A la vista una reconfiguración de los mercados muestra en unos, escasos productos a precios topados y poca calidad, y en otros, variadas ofertas muy caras. Los últimos eventos meteorológicos tensan el abastecimiento a las tarimas estatales, mientras la especulación hace estragos en la economía de los cubanos. Directivos del ramo aduce mejoría en la contratación con las bases productivas, pero aún dista de lo que debe ser. Los márgenes comerciales del sector estatal son altos y faltan normativas que regulen los del privado. En este trabajo BOHEMIA pretende un acercamiento a esta problemática
Generalmente en los agros estatales se cuentan entre las ofertas, aquellas asignadas por plan nacional, que se importan. (Foto: YASSET LLERENA ALFONSO)
Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ y DELIA REYES GARCÍA
Ángela Rodríguez Santander cuenta la “calderilla” en el monedero antes de decidirse a comprar en el mercado La Plaza, del municipio de Sancti Spíritus. “Aquí los precios están demasiado altos. La libra de frijoles a 13 pesos, el tomate a 15, la malanga a ocho. En los puntos de venta estatales, aunque algunos productos están más baratos, casi no aparece nada.
“Soy jubilada y recibo 225 pesos de pensión, pero tengo que pagar el crédito del refrigerador, más los gastos en medicamentos, imaginen qué puede quedarme para vivir”, manifiesta la septuagenaria.
Para Ramón Gómez Cruz, tarimero del citado mercado, “esto es a oferta y demanda, a diferencia de los puntos estatales que sí tienen algunos precios topados. Estas producciones nos las venden caras las cooperativas que nos abastecen”.
Más al centro de la Isla, en Santa Clara, Xiomara González Torres, también jubilada, espera su turno en la cola del mercado agropecuario estatal Buen Viaje. “Vengo todas las semanas y en estos días no hay yuca ni calabaza ni plátano… Sabemos la situación que tiene la provincia después de Irma, pero si vas a los mercados de oferta y demanda, o a los carretilleros, encuentras lo que aquí ni en sueños aparece, y por supuesto con precios que son una pesadilla”, comenta.
En la entrada del mercado de 19 y B, en el barrio capitalino del Vedado, uno de sus clientes, Reinaldo Corría, expresa: “La gente le dice a este el agro de los millonarios, pero no es solo cuestión de dinero, sino que la ausencia de mercancías en los otros, o la poca calidad te obligan a venir aquí, donde el abasto es constante. Lo más cuestionable es que en este los precios suben de la noche a la mañana”.
Madeja enredada
Los productos agropecuarios son una de las principales demandas de la población cubana. (Crédito: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
Eran casi las tres de la tarde y aquel vendedor no veía el tiempo pasar. Sentado en la entrada lateral del agromercado La sonriente, rogaba cabizbajo el fin de la jornada o la entrada de viandas y vegetales que atrajeran clientes.
Aquel punto de venta climatizado y priorizado, en el mismo centro de la ciudad de Matanzas, no exhibía más que las pocas ofertas presentes en la mayoría de los mercados estatales de la urbe: tomates, piñas –pequeñas y verdes–; boniatos, granos (chícharos y frijoles), cereales (arroz y harina), muchos de los cuales se importan.
Sobre la poca disponibilidad de productos, Roberto Gómez Guerra, jefe del departamento Agrícola de la Dirección Provincial de Agricultura, se apresura en responder: “El paso del huracán Irma nos dejó miles de toneladas de pérdidas, fundamentalmente en frutales, plátano, maíz y yuca, además de las posturas y semillas del sistema de la agricultura urbana, donde lo que no se pudo recoger se echó a perder y hubo que empezar de cero.
“Pero si bien nos afectó el ciclón, tanto o más incidieron las lluvias posteriores, porque retrasaron la preparación de la tierra y por ende el ciclo de producción de varias hortalizas”, asegura.
Enel Espinosa Hernández, director de Agricultura en el Ministerio del ramo (Minag), ratifica que la campaña de frío, entre septiembre y febrero, donde se genera el 60 por ciento de la producción anual, fue afectada por las intensas lluvias y en noviembre solo se sembró el 88 por ciento del plan.
