las atribuciones más notorias a delimitar entre los diferentes niveles del Estado.
En la práctica cubana vigente hasta el momento los sistemas de gobierno provinciales y locales tienen facultades casi nulas desde el punto de vista de la gestión económica en sus territorios. La impronta aún perenne de la estricta planificación de antaño ejercida centralmente, apresa la solución de la problemática local y la hace pender de la prioridad que le atribuya el gobierno central. Las facultades económicas locales por lo general se reducen al cumplimiento y control de lo establecido centralmente.
El nuevo modelo a debate pone énfasis en el fomento de iniciativas productivas que impulsen la economía de la localidad, y sugiere cierto grado de incremento en la autonomía fiscal al establecer la aportación de un tributo territorial por parte de las empresas estatales, las cooperativas y las formas privadas asentadas. Sin embargo, el hecho de que cierto conjunto de decisiones se descentralicen hacia planos locales manteniendo otras a escala central, no constituye solución si no se crean las vías para que la totalidad de estas decisiones se vean sometidas a fórmulas efectivas de control social.
Otro de los factores que determinan la Organización Económica del Estado como uno de los ejes del modelo, es el relacionado con la funcionalidad del aparato estatal, que analiza lo apropiado del diseño institucional para el cumplimiento eficaz de las funciones estatales dadas las condiciones existentes. Este aspecto está conformado por tres componentes.
En primer lugar, se requiere la delimitación entre las funciones del Partido, la Administración Pública y las Asambleas del Poder Popular, problema históricamente enunciado por los líderes pero aún desprovisto de una discusión más profunda que ilumine una solución consistente y estable para la práctica de la Cuba contemporánea.
El segundo elemento, es la necesidad de rellenar lagunas, desterrar solapamientos y contradicciones, y garantizar coherencia e integralidad en los encargos funcionalesde cada uno de los llamadosOrganismos de la Administración Central del Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas y Precios se presenta hoy un conflicto de objetivos entre la función de dictar la política de los precios y la de velar por el déficit presupuestario aprobado. Entre estos dos objetivos prevalece el relacionado con el presupuesto dado su carácter de ley, que genera en este Ministerio incentivos para manejar al alza los precios en los mercados formales en busca de incrementar la recaudación, con lo cual termina trasladando a la población la financiación de una parte del déficit fiscal.
Finalmente, se presenta el problema de la separación entre las funciones empresariales y las estatales. Sobre este aspecto, sumamente debatido en los marcos del VI Congreso del PCC, es preciso apuntar que las fronteras entre unas y otras funciones permanecerán difusas mientras las empresas continúen verticalmente subordinadas a los ministerios ramales. En tanto el ministro de determinado ramo deba velar por el cumplimiento del plan de la economía y responder por los resultados productivos de sus empresas, como reacción natural tenderá a dirigir directamente estas empresas, y sus diseños de políticas se ceñirán al cumplimiento de este objetivo. En este sentido valórense los siguientes ejemplos: mientras un Ministerio como el de la Pesca – recientemente fusionado en el de la Industria Alimentaria – tuviera bajo su cargo el incremento del plan de capturas, enfrentaría una permanente contradicción con su función estatal de preservar los recursos pesqueros, el sistema ecológico y la fauna acuática; mientras un Ministerio como el de Turismo responda por el cumplimiento del plan de ingresos de sus cadenas de hoteles, estará ausente una política de turismo integradora que incluya la promoción del sector de arrendatarios por cuenta propia, como oferta complementaria.
En cambio, si las entidades productivas y de servicios se constituyeran en organizaciones empresariales superiores independientes de la subordinación ministerial – como era el caso de la corporación CIMEX hasta 2010 – y en las estructuras de los ministerios quedaran solamente las unidades presupuestadas que garantizan sus funciones estatales, el esclarecimiento de las fronteras se tornaría más viable.
De cualquier forma, para una mejor funcionalidad del aparato estatal, se impone la necesidad de transparentar los procesos de decisión económica a todos los niveles, sometiéndolos a diversas fórmulas de escrutinio público sistemático real.
Todo aparato estatal está compuesto no solo de un nivel central indivisible. Justamente la edificación sobre estructuras administrativas que responden por determinados fragmentos del territorio nacional constituye uno de sus rasgos esenciales. Como consecuencia de ello, sobre el conjunto de personas radicadas en un mismo espacio físico local, confluyen los efectos del ejercicio del poder desde al menos dos niveles diferentes del Estado: el central y el local. Lógicamente los fines de ambos pueden no corresponderse en un ciento porciento, dado que representan legítimamente intereses a diferentes niveles de la sociedad. La demarcación entre las atribuciones centrales y las locales en el ejercicio del poder del Estado, en este caso referido a sus funciones económicas, constituye otro de los elementos distintivos del modelo de funcionamiento de la economía. Este aspecto está relacionado con lo que Tinbergen denomina grado de centralización de la administración.
Por lo tanto, la facultad para establecer la recaudación y utilización de los fondos públicos, así como para el ejercicio del control social sobre las empresas nacionalizadas, constituyen algunas de las atribuciones más notorias a delimitar entre los diferentes niveles del Estado.
En la práctica cubana vigente hasta el momento los sistemas de gobierno provinciales y locales tienen facultades casi nulas desde el punto de vista de la gestión económica en sus territorios. La impronta aún perenne de la estricta planificación de antaño ejercida centralmente, apresa la solución de la problemática local y la hace pender de la prioridad que le atribuya el gobierno central. Las facultades económicas locales por lo general se reducen al cumplimiento y control de lo establecido centralmente.
El nuevo modelo a debate pone énfasis en el fomento de iniciativas productivas que impulsen la economía de la localidad, y sugiere cierto grado de incremento en la autonomía fiscal al establecer la aportación de un tributo territorial por parte de las empresas estatales, las cooperativas y las formas privadas asentadas. Sin embargo, el hecho de que cierto conjunto de decisiones se descentralicen hacia planos locales manteniendo otras a escala central, no constituye solución si no se crean las vías para que la totalidad de estas decisiones se vean sometidas a fórmulas efectivas de control social.
Otro de los factores que determinan la Organización Económica del Estado como uno de los ejes del modelo, es el relacionado con la funcionalidad del aparato estatal, que analiza lo apropiado del diseño institucional para el cumplimiento eficaz de las funciones estatales dadas las condiciones existentes. Este aspecto está conformado por tres componentes.
En primer lugar, se requiere la delimitación entre las funciones del Partido, la Administración Pública y las Asambleas del Poder Popular, problema históricamente enunciado por los líderes pero aún desprovisto de una discusión más profunda que ilumine una solución consistente y estable para la práctica de la Cuba contemporánea.
El segundo elemento, es la necesidad de rellenar lagunas, desterrar solapamientos y contradicciones, y garantizar coherencia e integralidad en los encargos funcionalesde cada uno de los llamadosOrganismos de la Administración Central del Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas y Precios se presenta hoy un conflicto de objetivos entre la función de dictar la política de los precios y la de velar por el déficit presupuestario aprobado. Entre estos dos objetivos prevalece el relacionado con el presupuesto dado su carácter de ley, que genera en este Ministerio incentivos para manejar al alza los precios en los mercados formales en busca de incrementar la recaudación, con lo cual termina trasladando a la población la financiación de una parte del déficit fiscal.
Finalmente, se presenta el problema de la separación entre las funciones empresariales y las estatales. Sobre este aspecto, sumamente debatido en los marcos del VI Congreso del PCC, es preciso apuntar que las fronteras entre unas y otras funciones permanecerán difusas mientras las empresas continúen verticalmente subordinadas a los ministerios ramales. En tanto el ministro de determinado ramo deba velar por el cumplimiento del plan de la economía y responder por los resultados productivos de sus empresas, como reacción natural tenderá a dirigir directamente estas empresas, y sus diseños de políticas se ceñirán al cumplimiento de este objetivo. En este sentido valórense los siguientes ejemplos: mientras un Ministerio como el de la Pesca – recientemente fusionado en el de la Industria Alimentaria – tuviera bajo su cargo el incremento del plan de capturas, enfrentaría una permanente contradicción con su función estatal de preservar los recursos pesqueros, el sistema ecológico y la fauna acuática; mientras un Ministerio como el de Turismo responda por el cumplimiento del plan de ingresos de sus cadenas de hoteles, estará ausente una política de turismo integradora que incluya la promoción del sector de arrendatarios por cuenta propia, como oferta complementaria.
En cambio, si las entidades productivas y de servicios se constituyeran en organizaciones empresariales superiores independientes de la subordinación ministerial – como era el caso de la corporación CIMEX hasta 2010 – y en las estructuras de los ministerios quedaran solamente las unidades presupuestadas que garantizan sus funciones estatales, el esclarecimiento de las fronteras se tornaría más viable.
De cualquier forma, para una mejor funcionalidad del aparato estatal, se impone la necesidad de transparentar los procesos de decisión económica a todos los niveles, sometiéndolos a diversas fórmulas de escrutinio público sistemático real.
Estructura y características de los Mercados Agregados
En cualquier economía nacional es posible diferenciar claramente varios mercados o espacios donde se intercambian recursos de diversos tipos. Independientemente de cual sea la forma que adopten estos intercambios – sean más o menos mediatizados por relaciones mercantiles – se pueden identificar tres de los mercados agregados que estudia la Macroeconomía: el mercado de bienes y servicios, el mercado laboral y el mercado monetario-cambiario-financiero.
La definición sobre cuáles son los rasgos deseables para cada uno de estos mercados – comprendiendo dentro de ello las características estructurales de la oferta y de la demanda, las conductas predominantes de los actores y los mecanismos para la determinación de los precios y las cantidades – constituye otro de los ejes que conforman el modelo de funcionamiento de la economía nacional. Su concepción debe asumirse con plena conciencia de la objetiva internacionalización de los procesos económicos mundiales que conecta con mucha fuerza los mercados internos con los externos, incluso más allá de la voluntad de las autoridades nacionales.
El rasgo más significativo del mercado de bienes y servicios en Cuba está evidentemente asociado a las restricciones de la oferta. Esta condición anula las posibilidades del control de los adquirientes sobre los productores, con lo cual todo lo que se oferta tiene venta potencialmente garantizada sin importar precio, calidad o surtido. Asistimos de esta manera a un mercado donde los compradores compiten entre sí para adquirir los productos, fenómeno denominado por Woldzimierz Brus como la “tiranía de los productores”.
