AMÉRICA DEL NORTE
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La Corte Superior de Los Ángeles obligó al presidente Donald Trump a pagar a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, unos 44.100 dólares para compensar los honorarios de su abogado. Esta orden forma parte de los esfuerzos legales para cancelar un acuerdo firmado 11 días antes de las elecciones presidenciales del 2016.
Este documento se negoció para comprar su silencio sobre la supuesta relación sexual que mantuvo con el actual mandatario estadounidense hace una década. En 2016 el abogado personal de Trump, Michael Cohen, pagó a la actriz unos 130.000 dólares. Una vez celebradas las elecciones, Clifford presentó una demanda para anular ese acuerdo.
© AP PHOTO / EVAN VUCCI
Durante varios años Trump y sus partidarios habían rechazado las acusaciones de que el presidente supiese algo sobre el pago a Clifford. Continuaron en esa línea hasta mayo del 2018, cuando el político republicano reconoció haber reembolsado a Cohen el dinero pagado a la actriz.
A pesar de ello los abogados de Trump insistieron en que la mujer no había conseguido demostrar que el presidente fuera parte de aquel acuerdo suscrito bajo el nombre de David Dennison. Como resultado, el juez Robert Broadbelt III concluyó que, en vista del gran número de evidencias, quedaba probado que Cohen había elegido este seudónimo para referirse a Trump.
Este no es el primer pleito que Clifford presenta contra el político republicano. También demandó una vez al presidente estadounidense por haberla difamado públicamente. Lo hizo después de que el también magnate calificase en su Twitter de "no existente" al hombre que, según las alegaciones de la actriz, le había amenazado para obligarla a guardar silencio sobre su supuesto vínculo con Trump.
Aquella demanda fue desestimada y Clifford tuvo que apelar contra esa decisión y contra la orden de pagarle a Trump una recompensa de casi 300.000 dólares por honorarios de abogado. En particular, el juez de aquel caso dictaminó que las declaraciones de Trump en la red social estaban protegidas por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
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