1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el nivel general de precios alcanzó magnitudes no vistas en Cuba en casi tres décadas, generando impactos nocivos sobre el crecimiento, la imple- mentación de transformaciones al modelo económico, y el poder adquisitivo de salarios, pensiones y ahorros. Si bien la inflación obedece a un contexto internacional especialmente adverso, se suman como causas la acumulación de desequilibrios y distorsiones institucionales internas.
En Cuba operan hoy las principales causas de la inflación que describe la literatura: demanda, costos, expectativas, institucionales, estructurales. Por tanto, dialogar sobre la solución a este complejo fenómeno, requiere un diagnóstico integral, que se acerque a la multiplicidad de sus determinantes.
El presente trabajo se propone contribuir, desde el debate académico, a la búsqueda de soluciones a uno de los grandes desafíos de la economía cubana en la actualidad. Para ello, aborda la inflación desde dos perspectivas. En un primer momento, se discuten las causas inmediatas del incremento de precios experimentado en 2021, año en que se registraron los valores más elevados desde la crisis del Período Especial. A continuación, se polemiza sobre las brechas institucionales y estructurales que limitan la capacidad de actuación de las autoridades para la gestión del equilibrio monetario.
2.CAUSAS DE LA INFLACIÓN
Después de permanecer durante más de dos décadas en niveles bajos y estables (1), desde 2020 y sobre todo en 2021 se experimentó una aceleración del crecimiento del nivel general de precios en Cuba (ver figura 1). Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en agosto de 2022 la inflación interanual fue 34,1 %. Estimados de agencias internacionales ubican a este indicador para el final de año en torno a un 60 % (EIU, 2022), confirmando la per sistencia de fuertes presiones al incremento de los precios.
Al menos cuatro grupos de causas explican la inflación en Cuba en la actualidad: i) déficit de oferta; ii) exceso de demanda; iii) presión de costos y iv) presión de expectativas.
1 Las estadísticas de la ONEI indican que entre 1996 y 2019 el valor promedio de aumento de los precios fue de 0,9 %. Asimismo, fuentes internacionales, como The Economist Intelligence Unit (EIU), estiman que durante este período la inflación promedio fue 3,2 %.
DÉFICIT DE OFERTA
En los últimos años se ha agudizado el déficit de oferta en la economía cubana. Por un lado, el bloqueo de Estados Unidos se intensificó con la llegada a la presidencia de Donald Trump y la adopción, a partir de 2019, de más de 200 medidas dirigidas a afectar las principales fuentes de ingresos en divisas del país (turismo, remesas, inversión extranjera y transacciones comerciales y financieras con el exterior). Esta situación ha cambiado muy poco con la administración de Joe Biden.
A su vez, el escenario de escasez se vio agravado por las medidas que tuvo que adoptar el país para enfrentar la pandemia de Covid-19: cierre de fronteras y paralización del turismo, interrupción de actividades productivas, reasignación de gastos para fortalecer los servicios de salud y la creación de vacunas, entre otras.
A ello se sumó un contexto internacional de elevada incertidumbre, marcado por los efectos de la Covid-19, las disrupciones en las cadenas de suministros globales y, más recientemente, el impacto del conflicto militar entre la Federación Rusa y Ucrania. Todos estos elementos generaron cuellos de botella productivos, encarecimiento de fletes de transporte, inestabilidad financiera, ralentización y fragmentación de los flujos comerciales y de inversión, e incremento de los precios internacionales, especialmente de alimentos y energía. El Banco Mundial estima que en 2022 los precios de la energía aumenten alrededor de un 60 %, después de haber crecido 81 % en 2021. En el caso de los alimentos, se pronostica que en 2022 sus precios crezcan un 18 %, luego de haberse expandido 31 % en 2021.
Los efectos de la inflación internacional, en las condiciones de Cuba, se expresan especialmente en un mayor déficit de oferta de bienes y servicios. Dados los mecanismos administrativos de asignación de recursos en el sector estatal, una proporción relevante de los precios finales no varían o varían muy poco ante incrementos de los precios externos. En estos casos, las presiones de costos son absorbidas por la rentabilidad empresarial y/o subsidios del Presupuesto del Estado. No obstante, mayores precios internacionales reducen la capacidad de importación del país, agudizando los problemas de abastecimiento de bienes intermedios y finales en los mercados domésticos estatales.