También desde ese ministerio, José Puente Nápoles, director de Comercialización, asegura que aún persisten bajos niveles de producción de viandas y no será hasta julio que se repongan los cultivos de ciclo largo.
Directivos y autoridades de cinco provincias visitadas por BOHEMIA coinciden en que las afectaciones a los suministros agropecuarios fueron provocadas por el huracán y las posteriores lluvias. Pero la capitalina Liuris Victoria pregunta: ¿por qué si el ciclón afectó la disponibilidad de productos, los carretilleros y los mercados arrendados a privados mantienen una oferta variada y con calidad, a diferencia de los estatales?
A juicio de Luis Carlos Góngora, vicepresidente del gobierno en La Habana, “es un error tomar como referencia los mercados de oferta y demanda existentes porque las cantidades de productos que reciben son pocas, no representativas”.
Agrega que en la estructura de comercialización de la ciudad el 70 por ciento de los productos tienen precios regulados por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en unas 830 plazas (mercados agropecuarios estatales, puntos de venta y mercados agropecuarios arrendados a cooperativas). Resta un 30 por ciento, cifra no despreciable”.
Ciertamente, para nada es insignificante ese porcentaje, en tanto existen 735 puntos de venta de trabajadores por cuenta propia, que venden por oferta y demanda, y más de 1 200 carretilleros. Estos son la cara más visible de la comercialización con más variedad y calidad, pero también de más altos precios en la capital y en otros lugares.
Paradojas
Con sus nuevos tractores marca NewHolland, el pelotón rotura la tierra húmeda. Las garzas, en bandada, aprovechan para hurgar en el suelo. Mientras, Eglis Pérez Martínez, director técnico y de desarrollo de la Empresa Agroindustrial de Granos Valle de Caonao, en Yaguajay, Sancti Spíritus, explica que a partir de 2017 diversificaron la siembra de los cultivos, con un 50 por ciento de frijol, 30 por ciento de viandas y el resto de hortalizas.
“Para ello, en 2016 recibimos tecnología completa, tractores, un secadero de granos, máquinas de riego. Contamos con dos unidades empresariales de base (UEB): Batey Colorado, con 400 hectáreas, y Arnaldo Milián, con igual extensión. Este último polo productivo después de algunas dificultades, lo estamos rescatando”, precisa Alberto Roberto Reina Montier, delegado provincial de la Agricultura.
El directivo advierte que una de las causas de la poca oferta de productos agrícolas es la baja productividad en el país, problema que, al decir del matancero Roberto Gómez Guerra, está asociado en parte a la falta de protección de los cultivos con fertilizantes, plaguicidas, pesticidas y riego.
Solo se priorizan con paquetes tecnológicos (productos químicos, máquinas y equipos de riego y siembra, y combustible) los cultivos que por encargo estatal van a la industria, como el maíz para alimento animal; al abasto normado a la población, como el frijol y el arroz, además de la papa.
El resto de los cultivos que demanda la población en los puntos de venta y agromercados están en su gran mayoría en áreas de secano (aquellas que no disponen de riego), expone Gómez Guerra.
El Director de Agricultura del Minag confirma que solo el siete por ciento de las áreas cultivables del país están bajo riego y menos del 25 por ciento tiene respaldo en insumos, debido a los altos costos y problemas financieros de la economía nacional.
Los mercados de oferta y demanda mantienen variedad y calidad de los productos, pero a precios inalcanzables para muchos. (Crédito: YASSET LLERENA ALFONSO)
En medio de estas dificultades, el Minag convocó a todas las bases productivas del país al autoabastecimiento de los territorios, excepto la capital, por sus características y condiciones, para asegurar 30 libras mensuales a cada persona (15 de viandas, 10 de hortalizas, dos de granos y tres de frutas).
El consumo real per cápita, al mes, fue de 9.9 libras en 2016, a través de los mercados agropecuarios estatales, los arrendados y puntos de venta. Menos de un tercio del propósito ministerial, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Pero, paradójicamente, no se trata de que el país no produzca lo suficiente. De hecho, para cumplir el encargo de las 30 libras mensuales por persona es necesario producir 1 800 000 toneladas y el pasado año se lograron más de 5 300 000, incluido lo dispuesto para otros destinos.
