En este artículo: Cuba, Economía, Finanzas, Gobierno, Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Presupuesto, Sociedad
Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
La economía cubana en 2019 se desenvolvió bajo fuertes tensiones financieras, derivadas en lo fundamental del recrudecimiento del bloqueo impuesto por EE.UU., lo cual impactó en la ejecución presupuestaria del país, afirmó Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios (MFP), al presentar ante el Parlamento la liquidación del presupuesto del pasado año.
Las mayores restricciones se dieron en la disponibilidad de combustibles, sobre todo en el último cuatrimestre del año, lo que incidió en el ritmo de inversiones, en la agricultura, la producción y distribución de alimentos, la circulación mercantil mayorista y minorista y la transportación de pasajeros, entre otras actividades.
No obstante, y debido a que el presupuesto estatal es eminentemente social, los recursos se concentraron en respaldar los programas de desarrollo social, los servicios básicos a la población y las labores de recuperación de los daños ocasionados por eventos meteorológicos, como el tornado que azotó cinco municipios de La Habana.
Ante la compleja situación financiera que vivió Cuba por las medidas unilaterales impulsadas por el Gobierno norteamericano, el Consejo de Estado aprobó incrementar el déficit fiscal a 7 029 millones de pesos (superior al planificado), mediante el Decreto Ley No.1 de diciembre de 2019.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, la isla registró un déficit fiscal inferior al estimado en 594 millones de pesos y menor en 1 656 millones de pesos con respecto a 2018.
El texto subraya que el aumento oportuno y esperado del salario en el sector presupuestado y las pensiones de la seguridad social, valorado en 4 198 millones de pesos, se asumió sin afectar el déficit fiscal, por lo que “fue necesario implementar medidas para potenciar las reservas de ingresos y ajustar los gastos presupuestarios”.
La pérdida de ingresos al presupuesto del Estado que se contabilizó en 2019 estuvo ocasionada por el comportamiento desfavorable de la circulación mercantil minorista, y en las otras entradas no tributarias.
Según recoge el informe, los ingresos tributarios se mantienen como la principal fuente para el financiamiento de los gastos: constituyeron el 73% del total de los ingresos netos, en tanto representan el 42% del PIB a precios corrientes.
Los aportes de las formas no estatales crecen 19%, representando el 14% de los ingresos recaudados. En este sector, los trabajadores por cuenta propia generan los mayores aportes; sin embargo, “persiste morosidad en el pago de los tributos y la presencia de subdeclaración”, señala el documento.
“La actuación sobre ilegalidades es muy limitada, lo que genera impunidad, evasión fiscal e impacto negativo en el resto de los contribuyentes, situación que se debe atender con mayor y exigencia por los Gobiernos locales, con la participación de la ONAT”.
Dentro del total de gastos, en el que la actividad presupuestada tiene un peso considerable, las actividades científicas y tecnológicas alcanzaron la cifra de 699 millones de pesos, con diversas fuentes de financiamiento. Al presupuesto estatal le correspondió el 51%, en tanto las empresas financiaron el 31%, cifra que debe incrementarse paulatinamente a partir de la puesta en práctica de nuevas disposiciones jurídicas que dinamizan la innovación.
Exponen dictamen sobre la liquidación del presupuesto estatal del año 2019
Félix Martínez Suárez, jefe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, expuso el dictamen sobre la liquidación del presupuesto del Estado del año 2019, que reproducimos a continuación:
General
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República.
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Compañeras y compañeros, diputados y diputadas
La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, después de evaluar la información ofrecida por el Ministerio de Finanzas y Precios sobre la liquidación del presupuesto, los resultados de las acciones de control efectuadas por la Contraloría General de la República, y el cumplimiento dado a las recomendaciones a la Ley No 126 “Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019” de conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, emiten el siguiente dictamen:
Las recomendaciones efectuadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en la presentación del presupuesto del Estado para el año 2019, dirigidas a sus Comisiones Permanentes, Ministerio de la Agricultura, Grupo Azucarero AZCUBA y Ministerio de Finanzas y Precios, han tenido una atención adecuada.
El presupuesto del Estado del año 2019, se ejecutó en un escenario donde la economía estuvo marcada por fuertes tensiones económicas y financieras, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos con fuertes restricciones en la disponibilidad de combustible, que impactó en todos los sectores, con mayor fuerza en las inversiones, la agricultura, la producción de alimentos y el transporte.