Como resultado, la economía cubana decreció durante siete trimestres consecutivos (septiembre de 2019 a marzo de 2021), alcanzando en 2020 una caída interanual de 10,9 %, el segundo registro negativo desde el año 1993. Un shock de esta naturaleza sería causa suficiente para generar presiones inflacionarias de relevancia.
Sin embargo, desde la última década se venían experimentando señales de estancamiento del modelo económico. Entre 2010 y 2019 el crecimiento promedio anual fue del 2 % (ver figura 2), a la vez que el valor agregado de sectores clave como la agricultura y la industria manufacturera se mantuvo prácticamente invariable. Según estimados de la EIU, hasta 2024 no se logrará alcanzar los niveles de PIB correspondientes al año 2018.
A lo anterior se añade que en un contexto de aguda escasez se adoptaron decisiones de política que priorizaron la inversión respecto al consumo. En 2020, el consumo de hogares asumió casi la mitad de la caída del PIB, mientras la inversión explicó menos del 10 %. En adición, la inversión no se destinó hacia sectores con capacidad para recuperarse con agilidad en el contexto postpandemia. La mayor parte de los esfuerzos inversionistas se concentró en la actividad inmobiliaria (45 % en 2020 y 35 % en 2021), donde tiene un peso significativo la construcción de instalaciones hoteleras (2).
(2) A pesar de que en los últimos años la entrada de turistas al país ha caído significativamente, los niveles de ocupación son muy bajos (14,8 % en 2020 y 5,8 % en 2021) y no existen pronósti cos de una rápida recuperación del sector.
EXCESO DE DEMANDA
La inflación también ha estado motivada por un exceso de demanda, dado el notable incremento de la cantidad de dinero en circulación. En el período 2017-2019 la economía creció como promedio 1,3 %, mientras que la cantidad de dinero, medida a través del agregado monetario M2, se expandió 8,2 %. En 2020, año en que la economía se contrajo un 10,9 %, la cantidad de dinero creció un 23,6 % (ver figura 3).
La principal fuente de creación de dinero es el financiamiento al gobierno. Aunque desde antes de 2019 el déficit fiscal venía mostrando una tendencia creciente, en los últimos tres años este comportamiento se ha reforzado. El impacto de la pandemia y las transformaciones asociadas al ordenamiento monetario, llevaron a los déficits fiscales a alcanzar el 17,7 % y el 11,7 % del PIB en 2020 y 2021, respectivamente (ONEI, 2021).
De esta forma, expansiones elevadas y sostenidas del gasto público generaron presiones al crecimiento de los precios, especialmente en un escenario de contracción de la oferta e implementación de políticas de descentralización y desregulación de los mecanismos de formación de precios.
También incidieron en la inflación por el lado de la demanda las medidas de aumentos salariales y retribuciones sin respaldo de oferta. En 2019 se produjo un importante incremento de los salarios del sector presupuestado. A finales de 2020, como parte del ordenamiento monetario, se llevó a cabo un aumento generalizado de los salarios y pensiones. Desde mediados de 2021 se flexibilizaron los mecanismos de pago de salarios en el sector empresarial estatal, lo que se une a diferentes medidas de ampliación de las facultades empresariales para la distribución de utilidades en los últimos años.
De esta forma, a partir de 2019 se quiebra una regla implícita, según la cual el incremento de los salarios debía estar en correspondencia con un aumento de las ventas minoristas del Estado. Entre 2019 y 2020 los salarios crecieron como promedio un 24,5 %, mientras las ventas minoristas se redujeron como media un 7,2 % (ONEI, 2021).
PRESIÓN DE COSTOS
Las presiones inflacionarias de costos han respondido a tres factores fundamentales. En primer lugar, la dolarización parcial de la economía y la depreciación del tipo de cambio en el mercado informal de divisas han incrementado el traspaso del tipo de cambio a los precios (ver figura 4). Cuando una parte relevante de los insumos del sector privado se debe comprar en dólares (tiendas en divisas o importación), los precios se vuelven mucho más sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio. A su vez, dada la ausencia de mecanismos formales efectivos para acceder a las monedas extranjeras en el sistema financiero, los productores privados se ven obligados a acudir al mercado informal en un contexto de elevada depreciación del peso. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2022 el tipo de cambio informal registró una depreciación acumulada de 527 %.
n segundo lugar, como parte del ordenamiento monetario se eliminó un grupo importante de subsidios que condujo a un encarecimiento sustancial del precio de productos y servicios básicos (medicamentos, alimentos normados, electricidad, agua, transporte, entre otros). Aunque los incrementos de salarios y pensiones amortizaron el impacto inicial para un segmento de la población, se produjo un aumento de los costos del sector privado, que se internalizó vía precios (3).