“Es necesario un reordenamiento que ponga la contratación de productos agrícolas en función de las cifras productivas aprobadas para los mercados estatales y se evite la fuga de los productos hacia los mercados privados”, convoca Enel Espinosa Hernández.
Trapicheo
Experiencias como la del mercado mayorista de Trinidad, que abastece al sector privado, pudieran extenderse a otros lugares. (Crédito: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
La exigencia a los productores agrícolas de volúmenes suficientes, así como el control del correcto destino, determinan en buena medida la presencia o no de mercancías en los agros estatales. Pero en ese terreno aún quedan muchas fisuras.
A pesar del huracán Irma, el pasado año se sobrecumplieron los contratos con las formas productivas en un 127 por ciento. Pero ese sobrecumplimiento esconde un mal estimado. En comparación con los volúmenes reales, es baja la contratación, agrega Puente Nápoles.
Arístides Lázaro Lauzurique, director general de Acopio en Matanzas, explica que ellos compran a precios bajos, centralizados, mientras los intermediarios pagan más, estimulando a los campesinos a ocultar producciones.
“Aunque el Decreto Ley 311 sobre la entrega de tierras en usufructo exige al trabajador agrícola el acopio del 90 por ciento de sus cultivos para el Estado, no pasa así en la práctica”, ejemplifica Lauzurique.
Si bien desde el Minag se manifiestan a favor de aumentar la contratación, Silvio Gutiérrez Pérez, director de Agroindustria del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), explica que contratar todo es muy difícil, primero por los pocos recursos de transporte, almacenamiento y envase que tienen las entidades acopiadoras.
La cooperativa de créditos y servicios Frank País García, en Güira de Melena, asegura la contratación con el ciento por ciento de los campesinos. (Crédito: MARTHA VECINO ULLOA)
Y en segundo lugar, al no poderse asignar la cantidad de insumos necesarios para las siembras de los campesinos, estos se ven obligados a comprarlos con las ganancias obtenidas de la venta a los mercados privados, detalla Gutiérrez Pérez.
Puente Nápoles y otros directivos reclaman un control estricto sobre la producción y sus destinos por parte de las bases productivas, empresas, delegaciones provinciales y municipales de la Agricultura. Pero tales propósitos parecen naufragar en aguas turbulentas.
Promesas incumplidas
Cuando se aprobó la venta sin subsidios de los insumos, subieron los precios de compra y fueron topados los precios de venta al sector campesino, muchos pensaron que gran parte de los problemas de la comercialización quedarían sellados. Pero la realidad negó esa apreciación.
“El incremento de los precios de los insumos provoca que muchos campesinos tengan que acudir al crédito bancario, porque no tienen cómo costear lo que necesitan ponerle a la tierra. Esa subida es muy fuerte, por ejemplo, el combustible de 0.85 centavos se incrementa a dos pesos, y son miles los litros de petróleo empleados en la siembra. Igual sucede con los fertilizantes, plaguicidas y demás recursos”, ilustra Pedro Orlando Pérez Guzmán, presidente de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Frank País García, en el municipio artemiseño de Güira de Melena.
También en ese territorio, Abelardo Álvarez Silva, presidente de la CCS Antero Regalado Falcón, reclama: “junto a esas medidas, se prometió abrir un mercado donde se le vendería al campesino el fertilizante y el combustible necesarios para producir. Si tuvo más gastos, también tendría más ganancias. Una cosa compensaba la otra. Pero eso no se cumplió”.
En la Empresa Agroindustrial de Granos Valle de Caonao, en Yaguajay, se siembran frijoles y otros cultivos para la venta a la población. (Crédito: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
El Director de Agroindustria del MFP no entiende por qué estos dos presidentes de cooperativas, por cierto, de las mejores del país, sienten insatisfacción con esas medidas, cuando también se incrementaron los precios de compra a sus producciones y el presupuesto del Estado asumió el 50 por ciento del interés de los créditos que otorga el banco y de la prima del seguro.
Sin embargo, concluye el presidente de la CCS Antero Regalado que “hace años estamos alertando que en la campaña de frío las CPA y UBPC se dedican a la siembra de papa, y un poco de malanga, plátano y frijol. El resto de los cultivos están en los campesinos asociados a las CCS. Por lo tanto, hay que prestarles una atención adecuada.