Aunque la causa determinante en esta situación pareciera hallarse en limitaciones productivas reales, el hecho se agrava cuando la producción de cada renglón se concentra en una o muy pocas empresas, persiguiendo supuestos beneficios de escala derivados de la especialización. Esta tendencia genera al mismo tiempo una estructura de mercado que garantiza condiciones cuasi-monopólicas a determinados productores estatales. Este contexto monopólico, aunque encierra un sentido esencialmente diferente al que adquiere bajo condiciones de propiedad capitalista, representa también un poder de mercado virtualmente absoluto que profundiza una relación de fuerza favorable al productor – respecto al consumidor – influyendo negativamente sobre la cantidad, calidad, variedad y precio de las producciones.
Para contrarrestar esto, los órganos estatales superiores intentan un diseño que pueda suplantar el inexistente papel en el control horizontal de los consumidores, y tienden con ello a un sobredimensionamiento de los mecanismos de control vertical de la economía. Como consecuencia, la autonomía decisoria de las empresas se reduce a la mínima expresión, al ser sustituida por normas o regulaciones altamente detalladas y rígidas. Por lo tanto, una estructura monopólica de la oferta tiende a conducir a una forma de gestión centralizada. A su vez, si el modelo de funcionamiento de la economía elige como principio una gestión estatal centralizada entonces su propia naturaleza recomendaría elevar los niveles de concentración de la producción, en aras de facilitar el manejo central. En resumen, la concentración de la producción y la gestión centralizada son dos aspectos independientes aunque muy estrechamente relacionados.
El proceso en marcha de ampliación de las facultades de las empresas y reducción del andamiaje regulatorio centralizado, no alterará demasiado las condiciones de déficit de oferta. Lo que sí permitirá es rendimientos extraordinarios a las entidades productivas, si no se modifica la estructura monopólica de los mercados de bienes y servicios. La desconcentración de todas aquellas producciones que no lo desaconsejen por cuestiones estratégicas de seguridad nacional, sería lo más conveniente.
Otro de los rasgos que posee la oferta en el mercado de bienes y servicios cubano es su carácter altamente segmentado con una amplia gama de precios diferenciados. El intento de proteger con precios generalmente bajos a determinados sectores de la población, a la larga conduce a la canalización de todos los recursos hacia aquellos segmentos del mercado mejor retribuidos. Cada vez que el Estado asigna recursos originando una parcela especial de precios, las fuerzas objetivas del mercado generan un proceso de arbitraje que reasigna el recurso a través de mecanismos mercantiles extralegales. Esto propicia fuentes privadas de acumulación que terminan beneficiando a otros sectores distintos de los que se pretendían proteger. Ocurre así porque la demanda, el otro componente del mercado, aglutina en uno solo todos los segmentos generados desde la oferta, aportando un único precio real que equilibra las cantidades totales ofrecidas con las demandadas.
Al pretender el Estado fijar un precio que se encuentre por debajo del equilibrio del mercado, es natural que algún agente intervenga para apropiarse del diferencial entre el precio oficial y el precio del equilibrio. Esto también ocurre porque las autoridades, subestimando la objetividad de ciertas leyes económicas, suponen controlables las condiciones de distribución de estos recursos. Como consecuencia, las instituciones terminan dedicando cuantiosos esfuerzos materiales y humanos a las tareas de control, naturalmente, sin que consigan resultados eficaces. Una mayor intensidad en los controles solo fortalece la capacidad de detección de violaciones puntuales sin abordar la dimensión causal del fenómeno. La ausencia de un acercamiento a estos temas desde los fundamentos de las ciencias económicas constituye una de las causas más elementales por las que determinadas políticas encaminadas a la protección social no cumplen su cometido.
Otro tanto aporta a esta cuestión el elevado componente de heterogeneidad que caracteriza actualmente la demanda, con restricciones presupuestarias muy dispares entre diferentes grupos sociales. Ya no se puede concebir a la “población” como un conglomerado uniforme de consumidores con restricciones presupuestarias semejantes, y desprovistos de preferencias diferenciadoras. La consolidación de estratos con capacidades de consumo muy distantes es un rasgo de la Cuba actual que debe ser adecuadamente contemplado en la conformación de la oferta.
Mención aparte merece el análisis de la inminente emergencia de la oferta no estatal bajo los preceptos del nuevo modelo. Gran parte de la oferta cuyos precios siguen procesos de libre formación, en realidad ha funcionado durante las últimas dos décadas en condiciones predominantemente oligopólicas. Las causas se pueden hallar, por un lado, en las fuertes barreras a la entrada establecidas por la anterior política económica; por otro, en la regulación al alza que ejercen sobre los productores privados los precios altamente gravados de productos sustitutos y complementarios en las TRD.
Por último, aparece la ausencia total de instituciones en defensa de la competencia en estos mercados, intentando neutralizar los desdeñables pero naturales comportamientos oligopólicos, que tanto laceran el bienestar del consumidor final y que impiden la emergencia de nuevos emprendedores. En los espacios que el modelo de funcionamiento reserve a las relaciones mercantiles deben fomentarse estructuras de mercado competitivas, siempre mucho más justas y socialmente más eficientes. Si las condiciones en la etapa actual del tránsito socialista sugieren el reconocimiento de estos espacios mercantiles, se impone entonces adoptar todas las medidas para garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar sus costos sociales. Aprender a manipular las condiciones del mercado de forma tal que sea posible la conducción de estas actividades hacia los objetivos de la reproducción sistémica, constituye uno de los principales retos en la actualidad cubana.
El mercado laboral, por su parte, es otro de los componentes imprescindibles en esta ecuación. La demanda de fuerza de trabajo en Cuba, que hasta el momento ha sido estatal en más de un 80%, ha estado condicionada por la política histórica de pleno empleo que como meta del socialismo ha minimizado – al punto de la extinción – cualquier sombra de ejército industrial de reserva. Las fuertes regulaciones que protegen al trabajador ante cualquier intento de cesantía – incluso ante incumplimientos laborales – sumado a los bajos niveles y las rigideces salariales, conducen a que este mercado también se encuentre bajo el mandato de la oferta.
Otra de las características de la demanda de fuerza de trabajo actual es su rigidez para la contratación parcial. Los efectos de derogar la anterior prohibición al desempeño de más de un puesto de trabajo – la cual era consistente con la forma de concebir el principio del pleno empleo – se ven limitados por el escaso desarrollo de las posibilidades de contratación parcial en el sector empresarial y presupuestado.
La relativa falta de correspondencia entre los niveles de calificación de la oferta de trabajo y las necesidades explícitas de la demanda laboral constituye otro de los desequilibrios de este mercado, el cual deriva en una de las expresiones que adopta el subempleo en Cuba: la baja utilización de las potencialidades de la fuerza de trabajo. Este fenómeno unido a los elevados niveles de segmentación que presenta la demanda en el mercado laboral, hace que el sector estatal concurra en condiciones muy desiguales a competir con otros sectores establecidos – legal o extralegalmente – que por determinadas condiciones del marco regulatorio se benefician de la posibilidad de ofrecer remuneraciones varias veces superiores.
Por último se menciona un aspecto determinante. A pesar de que Cuba es una isla en medio del océano, dados el desarrollo internacional de las tecnologías comunicacionales y los efectos de la internacionalización de los procesos productivos, el supuesto de economía cerrada resulta totalmente inaplicable al caso cubano. La demanda doméstica de fuerza de trabajo debe competir con la demanda foránea que evidentemente goza de condiciones relativas excepcionales para remunerar, y la oferta cubana resulta altamente competitiva. Las desequilibrios internos en el mercado laboral, por lo tanto, se yerguen como una de las principales causas económicas en el tan sensible tema de la emigración actual.
En lo adelante, el emergente sector privado irá conformando su propia demanda de trabajo, en parte compuesta por los nuevos emprendimientos individuales o colectivos, en parte por las necesidades de expansión de negocios ya establecidos. Dadas las potencialidades – al menos teóricas – de remuneración y de realización de proyectos individuales, este sector pudiera ejercer alguna contención en los flujos migratorios laborales de corto plazo. Sin embargo, el proyecto socialista requiere la reconfiguración del empleo estatal como la mejor de las alternativas deseables.
Por último, el mercado monetario-cambiario-financiero, aún sumido en el complejo entramado de la base bimonetaria imperante, deberá desempeñar un papel mucho más activo dada la expansión en curso de las relaciones mercantiles en la economía nacional. Las entidades financieras del Estado deben atemperar su desempeño a las nuevas circunstancias, ampliando y flexibilizando las posibilidades de acceso a créditos y atendiendo en general las necesidades de financiación de los emprendimientos no estatales. De lo contrario tomará fuerza un sector financiero privado ya existente, cuyo proceso de acumulación se encuentra fuera de toda posibilidad de control dado el carácter extralegal de su hábitat. Tómese en cuenta, además, que cada vez existen mejores condiciones para su conexión con financiamientos privados externos, incluso aquellos con objetivos explícitos de subvertir el orden político nacional.
La oferta estatal en este mercado debe establecer una estructura coherente de tasas de interés en el corto plazo, que permita aproximarse sobre bases más objetivas al costo real del dinero en la operatoria de la economía interna. La puesta en marcha de un mercado interbancario, constituye un paso relevante en este objetivo. La tan necesaria devaluación de la tasa de cambio oficial del peso respecto al cuc, y la integración de ambos circuitos monetarios en los segmentos de la población y de las empresas, constituye punto de partida para el reordenamiento monetario de la economía.
A su vez, la aspiración de lograr un funcionamiento de las empresas estatales con mayores grados de autonomía y sujetas a verdaderas condiciones de competitividad, requiere interpretar la política monetaria-cambiaria-financiera como instrumento indispensable en la facilitación de los procesos productivos. Debe potenciarse su rol como mecanismo indirecto para la regulación del conjunto de la economía así como para el cumplimiento de los objetivos planificados.
