¿Qué hacer para que las empresas cubanas funcionen eficientemente?

Si las empresas no son exitosas o no obtienen resultados, poco podrá avanzar la economía y el país.

ECONOMÍA Omar Everleny Pérez Villanueva, economista e investigador cubano 22 mayo, 2022

 

En el país existen cerca de 500 empresas estatales en pérdidas.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Cualquiera conoce que, en la vida, las necesidades son siempre ilimitadas. Cuando no se tiene nada, comer pan puede resultar un sueño. Cuando se tiene el pan, después ya se sueña con echarle mantequilla o cualquier otro producto. Y así, hasta llegar a necesidades superfluas.

Lo mejor es cuando hay que escoger entre dos opciones positivas: ¿el perfume o el talco? O a nivel no personal: ¿la construcción o reparación de la carretera, de la escuela o del policlínico?  Pero lo peor es cuando, entre dos males, hay que escoger el menor. Llamémosle a esto disyuntiva “negativa”.

En la economía cubana, como en cualquier otra, por supuesto que continuamente existen las mismas preguntas disyuntivas para utilizar los fondos disponibles en uno u otro proyecto, pero el imperativo hoy es aumentar la oferta de bienes, no busquemos otro tema primero.

Hasta el periódico oficial del país, el diario Granma, hace exhortación a buscar formas de aumentar la producción y el 4to pleno del Comité Central del Partido Comunista, celebrado los días 25 y 26 de abril de 2022, apunta en ese sentido.

Cuando se discutía el proyecto de modificaciones a la Constitución, en no pocos lugares se planteó la necesidad de democratizar o llevar a consultas a nivel de circunscripciones, las propuestas de utilización de los fondos municipales disponibles, que nunca alcanzan para todo lo que se desea arreglar o construir.

En las inversiones en el sector turístico se destaca la construcción de hoteles. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Pensando en la Asamblea Nacional, podría preguntarse: ¿aprobar solo lo que se destina al gasto social o también las inversiones productivas? ¿No sería útil que el máximo órgano de gobierno profundizase también en las inversiones a realizar con los fondos de todo el pueblo? ¿En qué sectores priorizar las inversiones productivas? ¿En la construcción de hoteles, por ejemplo?

Pero no es sobre las disyuntivas “positivas” que se intentará escribir, sino de las otras: las “negativas”.

El modelo económico cubano, adoptado a imagen y semejanza del heredado de la URSS, no implicaba simplemente socializar los principales medios de producción y utilizar las ganancias de las empresas estatales en bien de toda la sociedad. Hasta ahí hubiese estado bien, si las empresas y el mercado siguiesen funcionando como lo que son.

Pero es que también se hicieron muchos otros cambios, de mayor envergadura, que desvirtuaron las funciones de lo que es una empresa. Así, entonces, fueron surgiendo variadas disyuntivas de las que se pudiesen catalogar como “negativas”. Expondremos algunas temáticas, solo a modo ilustrativo de lo amplio que es el camino para lograr resultados concretos. 

Inversiones

Ha prevalecido la necesidad de cubrir una determinada demanda, por encima de la necesidad de preservar el buen funcionamiento de las empresas, su autonomía y la salud de la economía en general. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Si todo es propiedad del Estado, para algunos fue fácil concluir que cuando el Estado necesita hacer alguna inversión o algún gasto social, no hacía falta reunir impuestos y dividendos de sus empresas, ni tomar fondos del presupuesto, sino que el Estado podía tomar de cualquiera de ellas lo que tuvieran en cada momento en sus cuentas.

En definitiva –pensarían algunos erróneamente–, el dueño puede hacer con sus propiedades lo que le venga en ganas. Y si el Estado decide que hay que invertir en algún proyecto, pues cualquier recurso le viene bien, aunque haya que tomarlo del capital de trabajo de otras empresas. O, si hay empresas en pérdidas, la idea puede ser compensar la ineficiencia de unas con los logros de las otras.

En algunos casos, este trasvase de recursos (tomados en exceso de lo que serían los impuestos, las utilidades netas, o del presupuesto de la nación) pudiese haber significado la creación de nuevas empresas eficientes. Pero significó “desvestir un santo para vestir a otro”, sin la seguridad de que lo nuevo fuese tan eficiente o más que lo que se estaba descuidando.