(3) En entornos mercantiles insuficientemente regulados (especialmente en el sector informal), de débil competencia, escasez y excesos de liquidez, los formadores de precios ganan poder para traspasar el incremento de costos a los precios finales.
Por último, en un escenario de subida continua del nivel de precios, se han generado presiones al aumento de los salarios en el sector privado, lo que ha implicado incrementos adicionales en los costos y en los precios no regulados.
PRESIÓN DE EXPECTATIVAS
Las expectativas desempeñan un rol cada vez más importante en el comportamiento de los agentes económicos y en la evolución ascendente de los precios en la economía cubana. En los últimos años, al menos dos factores han incidido de forma especial en las expectativas, alimentando la inercia inflacionaria.
En primer lugar, en un ambiente de agudos desequilibrios macroeconómicos y falta de claridad respecto a las medidas de política para combatir la inflación, predomina la incertidumbre y los incentivos hacia la incorporación de primas de riesgo por productores y comercializadores privados. En segundo lugar, se han evidenciado incoherencias en el manejo de las políticas económicas y en la implementación de las trasformaciones del modelo económico, lo que termina gravitando sobre la confianza y credibilidad de las instituciones públicas en general y del sistema financiero en particular.
En síntesis, la economía cubana a partir de 2019 ha mostrado un deterioro de las condiciones monetarias, experimentándose un proceso inflacionario sin precedentes desde la crisis de los años 90. Aunque fuertes shocks externos supusieron un deterioro considerable del escenario macroeconómico, otros desequilibrios internos, también de magnitud, determinaron presiones adicionales de demanda, costos y expectativas (ver figura 5). Ninguno de estos fenómenos explica por sí solo la inflación de los últimos años. La comprensión de la multiplicidad de sus causas es condición necesaria para un mejor acercamiento a sus soluciones.
3. MÁS ALLÁ DEL CONTEXTO ACTUAL
Luego de llegar a un máximo de 183,0 % en 1993, la inflación comenzó un rápido proceso de corrección en la década de los años 90´s (Vidal, 2009). Entre 1996 y 2019 fue de apenas un 0,9 % promedio anual. ¿Qué arreglos institucionales garantizaron la estabilidad de precios en este período?
¿Explica la pérdida posterior de estos arreglos las dificultades para gestionar las presiones inflacionarias de años recientes?
Junto a un amplio paquete de medidas sobre el sector real, el programa de saneamiento financiero interno llevado a cabo para enfrentar el Período Especial contó con tres anclas nominales que ayudaron a una rápida recuperación de la crisis y a garantizar la estabilidad de indicadores macroeconómicos clave hasta principios de la década pasada: i) protagonismo y estabilidad de los precios minoristas regulados en la estructura de consumo de la población, ii) estabilidad del tipo de cambio de CADECA, y iii) control del déficit fiscal y la política de ingresos.
En primer lugar, luego de un ajuste inicial de precios como parte del saneamiento financiero, los precios estatales permanecieron prácticamente invariables durante más de dos décadas. Incluso los precios de las denominadas tiendas de recaudación de divisas (primero en USD y luego en CUC), donde se comercializaban productos caros para el salario estatal promedio, variaron muy poco durante el período. Entre 2004 y 2013 la inflación en CUC promedió un 0,6 % anual.
Hasta inicios de la década pasada la mayor parte del consumo final de los hogares se realizaba en el sector minorista estatal. En 2010 el 78,9 % del consumo de los hogares se efectuaba en estos establecimientos (ONEI, 2021). A ello habría que sumar que una elevada fracción de los insumos del sector privado se obtenía en el comercio minorista estatal y que el sector agropecuario operaba con presiones de precios a la baja debido a la oferta competitiva de mercados estatales. En este contexto, los precios minoristas del Estado representaban una referencia para la formación de precios de bienes sustitutos o complementarios del sector privado, estabilidad a sus inversiones y compra de insumos, así como una sólida ancla de expectativas.