“Al país han entrado maquinarias nuevas, pero se están poniendo en manos de las empresas estatales o de otras unidades productivas, no de los campesinos de las CCS, obligados a seguir sembrando con los equipos de hace 50 años”, ilustra Álvarez Silva.
Eslabones torcidos
Urge enderezar la red comercializadora, sin dejar cabos sueltos. Con este segundo trabajo sobre el tema BOHEMIA pretende un acercamiento a la problemáticade los Mercados Agropecuarios
Las normativas que deben regular el margen comercial del sector privado son una asignatura pendiente. (Foto: YASSET LLERENA ALFONSO)
Para Abelardo Álvarez Silva, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antero Regalado Falcón, en el artemiseño municipio de Güira de Melena, los excedentes que legalmente pueden vender los campesinos a los mercados de oferta y demanda, pasan por muchas manos de intermediarios que aprovechan la escasez para revender sin escrúpulos de ningún tipo.
Ante la creciente cadena especulativa, profundizada por las últimas afectaciones meteorológicas, y teniendo en cuenta las limitaciones financieras del país que frenan a la agricultura cubana, Álvarez Silva sugiere: “topar todos los precios de los productos agropecuarios. Con eso se corta el mal de raíz y no tenemos que estar preocupados porque existan diferencias entre uno y otro mercado”.
Similar criterio comparte Abelio Machuca Vega, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegado de la Agricultura en la provincia de Guantánamo. También otras personas entrevistadas estiman necesaria la regulación estatal.
“Pero el método no puede ser llegar y fijar los precios centralmente”, alerta Silvio Gutiérrez Pérez, director de Agroindustria del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), “porque se necesitaría un ejército de inspectores para caerles atrás a los precios, y después otro ejército para controlar a los inspectores”.
Según las resoluciones del MFP 27 y 908 de 2017, más la 1 096 –que entrará en vigor próximamente–, solamente se regulan los precios minoristas para algo más de una veintena de productos, entre estos la papa, que se distribuye de manera normada. El resto sigue la línea ascendente de la especulación, señalan entrevistados por BOHEMIA en Sancti Spíritus, Villa Clara, Matanzas, Artemisa y La Habana.
¿Por qué entonces no se regulan los márgenes comerciales que pueden obtener quienes se dedican a vender en la red privada, como mismo sucede para quienes lo hacen a través de las entidades estatales?
-“Las violaciones son frecuentes. Se atajan por un lado y resurgen en otro”, asevera Luis Carlos Góngora, vicepresidente del gobierno en La Habana. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
Según el director de Agroindustria del MFP, en el mundo los márgenes comerciales están en el orden de un 30 por ciento, y las ganancias del productor entre 13 y 15 por ciento sobre los costos. En Cuba, para el sector estatal, que es el principal comercializador, se estima un 40 por ciento, mientras que para las formas productivas campesinas es de hasta un 50 por ciento sobre los gastos.
A su juicio, lo que obtienen las empresas estatales comercializadoras pudiera ser inferior, pero estos procesos (los de comercialización) son costosos. En el caso de los porcentajes fijados para el sector campesino buscan estimular las producciones y disminuir las importaciones. Los precios de compra al sector campesino son altos e inciden en que también los de venta minorista a la población sean elevados, reconoce Gutiérrez Pérez.
Debido a este mecanismo comienza el ascenso de los precios en Cuba, porque prima el criterio de regular la oferta a través de instrumentos financieros, sin prestar la debida atención a la real capacidad de compra del salario medio, las jubilaciones y las prestaciones de la asistencia social a los grupos poblacionales más vulnerables.
En el caso de los precios de oferta y demanda, que mantienen una permanente tendencia especulativa, es peor aún, pues todavía siguen sin regularse los márgenes comerciales permisibles para este segmento del mercado. “Esto se sigue estudiando y una de las cosas más difíciles es generalizar un sistema de facturación para poder determinar cuánto se compró o vendió”, agrega el directivo del MFP.
Mientras siga pendiente esta normativa, a varios años ya de haberse abierto las puertas al sector privado en la comercialización de productos del agro, seguirá sucediendo que a río revuelto, ganancia de especuladores.