El Estado cubano,  en su decurso, no solo ha extraído en exceso fondos de las empresas para determinadas inversiones; sino que, ante necesidades puntuales en muchos periodos, también ha tomado los saldos en divisas de las empresas, sin importar si después estas pueden pagar sus deudas o continuar con sus importaciones, entre otras cuestiones. Ello derivaba después en endeudamientos.

Ha prevalecido la necesidad de cubrir una determinada compra del Estado (sin negar la urgencia del momento), por encima de la necesidad de preservar el buen funcionamiento de las empresas, su autonomía y la salud de la economía en general. Todo ello ha incidido, por ende, en la baja oferta de bienes para la sociedad.

Para el Estado, la disyuntiva sería no extraer recursos de sus empresas eficientes por encima de los impuestos y las utilidades netas, para que estas empresas puedan funcionar de forma estable y hasta invertir en producción ampliada. O continuar tomando de las empresas lo que sea necesario, porque los intereses de la nación están por encima de las necesidades o planes de una empresa en específico.

Algunos pensarán que “pensar como país” es irse por la segunda opción, pero realmente eso ha significado cada vez más ir teniendo menos y menos empresas eficientes, lo que al final ha traído menores ingresos para el Estado o la sociedad como dueños de las empresas estatales. Para nada se pudiera decir que eso haya sido beneficioso para el país.

Lo curioso es que existen cerca de 500 empresas estatales en pérdidas, no se han tomado las medidas requeridas en cada caso y es posible que a muchas de esas empresas, en algún momento, les hayan sido extraídos recursos “en bien de la nación”, lo que les afectó su desenvolvimiento económico, posteriormente. 

Precio de compras y utilidades

Mientras más ganancia se pueda obtener, casi siempre se producirán más mercancías, necesarias para todos. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Si todo pertenece al Estado, pudiera pensarse que no es tan importante la utilidad de una empresa aislada, porque el exceso de utilidad en una empresa puede verse compensado con la baja utilidad o pérdidas de otras y –al final– el dueño único (el Estado) ganaría lo mismo. Por lo tanto, durante años estuvo presente la idea de que lo óptimo era el balance material, más que el financiero.

Desde “arriba” se intentaba controlar de dónde salía un recurso material, quién lo utilizaba para producir, qué resultado final se obtenía en bienes. De ese modo, las empresas no necesitaban gestionar sus compras de materias primas e insumos, o salir al mercado para ello; el Estado determinaba quién se los daba y a qué precios. Lo importante era la producción final de bienes materiales, no la utilidad de cada una de las empresas participantes en el ciclo productivo.

La utilidad era vista, hasta hace muy poco, como una terminología capitalista y, por ende, nociva; cuando, en realidad, solo con utilidades las empresas pueden aportar mayores recursos a la sociedad, mejores salarios a sus trabajadores, mayores inversiones. No se ha tenido en cuenta que se inviertan recursos para obtener una ganancia, sino con el fin único de producir determinado bien. Y mientras más ganancia se pueda obtener, casi siempre se producirán más mercancías, necesarias para todos.

Por suerte, se fue rompiendo el mito de la preponderancia del balance material o la idea de que la ganancia solo era un término del capitalismo; pero cuidado, aún hoy todavía existen muchas reminiscencias de las realidades descritas. No hay que temer a reconocer que los productores hacen algo para obtener utilidades, lo que a su vez puede traer más productos finales, más empleo y mayores ingresos para toda la sociedad. 

Ventas

Con la aparición de las medianas y pequeñas empresas (mipymes) y nuevas formas de gestión no estatal (fgne), se hace imprescindible acelerar la adopción de una ley sobre quiebra de empresas.

Aquí han existido muchas restricciones que no son simples “trabas”, sino restricciones sobre la capacidad de las empresas para fijar precios acordes a la situación del mercado, para interrumpir las ventas a clientes morosos o con acumulación de cuentas por cobrar vencidas, porque eso equivaldría a interrumpir la producción de bienes y servicios necesarios para la población. Imposibilidad legal de embargar bienes de empresas deudoras (“los bienes del Estado son inembargables”), de que un tribunal declare en quiebra a empresas irrentables e incumplidoras de sus compromisos. Lo cierto es que, con la aparición de las medianas y pequeñas empresas (mipymes) y nuevas formas de gestión no estatal (fgne),se hace imprescindible acelerar la adopción de una ley sobre quiebra de empresas; pero no se observa ese tema en la agenda que presenta el gobierno para su aprobación a los distintos niveles.