Sin embargo, la irrupción del proceso de actualización del modelo económico modificó este comportamiento. En 2021 la participación del comercio estatal dentro del consumo de los hogares había disminuido al 60,0 %, en la medida en que se daba mayor espacio al sector privado. A ello se sumaron las dificultades del sistema de comercio estatal para cubrir la demanda creciente de los hogares, el sector privado y el turismo, especialmente desde 2015. En 2020 y 2021, debido a los impactos de las sanciones norteamericanas y la crisis de Covid-19, el comercio estatal tuvo una caída de casi un 20 % en términos reales.
Estos déficits de oferta fueron paulatinamente sustituidos por el mercado informal y por un dinámico esquema de importaciones directas de personas naturales, que varios autores estiman llegó a superar, en 2017, los mil millones de dólares anuales (un cuarto de las ventas estatales totales). El crecimiento del mercado informal de productos nacionales e importados, no contabilizado en las estadísticas oficiales, refuerza la pérdida de protagonismo del comercio minorista estatal dentro del consumo de los hogares.
Este contexto terminó por deteriorar una importante ancla nominal, no por la pérdida de estabilidad de los precios estatales (sin grandes variaciones luego del “salto de nivel” del ordenamiento monetario), sino por la menor participación del comercio minorista estatal dentro del consumo, in- crementando el papel de los actores privados (formalizados y no) en los mecanismos de formación de precios.
En segundo lugar, el comportamiento del tipo de cambio supuso un importante factor de estabilidad macroeconómica desde los años 90´s. Luego de alcanzar los 100 pesos por dólar en el mercado informal de divisas en 1993 (Vidal, 2009), comenzó a ajustarse como resultado de la recuperación de la economía y de las políticas de saneamiento financiero.
Hasta 2004 funcionó un esquema de tipo de cambio fijo que el Banco Central de Cuba (BCC) modificaba en función de las condiciones del mercado de divisas. Desde entonces el tipo de cambio permaneció fijado a 24 pesos por dólar (o CUC), pero el incremento en la oferta de divisas garantizó la sostenibilidad del esquema. Entre 2005 y 2018 las remesas se multiplicaron 5 veces, mientras que el número de turistas internacionales se multiplicó por 2. En este escenario, al tipo de cambio oficial para los hogares (CADECA), la oferta de divisas no solo permitía cubrir la demanda, sino también financiar actividades del sector estatal de la economía.
Una peculiaridad del arreglo cambiario de este período fue el comportamiento del mercado informal de divisas. Aunque creció en volumen debido a la demanda de actividades privadas que operaban en un limbo de alegalidad (como las importaciones directas de personas naturales), el tipo de cambio informal se movía en paralelo al oficial, dentro de las bandas que permitían los márgenes comerciales del sistema financiero y el gravamen al dólar en efectivo (entre 0,87 y 1,03 CUC por USD). Ello reafirmaba la estabilidad y sostenibilidad del mecanismo cambiario como ancla de política.
A finales de 2019, con la intención de retener las divisas que salían del país para importaciones directas de personas naturales, el gobierno abrió un segmento de comercio minorista en divisas. Aunque inicialmente estuvo reservado para artículos de “alta gama”, luego se generalizó hacia productos de primera necesidad.
El incremento resultante de la demanda de divisas se combinó con una caída abrupta de la oferta, producto de sanciones de la administración Trump hacia los fundamentales ingresos en divisas del país y el cierre de fronteras como parte de las medidas de enfrentamiento a la Covid-19. En 2020 y 2021 los visitantes internacionales fueron un 23,2 % y 7,6 % de los que arribaron al país en 2018, respectivamente (ONEI, 2022). Se estima que las remesas cayeron 71,0 % de forma acumulada entre 2019 y 2021.
Como resultado, desde finales de 2019 los bancos fueron incapaces de asumir la demanda de divisas de los hogares.
Se produjo una paralización de facto de la venta de monedas extranjeras del sistema financiero a la población, relegando el protagonismo al mercado informal, donde los déficits de divisas se ajustaron a través de una abrupta depreciación del peso cubano.