A pesar de ello, se financiaron los programas de desarrollo social, los servicios básicos de la población, importantes inversiones de infraestructura, la vivienda y el apoyo financiero al sector empresarial. Se respaldó la justa decisión del gobierno de incrementar parcialmente el salario del sector presupuestado y las pensiones de la Seguridad Social, valorado en 4 198 millones de pesos, que benefició a más de un millón 400 000 trabajadores.
La caída de más de 2 000 millones de pesos en la circulación mercantil minorista y otros ingresos no tributarios, provocó un impacto negativo en las fuentes de ingresos al presupuesto, siendo necesario que el Consejo de Estado aprobara el Decreto-Ley No.1 modificativo de la Ley No. 126 “Ley del Presupuesto del Estado para el año 2019” incrementando el déficit fiscal a 7 mil 29 millones de pesos, 842 millones más que lo inicialmente aprobado, fijando la demanda financiera en 10 963 millones de pesos.
Los ingresos brutos recaudados en el transcurso del año, ascendieron a 59 546 millones de pesos, se incumplieron en 2,6 por ciento por las causas expresadas anteriormente. Un ejemplo de ello, lo constituyó el Impuesto sobre las Ventas, donde se dejaron de recaudar mil 268 millones de pesos, por las afectaciones provocadas en importantes renglones destinados a la población, como los materiales de la construcción, productos alimenticios, de aseo e insumos agrícolas, entre otros.
En el Impuesto sobre los Servicios se capta el 98,8 por ciento de los ingresos previstos, se incumplieron 53 millones de pesos, fundamentalmente por los servicios prestados por las personas naturales, que incluye a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.
Los aportes de las formas de gestión no estatal se cumplen al 107%, con un crecimiento del 19%. A pesar de ello, persiste morosidad en el pago de algunos tributos y subdeclaración de ingresos que requiere un mayor accionar de la Administración Tributaria y las Administraciones Locales.
El impuesto sobre utilidades y el aporte de las empresas estatales se cumplen al 102 y 107 por ciento respectivamente, a pesar de que 787 empresas disminuyeron la utilidad y 88 registraron pérdidas cuando tenían utilidades planificadas.
Los gastos totales del año ascendieron a 65 775 millones de pesos, el 98.1% de lo aprobado, en su inejecución incidieron las medidas restrictiva que se aplicaron a todos los sectores y constituyeron fuentes para el incremento parcial del salario al sector presupuestado.
En la actividad presupuestada se gastaron 41 387 millones de pesos, que garantizaron los servicios básicos a la población, de los cuales, el 67 por ciento se destinaron a los sectores de la educación, salud pública y la asistencia y seguridad social. Otros sectores como la cultura y el deporte ejecutaron gastos por más de 2 000 millones de pesos.
Un destino importante en la ejecución del presupuesto del año, lo constituyó el financiamiento de 795 millones de pesos para subsidiar personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas, beneficiando a unas 16 000 personas y los 44 millones de pesos destinados a las viviendas de las madres con más de tres hijos menores de 12 años.
En visitas y controles realizados por los diputados a la ejecución de este programa, se ha podido comprobar la justeza de esta política, pero persisten problemas e insuficiencias que exigen se trabaje en su erradicación.
Al sector empresarial se transfirieron 19 470 millones de pesos, como continuidad de su proceso productivo, el 57% financiaron producciones exportables y que sustituyen importaciones. El destino de estos recursos financieros, requiere mayor control de los organismos y las organizaciones empresariales, en función de lograr mayor eficiencia en su utilización.
Para la canasta familiar normada a la población con precios subsidiados, se ejecutaron 3 444 millones de pesos, que benefició a todas las personas, además de la estabilidad que significa para las familias disponer con seguridad de estos bienes.
Los gastos y transferencia de capital ascendieron a 4 918 millones de pesos, el 68% correspondieron a inversiones de infraestructura y de la vivienda. Se respaldaron los programas de agua y redes hidráulicas, viales, fuentes de energía renovables y restauración y conservación del patrimonio habitacional, entre otros.
Los presupuestos locales del Poder Popular alcanzaron el 96,5% del superávit planificado, cerrando con déficit en sus presupuestos las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias de Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Las Tunas, sobregiraron el gasto planificado para el año, lo que denota grave indisciplina financiera por falta de seguimiento, análisis y control sistemático, y exige adoptar las medidas para que situaciones como estas no se repitan.
