Berlín quiere recaudar 1.500 millones a partir de 2021 para subir pensiones
Bruselas 10 DIC 2019 - 22:34 CET
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, junto a su homólogo alemán Olaf Scholz. THIERRY MONASSE GETTY IMAGES
Casi una década lleva la Unión Europea tratando de sacar adelante la llamada Tasa Tobin, aunque el debate ha quedado finalmente acotado a diez países, entre ellos Alemania, Francia y España. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, trató de dar un empujón final al proyecto con una propuesta que mandó el pasado lunes a sus homólogos. Según el Ministerio de Finanzas alemán, la propuesta pasa por fijar un impuesto del 0,2% del valor de las operaciones de compra de acciones de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.
A raíz de la crisis financiera, Bruselas dio permiso a 11 países para que se coordinaran para introducir ese tributo. El primer intentó fracasó, pero en 2018 diez retomaron el proyecto: Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal, Grecia, Austria, Eslovaquia y Eslovenia. Estonia saltó de la lista. En algunos, como en Francia, este impuesto ya existe.
Según el titular alemán, el pasado lunes repartió a los ministros de esos nueve países “una propuesta final” para esa tasa. La oferta llega justo después de que en el seno de los socialdemócratas alemanes se haya impuesto el sector más izquierdista. Ese giro privó a Scholz del liderazgo del partido, pero también puso sobre la mesa de la Gran Coalición la exigencia de virar hacia políticas más progresistas. En este caso, Berlín espera ingresar alrededor de 1.500 millones de euros para financiar el aumento de las pensiones mínimas.
Entre 1,2 y 1,5 millones de beneficiarios en Alemania
Alemania planea llevar a cabo ese incremento en las retribuciones de entre 1,2 y 1,5 millones de pensionistas en 2021. De ahí la urgencia que Scholz imprimió en su mensaje al resto de ministros para poder preparar el terreno el año que viene y obtener esos fondos. “Estamos, por primera vez desde 2011, en una posición que nos permite llegar a un acuerdo dentro de la cooperación reforzada”, rezaba la carta de Scholz a sus homólogos, según France Presse.
La propuesta ya ha suscitado ampollas dentro de un sector de la CDU (centroderecha), aunque la canciller alemana, Angela Merkel la respaldó siempre que se trate de acciones, como dijo que vienen haciendo Francia y Reino Unido, según Reuters. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dio la bienvenida a la propuesta de Scholz. “Vamos a examinar el texto con detalle para garantizar que el acuerdo final sea tan ambicioso como el impuesto francés, ya vigente”, sostuvo. “Pero es una buena base para cerrar esta carpeta lo antes posible”.
La propuesta de Scholz, explican fuentes comunitarias, incluye excepciones para evitar que las empresas alemanas tengan problemas iniciales de acceso a los mercados o para proteger la liquidez del mercado. Aun así, la nota de Alemania señala que la tasa debe contribuir a que “el sistema financiero esté más involucrado” con las necesidades de la comunidad. Además, el Ministerio sostiene que también trata de buscar una “tributación justa” dentro del sistema financiero europeo.
UN DISEÑO SIMILAR AL IMPUESTO ESPAÑOL
España es uno de los diez países que quieren seguir adelante con la creación de una tasa sobre la compra de acciones. De hecho, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley para ese nuevo impuesto —junto con la llamada tasa Google—, con el que esperaba recaudar 850 millones de euros.
Su diseño era muy parecido al de Francia y, por lo tanto, a la propuesta que el lunes remitió el ministro alemán Olaf Scholz a sus homólogos. En concreto, el Gobierno quería gravar con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas valoradas en más de 1.000 millones de euros. En ese caso, los encargados de hacer llegar esa cantidad a Hacienda eran los intermediarios financieros.
El destino del impuesto español también guardaba similitudes con el alemán: Berlín quiere destinarlo a incrementar las pensiones mínimas, mientras que Madrid quería dirigirlo a las pensiones y a las prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, la convocatoria electoral de abril hizo que el proyecto de ley, junto al del impuesto a las grandes tecnológicas, acabara decayendo.
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