El desempleo ni es socialista ni es revolucionario

Por Joaquin Benavides, La Joven Cuba

En Cuba el número de desempleados formales es de alrededor de 1 millón 200 mil hombres y mujeres en edad laboral, el 17% de la población capaz de trabajar.

Pocas tareas hay más importantes para un gobierno que se declare continuador de la Revolución y que se encuentre al frente de un Estado cuya aspiración sea el socialismo, que procurar empleo útil para su población de hombres y mujeres. Económica y socialmente pudiera ser considerado tan importante o más que garantizar educación y salud universales y gratuitas. El problema radica en que a largo plazo puede resultar una tarea casi imposible mantener altos estándares de educación y salud sin costo para todos sin lograr el pleno empleo.

Para quien lo dude, le invito a que piense si puede encontrar una fuente mayor de creación de riqueza que el trabajo. Y si es posible sin la creación de riquezas, crear y mantener esos altos estándares de educación y salud ya referidos. En la medida que sea empleada una fuerza de trabajo más calificada, mayores serán sus posibilidades de crearla.

Hablar de planificación centralizada a mediano y largo plazo y no plantearse el problema ni buscar una vía de solución para encontrar empleo útil para la totalidad de los hombres y mujeres de cualquier edad y calificación en capacidad y posibilidades de ocupación, es negar el principio mismo de la planificación y su utilidad para guiar el desarrollo y la justicia social. No es esta una crítica hueca, estoy constatando una realidad de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 años, por lo menos.

Algunas cifras ayudarán a ilustrar el problema.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la población en edad laboral ascendía a 7 millones 123 mil, de los cuales 3 millones 723 mil son hombres y 3 millones 399 mil son mujeres. Están ocupados en trabajos estatales, cooperativas, sector privado campesino y trabajadores por cuenta propia un total de 4 millones 642 mil, lo que representa el 65%. De ellos, son hombres 2 millones 830 mil, el 76% de los que tienen edad laboral; y mujeres, 1 millón 812 mil, el 53% de las que tienen edad laboral.

Entonces, con edad laboral y que no trabajan existen 2 millones 481 mil personas, lo que representa el 35%.

Tenemos problemas en el índice de natalidad y con la proyección de trabajadores a largo plazo, pero a mediano plazo tampoco es pequeña la reserva laboral sin utilizarse. De ese total se puede estimar sin mucho margen de error que 1 millón 200 mil son estudiantes en edad laboral y/o movilizados para el servicio militar. A estos habría que añadir, para excluirlos también en la población económicamente activa neta en la fecha tomada como referencia, a los que, teniendo edad laboral en el momento dado, estén incapacitados para el trabajo, total o parcialmente, permanente o temporalmente o acogidos a uno u otro régimen de seguridad social.

Quedarían como desempleados formales alrededor de 1 millón 200 mil hombres y mujeres en edad laboral, el 17% de la población capaz de trabajar. Este número resulta un muy negativo índice tanto desde el punto de vista económico como social.

Ocurre además que como efecto de la aplicación de la acertada estrategia económica planteada y, dentro de ella, el ordenamiento monetario que prevé la indispensable y necesaria devaluación del peso cubano (CUP) en las relaciones inter-empresariales, muchas de las actuales empresas estatales resultarán irrentables. Por ello, tendrán que redimensionarse y producir una drástica racionalización de personal, generando un excedente laboral cuantioso que se ha calculado en cientos de miles de trabajadores.

Dar empleo a 1 millón de desempleados y de trabajadores racionalizados con un salario mínimo de 2500 pesos mensuales, supondría un gasto anual en subsidios de al menos 30 mil millones de pesos. Que el Estado desembolse esa suma sería completamente imposible. Tendría el Presupuesto para ello que afectar los fondos que se dedican a educación y salud.