En la segunda mitad de 2022, con el objetivo de reformalizar este mercado, el Estado devaluó el peso cubano en el sector de los hogares (CADECA), ajustando el tipo de cambio a un valor cercano al informal (120 pesos por dólar). Sin embargo, los desfases de implementación (se abrió primero la compra y luego la venta de divisas), las restricciones establecidas (solo se permite comprar 100 USD diarios, mientras exista disponibilidad), la falta de reacción a cambios en el entorno (no se ha vuelto a mover la tasa desde entonces) y otros problemas de comunicación, laceraron desde sus inicios la credibilidad de la medida e impulsaron un nuevo incremento del tipo informal. Hasta el momento se mantiene un nivel de oferta oficial de divisas, aunque reducido.
El ancla del tipo de cambio se pierde en este caso por dos motivos. Por un lado, el protagonismo del mercado informal de divisas anula la capacidad para la estabilización directa del tipo de cambio por el Banco Central. Por otro lado, el avance de la dolarización (inducida por medidas de política y un contexto de pérdida continua de poder adquisitivo del peso) incrementa la participación del dólar en la estructura de consumo y ahorro de los hogares, ampliando el traspaso del tipo de cambio a los precios.
La tercera ancla relevante para la estabilización macroeconómica en las últimas décadas fue la disciplina monetaria a través de la política fiscal y de ingresos. Luego de dos años consecutivos de déficits fiscales superiores al 30,0 % del PIB (1992 y 1993), el ajuste de ingresos y gastos del gobierno permitió llevar ese indicador al 7,4 % en 1994 y al 3,0 % promedio entre 1996 y 2014. A la estabilidad monetaria también contribuyó el congelamiento de salarios estatales, que solo se incrementaron desde entonces mediante medidas puntuales, en la mayoría de los casos sectoriales.
Sin embargo, desde 2015 los déficits fiscales comenzaron a describir una trayectoria insostenible. Entre 2015 y 2019 los déficits representaron el 7,1 % del PIB. Como resultado, en ese período se generó más deuda pública que entre 1996 y 2014, explicando el 70,4 % del incremento de la oferta monetaria (agregado M2).
El impacto monetario de los déficits fiscales no solo se da por la vía de su tamaño, sino por la forma en que se financia. Aunque desde 2014 el gobierno emite bonos soberanos para financiarse, solo hasta 2017 esta compra se compartió entre la banca comercial y el Banco Central. Desde entonces la totalidad del déficit es monetizada por la autoridad monetaria.
En adición y como se comentó anteriormente, se relajó la política de ingresos a través de importantes incrementos salariales entre 2019 y 2021. El conflicto en estos casos no es el aumento de los ingresos per se (deseable desde el punto de vista social y político), sino que se produjeron en un momento de aguda contracción del producto, incrementando las presiones inflacionarias, anulando el propio impacto de las medidas y deprimiendo el salario real. Entre 2018 y 2021 el producto cayó 10,0 % y el consumo final de los hogares 11,9 %. En ese mismo período, el salario medio se multiplicó por 5 y el fondo salarial por 4,4 (ONEI, 2022).
En resumen, se produjo un resquebrajamiento de la disciplina monetaria en los últimos años, por el crecimiento de los déficits fiscales (ruptura de regla de política implícita), su monetización por el banco central y la flexibilización de la política de ingresos.
De la mirada transversal de estas anclas nominales se derivan tres lecciones para el manejo de la política monetaria en Cuba:
1. El deterioro de algunas de estas anclas era previsible, en la medida en que podrían ser parte o consecuencia natural del proceso de actualización del modelo económico cubano, tanto de sus aciertos como de sus inconsistencias. Es el caso de la pérdida de protagonismo del comercio minorista estatal, el incremento de flujos comerciales y financieros con el exterior producto de la reforma migratoria, la expansión de los mercados informales de bienes y divisas, entre otros.
Por tanto, la discusión relevante no es sobre la necesidad de afianzar un ancla específica (que pudiera ser útil en un contexto y no en otros), sino sobre la institucionalidad de la política monetaria. ¿Qué capacidad tienen las autoridades para adaptarse a contextos cambiantes, para ajustar o ampliar en el momento justo su “caja de herramientas”?
2. La actualización del modelo económico requiere estabilidad macroeconómica para su implementación. Sin embargo, en la última década ocurrió lo contrario: el rezago en la adopción de medidas esenciales de la actualización provocó la pérdida de anclas monetarias.
