Ricardo Torres • 16 de noviembre, 2016
LA HABANA. Las noticias que han circulado en las últimas semanas sobre la situación de los restaurantes privados (paladares) en La Habana han alimentado las preocupaciones sobre el compromiso con las decisiones adoptadas en el VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba. No se hicieron esperar los titulares que anticipaban un abandono de la limitada apertura hacia el sector privado nacional. El repentino reinicio del otorgamiento de nuevas licencias el 23 de octubre puede obedecer a muchas razones, y posiblemente haya pesado mucho la reacción de amplios sectores de la población, incluyendo intelectuales.
Examinemos los hechos. Dos artículos fechados el 19 y 20 de octubre de este año, publicados en Cubadebate y Granma respectivamente, dieron cuenta de un proceso que había empezado por lo menos un mes antes, cuyo eje esencial es la decisión de suspender temporalmente el otorgamiento de nuevas licencias para paladares mientras se realiza una fiscalización profunda de las actividades de los que funcionan actualmente. Se anunció también que en febrero de este mismo año se había hecho una notificación a estas instalaciones relacionada con varios temas, incluyendo el horario de cierre de las mismas. El 7 de noviembre Radio Reloj informó que desde el 24 de octubre se había iniciado otra vez la entrega de nuevas licencias.
Los artículos en cuestión vieron la luz más de un mes después de que se produjeran las primeras reuniones con un grupo seleccionado de dueños de establecimientos privados, de acuerdo al propio Gobierno Capitalino. El retraso, ya típico en el sistema de información y prensa de Cuba, dio paso a un sinnúmero de conjeturas, percepciones y tergiversaciones. Las razones expuestas para la suspensión temporal son cuestionables desde varios ángulos. Vamos a examinar tres ángulos del asunto: el procedimiento y sus argumentos; el impacto en estas actividades y la economía de la ciudad, y el efecto más general en el contexto actual, dentro y fuera de Cuba.
Primeramente, los problemas identificados son legítimos, y difícilmente una mayoría se opone a que se aborden enérgicamente. Pero, ¿es imprescindible suspender el otorgamiento de nuevas licencias para fiscalizar los emprendimientos existentes? Tal parece que la fiscalización es un asunto de moda o rachas, ¿no debería ser un ejercicio permanente? Lo que queda claro es la disminuida capacidad de las instituciones responsables para ejecutarla adecuadamente. ¿Tendremos que atravesar situaciones de este tipo en el futuro? Asimismo, ¿cómo se manejó el proceso para mantener el balance entre lo público y lo privado? El mismo Gobierno que declara que busca un tratamiento homogéneo independientemente del tipo de propiedad tiene el deber de velar porque estos fenómenos no perjudiquen la intención declarada.
Estimular la actividad económica fuera del sector estatal pasa por reglas que difieren completamente de las que hemos conocido para el sector público. Los potenciales dueños toman una decisión basados en la relación riesgo-rentabilidad y suponen que el marco regulatorio no se va a modificar sustancialmente en el futuro inmediato. En el contexto cubano, el gobierno es probablemente el agente más relevante, por el poder desproporcionado que tienen en la economía y en el establecimiento de las reglas de juego. Cualquier decisión altera el equilibrio existente e incide directamente en los beneficios esperados. Y desde ahí afecta a la contratación de nuevos empleados, la remuneración de los existentes y las compras a terceros. Lamentablemente, no existen datos públicos abundantes sobre el volumen de negocio total o los encadenamientos que propician con otras actividades pero desde el punto de vista del empleo y el pago de impuestos, los números no son insignificantes.
En la capital, más de 260 000 personas laboran en el sector privado y cooperativo, incluyendo dueños y empleados. Esto es más del 25% de la fuerza laboral total en la capital. Esta cifra se aproxima al 30% que lo hace en todo el país. Aunque el monto de impuestos pagados todavía es modesto, su proporción dentro de los ingresos totales del prepuesto se ha multiplicado por tres hasta alcanzar más del 6%. Se sabe que muchas más personas dependen de una forma y otra de este sector, a partir del peso de la economía informal.