No habría otra posibilidad para resolver este problema consustancial al ideal socialista que introducir como parte de lo que autoriza la Constitución de la República al capital privado, a través de las micro, pequeñas y medianas empresas –conocidas mundialmente como Pymes–, y a la inversión extranjera. Además, podría también flexibilizarse y facilitar el trabajo por cuenta propia, para que a mediano plazo encuentre empleo productivo toda esa enorme reserva laboral, lo que la convertiría en un factor complementario importante para el desarrollo del país.

A partir de que se determine el llamado Día 0, el cual marca el inicio del ordenamiento monetario largamente esperado e imprescindible para que la economía pueda comenzar a funcionar de manera eficiente, esa gran masa de cubanos para los cuales no habrá aumento de salarios, pero sí incrementos de precios, no tendrán otra alternativa para subsistir y sostener a sus familias –ya que para ellos la asistencia social sería solo un paliativo– que buscar en un empleo informal la solución de sus problemas económicos.

El empleo informal no es legal y propicia que las autoridades, incluidas las policiales, en su esfuerzo porque todas las actividades económicas se ejerzan según lo establecido en las leyes, lo consideren un delito por el cual se debe responder ante los tribunales. Pensar en aceptar eso es una visión kafkiana.

Llegar a los extremos en los cuales debamos convivir con esa inmensa masa de desempleados o de empleados de manera informal solo por no ser capaces de tomar las medidas adecuadas que viabilicen el desarrollo de las Pymes, no sería racional, aunque algunos retrógrados siguen pensando que solo las empresas estatales pueden salvar al socialismo en Cuba.

Tales retrógrados se consideran socialistas, sin embargo asumen en el afán de defender su posición atrincherada que puede concebirse un gobierno socialista, proclamado como tal, a pesar de que más de un millón de sus conciudadanos en edad laboral no puedan acceder a un empleo legal y que, de paso, son llevados a delinquir para lograr el sustento personal y familiar. Quienes así piensan o son unos ignorantes teórica y políticamente, o hay mala intención al pretender con su retranca solapada que los cientos de miles de cubanas y cubanos obligados a mantenerse en la ilegalidad para poder trabajar y sostener a sus familias, se conviertan en una reserva de oposición política.

Creo que se puede entender perfectamente, sin necesidad de ser economista, que a las empresas estatales sería más adecuado denominarlas como públicas. En ellas deben concentrarse los principales activos que determinan la estrategia del desarrollo económico y social del país. Pero creo también que igual se puede entender perfectamente, si se examina de manera objetiva la situación, que al sector estatal o público ya no le es posible desde hace décadas garantizar empleo útil y productivo a todos los recursos laborales graduados, en su inmensa mayoría, de nivel medio en adelante.

El no haberle dado una solución correcta a ese reto ha sido la causa fundamental de que miles de graduados de todas las especialidades, formados en nuestras escuelas y universidades, hayan abandonado el país no solo en busca de mejores condiciones económicas y de vida, sino también dónde emplearse según las capacidades adquiridas en su proceso de preparación docente. Lo que el mantenimiento de ese error en la conducción económica le ha costado al país, es incalculable. Una enorme inversión de decenas de años en preparación de sus recursos humanos con vistas a asumir el desarrollo económico se ha perdido.

No sería racional que ese error continuara y se repitiera en el contexto de la nueva estrategia económica trazada. La confusión ideológica sobre el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas no debe impedir que un alto por ciento de hombres y mujeres en edad laboral del país puedan incorporarse legalmente a ganar su sustento y el de sus familias, y, además, contribuir decisivamente al desarrollo de la economía y el bienestar del resto de la población.

La política aprobada para el ordenamiento monetario les garantiza a todos los trabajadores que se mantengan vinculados al sector estatal de la economía y al resto de las actividades legalizadas una protección adecuada. Pero a los que no tengan un empleo legal, en la práctica se les condenaría a delinquir. Y esa no es ni puede ser una política revolucionaria y socialista.