Fantasma en la ciudad
La especulación con los precios en El Trigal llenó muchos bolsillos. (Foto:: MARTHA VECINO ULLOA)
El Trigal, intento de un abasto mayorista para la cadena comercializadora, incluidos los vendedores privados, con el fin de disminuir los precios de venta a la población, dejó un sabor bastante amargo en la capital, pues el tiro salió por la culata.
“Nuestros camiones nunca llevaron mercancías para El Trigal, ni permitimos que se comprara nada allí. Eso fue un antro de perdición desde que comenzó hasta su cierre. Era un negocio de mucho dinero. El control sobre ese mercado no fue el mejor porque se permitió que se vendieran los turnos, las mejores tarimas y otras ilegalidades. Los inspectores vivían de aquello. Cuando llegas a un lugar de esos y lo que hay son magnates, no tienen nada que ver con la sociedad que queremos”, sentencia Álvarez Silva.
Luis Carlos Góngora, vicepresidente del gobierno en La Habana, tuvo la misión de cerrar El Trigal. A su juicio, fueron varios factores los que propiciaron las violaciones. Entre estos, un mal funcionamiento de la cooperativa agropecuaria a la que se le confió la administración del mercado; los precios se fueron cambiando, no bajo los principios universales de oferta y demanda, sino bajo decisiones especulativas que tomaron determinadas personas; al legalizarse la figura del vendedor mayorista de productos agropecuarios, este comenzó a especular, a comprar y revender camiones completos de mercancías a las que se les incrementaba el valor hasta en cinco o seis veces.
Sin un mercado mayorista legal para quienes venden por oferta y demanda seguirá proliferando la especulación con los precios. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
Pero como suele ocurrir, en vez de enmendar esos errores, se botó el sofá, mientras tanto el fantasma del Trigal sigue rondando, aunque se convirtió en centro de acopio administrado por la Empresa de Mercados Agropecuarios de La Habana.
“En las madrugadas se forman de manera ilegal en la ciudad minitrigales, en Arroyo Naranjo, La Habana Vieja, Centro Habana, para venderles a quienes ejercen de manera privada. Se atajan por un lado y resurgen en otro”, reconoce Góngora.
Al estar ausente un mercado mayorista, legal y regulado por el Estado, estas formas no estatales compran en esos lugares, o en las placitas arrendadas a cooperativas, encareciendo aún más los precios de venta a la población.
El vicepresidente del gobierno prefiere no ser absoluto ante la posibilidad de que no se esté desviando mercancías desde los dos grandes centros acopiadores de la capital, El Trigal y Berroa, para abastecer también a los particulares.
¿Control eficaz?
Es una mañana clara de diciembre. Sobre la carretilla se exhiben apetitosos tomates a 20 pesos la libra, a 10 el mazo de cebolla, a tres la cabeza de ajo… A los costados, varias cajas de yuca, ají, pepino, habichuelas y otras mercancías, permanecen en el suelo.
Aunque tiene una gran variedad de productos, a Edelmis Matienzo Marichal, titular de la licencia como vendedor ambulatorio, se le nota preocupado. “Me pusieron una multa de 1 400 pesos porque estaba vendiendo el tomate por encima del precio topado en la provincia, que es de 4.20 la libra”, dice mientras enseña el comprobante dejado por los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en la provincia espirituana.
Pero, al parecer, el correctivo aplicado no fue lo suficientemente eficaz, pues Edelmis seguía con los precios altos, más allá de las medidas que adoptaran las autoridades de la provincia para evitar la especulación, después del destrozo que les dejara el huracán Irma en la agricultura.
Norma Martín Alonso, jefa provincial de la DIS en Sancti Spíritus, valora que “la tarea es bien difícil e implica un desgaste sistemático, porque hoy actúas en un lugar, pero en el otro siguen cometiendo ilegalidades”.
En la agricultura urbana y suburbana también existen precios topados. (Foto: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA)
Lo mismo sucede en Villa Clara, reconocen Reinaldo Oms Pairol, jefe de la DIS en el territorio, y Santiago Oliva Núñez, director de Comercialización en la delegación provincial de la Agricultura. “La población tiene que colaborar más en el enfrentamiento a las ilegalidades, porque a veces llegamos a los lugares y cuando vamos a comprobar las violaciones de precio, no las denuncian. La gente habla por detrás, pero no se quiere buscar problemas”, asegura Oms Pairol. Esa falta de colaboración puede también estar dada, entre otras causas, por la falta de eficacia del sistema de control.