Entonces no cabe pensar que una evolución negativa de este segmento es neutral para la economía de la Ciudad o para una parte notable de sus habitantes. Aunque parezca un sinsentido aparente, el interés público también se vela cuando se protegen los intereses de un segmento que emplea a una proporción no despreciable de la fuerza de trabajo. Lo sucedido recientemente con el transporte privado prueba claramente esta dinámica. Cuando este se vio perjudicado, no solo se afectaron los dueños de los autos y sus empleados, sino la gran masa de habaneros que los usa para ir al trabajo y realizar otras gestiones.
En un panorama de alta discrecionalidad como el que pone de manifiesto una decisión de este tipo, el riesgo aumenta tanto que muchos proyectos que en otras condiciones hubiesen sido viables, dejan de serlo porque no pueden entregar los márgenes que justificaría la inversión en esas condiciones. Las reglas de juego no se deben cambiar una vez que comienza el partido, y el árbitro no debe aplicarlas selectivamente.
Muchos comentaron sobre este episodio como un ejemplo más del sesgo en contra del sector privado que persiste en amplios estratos del Gobierno y en sus políticas, aunque muchos dueños reconocieron la diferencia respecto a los noventa. Las normas que regulan este sector están plagadas de contradicciones que terminan por estimular muchos malos vicios. Cabe mencionar dos ejemplos.
Se ha venido insistiendo en la importancia del cumplimiento del Código Laboral, que según explican, rige para todos los empleados y establecimientos independientemente del tipo de propiedad. En cada negocio se exige que los empleados firmen un contrato laboral con su empleador, sin embargo, ¿alguien previó que a lo mejor los dueños necesitan un período de prueba para sus empleados, una práctica común en el sector público? ¿Por qué el dueño tendría que firmar un contrato y amparar una licencia desde el primer día sin conocer las características de su potencial empleado? Se sabe que la rotación de personal en este segmento es relativamente alta.
Otro aspecto son las compras en el mercado informal. El propio gobierno admite que no ha sido posible desarrollar un mercado mayorista que atienda las necesidades, y al mismo tiempo pretende que se abastezcan del mercado minorista, compitiendo con el resto de la población y afectando su rentabilidad. Varios dueños de restaurantes me han llegado a asegurar que si ellos cumplieran estrictamente todas las regulaciones existentes sería imposible ser rentables, o sería tan exigua la ganancia que no justificaría la movilización de recursos, tiempo y energía. Supongo que la respuesta para algunos es simple, si no les da resultado, pues que entreguen sus licencias. ¿Esto es realmente lo que necesitamos a estas alturas? Un problema que afecta a algún sector en la ciudad es un asunto de todos, independientemente del tipo de propiedad. Si queremos que paguen impuestos, tienen que producir primero.
Un último aspecto tiene que ver con el contexto doméstico e internacional. En casa, la economía atraviesa el momento más delicado en más de una década: crecimiento económico nulo o negativo ya no sería una sorpresa para este año y los nubarrones se abalanzan sobre el próximo año también. Existe una percepción social de cierta fatiga y hastío.
Para muchos a estas alturas, luego de seis años de reformas (diez si tomamos como referencia a la agricultura), ya deberíamos estar cosechando sus frutos. Y la estamos cargando contra los que, a pesar de este panorama sombrío, han comprometido importantes recursos, apostando por un proyecto personal y un futuro para ellos y sus familias en este país, incluyendo a no pocos jóvenes. Esto parece un efecto menor, pero no lo es. Convencer a un sector importante de la juventud cubana de que es posible y vale la pena proyectar su futuro en Cuba es una tarea crecientemente ardua en sí misma.
Sin embargo, no termina en nuestras fronteras. Es bien conocido que hay vientos de cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Varios grupos llevan adelante una batalla campal en el Congreso de Estados Unidos, el obstáculo más formidable en el propósito de levantar completa y definitivamente el bloque norteamericano. La resistencia en ciertos sectores dentro del Legislativo es todavía fuerte, por diferentes razones. Con el presidente Trump esta tarea se antoja más difícil si cabe. Bandazos de este tipo alimentan a los grupos más reaccionarios en ese país, y no es que la agenda doméstica se tenga que poner a disposición de los que hacen lobby en el Congreso para facilitar su labor.
Parece objetivo asumir que era un paso innecesario para cumplir los propios objetivos que se planteó. Pero no solo eso, es contraproducente, en casa y para las relaciones de Cuba con el mundo. Es un verdadero dolor de cabeza desde el punto de vista de las relaciones públicas.
Para los que no se han enterado, estamos jugando en Grandes Ligas, y estas pifias cuestan caro.
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