Por otra parte, se ha podido comprobar el registro incorrecto de ingresos que distorsionan los resultados de déficit o superávit, lo cual requiere de mayor atención.
Se aprobaron por los Consejos de la Administración 624 millones de pesos de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, con un impacto favorable en la población, pero distante aun de generar inversiones, fuentes de empleos y de servicios. Continúa la tendencia a financiar gastos que no están dirigidos a nuevos programas de desarrollo.
El financiamiento destinado para la recuperación de las afectaciones provocadas por eventos climatológicos, ascendió a 311 millones de pesos, se cumple la política aprobada de bonificar el 50 por ciento del precio de los materiales de la construcción y el pago por la Asistencia Social a las personas imposibilitadas de asumir estos gastos.
En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y los controles del Ministerio de Finanzas y Precios al presupuesto, muestra que a pesar de las tensiones económicas y financieras y la falta e inestabilidad del personal calificado, el sistema presupuestario garantizó el funcionamiento de los programas sociales y económicos del país.
Las acciones de control realizadas a las entidades de base y presupuestos locales señalan fisuras y reservas, falta de control de los escasos recursos financieros que dispone el país, la insuficiente jerarquización a estos temas, fundamentalmente de los directivos encargados de administrar y supervisar el presupuesto en cada uno de los niveles de dirección.
La indisciplina informativa y financiera, unidades presupuestadas con exceso de demandas de recursos, es decir, comprometen gastos sin contar con presupuesto, elevadas cifras de faltantes y pérdidas, ausencias de normas de gastos en la elaboración y análisis del presupuesto y los problemas en el Sistema de Tesorería, están entre las violaciones que se cometen, convirtiéndose en causas y condiciones que propician el robo y la corrupción.
En resumen, la ejecución del presupuesto del Estado en el año 2019, registró un déficit fiscal de 6 435 millones de pesos, inferior al aprobado en el Decreto Ley No 1 del 2019 en 594 millones de pesos.
Al evaluar el desempeño presupuestario del año, destacar que a pesar del complejo escenario en que se desenvolvió la economía, se ha podido asegurar la continuidad de las conquistas de la Revolución en beneficio de todo el pueblo, el verdadero protagonista de tal empeño.
Recomendaciones
Se evidenció también las potencialidades y reservas que se disponen, sobre las que se deben continuar trabajando, reforzando las acciones de control y supervisión en la ejecución presupuestaria a todos los niveles, por lo que se proponen las recomendaciones siguientes:
- Los organismos, sistemas empresariales, Gobiernos provinciales y las Administraciones municipales, revisarán los principales problemas del control presupuestario expuestos en el informe de liquidación del presupuesto del Estado del año 2019, y propondrán el reforzamiento de las medidas de control y supervisión para la gestión de los ingresos y uso correcto de los gastos presupuestarios en la ejecución del año 2021, Informando de ello al Ministerio de Finanzas y Precios en el mes de enero de ese propio año.
- El Ministerio de Finanzas y Precios, en su condición de organismo rector, presente al Gobierno en el mes de febrero del año 2021, el resumen de las medidas de control y supervisión que proponen los organismos, OSDE, Gobiernos provinciales y las Administraciones municipales para el mejor control del presupuesto de ese año, proponga el seguimiento a su cumplimiento e informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los resultados de su ejecución en el transcurso del año y en el momento de su liquidación.
- La Comisión Permanente de Asuntos Económicos, en coordinación con el resto de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, mantendrán las relaciones de trabajo con los órganos y organismos correspondientes para conocer y evaluar la atención y cumplimiento de estas recomendaciones, además de las acciones de control que realizarán sus diputados a la ejecución presupuestaria del año 2021, informando de ello a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el momento de su liquidación.
Finalmente, expresar que las comisiones permanentes de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, consideran que se cumplieron los objetivos para los cuales se concibió el presupuesto del Estado para el año 2019, con las modificaciones efectuadas por el Consejo de Estado, lo que garantizó la vitalidad y continuidad del proceso económico y social del país, por lo que propone a esta Asamblea Nacional del Poder Popular, que se apruebe el informe de liquidación del presupuesto del Estado, con las recomendaciones que se presentan en este dictamen.
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