La definición sobre cuáles son los rasgos deseables para cada uno de estos mercados – comprendiendo dentro de ello las características estructurales de la oferta y de la demanda, las conductas predominantes de los actores y los mecanismos para la determinación de los precios y las cantidades – constituye otro de los ejes que conforman el modelo de funcionamiento de la economía nacional. Su concepción debe asumirse con plena conciencia de la objetiva internacionalización de los procesos económicos mundiales que conecta con mucha fuerza los mercados internos con los externos, incluso más allá de la voluntad de las autoridades nacionales.
El rasgo más significativo del mercado de bienes y servicios en Cuba está evidentemente asociado a las restricciones de la oferta. Esta condición anula las posibilidades del control de los adquirientes sobre los productores, con lo cual todo lo que se oferta tiene venta potencialmente garantizada sin importar precio, calidad o surtido. Asistimos de esta manera a un mercado donde los compradores compiten entre sí para adquirir los productos, fenómeno denominado por Woldzimierz Brus como la “tiranía de los productores”.
Aunque la causa determinante en esta situación pareciera hallarse en limitaciones productivas reales, el hecho se agrava cuando la producción de cada renglón se concentra en una o muy pocas empresas, persiguiendo supuestos beneficios de escala derivados de la especialización. Esta tendencia genera al mismo tiempo una estructura de mercado que garantiza condiciones cuasi-monopólicas a determinados productores estatales. Este contexto monopólico, aunque encierra un sentido esencialmente diferente al que adquiere bajo condiciones de propiedad capitalista, representa también un poder de mercado virtualmente absoluto que profundiza una relación de fuerza favorable al productor – respecto al consumidor – influyendo negativamente sobre la cantidad, calidad, variedad y precio de las producciones.
Para contrarrestar esto, los órganos estatales superiores intentan un diseño que pueda suplantar el inexistente papel en el control horizontal de los consumidores, y tienden con ello a un sobredimensionamiento de los mecanismos de control vertical de la economía. Como consecuencia, la autonomía decisoria de las empresas se reduce a la mínima expresión, al ser sustituida por normas o regulaciones altamente detalladas y rígidas. Por lo tanto, una estructura monopólica de la oferta tiende a conducir a una forma de gestión centralizada. A su vez, si el modelo de funcionamiento de la economía elige como principio una gestión estatal centralizada entonces su propia naturaleza recomendaría elevar los niveles de concentración de la producción, en aras de facilitar el manejo central. En resumen, la concentración de la producción y la gestión centralizada son dos aspectos independientes aunque muy estrechamente relacionados.
El proceso en marcha de ampliación de las facultades de las empresas y reducción del andamiaje regulatorio centralizado, no alterará demasiado las condiciones de déficit de oferta. Lo que sí permitirá es rendimientos extraordinarios a las entidades productivas, si no se modifica la estructura monopólica de los mercados de bienes y servicios. La desconcentración de todas aquellas producciones que no lo desaconsejen por cuestiones estratégicas de seguridad nacional, sería lo más conveniente.
Otro de los rasgos que posee la oferta en el mercado de bienes y servicios cubano es su carácter altamente segmentado con una amplia gama de precios diferenciados. El intento de proteger con precios generalmente bajos a determinados sectores de la población, a la larga conduce a la canalización de todos los recursos hacia aquellos segmentos del mercado mejor retribuidos. Cada vez que el Estado asigna recursos originando una parcela especial de precios, las fuerzas objetivas del mercado generan un proceso de arbitraje que reasigna el recurso a través de mecanismos mercantiles extralegales. Esto propicia fuentes privadas de acumulación que terminan beneficiando a otros sectores distintos de los que se pretendían proteger. Ocurre así porque la demanda, el otro componente del mercado, aglutina en uno solo todos los segmentos generados desde la oferta, aportando un único precio real que equilibra las cantidades totales ofrecidas con las demandadas.
Al pretender el Estado fijar un precio que se encuentre por debajo del equilibrio del mercado, es natural que algún agente intervenga para apropiarse del diferencial entre el precio oficial y el precio del equilibrio. Esto también ocurre porque las autoridades, subestimando la objetividad de ciertas leyes económicas, suponen controlables las condiciones de distribución de estos recursos. Como consecuencia, las instituciones terminan dedicando cuantiosos esfuerzos materiales y humanos a las tareas de control, naturalmente, sin que consigan resultados eficaces. Una mayor intensidad en los controles solo fortalece la capacidad de detección de violaciones puntuales sin abordar la dimensión causal del fenómeno. La ausencia de un acercamiento a estos temas desde los fundamentos de las ciencias económicas constituye una de las causas más elementales por las que determinadas políticas encaminadas a la protección social no cumplen su cometido.
Otro tanto aporta a esta cuestión el elevado componente de heterogeneidad que caracteriza actualmente la demanda, con restricciones presupuestarias muy dispares entre diferentes grupos sociales. Ya no se puede concebir a la “población” como un conglomerado uniforme de consumidores con restricciones presupuestarias semejantes, y desprovistos de preferencias diferenciadoras. La consolidación de estratos con capacidades de consumo muy distantes es un rasgo de la Cuba actual que debe ser adecuadamente contemplado en la conformación de la oferta.
Mención aparte merece el análisis de la inminente emergencia de la oferta no estatal bajo los preceptos del nuevo modelo. Gran parte de la oferta cuyos precios siguen procesos de libre formación, en realidad ha funcionado durante las últimas dos décadas en condiciones predominantemente oligopólicas. Las causas se pueden hallar, por un lado, en las fuertes barreras a la entrada establecidas por la anterior política económica; por otro, en la regulación al alza que ejercen sobre los productores privados los precios altamente gravados de productos sustitutos y complementarios en las TRD.
Por último, aparece la ausencia total de instituciones en defensa de la competencia en estos mercados, intentando neutralizar los desdeñables pero naturales comportamientos oligopólicos, que tanto laceran el bienestar del consumidor final y que impiden la emergencia de nuevos emprendedores. En los espacios que el modelo de funcionamiento reserve a las relaciones mercantiles deben fomentarse estructuras de mercado competitivas, siempre mucho más justas y socialmente más eficientes. Si las condiciones en la etapa actual del tránsito socialista sugieren el reconocimiento de estos espacios mercantiles, se impone entonces adoptar todas las medidas para garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar sus costos sociales. Aprender a manipular las condiciones del mercado de forma tal que sea posible la conducción de estas actividades hacia los objetivos de la reproducción sistémica, constituye uno de los principales retos en la actualidad cubana.
El mercado laboral, por su parte, es otro de los componentes imprescindibles en esta ecuación. La demanda de fuerza de trabajo en Cuba, que hasta el momento ha sido estatal en más de un 80%, ha estado condicionada por la política histórica de pleno empleo que como meta del socialismo ha minimizado – al punto de la extinción – cualquier sombra de ejército industrial de reserva. Las fuertes regulaciones que protegen al trabajador ante cualquier intento de cesantía – incluso ante incumplimientos laborales – sumado a los bajos niveles y las rigideces salariales, conducen a que este mercado también se encuentre bajo el mandato de la oferta.
Otra de las características de la demanda de fuerza de trabajo actual es su rigidez para la contratación parcial. Los efectos de derogar la anterior prohibición al desempeño de más de un puesto de trabajo – la cual era consistente con la forma de concebir el principio del pleno empleo – se ven limitados por el escaso desarrollo de las posibilidades de contratación parcial en el sector empresarial y presupuestado.
La relativa falta de correspondencia entre los niveles de calificación de la oferta de trabajo y las necesidades explícitas de la demanda laboral constituye otro de los desequilibrios de este mercado, el cual deriva en una de las expresiones que adopta el subempleo en Cuba: la baja utilización de las potencialidades de la fuerza de trabajo. Este fenómeno unido a los elevados niveles de segmentación que presenta la demanda en el mercado laboral, hace que el sector estatal concurra en condiciones muy desiguales a competir con otros sectores establecidos – legal o extralegalmente – que por determinadas condiciones del marco regulatorio se benefician de la posibilidad de ofrecer remuneraciones varias veces superiores.
Por último se menciona un aspecto determinante. A pesar de que Cuba es una isla en medio del océano, dados el desarrollo internacional de las tecnologías comunicacionales y los efectos de la internacionalización de los procesos productivos, el supuesto de economía cerrada resulta totalmente inaplicable al caso cubano. La demanda doméstica de fuerza de trabajo debe competir con la demanda foránea que evidentemente goza de condiciones relativas excepcionales para remunerar, y la oferta cubana resulta altamente competitiva. Las desequilibrios internos en el mercado laboral, por lo tanto, se yerguen como una de las principales causas económicas en el tan sensible tema de la emigración actual.
En lo adelante, el emergente sector privado irá conformando su propia demanda de trabajo, en parte compuesta por los nuevos emprendimientos individuales o colectivos, en parte por las necesidades de expansión de negocios ya establecidos. Dadas las potencialidades – al menos teóricas – de remuneración y de realización de proyectos individuales, este sector pudiera ejercer alguna contención en los flujos migratorios laborales de corto plazo. Sin embargo, el proyecto socialista requiere la reconfiguración del empleo estatal como la mejor de las alternativas deseables.
Por último, el mercado monetario-cambiario-financiero, aún sumido en el complejo entramado de la base bimonetaria imperante, deberá desempeñar un papel mucho más activo dada la expansión en curso de las relaciones mercantiles en la economía nacional. Las entidades financieras del Estado deben atemperar su desempeño a las nuevas circunstancias, ampliando y flexibilizando las posibilidades de acceso a créditos y atendiendo en general las necesidades de financiación de los emprendimientos no estatales. De lo contrario tomará fuerza un sector financiero privado ya existente, cuyo proceso de acumulación se encuentra fuera de toda posibilidad de control dado el carácter extralegal de su hábitat. Tómese en cuenta, además, que cada vez existen mejores condiciones para su conexión con financiamientos privados externos, incluso aquellos con objetivos explícitos de subvertir el orden político nacional.
La oferta estatal en este mercado debe establecer una estructura coherente de tasas de interés en el corto plazo, que permita aproximarse sobre bases más objetivas al costo real del dinero en la operatoria de la economía interna. La puesta en marcha de un mercado interbancario, constituye un paso relevante en este objetivo. La tan necesaria devaluación de la tasa de cambio oficial del peso respecto al cuc, y la integración de ambos circuitos monetarios en los segmentos de la población y de las empresas, constituye punto de partida para el reordenamiento monetario de la economía.
