La riqueza pendiente

¿Tiende a concentrarse en Cuba la riqueza en pocas manos? La frecuencia con que asoma la preocupación pudiera ser, más que un evidencia palmaria de concentración ya, un síntoma de las imprecisiones y dudas sociales que acompañan a los cambios en materia de propiedad

Autor: Ariel Terrero | internet@granma.cu

El dueño de siete almendrones prehistóricos no clasificaría como gran o mediano empresario en ningún lugar del mundo, pero se convierte en «el millonario» de un municipio habanero cuyas historias circulan más rápido que sus taxis. Tampoco compite el propietario de un par de hostales con una veintena de habitaciones, ni la paladar mejor establecida, ni una cadena de distribución de pizzas con una decena de motos.

¿Por qué recela la gente entonces ante semejante capital? ¿Por qué el tema de la concentración de la riqueza y la propiedad emerge en los debates? Aflora lo mismo en un parque de controversias beisboleras, que en una reunión sindical, en un mercado agropecuario cuyos precios suben, en recintos universitarios y entre los diputados, que respaldaron en junio, en sesión de la Asamblea Nacional, los documentos programáticos del proceso de transformaciones que ha desencadenado esta inquietud.

¿Tiende a concentrarse en Cuba la riqueza en pocas manos? La frecuencia con que asoma la preocupación pudiera ser, más que una evidencia palmaria de concentración ya, un síntoma de las imprecisiones y dudas sociales que acompañan a los cambios en materia de propiedad, o una señal también de que la gente atisba, al menos, condiciones que propiciarían esa amenaza.

Aunque toma cuerpo ahora el temor a que los negocios privados alcancen un tamaño pernicioso para el modelo socialista –nocivo para el desarrollo incluso, en otros países de la región–, esas empresas entraron en escena desde hace varios años. La actualización del modelo económico les abrió las puertas, pero con formatos y denominaciones francamente ambiguos.

Bajo el manto legal del trabajo por cuenta propia conviven negocios de calado financiero, estructura económica e intereses clasistas muy dispares. El dato estadístico de más de medio millón de cuentapropistas acoge productores y vendedores individuales tan humildes como un vendedor de maní, junto con propietarios de medios de producción dispuestos a explotar ­fuerza de trabajo ajena.

El tercer grupo, los asalariados que contrata el negociante privado, comparte escenario con quienes les pagan, pero con intereses diferentes, que pueden llegar a ser opuestos, por más que los agrupe el conteo estadístico y, parcialmente, la norma legal.

Las dos actividades por cuenta propia con más personas registradas, la elaboración y venta de alimentos (59 368) y el transporte de carga y de pasajeros (54 663), suman entre ambas menos que los 132 395 trabajadores contratados por dueños de negocios, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en enero del 2017. Son tan asalariados como los trabajadores de una entidad estatal, aunque sujetos a reglas laborales diferentes.

El lenguaje de moda agrava las imprecisiones, pues ganan terreno en algunos medios términos vagos para las personas con negocios propios. Vocablos como empresarios parecen sonar mal para algunos.

Los «ilógicos eufemismos para esconder la realidad» los criticó Raúl en el 7mo. Congreso del Partido, que en abril del 2016 aprobó los primeros documentos oficiales que reconocen explícitamente la empresa privada en el socialismo cubano.

La imprecisión de límites o de tamaño de capital de esas entidades ahonda la duda o desconfianza social, tanto como la indefinición legal en que todavía se mueven las nuevas iniciativas económicas no estatales. El propio Primer Secretario advertía en ese Congreso de «medianas, pequeñas y microempresas privadas que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por un marco regulatorio diseñado para las personas naturales dedicadas a pequeños negocios que se realizan por el trabajador y su familia».

A falta de una Ley de Empresas que reconozca a las formas privadas en plano de igualdad con las estatales y las cooperativas, estos actores de la economía solo han contado con el soporte legal mínimo de algunos artículos de la Ley Tributaria y del Código de Trabajo, para contratar fuerza de trabajo ajena, y de resoluciones para cuentapropistas.

Pero no bastaría la nueva legislación de empresas, si en el contexto económico, comercial y monetario persistieran desequilibrios estructurales como la dualidad de monedas y de tasas de cambio y las imperfecciones del sistema de precios. Estas deformaciones favorecen en unos casos a las empresas estatales –mercado mayorista, inversiones extranjeras, bancos, protección laboral de sus trabajadores– y en otros a las formas no estatales de producción y servicios –oferta salarial, flexibilidad para ejecutar gastos de producción y contratar personal, remesas como ­capital para inversiones, autonomía ante la clientela–.

De las diferencias de ingresos del trabajo entre uno y otro bando se derivan desigualdades sociales que sobredimensionan la magnitud real de la riqueza del negocio privado hoy. La capacidad de este último para demostrar si traerá daño o ventura a toda la sociedad permanece pendiente. Antes tiene que reordenarse el escenario económico y encarrilarse, sobre todo, las industrias que soportan el verdadero desarrollo del país, estatales la mayoría.