Ahora se habla de no permitir la búsqueda de la eficiencia mediante los precios, cuando precisamente cualquier empresa internacional lo que busca normalmente es vender su producción al mayor precio posible, al precio que el mercado asimile. Por supuesto, siempre hay sus excepciones.

El Estado puede necesitar intervenir en el mercado y la variante de disminuir los costos casi siempre resulta la más difícil de lograr. Pero queda como alternativa buscar eficiencia logrando un producto que el mercado acepte adquirir a un precio muy rentable para la empresa.

Si el Estado permite que las empresas fijen los precios según las condiciones del mercado, en una primera etapa la inflación sería muy elevada, dada la escasez de productos. Pero si el Estado no lo permite, costará trabajo que las empresas despeguen de la situación en que se encuentran y, realmente, puedan aumentar sus producciones.

Una empresa perteneciente al Estado no tendría que estar en situación de quiebra como para pensar en embargar sus bienes o declararla en bancarrota. Porque si es una empresa estratégica, que hay que mantenerla a pesar de no dar ganancias o de no ser autosustentable, sin permitirle ajustar sus precios de ventas o reestructurar su producción, esa empresa debería recibir subsidio del Estado para que pueda seguir funcionando sin detener sus pagos. Si no es estratégica, ¿por qué tiene que afectar al resto de las empresas y a la sociedad, con su mal funcionamiento y permanentes impagos?¿O por qué no permitirle que fije sus producciones y precios para que intente dejar de ser ineficiente?¿Es más importante tener precios controlados para una parte de la sociedad o es más importante que las empresas puedan fijar sus propios precios de ventas, ser rentables y poder pagar mejores salarios? Con lo primero se intenta contentar a todos; con lo segundo, es más fácil contentar a la parte trabajadora y, mientras mejores resultados tengan la mayor parte de las empresas, más impuestos y dividendos se podrán obtener, en bien de la parte de la población no trabajadora.

Pero, una vez más, lo que parece sencillo puede significar cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo, desempleo masivo, incremento de gastos de la seguridad social. Sin embargo, si no se logra un sistema empresarial eficiente, continuamente se estarán enfrentando los mismos problemas de siempre, sin hallarles solución. ¿De qué se debe desprender el Estado? ¿De puestos de trabajo sin contenido, de empleos que no rinden o de la ineficiencia empresarial y el control a ultranza de los precios de ventas? 

Salarios

La solución no está en la distribución, sino en la creación de mayor cantidad de riquezas. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

¿Se imaginan que el Estado le diga a un negocio particular que solo puede pagar a sus trabajadores lo que se establezca por el Estado? Que le diga que no puede haber diferencias en salarios entre un negocio y otro porque los dos se dedican a lo mismo o emplean trabajadores con el mismo contenido de trabajo, o con la misma preparación académica. Sin importar que una gana más que la otra. Eso sería impensable, ¿verdad? Pues eso es lo que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante muchos años, para todas las empresas estatales.

Las explicaciones pueden ser variadas. Puede haber sido una interpretación errónea de la clásica frase del marxismo, “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. O sea, una descabellada interpretación de la frase de Karl Marx (1818-1883) de que “el derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido” (en “Crítica al Programa de Gotha”).

O la idea sobre la igualdad. O de que el éxito de los trabajadores mejor preparados es fruto de la sociedad (producto de la educación gratuita) y, por ende, después ellos deben aportar más a los desfavorecidos (no por la vía de impuestos progresivos, sino mediante su salario).

O de no crear diferencias entre empresas, o entre sectores productivos. O de que los beneficios les vendrían a los trabajadores por las gratuidades obtenidas y no por la vía salarial; y, lógicamente, para brindar esas gratuidades a todo el pueblo, era necesario que los trabajadores aportasen a la sociedad una mayor proporción del valor creado por sus empresas.

Es decir, si en una empresa capitalista el dueño se apropia de la mayor parte del valor agregado, eso equivaldría a una alta explotación de los trabajadores; pero se interpretó que eso no sería así en la empresa socialista, por cuanto esos dividendos se redistribuirían en bien de toda la sociedad, dueña de los medios de producción.

Lo anterior equivale a plantear que, para posteriormente ofrecer gratuidades y subsidios a todo el pueblo, primero los trabajadores deben ceder parte considerable de sus salarios.