A su vez, la aspiración de lograr un funcionamiento de las empresas estatales con mayores grados de autonomía y sujetas a verdaderas condiciones de competitividad, requiere interpretar la política monetaria-cambiaria-financiera como instrumento indispensable en la facilitación de los procesos productivos. Debe potenciarse su rol como mecanismo indirecto para la regulación del conjunto de la economía así como para el cumplimiento de los objetivos planificados.
Mecanismo de Regulación Consciente de la Producción. Noción de Planificación
Según esta variable se debe establecer, en primer lugar, el rol a desempeñar por los mecanismos de regulación consciente de la producción que implementa la sociedad en oposición al desenvolvimiento automático del mercado. La intervención directa del Estado en las relaciones económicas, habitualmente persigue la regulación de uno u otro aspecto de la reproducción, ordenando, influyendo o suplantado la autorregulación mercantil.
En la historia de todos los intentos de construcción socialista que siguieron el modelo soviético aparece como una regularidad la forma altamente centralizada y a la vez detallada que ha adoptado esta intervención. Otra de sus características ha sido la distribución directa de recursos físicos en función de determinadas metas, fijadas de manera administrativa y en cuyo proceso de consecución ha predominado el uso en gran escala de incentivos políticos y llamamientos patrióticos a la productividad y disciplina del trabajo. Estos métodos, que son necesarios y útiles en una etapa de la revolución social urgida de una industrialización intensiva, se pueden convertir en un obstáculo para el progreso económico subsiguiente cuando se perpetúan más allá de su justificación histórica, dada su falta de flexibilidad. La dificultad comienza – según afirma Oskar Lange – cuando “esos métodos de economía de guerra se identifican con la esencia del socialismo y se les trata como inseparables de este”.
Esta forma de regulación – que denominaremos regulación directa – se basa en la reglamentación de los comportamientos de los sujetos económicos, a través de la definición concreta de sus tareas junto a la asignación directa de los recursos para cumplirlas, contenidas en un sistema de directivas centrales llamadas “plan”. La regulación directa, por tanto, es lo que ha sido interpretado como planificación en el imaginario históricamente predominante dentro y fuera de Cuba, lo que constituye una noción reduccionista y distorsionada de este último concepto. Como consecuencia de esta interpretación se introducen rigideces insalvables en condiciones de heterogeneidad de tipos socioeconómicos, se subestima el papel de los incentivos económicos en el tránsito socialista, se sobrestima la capacidad de optimización de los planificadores centrales, se estimula la discrecionalidad administrativa por encima de cualquier tipo de racionalidad económica, y finalmente se incurre en un proceso altamente costoso incluso para la legitimación de la viabilidad del socialismo.
En cambio, según el propio Lange, debemos entender por planificación todo esfuerzo por “someter la acción de las leyes económicas y el desarrollo económico de la sociedad a la dirección de la voluntad humana”, lo cual se puede intentar utilizando también otro tipo de instrumentos, que se identifican en el presente trabajo como instrumentos de regulación indirecta.
En este conjunto se pueden incluir todas aquellas acciones que buscan crear determinadas condiciones económicas que induzcan a los sujetos a tomar decisiones en una dirección coherente con los objetivos deseados. Con ello las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de modificar las circunstancias que enfrentan estos agentes y con ello influir indirectamente sobre sus comportamientos, a través de las llamadas políticas macroeconómicas, entre otras. La combinación entre mecanismos directos o indirectos de regulación consciente constituye otro de los rasgos distintivos en un modelo.
Como se apuntaba en los párrafos anteriores, para el modelo cubano constituye un error común asociar la planificación con la administración directa de los recursos escasos que operativamente tiene lugar en nuestro sistema económico. Esta lógica sugiere que habrá más planificación mientras más recursos se encuentren sujetos a la regulación directiva central, generalmente propensa a emplear métodos administrativos.
En la actualidad el Plan de la Economía Nacional pretende abarcar de manera directiva casi la totalidad de la actividad económica del país. La elaboración de los planes transita por un mecanismo tergiversado que convierte en un campo de batalla el proceso económico más importante del sistema. En este las autoridades de las empresas y organismos – empleando los más disímiles ardides – compiten por obtener la mayor cantidad posible de recursos de los niveles superiores, amparados en la legitimidad de la defensa de los intereses sociales por los cuales responden. La práctica histórica ha implantado un proceder a través del cual las unidades de base informan capacidades subestimadas y necesidades sobrestimadas, mientras los niveles centrales asignan recursos por debajo de lo solicitado y exigen metas superiores a las planificadas por la base. Los principales argumentos para la discusión provienen básicamente del desempeño durante el año anterior, el cual se exige sea perennemente superado y con un menor empleo de recursos. Cada parte es consciente de la filosofía de la otra con lo cual el proceso se convierte en realidad en un acto de negociación, cuyo resultado final es determinado centralmente de forma administrativa.
Por otra parte, se introducen severas distorsiones con la coexistencia desarticulada – en ocasiones caótica – de formas de medición y gestión económica basadas en magnitudes físicas, con análisis basados en magnitudes financieras, cuyo origen se encuentra en el diseño funcional de las instituciones, así como en la idea subyacente en torno al concepto de planificación. Por ejemplo, mientras al Ministerio de Finanzas se le atribuye la soberanía sobre la elaboración, ejecución y control del presupuesto en cup, se encarga al Ministerio de Economía de los recursos materiales y las divisas, a través de la asignación de los cuc y del manejo discrecional de la capacidad de estos para la compra de divisas externas. Como consecuencia, el funcionamiento físico de la economía presenta inconsistencias con su dimensión financiera, debido al elevado nivel de intervenciones administrativas. La disfuncionalidad que se presenta en la base y el rechazo a los temas relacionados con “el plan y el presupuesto” suceden – entre otras causas – por incoherencias conceptuales como esta que anulan el carácter científico de la planificación, obstaculizan su verdadera comprensión y por lo tanto obstruyen su desarrollo como proceso consciente.
El primero de los Lineamientos del VI Congreso del PCC plantea que en el nuevo modelo económico “el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, y debe transformarse en sus aspectos metodológicos, organizativos y de control, (…) tendrá en cuenta el mercado influyendo sobre el mismo y considerando sus características”. Ahora bien, ¿qué implica para el sistema de planificación continuar siendo la vía principal y a la vez transformarse? Conservar la centralidad de la planificación aceptando la presencia creciente de formas descentralizadas implica un profundo cambio tecnológico en la concepción y práctica de la planificación a todos los niveles. Sin embargo, ¿quiénes dominan hoy la tecnología de la planificación? Por lo general las personas dedicadas a la práctica de la planificación a lo largo del país cuentan – como acervo principal – con una experiencia personal de trabajo en esta esfera durante varias décadas. Por lo tanto, respecto a los métodos y concepciones actualmente empleados estos especialistas corren el riesgo de padecer el fenómeno de la “familiaridad acrítica”, teniendo en cuenta que en los últimos veinte años no ha existido en Cuba un desarrollo desde la academia dedicado a la investigación sobre esta temática.
En la práctica actual, como interpretación de la exhortación por la máxima dirección del país al incremento de la efectividad de la planificación, lo que está ocurriendo es una expansión insostenible del balance físico de productos dentro de la dinámica de elaboración del “plan”. Esto constituye una severa inconsistencia, dado el carácter financiero de la inserción externa de la economía cubana – y no material como en el otrora Consejo de Ayuda Mutua Económica de las décadas del setenta y ochenta – y dada la precariedad de los dispositivos de planificación en todas las entidades e instituciones a lo largo del país. Los métodos de la administración o disposición de recursos para una economía de guerra, exitosamente desarrollados en el campo de las actividades militares, pueden resultar completamente contraproducentes si se les pretende aplicar a la totalidad de la economía de un país, la cual responde a determinadas regularidades económicas inobjetables.
Debido a lo anterior, uno de los principales retos que debe enfrentar el nuevo modelo de funcionamiento económico cubano – o mejor, el nuevo socialismo cubano – radica en el desarrollo de unas sólidas bases científicas para la planificación.
Bajo las condiciones actuales y previsibles de la economía cubana, deberían orquestarse algunas transformaciones en la forma de regular los procesos productivos. En primer lugar, tendría que imponerse resueltamente una planificación de tipo financiero. Los balances materiales deben reducirse solamente a aquellos renglones limitados desde el punto de vista de la oferta física, e incorporarse a la ecuación global como restricciones de capacidad. Luego, el marco regulatorio tiene que garantizar que los resultados financieros de las entidades se correspondan con los resultados del sector real.
Por otro lado, el incremento de la autonomía empresarial es esencialmente contradictorio con el predominio de la regulación a través de directivas verticales. Aspectos de este tipo, entre otros, hicieron fracasar los intentos descentralizadores de finales de la década del setenta, limitaron el desempeño de las cooperativas agrícolas impulsadas en los noventa, y truncaron las potencialidades del perfeccionamiento empresarial. Se impone, entonces, el fortalecimiento del papel de los incentivos en las tareas económicas, sustituyendo la discrecionalidad administrativa por un sistema estable de reglas que responda a principios económicos. En lo adelante, tanto las actividades que se despliegan con fuerza desde formas no estatales, como el empresariado estatal que se desempeñe con mayores facultades, solo podrán ser conducidas a partir de un mayor uso de la regulación indirecta a través de políticas macro y microeconómicas.
Otro gran reto está asociado a la necesidad de una nueva organización institucional con capacidad real de responder a las nuevas circunstancias y objetivos. En coherencia con la noción de una planificación más abarcadora y con alcance social, deberían replantearse las funciones oficiales del Ministerio de Economía y Planificación, dejándole solamente aquellas relacionadas con la administración operativa de los recursos. Por otro lado podría crearse una institución que se ocupe del diseño de la sociedad a largo plazo, de velar por la coherencia de las políticas dictadas desde los diferentes ministerios en relación con los objetivos definidos, involucrando orgánica y sistemáticamente el concurso de los mejores especialistas, investigadores y académicos de todas las ciencias que impactan sobre la sociedad. El propósito fundamental es crear un órgano multidisciplinario capaz de proponer un enfoque integrador de la Planificación, que trascienda el estrecho marco de la economía y la asuma como vía para la conducción de la sociedad en su conjunto. Esta institución pudiera subordinarse a la Asamblea Nacional adoptando un rango similar al de la Contraloría General de la República.