Frescos como lechuga
En el organopónico La Salud, de la provincia matancera, varias personas hacen una pequeña cola para comprar lechuga fresca, a tres pesos el mazo. Algunos vecinos comentan que temprano hubo col, acelga y zanahoria.
“El ciclón nos llevó de la mano y corriendo”, recuerda el administrador Rafael Más, “pero gracias al surtido de semillas y el abono natural que recibimos de Jovellanos, rescatamos los cultivos de ciclo corto. Abastecemos a hogares maternos y de ancianos, círculos infantiles y escuelas; el excedente se lo vendemos a la población”.
En el recorrido por los puntos de venta de los organopónicos, asociados a cooperativas, en Sancti Spíritus y Villa Clara, el equipo de BOHEMIA encontró experiencias similares a las de Matanzas, donde existen productos frescos a precios asequibles.
Algo diferente exhibe el organopónico de la UBPC 1ro de Julio en el capitalino municipio de Boyeros. En la pizarra, casi ilegible, están el tomate, la calabaza, la piña y la yuca, con precios similares a los mercados de oferta y demanda. Una mujer se acerca, y después de preguntar, sale casi despavorida mientras grita: “ustedes están locos”.
Aunque el Ministerio de la Agricultura conocía del reportaje que realizaba esta publicación, y así se explicó al administrador de la UBPC 1ro de Julio, no quiso dar declaraciones, pues después de llamar a la Delegación Provincial, le dijeron que allí no sabían nada al respecto.
Seguro tampoco conocían lo que sucedía en esta UBPC. “Están cometiendo una violación. Ese punto de venta de la agricultura urbana, y todos los demás, forman parte del sistema de comercialización que tiene regulados los precios por el MFP. Tienen que vender por ese listado”, evalúa Luis Carlos Góngora.
Bien cerca del campo, y en una de las tierras más fértiles del país, hay un punto de venta de la agricultura suburbana, justo a la salida de Artemisa. La pizarra está en blanco, pero en el mostrador hay tomates de mala calidad, verdes, a siete pesos la libra; y plátanos burros, de esos que cuando les quitas la cáscara, parecen lápices, a siete pesos la manito.
-“Viejo, por qué vendes tan caro, si los tomates y los plátanos están en candela”, pregunta una mujer.
-“Mi’ja, en qué país tú vives, no sabes que por aquí pasó un ciclón”- responde el vendedor.
Lo narrado anteriormente sucedió a mediados de enero de 2018.
Los organopónicos, cooperativas y unidades productoras estatales tienen precios topados, pero en muchos casos como estos se viola lo establecido, mientras continúan los especuladores con su negocio.
Ferias sí, pero los agros, ¿qué?
Para aliviar la difícil situación del acceso a los alimentos muchos gobiernos locales implementan iniciativas, como las ferias agropecuarias, pero no siempre se obtienen buenos resultados.
De poco sirven las ferias los domingos, si el resto de la semana las placitas están vacías. (Foto: YASSET LLERENA ALFONSO)
A las dos de la tarde, en la barriada de Pastorita, los trabajadores del agro se apresuran en guardar gran parte de la mercancía en sacos. Un camión de abastecimiento de acopio descarga otro poco de productos, pero no se saca a la venta. Mañana domingo es día de feria en Matanzas.
Escenas similares se repiten en otras provincias. Aunque las autoridades territoriales insisten en los méritos de estas ferias, Jorge Félix González Barreto, director comercial de la Unión de Acopio, argumenta que esas ofertas no se consideran ventas contratadas por el Estado con destino a la población.
“Lo correcto es que se hagan con el excedente de la producción, no que se dejen los mercados desabastecidos durante la semana para garantizar el abastecimiento los fines de semana. Además, las ferias no entran en el plan, realizarlas de manera tan seguida implica un gasto de combustible y una afectación a los índices de explotación del transporte”, concluye.