Aparentemente, aquí están claras las disyuntivas. Mayores beneficios a quienes más producen, lo que equivale a diferenciación en los ingresos y puede que hasta menos recursos para toda la sociedad en su conjunto (con menos recursos para los que no trabajan, o lo hacen en lugares menos eficientes), o viceversa.

Ya de por sí, con el planteamiento anterior, puede ser difícil tomar una decisión en un país como Cuba, enfocado en la justicia social. Pero tampoco resulta tan sencilla la disyuntiva, porque la intención de estimular mejor a quienes más producen y más utilidades brindan no es solo para reconocer los resultados de los más eficientes, sino porque mientras mayor sea el producto final de las empresas eficientes, más ingresos se podrían obtener por la vía de impuestos y dividendos, los que sí se pudiesen distribuir en bien de toda la sociedad.

La idea es no pensar que siempre el pastel tendrá el mismo tamaño y hay que decidir cómo dividirlo de forma más justa. La idea es intentar siempre producir un pastel más y más grande, porque la solución no está en la distribución, sino en la creación de mayor cantidad de riquezas.

Últimamente están cambiando las visiones sobre qué hacer con esta disyuntiva, con la idea de estimular a los que más utilidades producen. De lo contrario, continuaría el éxodo de trabajadores desde la empresa estatal a la privada, cuando se supone que  la empresa estatal es la más representativa de nuestra sociedad y la que más resultados debe brindarle. ¿Se podría lograr eso con trabajadores menos estimulados, con los que no logren irse al sector no estatal? 

Tipo de cambio de la moneda nacional

Cada vez más se observa una separación mayor entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, sin una institución oficial como CADECA que pudiese intentar controlarlo. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Muchas de las disyuntivas descritas hasta ahora han sido históricas. Pero si hay verdaderos dilemas que ha tenido que enfrentar el Gobierno en los últimos meses, esos han sido los que tienen que ver con la unificación monetaria y la cambiaria. Máxime en un país que depende tanto de sus relaciones con el exterior y donde una inmensa cantidad de su PIB está vinculado al comercio exterior. Pensemos en posibles variantes.

A) Si dejaban el doble tipo de cambio que existía (oficial de 1:1 y el de CADECA –Casa de Cambio– de 24:1), seguirían funcionando tiendas que comercializarían con productos no en la moneda de los salarios de los trabajadores; seguiría siendo preferible importar que producir internamente, lo que solo pudiera controlarse con limitaciones y controles de importación; seguiría siendo desestimulante exportar, lo que demandaría subsidios a la exportación o tipos de cambio preferenciales; continuaría siendo difícil conocer los verdaderos costos de producción de gran parte de las mercancías producidas con componentes importados, así como otros elementos de la contabilidad nacional y muchos más problemas asociados al doble tipo de cambio.

Pero, a su vez, habría más posibilidades de mantener tiendas en MLC bien surtidas, sin interferencias de la otra economía en la moneda nacional, con su inflación, su interrelación con los elevados gastos sociales y el déficit del Presupuesto; habría mayores estímulos para que empresas nacionales encontrasen nichos de mercado en ese mercado en MLC, sin necesidad de acometer costosas y complicadas exportaciones; pudiera ser más fácil ir pasando empresas con dificultades económicas a empresas eficientes, además de mejorar los ingresos de sus trabajadores; era más sencillo controlar el mercado no oficial de divisas, a través de CADECA.

B) Otra variante es la unificación total, de monedas y de tipo de cambio, como se hace en cualquier parte del mundo. Pero, como se ha explicado con anterioridad, para ello era necesario no solo que los exportadores cambiaran sus divisas a moneda nacional, a un tipo de cambio de mercado o cercano a las realidades económicas de cada momento, sino que también los importadores pudieran hacer la operación contraria, sin mayores contratiempos.

E igual pasaría con la población. ¿Aspectos negativos?: ante una balanza de pagos deficitaria, cabría esperar una continua devaluación de la moneda nacional (hasta tanto los productores no pudiesen hacer uso de las ventajas competitivas que surgirían y revirtiesen la situación), lo que a su vez provocaría mayor inflación, cambios permanentes en los costos de producción, de salarios, pensiones y otros. 

Variantes gubernamentales

La empresa es la célula económica de la sociedad. Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La opción escogida por el Gobierno no ha sido ninguna de las anteriores. Eliminó el doble tipo de cambio, pero sin poder ofrecer venta libre de divisas a particulares ni a empresas; ni ir adaptando el único tipo de cambio oficial a uno más cercano a la realidad económica. Tampoco las empresas podían utilizar libremente sus saldos de liquidez externa.