En la historia de todos los intentos de construcción socialista que siguieron el modelo soviético aparece como una regularidad la forma altamente centralizada y a la vez detallada que ha adoptado esta intervención. Otra de sus características ha sido la distribución directa de recursos físicos en función de determinadas metas, fijadas de manera administrativa y en cuyo proceso de consecución ha predominado el uso en gran escala de incentivos políticos y llamamientos patrióticos a la productividad y disciplina del trabajo. Estos métodos, que son necesarios y útiles en una etapa de la revolución social urgida de una industrialización intensiva, se pueden convertir en un obstáculo para el progreso económico subsiguiente cuando se perpetúan más allá de su justificación histórica, dada su falta de flexibilidad. La dificultad comienza – según afirma Oskar Lange – cuando “esos métodos de economía de guerra se identifican con la esencia del socialismo y se les trata como inseparables de este”.
Esta forma de regulación – que denominaremos regulación directa – se basa en la reglamentación de los comportamientos de los sujetos económicos, a través de la definición concreta de sus tareas junto a la asignación directa de los recursos para cumplirlas, contenidas en un sistema de directivas centrales llamadas “plan”. La regulación directa, por tanto, es lo que ha sido interpretado como planificación en el imaginario históricamente predominante dentro y fuera de Cuba, lo que constituye una noción reduccionista y distorsionada de este último concepto. Como consecuencia de esta interpretación se introducen rigideces insalvables en condiciones de heterogeneidad de tipos socioeconómicos, se subestima el papel de los incentivos económicos en el tránsito socialista, se sobrestima la capacidad de optimización de los planificadores centrales, se estimula la discrecionalidad administrativa por encima de cualquier tipo de racionalidad económica, y finalmente se incurre en un proceso altamente costoso incluso para la legitimación de la viabilidad del socialismo.
En cambio, según el propio Lange, debemos entender por planificación todo esfuerzo por “someter la acción de las leyes económicas y el desarrollo económico de la sociedad a la dirección de la voluntad humana”, lo cual se puede intentar utilizando también otro tipo de instrumentos, que se identifican en el presente trabajo como instrumentos de regulación indirecta.
En este conjunto se pueden incluir todas aquellas acciones que buscan crear determinadas condiciones económicas que induzcan a los sujetos a tomar decisiones en una dirección coherente con los objetivos deseados. Con ello las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de modificar las circunstancias que enfrentan estos agentes y con ello influir indirectamente sobre sus comportamientos, a través de las llamadas políticas macroeconómicas, entre otras. La combinación entre mecanismos directos o indirectos de regulación consciente constituye otro de los rasgos distintivos en un modelo.
Como se apuntaba en los párrafos anteriores, para el modelo cubano constituye un error común asociar la planificación con la administración directa de los recursos escasos que operativamente tiene lugar en nuestro sistema económico. Esta lógica sugiere que habrá más planificación mientras más recursos se encuentren sujetos a la regulación directiva central, generalmente propensa a emplear métodos administrativos.
En la actualidad el Plan de la Economía Nacional pretende abarcar de manera directiva casi la totalidad de la actividad económica del país. La elaboración de los planes transita por un mecanismo tergiversado que convierte en un campo de batalla el proceso económico más importante del sistema. En este las autoridades de las empresas y organismos – empleando los más disímiles ardides – compiten por obtener la mayor cantidad posible de recursos de los niveles superiores, amparados en la legitimidad de la defensa de los intereses sociales por los cuales responden. La práctica histórica ha implantado un proceder a través del cual las unidades de base informan capacidades subestimadas y necesidades sobrestimadas, mientras los niveles centrales asignan recursos por debajo de lo solicitado y exigen metas superiores a las planificadas por la base. Los principales argumentos para la discusión provienen básicamente del desempeño durante el año anterior, el cual se exige sea perennemente superado y con un menor empleo de recursos. Cada parte es consciente de la filosofía de la otra con lo cual el proceso se convierte en realidad en un acto de negociación, cuyo resultado final es determinado centralmente de forma administrativa.
Por otra parte, se introducen severas distorsiones con la coexistencia desarticulada – en ocasiones caótica – de formas de medición y gestión económica basadas en magnitudes físicas, con análisis basados en magnitudes financieras, cuyo origen se encuentra en el diseño funcional de las instituciones, así como en la idea subyacente en torno al concepto de planificación. Por ejemplo, mientras al Ministerio de Finanzas se le atribuye la soberanía sobre la elaboración, ejecución y control del presupuesto en cup, se encarga al Ministerio de Economía de los recursos materiales y las divisas, a través de la asignación de los cuc y del manejo discrecional de la capacidad de estos para la compra de divisas externas. Como consecuencia, el funcionamiento físico de la economía presenta inconsistencias con su dimensión financiera, debido al elevado nivel de intervenciones administrativas. La disfuncionalidad que se presenta en la base y el rechazo a los temas relacionados con “el plan y el presupuesto” suceden – entre otras causas – por incoherencias conceptuales como esta que anulan el carácter científico de la planificación, obstaculizan su verdadera comprensión y por lo tanto obstruyen su desarrollo como proceso consciente.
El primero de los Lineamientos del VI Congreso del PCC plantea que en el nuevo modelo económico “el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, y debe transformarse en sus aspectos metodológicos, organizativos y de control, (…) tendrá en cuenta el mercado influyendo sobre el mismo y considerando sus características”. Ahora bien, ¿qué implica para el sistema de planificación continuar siendo la vía principal y a la vez transformarse? Conservar la centralidad de la planificación aceptando la presencia creciente de formas descentralizadas implica un profundo cambio tecnológico en la concepción y práctica de la planificación a todos los niveles. Sin embargo, ¿quiénes dominan hoy la tecnología de la planificación? Por lo general las personas dedicadas a la práctica de la planificación a lo largo del país cuentan – como acervo principal – con una experiencia personal de trabajo en esta esfera durante varias décadas. Por lo tanto, respecto a los métodos y concepciones actualmente empleados estos especialistas corren el riesgo de padecer el fenómeno de la “familiaridad acrítica”, teniendo en cuenta que en los últimos veinte años no ha existido en Cuba un desarrollo desde la academia dedicado a la investigación sobre esta temática.
En la práctica actual, como interpretación de la exhortación por la máxima dirección del país al incremento de la efectividad de la planificación, lo que está ocurriendo es una expansión insostenible del balance físico de productos dentro de la dinámica de elaboración del “plan”. Esto constituye una severa inconsistencia, dado el carácter financiero de la inserción externa de la economía cubana – y no material como en el otrora Consejo de Ayuda Mutua Económica de las décadas del setenta y ochenta – y dada la precariedad de los dispositivos de planificación en todas las entidades e instituciones a lo largo del país. Los métodos de la administración o disposición de recursos para una economía de guerra, exitosamente desarrollados en el campo de las actividades militares, pueden resultar completamente contraproducentes si se les pretende aplicar a la totalidad de la economía de un país, la cual responde a determinadas regularidades económicas inobjetables.
Debido a lo anterior, uno de los principales retos que debe enfrentar el nuevo modelo de funcionamiento económico cubano – o mejor, el nuevo socialismo cubano – radica en el desarrollo de unas sólidas bases científicas para la planificación.
Bajo las condiciones actuales y previsibles de la economía cubana, deberían orquestarse algunas transformaciones en la forma de regular los procesos productivos. En primer lugar, tendría que imponerse resueltamente una planificación de tipo financiero. Los balances materiales deben reducirse solamente a aquellos renglones limitados desde el punto de vista de la oferta física, e incorporarse a la ecuación global como restricciones de capacidad. Luego, el marco regulatorio tiene que garantizar que los resultados financieros de las entidades se correspondan con los resultados del sector real.
Por otro lado, el incremento de la autonomía empresarial es esencialmente contradictorio con el predominio de la regulación a través de directivas verticales. Aspectos de este tipo, entre otros, hicieron fracasar los intentos descentralizadores de finales de la década del setenta, limitaron el desempeño de las cooperativas agrícolas impulsadas en los noventa, y truncaron las potencialidades del perfeccionamiento empresarial. Se impone, entonces, el fortalecimiento del papel de los incentivos en las tareas económicas, sustituyendo la discrecionalidad administrativa por un sistema estable de reglas que responda a principios económicos. En lo adelante, tanto las actividades que se despliegan con fuerza desde formas no estatales, como el empresariado estatal que se desempeñe con mayores facultades, solo podrán ser conducidas a partir de un mayor uso de la regulación indirecta a través de políticas macro y microeconómicas.
Otro gran reto está asociado a la necesidad de una nueva organización institucional con capacidad real de responder a las nuevas circunstancias y objetivos. En coherencia con la noción de una planificación más abarcadora y con alcance social, deberían replantearse las funciones oficiales del Ministerio de Economía y Planificación, dejándole solamente aquellas relacionadas con la administración operativa de los recursos. Por otro lado podría crearse una institución que se ocupe del diseño de la sociedad a largo plazo, de velar por la coherencia de las políticas dictadas desde los diferentes ministerios en relación con los objetivos definidos, involucrando orgánica y sistemáticamente el concurso de los mejores especialistas, investigadores y académicos de todas las ciencias que impactan sobre la sociedad. El propósito fundamental es crear un órgano multidisciplinario capaz de proponer un enfoque integrador de la Planificación, que trascienda el estrecho marco de la economía y la asuma como vía para la conducción de la sociedad en su conjunto. Esta institución pudiera subordinarse a la Asamblea Nacional adoptando un rango similar al de la Contraloría General de la República.
Peso de las diferentes Fuentes de Distribución de la Riqueza
Para abordar esta variable podemos comenzar por asumir que sobre la base de la riqueza que genera la sociedad los individuos buscarán la forma de satisfacer su noción de necesidades. Esta noción de necesidades estará condicionada por al menos tres dimensiones básicas: sus requerimientos biológicos de subsistencia; las circunstancias para la reproducción de su vida social, determinadas por su entorno socioeconómico; y la configuración de sus expectativas de modo de vida, lo cual incorpora un componente esencialmente subjetivo. Para la satisfacción de estas necesidades los individuos deben acceder a un conjunto de bienes y servicios – ya sean materiales o espirituales, individuales o colectivos – los cuales, dada la existencia de la división social del trabajo y la imposibilidad de la autosuficiencia, son un producto de la riqueza creada con el trabajo conjunto de la sociedad.