Por un lado, se promovieron medidas parciales que comprometieron la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, los subsidios a exportadores y productores por diferencial cambiario, ante la permanencia de la dualidad monetaria, fueron la principal causa del incremento de los déficits fiscales. Por otro lado, los actores privados implementaron mecanismos alternativos para cubrir los déficits de oferta y las brechas regulatorias, expandiendo los mercados informales de bienes y divisas.
3. Aunque es innegable el mérito de la estabilización macroeconómica de los años 90´s, se trató de un proceso inconcluso. A las medidas antes mencionadas, ayudó también una fuerte segmentación de mercados y la permanencia de controles de precios, salarios y tipos de cambio al interior del sector empresarial, que erosionaron la eficiencia de la asignación de recursos. Aunque la inflación no se manifestaba explícitamente, se reflejaba en ahorro forzoso, inflación reprimida e inconvertibilidad de la moneda. A ello se suma una débil institucionalidad para la conducción de la política monetaria y la coordinación macroeconómica, cuya mayor evidencia son los recientes fenómenos de dominancia fiscal.
Por tanto, la experiencia de los 90´s indicaba un buen comienzo, pero era apenas el inicio de un largo y complejo proceso de ordenamiento monetario.
4. CONCLUSIONES
Los desequilibrios monetarios entre 2019 y 2021 obedecieron a disímiles causas. Las sanciones norteamericanas, los impactos de las crisis internacionales sobre los precios y las cadenas de suministro globales, y los cierres productivos y de fronteras en el país asociados a la pandemia, condujeron a una aguda y persistente contracción de la oferta de bie- nes y servicios. El crecimiento del déficit fiscal y los salarios asociado al ordenamiento monetario y el enfrentamiento a la Covid-19, expandieron la demanda.
A su vez, el ordenamiento monetario y la depreciación del tipo de cambio informal, en un entorno de creciente dolarización, provocaron presiones inflacionarias vía costos. La incertidumbre macroeconómica y social, así como la erosión de la credibilidad de las políticas públicas, alimentaron presiones inflacionarias vía expectativas.
En buena lid, se reflejan las principales fuentes de inflación que describe la literatura. No obstante, desde la última década venía ocurriendo un proceso de progresivo deterioro de las anclas nominales que habían garantizado estabilidad macroeconómica en el sector de los hogares por más de 20 años. Por tanto, la inflación reciente es consecuencia de unos shocks de enormes magnitudes, pero, a su vez, de la pérdida de la institucionalidad que hubiera permitido a las autoridades contar con herramientas para su manejo.
Comprender los orígenes de la inflación no es un problema del pasado, sino del presente y el futuro. Las causas subyacentes que generaron los recientes desórdenes monetarios aún persisten. Dotar a la autoridad monetaria de herra- mientas eficaces de control inflacionario requiere voluntad y coordinación política, capacidades técnicas, integralidad e interconexión con otras trasformaciones claves del modelo económico. Tanto como estabilizar el entorno macroeconómico actual, se requiere desarrollar la institucionalidad de la política monetaria.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Vidal, P. (2009). Política monetaria y dualidad monetaria. En Centro de Estudios de la Economía Cubana, Miradas a la economía cubana (págs. 31-42). La Habana: Editorial Caminos.
ACERCA DE LOS AUTORES
Carlos Lage Codorníu
Licenciado en Economía (2005), Máster en Economía con Mención en Planificación (2011) y Doctor en Ciencias Económicas (2016), todas por la Universidad de La Habana, de donde es Profesor Auxiliar. Se desempeñó como espe- cialista y experto de la Dirección de Política Monetaria del Banco Central de Cuba entre 2010 y 2020. Desde 2020 es consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sus líneas de investigación fundamen- tales se relacionan con las políticas macroeconómicas y la institucionalidad de sistema y los mercados financieros.
Karina Cruz Simón
Licenciada en Economía (2014) y Máster en Economía (2021), ambas por la Universidad de La Habana. Diplomado en Economía y Gestión Bancaria por la Universidad de la República (2018). Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). Entre 2014 y 2022 trabajó en el Banco Central de Cuba, en las áreas de Política Monetaria y Estudios Económicos. Sus líneas principales de investigación están relacionadas con los temas de financiamiento, políti- cas macroeconómicas e institucionalidad.