Por un lado, con ello se impide que aumenten los costos de producción, influyendo en los precios finales de las mercancías, en los salarios, pensiones, etc. Pero cada vez más se observa una separación mayor entre el tipo de cambio oficial y el no oficial, sin una institución oficial como CADECA que pudiese intentar controlarlo.

Esto, una vez más, desestimula las exportaciones, obliga a controlar las importaciones no por vías monetarias y hasta se forzó la necesidad de tiendas en MLC para captar recursos externos, con una fuerte resistencia de la población, que continúa enfrentando la urgencia de adquirir productos de primera necesidad no a través de la fuente de sus ingresos salariales. Puede que haya sido la peor de todas las opciones.

Existía una disyuntiva importante: ¿permitir la pequeña empresa privada, aunque fuese medio no fundamental de producción, o no permitirla? ¿Romper con el dominio casi absoluto de la empresa estatal, porque lo otro significaría admitir apropiación privada del plus valor? ¿O permitirla para dinamizar la economía, encontrar fuentes de empleo y mejorar el nivel de vida de muchos? Por suerte, han cambiado las cosas en este sentido, pero en el camino habrá que enfrentar nuevas dificultades y dilemas subsecuentes.

Por supuesto, existen más disyuntivas, pero aquí están tratadas solo algunas o las más estratégicas por su generalidad. Otra, por ejemplo, ante la insuficiente generación eléctrica: ¿quitar la electricidad a la población o quitársela a las empresas? La segunda variante implica no generar descontentos, aunque la economía se resienta y, al final, también afecta a la población, aunque no de forma inmediata y directa, sino más tarde e indirectamente.

No se trata simplemente de eliminar “trabas”, palabra que también significa “impedimento o estorbo”. Dicho así, parecería que es fácil quitar una traba, porque un estorbo solo trae efectos negativos. Si no se quita el estorbo, dará la sensación de que es porque hay algunas “fuerzas oscuras”, burocráticas, que se oponen a quitar la traba por intereses personales.

Cuando lo que hay, realmente, son conceptos arraigados, dilemas, paradigmas, que no solo son difíciles de cambiar por la fuerza de la costumbre o las resistencias de posibles acomodados en zonas de confort; sino que puede haber claridad de que al cambiarse esos paradigmas siempre habrá algún tipo de afectación, necesidad de organización de vías diferentes para resolver los problemas y hasta riesgos políticos. Muchos se ven en la necesidad de escoger, entre dos males, el menor.

Tampoco se trata de analizar la situación de las empresas caso a caso, para encontrar soluciones puntuales. Los problemas son generales y muchas de las soluciones tendrán que ser abarcadoras, para todo el universo empresarial y para el conjunto de la economía del país. Lo que podrá tener un análisis puntual es lo que atañe a la decisión de definir qué empresas se pudieran considerar estratégicas y conservarlas, pese a tener que recibir permanentes subsidios del Estado; o, sin autorizárseles, subir los precios de sus mercancías a vender.

… los riesgos políticos, derivados de no aceptar los cambios necesarios, suelen estar presentes desde el comienzo de las reformas. Hubo hechos, en el verano de 2021, que demuestran que las personas están cerca del límite de la resistencia”.

No es muy fácil sustituir una forma de ver la economía por otra. Además, el éxito de las reformas nunca puede estar garantizado, como mismo no existen las soluciones mágicas y las coyunturas ideales, pudiéndose ver los resultados al paso del tiempo. Sin embargo, los riesgos políticos, derivados de no aceptar los cambios necesarios, suelen estar presentes desde el comienzo de las reformas. Hubo hechos, en el verano de 2021, que demuestran que las personas están cerca del límite de la resistencia.

Lo que debiera estar claro ya para los decisores es que, igual que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el nuevo Código de las Familias lo estará refrendando próximamente, la empresa es la célula económica de la sociedad. Si las empresas no son exitosas o no obtienen resultados, poco podrá avanzar la economía y el país. En la forma en que, históricamente, se han tratado los dilemas descritos y otros, es difícil que la economía pueda avanzar y el país mejorar sustancialmente. Por ende, se impone un cambio profundo en el actuar de quienes dirigen esta nación. (2022)