La supervivencia del camino socialista descansa, entre otros, sobre la posibilidad de hacer corresponder de manera sostenible la producción de la riqueza social con la noción de necesidades de sus individuos. En este sentido, la expansión de la riqueza creada debe acompañarse de la promoción de expectativas de consumo socialmente responsables, acordes con una racionalidad diferente a la del consumismo sistémico del capitalismo.
Ahora bien, ¿de qué forma es distribuida a cada individuo esta riqueza resultante de la creación colectiva? Dada la inobjetable convivencia de diferentes formas de propiedad coexistirán también, de manera inevitable, diferentes Fuentes para la Distribución de la Riqueza, cuyo peso relativo puede asumirse como el sexto eje articulador del modelo de funcionamiento.
La primera y paradigmática forma – tomando en cuenta el punto de partida y los derroteros de la sociedad que se pretende construir – resulta justamente aquella que relaciona el grado de satisfacción de las necesidades del individuo con su contribución a la creación de la riqueza social. En este caso, la distribución en correspondencia con la calidad, cantidad y resultados de trabajo, debe aparecer como la forma fundamental.
Por otra parte se encuentra la que se realiza a través de los llamados Fondos Sociales de Consumo, cuyo criterio asignativo ofrece acceso a bienes y servicios directamente, pretendiendo la satisfacción de necesidades independientemente del esfuerzo del individuo. Esta vía, como explicara Marx en su Crítica al Programa de Gotha, es esencial en la justeza del sistema socialista. Sin embargo, una interpretación erróneamente simplificadora de la compleja heterogeneidad social, convierte esta forma de distribución en un mecanismo potenciador de desigualdad, al ofrecer tratamientos iguales a sujetos desiguales.
Finalmente, persisten otras formas de distribución que se pueden clasificar como apropiación de trabajo ajeno, entre las que se encuentran la explotación de fuerza de trabajo, la apropiación ilícita de recursos ajenos, los privilegios o prebendas institucionales, así como los donativos, entre otras fuentes no asociadas directamente a la trascendencia del trabajo aportado.
En cuanto a Cuba se refiere, el modelo consolidado durante los años ochenta se encontraba sostenido por un ideal de igualación artificial, al decir de la socióloga cubana Mayra Espín, “debido a políticas en exceso homogeneístas, que no tomaban en cuenta el diferente punto de partida de los distintos grupos sociales”.
Durante esta década, alrededor del 95% de los ocupados trabajaban para el sector estatal mientras se calculaba que el 80% de los ingresos de la población se obtenía por la vía salarial. El salario se erigió sobre un sistema con muy estrecho diapasón, en el cual las escasas diferencias remunerativas se centraron más en la calificación obtenida y la experiencia laboral, y menos en los esfuerzos y resultados de trabajo. En 1985 se estimó que solo un 49% el consumo total de bienes y servicios se obtenía como resultado del trabajo, mientras el 51% restante era atribuible a subsidios y gratuidades contenidos en los fondos sociales de consumo.
En las condiciones actuales, aunque los cálculos sobre las fuentes del consumo final resultan complejos, no es difícil percibir que el trabajo continúa siendo relegado. La alta ponderación de las vías colectivas de consumo – con tendencia igualitarista – que caracterizó la política social desde las primeras décadas, se profundizó con los esfuerzos por distribuir los impactos de la crisis durante la década de los noventa, así como en las políticas impulsadas con posterioridad al año 2000.
A ello se agrega la proliferación, a partir de estos años, de diversas fuentes de acceso a bienes y servicios no relacionadas con la trascendencia social del trabajo aportado. Esto dos elementos, combinados con el escaso poder de compra del salario estatal, constituyen posiblemente el principal perjuicio a la legitimidad del socialismo en Cuba, y se yerguen en causas esenciales de los actuales – e históricos – bajos niveles de intensidad del trabajo. Valórese que en el año 2009 solo el 49% de los ingresos monetarios de la población provenían del trabajo en entidades estatales, a pesar de que – como se señaló anteriormente – cerca del 84% de la población empleada trabajaba para este sector. Mientras tanto, los sectores privado y cooperativo constituían el 20% de las fuentes de ingresos, y el 31% restante provenía otras de fuentes no clasificadas.
El nuevo modelo económico y social tiene que ofrecer a los individuos alternativas para construir sus proyectos de vida en consistencia con los objetivos de la construcción socialista. Durante la década del 70 y 80 las aspiraciones de vida de los jóvenes de la época eran claramente realizables en los marcos de la aspiración colectiva, pues las reglas implícitas de movilidad social tributaban claramente a los objetivos del proyecto de nueva sociedad. Sin embargo, a partir de la crisis cubana de fin de siglo, el impactado proyecto social resurge con una capacidad muy lacerada para ofrecer oportunidades de inserción y prosperidad individual a partir de lo aportado laboralmente, cuestionando – incluso – las posibilidades de solventar necesidades vitales en los marcos de la legalidad. Se generaron, entonces, señales perversas conducentes a la aceptación a nivel social de valores inconsistentes con los paradigmas emancipatorios históricamente defendidos por el socialismo.
Las opciones reales para la solución a necesidades perentorias quedaron reducidas a unas pocas alternativas. Una de ellas es la ubicación en puestos claves de instituciones o empresas con potencialidades para el acceso a recursos extra-salariales, incluyendo los bienes o servicios que forman parte de esquemas de distribución oficialmente institucionalizados, identificables bajo la categoría de privilegios o prebendas. Esto no significa que todas las personas que ascienden a través de este tipo de puestos estén movidas por intereses de realización personal. La disposición al sacrificio por el bienestar colectivo – simbolizado en el paradigma guevariano – forma parte de los valores fomentados durante varias décadas de Revolución, y aún determina el actuar de muchos funcionarios, dirigentes y trabajadores en general. Sin embargo, el intento de compensar las limitaciones del mecanismo de distribución a través de formas administrativas discrecionales amenaza con anular el carácter transformador de algunos funcionarios, y su sistema decisorio puede permearse por un instinto de conservación que tiende a evolucionar sobre ribetes clasistas, aún de manera inconsciente.
Mención aparte merece el florecimiento, desde determinados puestos laborales, de fenómenos altamente lacerantes como la apropiación ilícita de recursos, el tráfico de influencias, y la aparentemente idiosincrásica acumulación de capital relacional como garantía de largo plazo. Algunos de estos puestos – en sectores como la gastronomía, el turismo, la distribución de combustible, las direcciones de vivienda, la esfera comercial, entre otros – incluso llegan a cotizarse a grandes montos en mercados subrepticios, dado su elevado potencial retributivo. He aquí, posiblemente, la principal forma de explotación del trabajo ajeno existente en la actualidad, así como la principal amenaza a la supervivencia de los valores sistémicos.
Las restantes vías con alguna capacidad de ofrecer posibilidades de prosperidad individual, radican en el desempeño de actividades económicas privadas independientemente de su legalidad, y en la para nada despreciable emigración económica, ausente en las discusiones oficiales en torno al VI Congreso del PCC.
Evidentemente lo anterior debería estar en el punto de mira de la política económica. El aspecto neurálgico en esta realidad lo conforman las condiciones extremas de no realización de la propiedad social que vienen imponiéndose en Cuba. Ante ellas el trabajador estatal, más allá de no sentirse propietario de los medios de producción, comienza a identificar antagonismos con el Estado como su empleador, e incluso puede asumir su relación con él como un conflicto de clases, dada la herencia cultural del sistema anterior, las influencias del entorno internacional capitalista y los propios errores internos en la construcción de la nueva sociedad.
De esta manera, la sociedad cubana contemporánea emerge con una fragmentación mucho mayor, con estratos y hasta clases sociales mejor diferenciados, cuyos niveles de consumo parecen estar cada vez más asociados a cuál sea la fuente de ingreso correspondiente. Por lo tanto, el reordenamiento de las fuentes de distribución constituye un aspecto estratégico para la persistencia sistémica del socialismo. Los ingresos reales personales provenientes del trabajo, deben alcanzar magnitudes congruentes con los requerimientos de estimulación para la llamada productividad. Esto significa garantizar las condiciones básicas de la reproducción de la fuerza de trabajo y satisfacer las expectativas del modo de vida socialmente aspirado.
No es irrefutable la idea de que un aumento en el monto de los salarios reales estatales en el corto plazo sea estrictamente dependiente de incrementos en los niveles de productividad. Existen alternativas en el plano del reordenamiento monetario que permiten otras aproximaciones a la solución positiva de esta problemática.
La supervivencia del camino socialista descansa, entre otros, sobre la posibilidad de hacer corresponder de manera sostenible la producción de la riqueza social con la noción de necesidades de sus individuos. En este sentido, la expansión de la riqueza creada debe acompañarse de la promoción de expectativas de consumo socialmente responsables, acordes con una racionalidad diferente a la del consumismo sistémico del capitalismo.
Ahora bien, ¿de qué forma es distribuida a cada individuo esta riqueza resultante de la creación colectiva? Dada la inobjetable convivencia de diferentes formas de propiedad coexistirán también, de manera inevitable, diferentes Fuentes para la Distribución de la Riqueza, cuyo peso relativo puede asumirse como el sexto eje articulador del modelo de funcionamiento.
La primera y paradigmática forma – tomando en cuenta el punto de partida y los derroteros de la sociedad que se pretende construir – resulta justamente aquella que relaciona el grado de satisfacción de las necesidades del individuo con su contribución a la creación de la riqueza social. En este caso, la distribución en correspondencia con la calidad, cantidad y resultados de trabajo, debe aparecer como la forma fundamental.
Por otra parte se encuentra la que se realiza a través de los llamados Fondos Sociales de Consumo, cuyo criterio asignativo ofrece acceso a bienes y servicios directamente, pretendiendo la satisfacción de necesidades independientemente del esfuerzo del individuo. Esta vía, como explicara Marx en su Crítica al Programa de Gotha, es esencial en la justeza del sistema socialista. Sin embargo, una interpretación erróneamente simplificadora de la compleja heterogeneidad social, convierte esta forma de distribución en un mecanismo potenciador de desigualdad, al ofrecer tratamientos iguales a sujetos desiguales.
Finalmente, persisten otras formas de distribución que se pueden clasificar como apropiación de trabajo ajeno, entre las que se encuentran la explotación de fuerza de trabajo, la apropiación ilícita de recursos ajenos, los privilegios o prebendas institucionales, así como los donativos, entre otras fuentes no asociadas directamente a la trascendencia del trabajo aportado.
En cuanto a Cuba se refiere, el modelo consolidado durante los años ochenta se encontraba sostenido por un ideal de igualación artificial, al decir de la socióloga cubana Mayra Espín, “debido a políticas en exceso homogeneístas, que no tomaban en cuenta el diferente punto de partida de los distintos grupos sociales”.
Durante esta década, alrededor del 95% de los ocupados trabajaban para el sector estatal mientras se calculaba que el 80% de los ingresos de la población se obtenía por la vía salarial. El salario se erigió sobre un sistema con muy estrecho diapasón, en el cual las escasas diferencias remunerativas se centraron más en la calificación obtenida y la experiencia laboral, y menos en los esfuerzos y resultados de trabajo. En 1985 se estimó que solo un 49% el consumo total de bienes y servicios se obtenía como resultado del trabajo, mientras el 51% restante era atribuible a subsidios y gratuidades contenidos en los fondos sociales de consumo.
En las condiciones actuales, aunque los cálculos sobre las fuentes del consumo final resultan complejos, no es difícil percibir que el trabajo continúa siendo relegado. La alta ponderación de las vías colectivas de consumo – con tendencia igualitarista – que caracterizó la política social desde las primeras décadas, se profundizó con los esfuerzos por distribuir los impactos de la crisis durante la década de los noventa, así como en las políticas impulsadas con posterioridad al año 2000.
A ello se agrega la proliferación, a partir de estos años, de diversas fuentes de acceso a bienes y servicios no relacionadas con la trascendencia social del trabajo aportado. Esto dos elementos, combinados con el escaso poder de compra del salario estatal, constituyen posiblemente el principal perjuicio a la legitimidad del socialismo en Cuba, y se yerguen en causas esenciales de los actuales – e históricos – bajos niveles de intensidad del trabajo. Valórese que en el año 2009 solo el 49% de los ingresos monetarios de la población provenían del trabajo en entidades estatales, a pesar de que – como se señaló anteriormente – cerca del 84% de la población empleada trabajaba para este sector. Mientras tanto, los sectores privado y cooperativo constituían el 20% de las fuentes de ingresos, y el 31% restante provenía otras de fuentes no clasificadas.
El nuevo modelo económico y social tiene que ofrecer a los individuos alternativas para construir sus proyectos de vida en consistencia con los objetivos de la construcción socialista. Durante la década del 70 y 80 las aspiraciones de vida de los jóvenes de la época eran claramente realizables en los marcos de la aspiración colectiva, pues las reglas implícitas de movilidad social tributaban claramente a los objetivos del proyecto de nueva sociedad. Sin embargo, a partir de la crisis cubana de fin de siglo, el impactado proyecto social resurge con una capacidad muy lacerada para ofrecer oportunidades de inserción y prosperidad individual a partir de lo aportado laboralmente, cuestionando – incluso – las posibilidades de solventar necesidades vitales en los marcos de la legalidad. Se generaron, entonces, señales perversas conducentes a la aceptación a nivel social de valores inconsistentes con los paradigmas emancipatorios históricamente defendidos por el socialismo.
Las opciones reales para la solución a necesidades perentorias quedaron reducidas a unas pocas alternativas. Una de ellas es la ubicación en puestos claves de instituciones o empresas con potencialidades para el acceso a recursos extra-salariales, incluyendo los bienes o servicios que forman parte de esquemas de distribución oficialmente institucionalizados, identificables bajo la categoría de privilegios o prebendas. Esto no significa que todas las personas que ascienden a través de este tipo de puestos estén movidas por intereses de realización personal. La disposición al sacrificio por el bienestar colectivo – simbolizado en el paradigma guevariano – forma parte de los valores fomentados durante varias décadas de Revolución, y aún determina el actuar de muchos funcionarios, dirigentes y trabajadores en general. Sin embargo, el intento de compensar las limitaciones del mecanismo de distribución a través de formas administrativas discrecionales amenaza con anular el carácter transformador de algunos funcionarios, y su sistema decisorio puede permearse por un instinto de conservación que tiende a evolucionar sobre ribetes clasistas, aún de manera inconsciente.
Mención aparte merece el florecimiento, desde determinados puestos laborales, de fenómenos altamente lacerantes como la apropiación ilícita de recursos, el tráfico de influencias, y la aparentemente idiosincrásica acumulación de capital relacional como garantía de largo plazo. Algunos de estos puestos – en sectores como la gastronomía, el turismo, la distribución de combustible, las direcciones de vivienda, la esfera comercial, entre otros – incluso llegan a cotizarse a grandes montos en mercados subrepticios, dado su elevado potencial retributivo. He aquí, posiblemente, la principal forma de explotación del trabajo ajeno existente en la actualidad, así como la principal amenaza a la supervivencia de los valores sistémicos.
Las restantes vías con alguna capacidad de ofrecer posibilidades de prosperidad individual, radican en el desempeño de actividades económicas privadas independientemente de su legalidad, y en la para nada despreciable emigración económica, ausente en las discusiones oficiales en torno al VI Congreso del PCC.
Evidentemente lo anterior debería estar en el punto de mira de la política económica. El aspecto neurálgico en esta realidad lo conforman las condiciones extremas de no realización de la propiedad social que vienen imponiéndose en Cuba. Ante ellas el trabajador estatal, más allá de no sentirse propietario de los medios de producción, comienza a identificar antagonismos con el Estado como su empleador, e incluso puede asumir su relación con él como un conflicto de clases, dada la herencia cultural del sistema anterior, las influencias del entorno internacional capitalista y los propios errores internos en la construcción de la nueva sociedad.
De esta manera, la sociedad cubana contemporánea emerge con una fragmentación mucho mayor, con estratos y hasta clases sociales mejor diferenciados, cuyos niveles de consumo parecen estar cada vez más asociados a cuál sea la fuente de ingreso correspondiente. Por lo tanto, el reordenamiento de las fuentes de distribución constituye un aspecto estratégico para la persistencia sistémica del socialismo. Los ingresos reales personales provenientes del trabajo, deben alcanzar magnitudes congruentes con los requerimientos de estimulación para la llamada productividad. Esto significa garantizar las condiciones básicas de la reproducción de la fuerza de trabajo y satisfacer las expectativas del modo de vida socialmente aspirado.
No es irrefutable la idea de que un aumento en el monto de los salarios reales estatales en el corto plazo sea estrictamente dependiente de incrementos en los niveles de productividad. Existen alternativas en el plano del reordenamiento monetario que permiten otras aproximaciones a la solución positiva de esta problemática.
VIABILIDAD DEL NUEVO MODELO: CONSIDERACIONES FINALES
Muchos rasgos del llamado nuevo modelo no son en realidad tan nuevos. En el Informe Central del Primer Congreso del Partido en el año 1975 se plantea lo siguiente: “El sistema que se propone tiene muy en cuenta la presencia de las leyes económicas que rigen el período de construcción del socialismo (…). (…) que en las diversas relaciones que se producen en la economía, funcionen el dinero, los precios, las finanzas, el presupuesto, los impuestos, los créditos, los intereses y demás categorías mercantiles, como instrumentos indispensables para poder medir el uso que hacemos de nuestros recursos productivos (…); para poder conocer qué empresas (…) trabajan mejor y poder tomar las medidas correspondientes”. Luego, alrededor de una década más tarde al pasar revista a lo realmente conseguido durante ese período, Carlos Rafael Rodríguez afirmaba que “se introdujo una anarquía en nuestras relaciones sociales debido al uso indebido de lo que habíamos aprobado (…) que podía haber sido muy útil si lo hubiéramos utilizado bien”.
En la actualidad, el primer problema que enfrenta la implementación del modelo de funcionamiento propuesto está referido a la imposibilidad de garantizar la medición certera de los hechos económicos. Aspectos como las inconsistencias derivadas de la dualidad cambiaria, la regulación material sobre determinados recursos al margen de su costo económico, además del empleo de mecanismos administrativos que exacerban fenómenos como la cuasifiscalidad, impiden la realización de un análisis económico riguroso en cualquier organización empresarial o presupuestada y por lo tanto también a escala global.
Un segundo aspecto está relacionado con la necesidad de establecer cuáles deben ser los indicadores adecuados para evaluar el desempeño del conjunto de la economía en su evolución hacia los objetivos de un desarrollo socialista. En este sentido surgen las siguientes interrogantes: ¿pueden considerarse óptimos los indicadores convencionales de la Macroeconomía para evaluar el desempeño de la economía cubana?, ¿se puede medir el éxito – incluso el económico – del proyecto de desarrollo socialista cubano en términos de Producto Interno Bruto? El debate acerca de los indicadores debe hallar su espacio en la amplia discusión actual. Resulta imprescindible avanzar hacia la construcción y utilización de estadísticas que permitan evaluar tres dimensiones fundamentales: a) la mejora real percibida por la población en su calidad de vida, b) evolución de la capacidad adquisitiva del trabajo como principio sistémico esencial y c) indicadores de transformación estructural que reflejen el avance en la superación del subdesarrollo.
En el contexto de la convocatoria a la “actualización”, como resultado de un poderoso despliegue oficial retroalimentado con la participación popular, se ha construido un vigoroso consenso sobre la necesidad de cambiar. Sin embargo, las posibilidades reales de implementar transformaciones descansan sobre un conjunto de factores que trascienden la voluntad de cambio de la dirección política del país. Las reminiscencias de los últimos 50 años de modelo centralizado cuasi estacionario – últimamente al margen de muchas de las leyes reales de movimiento de la sociedad – y la intención manifiesta de modificarlo sustanciosamente, configuran una compleja dinámica de construcción-destrucción de conceptos, que requerirá varios años de coexistencias y a la vez de inconsistencias y conflictos naturales.
En el proceso de conformación de la nueva institucionalidad requerida son al menos tres las perspectivas culturales que concurren en liza de manera contradictoria. En primer lugar aparece el marco regulatorio jurídico, o sea, el sistema de normas formales de comportamiento y regulaciones jurídicas vigentes, que se encuentran en modificación a partir de los objetivos expresos de las autoridades de avanzar hacia formas de dirección más plurales, menos discrecionales y con un mayor criterio de racionalidad económica.
Sin embargo, en franca confrontación se encuentra lo que pudiera llamarse el marco regulatorio político subyacente, el cual está constituido por el saber hacer enraizado en los funcionarios administrativos y políticos a todos los niveles. En ellos, las prácticas habituales formadas durante décadas de dirección verticalista han adquirido anclaje cultural convirtiéndose en normas tácitas de comportamiento, que pueden colocarse – incluso – al margen de lo explícitamente regulado. La constante superioridad de la discrecionalidad sobre las reglas que predomina en el acervo directivo, constituye justamente una de las principales barreras para la auto-transformación del modelo.
En tercer lugar está la más vital de las dimensiones, la que en última instancia sanciona los valores socialmente aceptados y los convierte en auténticas leyes que marcan el verdadero curso de la sociedad, lo que aquí se denomina marco regulatorio social. Este se halla irrecusablemente determinado por las condiciones objetivas que enfrenta la reproducción social, en cuya tendencia actual se pueden observar fuertes rasgos inconsistentes con el proyecto socialista. Los sistemas de educación y la promoción política pueden ejercer influencias determinantes, pero nunca podrán suplantar el papel de las fuerzas reales de la cotidianeidad en el establecimiento de normas de comportamiento.
Según afirmara el prestigioso sicólogo Manuel Calviño “no cambian las mentalidades si las condiciones no lo hacen primero”. Por lo tanto, transcurrirán varios años antes de que los valores contenidos en el nuevo modelo pasen a formar parte de la cultura profunda y se expresen en manifestaciones conductuales a escala social. El necesario equilibrio, la cohesión de la sociedad y en definitiva el aspirado devenir socialista de la nación, dependerá – en gran medida – de la aproximación efectiva entre estas tres perspectivas generales y de su correspondencia con las necesidades de la construcción socialista.
La implantación del nuevo modelo deberá lidiar con la amenaza que presenta como únicas alternativas de alineación el contrapunteo actual en el binomio dogmatismo-pragmatismo. En oposición a la intransigencia dogmática establecida como herencia cultural del modelo “único” soviético, se corre el riesgo de transitar al peligroso trazado del pragmatismo economicista, con capacidad para hacer zozobrar la nave en ausencia de un profundo debate más esencial acerca de qué deben entender por socialismo los cubanos del 2011. La definición de qué rasgos deben caracterizar la sociedad en un tiempo generacionalmente factible, permitiría avanzar en la reducción de las brechas respecto a esa sociedad meta, en un contexto de una mayor coherencia entre las políticas económicas, sociales, ambientales, culturales y educacionales, entre otras tantas imprescindibles en una concepción integradora del avance de la sociedad.
Concluyendo, el éxito de las ideas al ruedo estará en función de la objetividad y precisión de la secuencia o ruta crítica que se establezca para la implementación; del contenido realmente científico en la argumentación de las decisiones, y la insustituible responsabilidad de las ciencias sociales; de la preparación en temas económicos de la estructura de dirección estatal y su disposición real a cambiar el status quo; y también de la estabilidad de las relaciones económicas externas en medio de crecientes esfuerzos y oportunidades por subvertir el orden sistémico doméstico.
La principal lección del desenlace de los procesos de reforma este-europeos es la necesidad de no perder control político sobre la dinámica de los cambios, impidiendo que las fuerzas reaccionarias accedan a las bases del poder. Sin embargo, el poder político también se pone en riesgo si el sistema político no evoluciona. Sería oportuno finalizar recordando que en el abordaje de la dinámica de la sociedad, la segmentación disciplinaria puede ser funcional a los efectos del estudio, al análisis o la descripción, pero si el enfoque pretende un objetivo propositivo, se requiere inexorablemente una aproximación integradora, que trascienda las fronteras estrechas de lo habitualmente atribuible al universo de lo económico.
(2011)
En la actualidad, el primer problema que enfrenta la implementación del modelo de funcionamiento propuesto está referido a la imposibilidad de garantizar la medición certera de los hechos económicos. Aspectos como las inconsistencias derivadas de la dualidad cambiaria, la regulación material sobre determinados recursos al margen de su costo económico, además del empleo de mecanismos administrativos que exacerban fenómenos como la cuasifiscalidad, impiden la realización de un análisis económico riguroso en cualquier organización empresarial o presupuestada y por lo tanto también a escala global.
Un segundo aspecto está relacionado con la necesidad de establecer cuáles deben ser los indicadores adecuados para evaluar el desempeño del conjunto de la economía en su evolución hacia los objetivos de un desarrollo socialista. En este sentido surgen las siguientes interrogantes: ¿pueden considerarse óptimos los indicadores convencionales de la Macroeconomía para evaluar el desempeño de la economía cubana?, ¿se puede medir el éxito – incluso el económico – del proyecto de desarrollo socialista cubano en términos de Producto Interno Bruto? El debate acerca de los indicadores debe hallar su espacio en la amplia discusión actual. Resulta imprescindible avanzar hacia la construcción y utilización de estadísticas que permitan evaluar tres dimensiones fundamentales: a) la mejora real percibida por la población en su calidad de vida, b) evolución de la capacidad adquisitiva del trabajo como principio sistémico esencial y c) indicadores de transformación estructural que reflejen el avance en la superación del subdesarrollo.
En el contexto de la convocatoria a la “actualización”, como resultado de un poderoso despliegue oficial retroalimentado con la participación popular, se ha construido un vigoroso consenso sobre la necesidad de cambiar. Sin embargo, las posibilidades reales de implementar transformaciones descansan sobre un conjunto de factores que trascienden la voluntad de cambio de la dirección política del país. Las reminiscencias de los últimos 50 años de modelo centralizado cuasi estacionario – últimamente al margen de muchas de las leyes reales de movimiento de la sociedad – y la intención manifiesta de modificarlo sustanciosamente, configuran una compleja dinámica de construcción-destrucción de conceptos, que requerirá varios años de coexistencias y a la vez de inconsistencias y conflictos naturales.
En el proceso de conformación de la nueva institucionalidad requerida son al menos tres las perspectivas culturales que concurren en liza de manera contradictoria. En primer lugar aparece el marco regulatorio jurídico, o sea, el sistema de normas formales de comportamiento y regulaciones jurídicas vigentes, que se encuentran en modificación a partir de los objetivos expresos de las autoridades de avanzar hacia formas de dirección más plurales, menos discrecionales y con un mayor criterio de racionalidad económica.
Sin embargo, en franca confrontación se encuentra lo que pudiera llamarse el marco regulatorio político subyacente, el cual está constituido por el saber hacer enraizado en los funcionarios administrativos y políticos a todos los niveles. En ellos, las prácticas habituales formadas durante décadas de dirección verticalista han adquirido anclaje cultural convirtiéndose en normas tácitas de comportamiento, que pueden colocarse – incluso – al margen de lo explícitamente regulado. La constante superioridad de la discrecionalidad sobre las reglas que predomina en el acervo directivo, constituye justamente una de las principales barreras para la auto-transformación del modelo.
En tercer lugar está la más vital de las dimensiones, la que en última instancia sanciona los valores socialmente aceptados y los convierte en auténticas leyes que marcan el verdadero curso de la sociedad, lo que aquí se denomina marco regulatorio social. Este se halla irrecusablemente determinado por las condiciones objetivas que enfrenta la reproducción social, en cuya tendencia actual se pueden observar fuertes rasgos inconsistentes con el proyecto socialista. Los sistemas de educación y la promoción política pueden ejercer influencias determinantes, pero nunca podrán suplantar el papel de las fuerzas reales de la cotidianeidad en el establecimiento de normas de comportamiento.
Según afirmara el prestigioso sicólogo Manuel Calviño “no cambian las mentalidades si las condiciones no lo hacen primero”. Por lo tanto, transcurrirán varios años antes de que los valores contenidos en el nuevo modelo pasen a formar parte de la cultura profunda y se expresen en manifestaciones conductuales a escala social. El necesario equilibrio, la cohesión de la sociedad y en definitiva el aspirado devenir socialista de la nación, dependerá – en gran medida – de la aproximación efectiva entre estas tres perspectivas generales y de su correspondencia con las necesidades de la construcción socialista.
La implantación del nuevo modelo deberá lidiar con la amenaza que presenta como únicas alternativas de alineación el contrapunteo actual en el binomio dogmatismo-pragmatismo. En oposición a la intransigencia dogmática establecida como herencia cultural del modelo “único” soviético, se corre el riesgo de transitar al peligroso trazado del pragmatismo economicista, con capacidad para hacer zozobrar la nave en ausencia de un profundo debate más esencial acerca de qué deben entender por socialismo los cubanos del 2011. La definición de qué rasgos deben caracterizar la sociedad en un tiempo generacionalmente factible, permitiría avanzar en la reducción de las brechas respecto a esa sociedad meta, en un contexto de una mayor coherencia entre las políticas económicas, sociales, ambientales, culturales y educacionales, entre otras tantas imprescindibles en una concepción integradora del avance de la sociedad.
Concluyendo, el éxito de las ideas al ruedo estará en función de la objetividad y precisión de la secuencia o ruta crítica que se establezca para la implementación; del contenido realmente científico en la argumentación de las decisiones, y la insustituible responsabilidad de las ciencias sociales; de la preparación en temas económicos de la estructura de dirección estatal y su disposición real a cambiar el status quo; y también de la estabilidad de las relaciones económicas externas en medio de crecientes esfuerzos y oportunidades por subvertir el orden sistémico doméstico.
La principal lección del desenlace de los procesos de reforma este-europeos es la necesidad de no perder control político sobre la dinámica de los cambios, impidiendo que las fuerzas reaccionarias accedan a las bases del poder. Sin embargo, el poder político también se pone en riesgo si el sistema político no evoluciona. Sería oportuno finalizar recordando que en el abordaje de la dinámica de la sociedad, la segmentación disciplinaria puede ser funcional a los efectos del estudio, al análisis o la descripción, pero si el enfoque pretende un objetivo propositivo, se requiere inexorablemente una aproximación integradora, que trascienda las fronteras estrechas de lo habitualmente atribuible al universo de lo económico.
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